ATC017-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC017-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2022-00247-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 22 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Laureano Rodr\u00edguez Morales contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, h\u00e1beas data, dignidad, libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n, presuntamente vulnerados por la entidad convocada, al considerar que con la implementaci\u00f3n de la c\u00e9dula digital \u00abel uso de tecnolog\u00edas biom\u00e9tricas para el procesamiento masivo de datos personales, en particular datos biom\u00e9tricos por parte del Estado, crea serios riesgos de vigilancia masiva\u00bb, lo cual violenta su privacidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Expuso que, remiti\u00f3 ante esa entidad una petici\u00f3n respecto de la cual recibi\u00f3 respuesta el 29 de septiembre de 2022, no obstante, precisa que la misma atenta contra sus derechos fundamentales, en la medida que \u00ab(\u2026) el problema es que el reconocimiento facial utiliza un dato biom\u00e9trico, es decir, un tipo de dato que de acuerdo a la normativa sobre protecci\u00f3n de datos permite identificar a alguien de forma \u00fanica debido a sus caracter\u00edsticas f\u00edsicas (su cara), fisiol\u00f3gicas (su huella) o conductuales (su forma de caminar). Ese tipo de dato es especial y merece por parte de la ley mayor protecci\u00f3n y garant\u00edas, ya que su uso es m\u00e1s comprometedor en materia de datos personales (\u2026) Gobiernos, fuerzas policiales y empresas utilizan dispositivos de grabaci\u00f3n (como c\u00e1maras de CCTV) y software de reconocimiento facial para recopilar nuestros datos biom\u00e9tricos. Esto significa que pueden rastrearnos de un lugar a otro utilizando nuestras caracter\u00edsticas \u00e9tnicas para identificarnos permanentemente. Esta captura generalizada de los datos biom\u00e9tricos de cada persona en espacios p\u00fablicos como calles, parques, estaciones de tren, tiendas o recintos deportivos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo constitucional se ordene a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil que (i) no haga obligatorio el uso de la c\u00e9dula digital \u00abcomo el documento \u00fanico nacional de identificaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n Colombiana y permitir alternativas como la actual C\u00e9dula amarilla con hologramas, para las personas que nos \u201cOponemos legalmente por Habeas Data\u201d a entregar datos considerados como sensibles como los Biom\u00e9tricos (Reconocimiento Facial)\u00bb; (ii) que no se establezca como obligatorio el reconocimiento facial para la expedici\u00f3n de la c\u00e9dula digital, (iii) \u00abprohibir la vigilancia biom\u00e9trica masiva con la BigData de la C\u00e9dula Digital de manera \u201cIlegal e inconstitucional\u201d en los espacios p\u00fablicos, compartiendo y utilizando algoritmos de I.A (Inteligencia Artificial) de las grandes Corporaciones (Google, Facebook, Whatsapp, Amazon) y Fuerzas Policiales\u00bb; (iv) \u00abprohibir la celebraci\u00f3n de convenios, acuerdos y similares con entidades de \u00edndole p\u00fablica o privada, donde se comprometa con la entrega de datos que incluyan el reconocimiento biom\u00e9trico facial de los ciudadanos que opten por la cedula digital, sin su consentimiento previo e informado de los fines exactos perseguidos y dem\u00e1s aspectos que establece la actual regulaci\u00f3n de protecci\u00f3n de datos\u00bb y (v) \u00abque en caso de p\u00e9rdida, robo o deterioro de \uf05bsu\uf05d c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, se \uf05ble\uf05d expida el mismo formato de c\u00e9dula amarilla con hologramas que actualmente pose\uf05be\uf05d, y no se \uf05ble\uf05d obligue a la nueva c\u00e9dula digital en policarbonato ni a la c\u00e9dula digital que se activa a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de la Registradur\u00eda en los dispositivos m\u00f3viles de los sistemas operativos IOS o Android\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 22 de noviembre de 2022 la colegiatura a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, decisi\u00f3n que fue impugnada por el promotor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC, A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1.\u00ba del Decreto 333 de 2021, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o la calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en el sub-lite. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de esta causa, la Corte encuentra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales carece de competencia para resolver en primera instancia el presente auxilio, al advertirse que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de los funcionarios que, en forma expresa, enlista el numeral 3.\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211), sino que se dirige contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, autoridad del orden nacional. <\/p>\n
En un asunto en el que se present\u00f3 una controversia similar sobre el entendimiento de la prenotada disposici\u00f3n, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00abDel relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, 18 abr. 2018, 2018-00033-01 citado en ATC057-2022, 26 ene. 2022, rad. 00378-01, entre otros). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2.\u00b0 del Decreto 333 de 2021, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb se resalta. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, deviene di\u00e1fano que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda adelantarlo al tribunal, sino a los jueces con categor\u00eda de circuito de Manizales. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales para conocer en primera instancia este amparo; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la oficina de reparto del circuito judicial de Manizales para que sea remitido a los Jueces Civiles de dicha categor\u00eda. <\/p>\n
De esa forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el resguardo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (v. gr., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC1526, 06 oct. 2021, rad. 00036-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923\u00bb (CSJ ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01, citado en ATC057-2022, 26 ene. 2022, rad. 00378-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 21 may. 2020, rad. 00091-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 22 de noviembre de 2022, en el tr\u00e1mite de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la oficina de reparto del circuito judicial de Manizales, para que sea remitido a los Jueces Civiles de dicha categor\u00eda. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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