ATC047-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC047-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00893-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por L\u00e1zaro Goenaga Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, Porvenir y Colpensiones; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello porque no vislumbra la Corte que haya notificado del inicio del presente tr\u00e1mite constitucional al Gerente de Operaciones de Colpensiones, (quien directamente el Tribunal le dio la orden constitucional y quien, por dem\u00e1s, debe ser debidamente integrado en el tr\u00e1mite de desacato); asimismo, a Carlos Alberto M\u00e9ndez Heredia -Director de Historia Laboral de Colpensiones-, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, quienes indiscutiblemente deb\u00edan ser llamados al amparo rogado, pues tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en lo que aqu\u00ed pueda definirse, pues lo ahora pretendido es el cumplimiento al fallo de tutela de 29 de marzo de 2022 emitida por el Tribunal, en punto a la actualizaci\u00f3n de la historia laboral de L\u00e1zaro Goenaga; relievando que, si bien se hizo el llamado tutelar a Colpensiones, lo cierto es que en el tr\u00e1mite de desacato debe ser convocado la persona llamada a responder. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026 lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces \u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador \u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n del Gerente de Operaciones de Colpensiones -quien directamente el Tribunal le dio la orden constitucional- y Carlos Alberto M\u00e9ndez Heredia -Director de Historia Laboral de Colpensiones-, toda vez que al omitirlas les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer, pues eventualmente la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se adopte los puede afectar. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n del Gerente de Operaciones de Colpensiones -quien directamente el Tribunal le dio la orden constitucional- y Carlos Alberto M\u00e9ndez Heredia -Director de Historia Laboral de Colpensiones-, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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