STC043-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC043-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-21-000-2022-10066-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Lisset Paola Huelvas Borja, Luis Bernel y Wilson Chinchilla Gait\u00e1n le instauraron al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta (antes Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo), extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00018. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en nombre propio, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, m\u00ednimo vital y al trabajo de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad\u00bb, para que, se <\/p>\n
i) \u00abdeje sin efecto la sentencia 001 del 29 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado Cuarto de descongesti\u00f3n Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y, en su lugar, se deniegue el derecho a la restituci\u00f3n de tierras de Eduardo Antonio Orozco Ortega (Q.E.P.D) respecto de los predios denominados \u201cLas Marias\u201d y \u201cCasa de Zinc\u201d y Jos\u00e9 Dolores Borja, respecto del predio denominado \u201cLa Fortuna\u201d, por no establecerse ausencia de consentimiento en configuraci\u00f3n a los presupuestos previstos en la ley 1448 de 2011\u00bb y, <\/p>\n
ii) \u00abordene medida de compensaci\u00f3n a favor de Lisset Paola Huelvas Borja (\u2026) y Luis Bernel Chinchilla Gait\u00e1n (\u2026) por ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional y adem\u00e1s de ello por acreditarse la buena fe en las ventas realizadas con los fundos\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que son propietarios de los predios denominados \u00abLa Fortuna, Casa de Zinc, Las Mar\u00edas y Mi Campito\u00bb, ubicados en la vereda Santa Rita del Municipio de Fundaci\u00f3n, Departamento de Magdalena, el primero por compraventa celebrada con Jos\u00e9 Borja Pacheco el 14 de agosto de 2006, el segundo y tercero por contrato suscrito con Carmen Himera Orozco Riquet mediante poder otorgado por Eduardo Antonio Orozco Ortega (Q.E.P.D) el 17 de junio de 2007, los cuales explotan econ\u00f3micamente siendo esta su principal fuente de ingresos. <\/p>\n
Indicaron que son v\u00edctimas del conflicto armado desde el a\u00f1o 1996 cuando a Luis Bernel Chinchilla, miembros de la guerrilla lo retuvieron por haber denunciado un secuestro y posteriormente fue liberado, adem\u00e1s que en 1998 grupos paramilitares asesinaron a un trabajador de la finca, por lo que se vieron obligados a abandonarla y el 4 de diciembre del 2000, Bernel Chinchilla fue \u00abembestido\u00bb por miembros de las autodefensas quienes le propinaron un disparo cerca al pulm\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que enterados de la existencia del pleito de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras (rad. 2016-00018), acudieron al Juzgado Cuarto Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, no obstante, este, en vista p\u00fablica de interrogatorio, tuvo por extempor\u00e1neos sus argumentos. <\/p>\n
Precisaron que solo hasta este a\u00f1o les informaron que se hab\u00eda emitido, y no en la fecha en que fue dictada (29 ag. 2018), determinaci\u00f3n que ampar\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n de tierras de los solicitantes, sin reconocer a su favor compensaci\u00f3n alguna; igualmente el Juzgado Tercero hom\u00f3logo les comunic\u00f3 de la \u00abdiligencia de coordinaci\u00f3n de entrega de los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron que en las \u00abconsideraciones\u00bb de dicho veredicto se puntualiz\u00f3 sobre la violencia en el municipio de Fundaci\u00f3n entre los a\u00f1os 1995 a 2002, \u00e9poca en que se presentaron los hechos de agresi\u00f3n a su grupo familiar, circunstancias que advirtieron en audiencia p\u00fablica; empero el iudex recriminado no tuvo en cuenta los elementos probatorios al momento de resolver sobre la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb a favor de Jos\u00e9 Dolores Borja y Eduardo Orozco Ortega (q.e.p.d.) ya que la adquisici\u00f3n de las heredades se realiz\u00f3 con el consentimiento de las partes y cuando las condiciones de violencia hab\u00edan cesado. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el juicio cuestionado y dijo que mediante auto de 16 de agosto de 2022 fij\u00f3 para el 28 de septiembre siguiente \u00abreuni\u00f3n de coordinaci\u00f3n de entrega de los referidos inmuebles\u00bb, la cual fue reprogramada para el 1\u00b0 de diciembre a las 2:30 pm. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva, porque lo pretendido por los accionantes no se encuentra dentro de su competencia. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el ruego, toda vez que \u00abno puede tenerse por cumplida la exigencia de la inmediatez de la solicitud de amparo constitucional, por cuanto desde la data en que se dict\u00f3 la sentencia (29 de agosto 2018) hasta la presentaci\u00f3n de la solicitud que nos convoca (10 de noviembre 2022), ha transcurrido un lapso superior a cuatro a\u00f1os, sin que tal retardo hubiere sido justificado por los accionantes en sede constitucional, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que estuvieron enterados de la citada providencia a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n por anotaci\u00f3n en estado, situaci\u00f3n que pone en entredicho el car\u00e1cter urgente e impostergable que caracteriza la Tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Replicaron los precursores, insistiendo en los argumentos inaugurales, agregando que en constancia secretarial de 22 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta expres\u00f3 que en vista de que lleg\u00f3 del Juzgado Cuarto de Descongesti\u00f3n Civil del Circuito Especializado en restituci\u00f3n de Tierras, cuadernillo de pos fallo contentivo de la sentencia adiada 29 de agosto de 2018, sin que se evidencien en el mismo los oficios de notificaci\u00f3n de dichas sentencias, motivo por el cual se procedi\u00f3 a comunicar a las entidades correspondientes\u00bb, solamente se comunic\u00f3 del aludido pronunciamiento a las corporaciones faltantes, sin tener en cuenta que ellos no fueron avisados de tales decisiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Del material suasorio incorporado al plenario, muy pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de la sentencia expedida en el pleito combatido por el Juzgado Cuarto de Descongesti\u00f3n Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta (29 ag. 2018) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (10 nov. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de cuatro (4) a\u00f1os, dos (2) meses y once (11) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si los tutelantes se demoraron en ejercer esta v\u00eda especial\u00edsima, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este mecanismo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que lo aducido por los querellantes en la impugnaci\u00f3n, en torno a \u00abno haber sido notificados de la providencia del 29 de agosto de 2018\u00bb, queda desvirtuado con la notificaci\u00f3n realizada por el Juzgado confutado, en estado n.\u00b0 42 del 4 de septiembre de ese a\u00f1o, el cual obra a folio 1.928 del cuaderno 1 al 7; adem\u00e1s, que, se memora, \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016, reiterada en STC11736-2020 y STC7831-2022, entre otras). <\/p>\n
3.- Corolario de lo expuesto, la resoluci\u00f3n confutada ser\u00e1 refrendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC043-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC043-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-21-000-2022-10066-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de noviembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70000","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70000\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}