ATC036-2023<\/p>\n
<\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
ATC036-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03585-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de 19 de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se procede a decidir lo correspondiente frente a los impedimentos manifestados por los Magistrados Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hip\u00f3lito Sandoval Ram\u00edrez frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga \u2013 Sala Civil Familia <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la autoridad judicial relacionada, invocando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, la legalidad y la seguridad jur\u00eddica; solicitando que la sentencia de segunda instancia de noviembre veinticinco (25) de dos mil veintiuno (2021) emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso de rendici\u00f3n de cuentas con el radicado No 68001-31-03-006-2019-00302-02 \u201c\u2026incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por valoraci\u00f3n y omisi\u00f3n defectuosa del material probatorio allegado proceso por falta de aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, por error f\u00e1ctico al CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida por el Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga\u2026\u201d. En consecuencia, el actor constitucional requiere dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia atacada y que se ordene proferir nuevamente fallo acogiendo las pretensiones de la demanda en el proceso originario de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
La presente acci\u00f3n de tutela fue radicada el 13 de octubre de 2022, surtido el tr\u00e1mite respectivo fue asignada por reparto al Honorable Magistrado Francisco Ternera Barrios quien con auto de fecha 18 de octubre de 2022 se declar\u00f3 impedido para conocer del presente asunto. Lo anterior, por considerar que se estructura el numeral 6 del art\u00edculo 56 del C.P.P. al haber participado en la sesi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia donde se aprob\u00f3 la decisi\u00f3n AC3286-2020 de agosto 16 de 2022 dentro del radicado No 68001-31-03-006-2019-00302-01, donde se declar\u00f3 la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 25 de noviembre de 2021 proferida por la Sala Civil-familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, esto es, la misma sentencia objeto del amparo constitucional en estudio. <\/p>\n
Posteriormente, manifestaron separarse de la presente tramitaci\u00f3n mediante autos de octubre de 2022, las Magistradas Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios; estos \u00faltimos alegando igualmente el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 56 de la Ley 901 del 2001 por id\u00e9ntica situaci\u00f3n a la expuesta por el ponente inicial. <\/p>\n
Realizado el sorteo de conjueces y aceptada su designaci\u00f3n, ingres\u00f3 el asunto a este despacho para lo pertinente. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
El debido proceso como principio rector dentro de las actuaciones judiciales y administrativas es un mandato aplicable a todo tipo de procedimiento, incluyendo la acci\u00f3n de tutela. Este principio est\u00e1 conformado por un conjunto de garant\u00edas m\u00ednimas que proporcionan un equilibrio en la relaci\u00f3n ciudadano \u2013 Estado, y que tiene una doble finalidad: por un lado, permite establecer de forma previa las pautas que culminan con decisiones que materializan el derecho sustancial. Y, por otro lado, su observancia es un presupuesto de la legitimidad de las actuaciones del Estado. <\/p>\n
La independencia y la imparcialidad de los funcionarios judiciales son algunas de esas garant\u00edas que componen e integran el debido proceso, y por ende el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones es una de las formas de resguardar ese imperativo constitucional (Corte Constitucional C-496 de 2016). <\/p>\n
Con las causales de impedimentos se pretende salvaguardar la transparencia, la objetividad y la imparcialidad que supone el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional, siendo \u00e9stas taxativas y de reserva legal. Por lo tanto, en caso de verificarse la precisa circunstancia que configura una o m\u00e1s de los eventos expresos de impedimento y recusaci\u00f3n, el fallador deber\u00e1 inexcusablemente apartarse del conocimiento de la controversia y declinar su competencia. <\/p>\n
La Corte en auto de 18 de agosto de 2011 rad. 2011-01687 reiterada en ATC298-2020 de marzo 10 de 2020, rad. 2020-00083-00, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [l]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos m\u00e1s acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) seg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley – en el caso de la acci\u00f3n de tutela, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
En el caso en examen, la causal de impedimento puesta de presente por los magistrados fue la consagrada en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aplicable por disposici\u00f3n del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1992 que se concreta en el hecho de haber participado en la sesi\u00f3n que aprob\u00f3 la decisi\u00f3n contenida en el AC3286-2022 de agosto 16 de 2022 que resolvi\u00f3 la inadmisibilidad el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que hoy es objeto de amparo de constitucional. <\/p>\n
De una lectura ligera en principio se podr\u00eda desestimar cada uno de los impedimentos presentados por considerarse que la decisi\u00f3n contenida en el AC3286-2020 de agosto 16 de 2022 no es objeto de pedido alguno por el actor de tutela y no tendr\u00eda entonces relaci\u00f3n alguna. Lo cierto que es al hacer un an\u00e1lisis del contenido de los argumentos por los que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, se observa una gran similitud con lo expuesto en la v\u00eda extraordinaria y con lo pedido por el actor en la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Incluso, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Civil, hace una referencia expl\u00edcita no s\u00f3lo a que la sustentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n no cumple con las exigencias de Ley, sino que determin\u00f3 que no era factible seleccionar el caso o hacer uso de la casaci\u00f3n oficiosa al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c\u2026 resulta inviable aceptarlos am\u00e9n de que no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que tampoco hay lugar a darle v\u00eda \u2026\u201d (negrilla fuera de texto) <\/p>\n
En consecuencia, al contraponer el contenido tanto de la demanda de casaci\u00f3n – que fue inadmitida en prove\u00eddo AC3286-2022 de agosto 16 de 2022 – como los argumentos de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s de presentar semejanza, tambi\u00e9n se descart\u00f3 la posibilidad de una casaci\u00f3n oficiosa por vulneraci\u00f3n a derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Como puede anticiparse, se observa que los hechos expuestos en los autos que manifestaron cada uno de los impedimentos comulgan con el supuesto normativo previsto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C.P.P. que dispone \u00abSon causales de impedimento: (6) el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dict\u00f3 la providencia a revisar\u00bb. En consecuencia, se acoger\u00e1n los impedimentos manifestados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Honorables Magistrados Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En consecuencia, comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n a este Despacho para proseguir con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
JULIA MAR\u00cdA DEL ROSARIO BOTERO LARRARTE <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN GUILLERMO BETANCUR LONDO\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOSE ALBERTO GAITAN MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DARIO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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