STC030-2023 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC030-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01553-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela promovida por Luis Alberto Garc\u00eda, como agente oficioso de Jhon Jairo Garc\u00eda Mu\u00f1oz, contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Grupo de Extradici\u00f3n Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales-, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, la Corte Suprema de Justicia \u2013Presidencia y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a Sala de Casaci\u00f3n Penal, y a las partes e intervinientes en el proceso de extradici\u00f3n seguido al agenciado, bajo el radicado N\u00ba11001020400020220083900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el actor pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas en el asunto mencionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 25 de octubre de 2022 se radic\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Defensor\u00eda del Pueblo, con el fin de que esa entidad le solicitara a \u00abla Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Corte Suprema de Justicia, Ministro del Interior y de Justicia y Ministro de relaciones exteriores que (\u2026) \u2018resolviera [la] situaci\u00f3n civil y pol\u00edtica de (\u2026) Jhon Jairo Garc\u00eda Mu\u00f1oz o, en defecto, se autorizara [su] traslado a un lugar m\u00e1s cercano a sus seres queridos en los municipios de Andaluc\u00eda, Palmira o Buga (Valle) o se \u2018pusiera en libertad inmediata\u2019 en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 516 del CPP\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que ninguna de las autoridades mencionadas ha atendido las peticiones de su agenciado, pese al vencimiento del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 que se le brinde a su representado \u00abrespuesta completa, congruente, suficiente y de fondo al derecho de petici\u00f3n de fecha 25 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en asunto mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3 que el accionante fue dejado a disposici\u00f3n de esa entidad por la Polic\u00eda Nacional el 25 de enero de 2022, dada la \u00abnotificaci\u00f3n roja de INTERPOL, N\u00b0 de control: A-3151\/3-2019, publicada el 18 marzo de 2019, por solicitud del Reino de Espa\u00f1a\u00bb, pa\u00eds en el que est\u00e1 siendo requerido por los delitos de \u00ab robo con violencia con uso de arma, robo en casa habitada, detenci\u00f3n ilegal, lesiones leves y tenencia il\u00edcita de arma de fuego\u00bb. Indic\u00f3 que se realizaron los tr\u00e1mites respectivos para la formalizaci\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n y que el asunto se encuentra ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal para que \u00e9sta emita el concepto correspondiente. <\/p>\n
Indic\u00f3 adem\u00e1s, que el derecho de petici\u00f3n que se mencion\u00f3 en el escrito de tutela no le fue remitido, ni se encuentra radicado en el sistema de informaci\u00f3n de esa entidad, no obstante, se\u00f1al\u00f3 que se pronunci\u00f3 sobre el mismo con oficio de 19 de diciembre de 2022, para informarle al actor \u00abque se encuentra legalmente privado de la libertad con fines de extradici\u00f3n por solicitud de la Secci\u00f3n 2\u00aa de la Audiencia Provincial de Valencia- Espa\u00f1a, por los delitos\u00bb mencionados y sobre las dem\u00e1s gestiones adelantadas. <\/p>\n
2. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se\u00f1al\u00f3 que no ha tenido conocimiento del derecho de petici\u00f3n que refiri\u00f3 el accionante en el escrito constitucional, porque esa solicitud no fue radicada en la Corporaci\u00f3n y, en consecuencia, pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores refiri\u00f3 el tr\u00e1mite impartido a la solicitud de extradici\u00f3n del aqu\u00ed agenciado y asegur\u00f3 que en ese procedimiento su participaci\u00f3n se reduce a \u00abcursar a las autoridades nacionales competentes, las comunicaciones allegadas por la Embajada del Estado requirente y remitir a la misi\u00f3n diplom\u00e1tica de dicho Estado los requerimientos formulados\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, seg\u00fan el registro de su correspondencia, no recibi\u00f3 el derecho de petici\u00f3n mencionado por el accionante, sin embargo, al conocer del mismo con esta acci\u00f3n de tutela, procedi\u00f3 a pronunciarse con el oficio de 19 de diciembre de 2022 que notific\u00f3 al actor. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que, dentro del tr\u00e1mite adelantado para la emisi\u00f3n del concepto pertinente en la extradici\u00f3n del aqu\u00ed agenciado, con auto de 9 de mayo de 2022 se orden\u00f3 surtir el traslado de diez (10) d\u00edas previsto en la ley para que las partes formularan sus solicitudes probatorias, y el proceso ingres\u00f3 nuevamente el 7 de junio siguiente. <\/p>\n
Igualmente advirti\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n referido en el escrito de tutela no fue enviado a esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Bogot\u00e1- indic\u00f3 que con ocasi\u00f3n del derecho de petici\u00f3n allegado por el agenciado, en el que cuestionada su detenci\u00f3n y el proceso de extradici\u00f3n a \u00e9l seguido, se le design\u00f3 un Defensor P\u00fablico que ha participado en las distintas etapas de dicho asunto. Por tanto, pidi\u00f3 negar el amparo, ya que esa entidad no ha lesionado las garant\u00edas del aqu\u00ed representado. <\/p>\n
6. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb y para facilitar la defensa de derechos ajenos, la misma norma estableci\u00f3 la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso. <\/p>\n
Igualmente, y para que opere esta figura, la solicitud deber\u00e1 reunir los siguientes elementos, (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos.(\u2026) (CC T-531 de 2002; citada, entre otras, CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. STC17395-2015) (\u2026)\u201d (subraya fuera del texto)\u00bb (CSJ, STC1719-2020). <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional reclamada, pues Luis Alberto Garc\u00eda no est\u00e1 habilitado para acudir a esta acci\u00f3n en nombre de Jhon Jairo Garc\u00eda Mu\u00f1oz, como quiera que la agencia oficiosa que dice ejercer no se halla acreditada, puesto que no est\u00e1 demostrada la imposibilidad del representado para acudir directamente a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la privaci\u00f3n de la liberad de Jhon Jairo Garc\u00eda Mu\u00f1oz no significa que \u00e9ste no pueda proponer la acci\u00f3n constitucional en su propio nombre toda vez que, esa situaci\u00f3n no comprueba su incapacidad para acudir a esta jurisdicci\u00f3n, ya que aqu\u00e9l tiene a su alcance el \u00abservicio de asistencia jur\u00eddica\u00bb1 en el establecimiento carcelario donde se encuentra. <\/p>\n
Esta Sala, en un caso an\u00e1logo, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abEl hecho de que Nelson Enrique Quintero Hern\u00e1ndez se encuentre privado de la libertad, no le impide acceder al servicio de justicia, pues aqu\u00e9l puede hacer uso de los canales virtuales habilitados por el Consejo Superior de la Judicatura, en cada uno los diferentes despachos judiciales del pa\u00eds, o por medio de la \u201casistencia jur\u00eddica\u201d implementada en los establecimientos de reclusi\u00f3n en disposici\u00f3n del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u00bb (CSJ. STC3883-2020, reiterada en STC4999-2022). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en otro asunto similar, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) La Corte no encuentra que en el presente caso est\u00e9n dados los presupuestos que permitan justificar la configuraci\u00f3n de la figura de la agencia oficiosa de PEDRO PABLO HOYOS JIM\u00c9NEZ de cara al amparo del derecho fundamental al debido proceso de sus hijos, por las siguientes razones: <\/p>\n
i. (\u2026) en el escrito inicial no se explica, as\u00ed sea de manera somera, cu\u00e1les son las razones por las que Jorge Eduardo y Hern\u00e1n Dar\u00edo Hoyos Vargas no pueden concurrir de manera directa a solicitar el amparo de sus propios derechos fundamentales. <\/p>\n
ii. Al respecto, vale decir que el simple hecho de que ellos est\u00e9n privados de su libertad no implica que no puedan interponer de manera directa su propia acci\u00f3n de tutela, o que no puedan otorgar un poder para que un abogado lo haga en nombre de ellos. La evidencia de esta circunstancia est\u00e1 dada por el hecho de que, en la pr\u00e1ctica judicial habitual, es muy com\u00fan encontrar amparos elevados de manera directa por personas privadas de su libertad. <\/p>\n
iii. Del mismo modo, en el escrito inicial no se indic\u00f3 que los hijos del actor estuvieran en aislamiento, o sufrieran de alg\u00fan tipo de discapacidad que les impida acudir por sus propios medios a solicitar la garant\u00eda o protecci\u00f3n de sus propios derechos fundamentales. Si ello es as\u00ed, es evidente que ellos no se encuentran en incapacidad f\u00edsica o jur\u00eddica para elevar acciones de amparo y, en consecuencia, no se estructura el segundo requisito constitutivo de la figura de la agencia oficiosa. <\/p>\n
iv. Por lo dem\u00e1s, y como consecuencia de la anterior l\u00ednea argumentativa, es evidente que PEDRO PABLO HOYOS JIM\u00c9NEZ no tiene legitimidad en la causa por activa para interponer el presente mecanismo de amparo en procura de la protecci\u00f3n de unos derechos fundamentales ajenos. Lo anterior, m\u00e1xime cuando sus hijos son mayores de edad y tienen la autonom\u00eda de tomar sus propias decisiones en lo que concierne a la forma en la que ellos puedan demandar el respeto de sus derechos fundamentales\u00bb (CSJ, STP15321-2021). <\/p>\n
Finalmente, se destaca que el anterior criterio, tambi\u00e9n ha sido acogido por la Corte Constitucional, quien ha expresado: <\/p>\n
\u00ab[E]l [agenciado], a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto obstaculizado el ejercicio aut\u00f3nomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y solicitudes puestos a su alcance. Adem\u00e1s, no se aport\u00f3 medio de convicci\u00f3n alguno que permitiera establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez constitucional, como tampoco existe ratificaci\u00f3n de su parte respecto de la demanda de tutela interpuesta por su compa\u00f1era permanente\u00bb (Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 2017). <\/p>\n
3. En consecuencia, la acci\u00f3n de tutela no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia de Colombia, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Garc\u00eda, como agente oficioso de Jhon Jairo Garc\u00eda Mu\u00f1oz, contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Grupo de Extradici\u00f3n Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales-, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, la Corte Suprema de Justicia \u2013Presidencia- y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 154. Asistencia jur\u00eddica. \u201cLa Defensor\u00eda del Pueblo, de acuerdo con la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijar\u00e1 y controlar\u00e1 los defensores en cada establecimiento para la atenci\u00f3n jur\u00eddica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informar\u00e1 peri\u00f3dicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deber\u00e1 tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes\u201d. <\/p>\n
\u201cLos directores de los establecimientos promover\u00e1n convenios con aquellas instituciones de educaci\u00f3n superior que, en el marco de su autonom\u00eda, hayan determinado que sus estudiantes del programa acad\u00e9mico de Derecho pueden cumplir con las pr\u00e1cticas correspondientes al consultorio jur\u00eddico, brindando asistencia jur\u00eddica a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, los directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n podr\u00e1n vincular de forma ad hon\u00f3rem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Acad\u00e9mico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jur\u00eddica o las personas se\u00f1aladas en el inciso anterior. En este caso, la duraci\u00f3n de la misma ser\u00e1 de seis meses y la certificaci\u00f3n de su cumplimiento ser\u00e1 expedida por los respectivos directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC030-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC030-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01553-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la tutela promovida por Luis Alberto Garc\u00eda, como agente oficioso de Jhon Jairo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-69988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}