STC044-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC044-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2022-04395-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Jos\u00e9 Fernando Ortega Cort\u00e9s, Procurador Segundo Delegado para la Investigaci\u00f3n y el Juzgamiento Penal, interpuso en favor de Musa Abraham Besaile Fayad contra la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en la causa n\u00b0 11001-02-04-000-2007-03363-03 (Rad. Corte 27700 y 62083). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 se deje sin efectos \u00abel auto de primera instancia AEP-060-2022 del dieciocho (18) de mayo de 2022, de la Sala Especial de Primera Instancia y el auto de segunda instancia AP4544-2022 del cinco (05) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se neg\u00f3 la solicitud de control de legalidad del preacuerdo suscrito entre un H. Magistrado de la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia y el sindicado Musa Besaile Fayad\u00bb y, en consecuencia, se ordene a la Sala Especial de Primera Instancia que profiera una nueva providencia en la que se pronuncie de fondo sobre la solicitud de control de legalidad. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, adujo que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del procesado Besaile Fayad y le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva y en esa misma decisi\u00f3n se fijaron los hechos jur\u00eddicamente relevantes y le atribuy\u00f3 el delito de concierto para delinquir agravado por promover de manera efectiva la il\u00edcita asociaci\u00f3n, en calidad de autor y a t\u00edtulo de dolo (AP2067-2018, 27 may.), injusto del que se declar\u00f3 culpable v\u00eda preacuerdo con uno de los magistrados integrantes de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, para obtener una rebaja en el castigo del 50%; sin embrago la Colegiatura encartada neg\u00f3 la solicitud de control de legalidad del preacuerdo (AEP060-2022, 18 may.), apelaron el Magistrado Instructor y la defensa, deneg\u00f3 el recurso del funcionario, contra el que acudi\u00f3 en queja y la Sala de Casaci\u00f3n declar\u00f3 correctamente denegada esa apelaci\u00f3n (AP3593-2022, 10 ag.), y desat\u00f3 la alzada de la defensa en la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, con dos salvamentos de voto (AP4554-2022, 5 otc.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que \u00abel Magistrado Instructor al suscribir el acta de preacuerdo, siguiendo las pautas arriba se\u00f1aladas, estaba plenamente facultado, legitimado y detentaba la competencia para obrar de la manera en que lo hizo amparado por el principio de favorabilidad; actuaci\u00f3n procesal que se hizo sin vulnerar garant\u00edas fundamentales, todo lo contrario, llev\u00e1ndolas a cabo, por lo que, la negativa de analizar de fondo dicha solicitud de verificaci\u00f3n del preacuerdo por parte de los juzgadores, devienen en un quebrantamiento de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al de la participaci\u00f3n del procesado en la definici\u00f3n de caso, puesto que, siendo ellos los competentes para desatar dicho an\u00e1lisis, se sustrajeron de realizarlo bajo premisas puramente formales como la ausencia de legitimidad y competencia del Magistrado Instructor, siendo ello, un exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n se opuso a las pretensiones y se remiti\u00f3 a las disertaciones expuestas en el interlocutorio de segunda instancia. La Sala Especial de Primera Instancia hizo el recuento de lo all\u00ed rituado y resisti\u00f3 los anhelos. El Magistrado cognoscente de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n coadyuv\u00f3 en las aspiraciones. Al momento de la elaboraci\u00f3n del proyecto de fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien es cierto la queja se dirige tambi\u00e9n en contra del auto que neg\u00f3 la solicitud de control de legalidad (CSJ AEP060-2022, 18 may.), se limitar\u00e1 el estudio del asunto a la \u00faltima decisi\u00f3n que en el litigio profiri\u00f3 en segunda instancia la Sala de casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dado que fue la providencia que desat\u00f3 definitivamente el reproche del impulsor (CSJ AP4544-2022, 5 oct.). <\/p>\n
Precisado lo anterior se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque la decisi\u00f3n cuestionada luce razonable y acorde a la legislaci\u00f3n adjetiva que gobierna la causa objeto de escrutinio. Ciertamente, para convalidar lo resuelto por la Sala Especial de Primera Instancia, la magistratura de la alzada comenz\u00f3 por resaltar que la actuaci\u00f3n objeto de estudio fue un acto procesal suscrito por uno de los integrantes de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n y no por \u00e9sta, lo que en principio no ser\u00eda susceptible de impugnaci\u00f3n, porque la apelaci\u00f3n solo es pasible para ejercer control respecto de los prove\u00eddos emanados por esa Sala. No obstante, dada la trascendencia de la decisi\u00f3n recurrida se ocup\u00f3 del fondo del asunto. <\/p>\n
En ese sentido inici\u00f3 por establecer el marco normativo que habr\u00eda de regir el proceso contra aforados con las modificaciones a los art\u00edculos 186, 234 y 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica con la creaci\u00f3n de las Salas Especiales de Instrucci\u00f3n y Primera Instancia y en ese orden de ideas resalt\u00f3 que el r\u00e9gimen aplicable es la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Ahora al ocuparse de la favorabilidad por el tr\u00e1nsito de normas procesales relat\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad a leyes procesales en casos concretos, comporta una exigencia ineludible y apenas consecuente con el imperativo de que se mantenga la indemnidad del proceso judicial, esto es, que medie una necesaria consonancia o concordancia entre la normativa contrastada, en forma tal que no se sacrifique la identidad del tr\u00e1mite en que se procuran insertar. <\/p>\n
Dicho de otra manera, si bien la ley procesal ata\u00f1e a actos procesales en el momento en que los mismos est\u00e1n teniendo ocurrencia, hay hip\u00f3tesis en que los efectos derivados de su regulaci\u00f3n podr\u00edan ofrecer una soluci\u00f3n favorable a la situaci\u00f3n del incriminado, siendo tales supuestos en que emerge admisible emplear esta clase de normas retroactivamente, siempre y cuando, como se indic\u00f3, resulten conciliables dentro del sistema jur\u00eddico en el que se pretenden aplicar. <\/p>\n
Por tanto, admitir la retroactividad de normas procesales de efectos sustanciales, exige que los sistemas de procedimiento cotejados tengan tal condici\u00f3n que logren armonizarse correctamente, es decir, que la soluci\u00f3n de un conflicto de esta \u00edndole por tr\u00e1nsito de leyes s\u00f3lo es aceptable cuando quiera que por su contenido es f\u00e1cilmente constatable que forman parte de dos o m\u00e1s sistemas o estructuras procesales compatibles. <\/p>\n
(\u2026) cuando se intenta definir la orientaci\u00f3n del m\u00e9todo de juzgamiento de Ley 600, se afirma que se trata de un modelo mixto, esto es, inquisitivo con tendencia acusatoria, al tiempo que para identificar el contenido en la Ley 906, no hay reparos en convenir que corresponde a un sistema procesal marcadamente acusatorio; punto de referencia a partir del cual se han destacado diferencias abrumadoras que parecer\u00eda hacerlos decididamente incompatibles, mismo fundamento que ha servido para sostener que su vigencia es propia de un paralelismo normativo, el cual por definici\u00f3n exigir\u00eda que deben coexistir sin contemplar efectos incidentes entre ambos, o lo que es igual, manteniendo una equidistancia capaz de evitar atrofias sist\u00e9micas. <\/p>\n
No obstante que en orden a intentar depurar y precaver sin excepciones el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del sistema de juzgamiento de la Ley 906, el legislador previ\u00f3 en el art\u00edculo 6\u00b0 -como ya lo hab\u00eda hecho con el mismo cometido el art\u00edculo 5\u00b0 del Acto Legislativo 03 de 2002 a trav\u00e9s de norma similar- que \u201cLas disposiciones de este C\u00f3digo se aplicar\u00e1n \u00fanica y exclusivamente para la investigaci\u00f3n y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia\u201d, misma motivaci\u00f3n por la cual recab\u00f3 en el art\u00edculo 533: \u201cEl presente C\u00f3digo regir\u00e1 para los delitos cometidos con posterioridad al 1\u00b0 de enero del a\u00f1o 2005\u201d, al valorar la conformidad con la Carta Pol\u00edtica de dicha disposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento y luego de rese\u00f1ar apartes de la sentencia C-592 de 2005, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
Justamente en respaldo de esta conclusi\u00f3n, fue muy clara en que la aplicaci\u00f3n del sistema de Ley 906 a Ley 600, s\u00f3lo procede con un criterio de favorabilidad frente a supuestos de hecho similares y compatibles, como lo hab\u00eda enfatizado prolijamente la Sala de Casaci\u00f3n Penal seg\u00fan se observa en la propia decisi\u00f3n y sin que hacerlo conllevara trastorno alguno en la implementaci\u00f3n de un sistema a otro. <\/p>\n
(\u2026) la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha sido cautelosa en orden a preservar los m\u00e9todos de juzgamiento, a la hora de admitir la aplicaci\u00f3n de regulaciones propias del sistema acusatorio de la Ley 906 a asuntos adelantados con base en la Ley 600, no solamente porque, como est\u00e1 visto, la declaraci\u00f3n de constitucionalidad de preceptos que hac\u00edan evidente dicha eventualidad excepcional se produjo bajo el entendido que si bien no pod\u00eda restringirse la favorabilidad, es absolutamente insuficiente en orden a su procedencia solamente pretender encontrar en la nueva regulaci\u00f3n efectos ben\u00e9ficos, ya que dif\u00edcilmente trat\u00e1ndose de m\u00e9todos de investigaci\u00f3n y juzgamiento de conductas bajo el prisma del derecho penal no se podr\u00edan hallar elementos coincidentes o semejantes, pues lo que se impone prevalente como se ha advertido, es el criterio seg\u00fan el cual los mismos deben ser compatibles dentro del sistema en que deben ser aplicados. <\/p>\n
(\u2026) Con sujeci\u00f3n al principio de favorabilidad, la Corte ha admitido la aplicaci\u00f3n retroactiva de normas procesales de la Ley 906 a la Ley 600, estableciendo como presupuestos: i. que las figuras jur\u00eddicas enfrentadas tengan regulaci\u00f3n en las dos legislaciones; ii. que sobre ambas se exijan similares presupuestos f\u00e1cticos y procesales y iii. que con la aplicaci\u00f3n beneficiosa de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del cual se da cabida a la figura que se afirma favorable (Segunda Instancia, Rad. 55289, 27 de agosto de 2019). <\/p>\n
Bajo esta l\u00ednea argumentativa al descender al caso concreto rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el recurrente, defensor de Musa Abraham Besaile Fayad, pese a reconocer que \u201clos preacuerdos\u201d son un instituto ex\u00f3geno al procedimiento de la Ley 600 de 2000 por el que viene siendo investigado y por tanto, que se trata de un esquema propio de la Ley 906 de 2004, adujo como argumento destacado para reclamar se revoque la decisi\u00f3n de primera instancia que neg\u00f3 el control de legalidad sobre preacuerdo suscrito entre el procesado y un Magistrado de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, que s\u00f3lo pretende \u201cel m\u00e1ximo de beneficios\u201d que podr\u00eda obtener de aplicarse en su favor dicha figura. <\/p>\n
El impugnante no explic\u00f3 el fundamento de sus pretensiones desde la perspectiva de hacer evidente que se trata de una instituci\u00f3n prevista en los dos ritos y caracterizada bajo similares presupuestos en las dos codificaciones, reduci\u00e9ndose a pedir transpolar de un procedimiento a otro la misma, s\u00f3lo con un criterio de beneficio, citando antecedentes relacionados con haberse aceptado por la jurisprudencia el incremento punitivo del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004 a asuntos adelantados por la Ley 600, as\u00ed como con fundamento en la aclaraci\u00f3n de voto del Magistrado Caldas Vera, de encontrar equivalente la sentencia anticipada al allanamiento a cargos. <\/p>\n
(\u2026) Necesario enfatizar en que la favorabilidad siendo un principio rector as\u00ed como exige acreditar que la misma o similar figura que se reclama aplicable tiene regulaci\u00f3n en los dos ordenamientos, al propio tiempo, no desvertebra, como ya se dijo, el procedimiento que le sirve de fuente. Pero para hacerlo, imprescindible es entonces parangonar las dos figuras compatibles, contraste que debe hacer evidentes las ventajas que una de ellas procura para el procesado. <\/p>\n
El recurrente no realiz\u00f3 este imprescindible ejercicio, por la raz\u00f3n evidente que, como se dijo, los preacuerdos no tienen en el sistema de la Ley 600 ninguna figura que le pueda servir de referente. <\/p>\n
A dicho cometido no acuden, ni por su origen ni por sus contenido y alcance, la sentencia anticipada, o los beneficios por colaboraci\u00f3n propios de la Ley 600, sabido que al paso que la primera implica que dada una suficiencia probatoria, el procesado acepta los cargos que le son formulados para que el juez proceda a proferir sentencia; mientras que los beneficios por colaboraci\u00f3n imponen a personas investigadas, juzgadas o condenadas precisamente colaborar para lograr eficacia en la administraci\u00f3n de justicia, a cambio de beneficios derivados de identificar dirigentes o cabecillas de organizaciones delictivas que acrediten su responsabilidad, o la identificaci\u00f3n de bienes y fuentes de financiaci\u00f3n de organizaciones delictivas o la localizaci\u00f3n del lugar donde se hayan personas secuestradas o desaparecidas. <\/p>\n
Entre tanto, los preacuerdos son definidos como todo convenio o pacto celebrado entre dos partes (Fiscal e imputado) a cerca de los t\u00e9rminos de la imputaci\u00f3n y la aceptaci\u00f3n total o parcial de la culpabilidad en orden a procurar una pena menor. El acta que los contiene debe estar sometida a control de legalidad. <\/p>\n
Mas adelante, al adentrarse en el estudio y componentes de la figura del preacuerdo, sintetiz\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) los preacuerdos en el dise\u00f1o del ordenamiento de la Ley 906 de 2004 al que pertenecen, s\u00f3lo pueden efectuarse entre partes: la Fiscal\u00eda, como acusadora y el imputado o acusado, es que no se puede admitir bajo ning\u00fan concepto este mecanismo de terminaci\u00f3n anticipada del proceso dentro de la estructura procesal de la Ley 600 de 2000, que sirve de instrumento de juzgamiento a los Congresistas, mucho menos considerando la composici\u00f3n y grado de intervenci\u00f3n creada para dicho cometido a trav\u00e9s del Acto Legislativo 01 de 2018, como se ha advertido (Sala Especial de Instrucci\u00f3n, Sala Especial de Primera Instancia y Sala de Casaci\u00f3n Penal); pues no le est\u00e1 dado a la Sala Especial de Instrucci\u00f3n celebrar preacuerdos y luego, como se ha pretendido en desarrollo de este asunto, actuar como sujeto procesal, pues dada su fisonom\u00eda org\u00e1nica y funcional no puede dicha Sala mutar a parte interesada y emprender la defensa de posturas jur\u00eddicas propias, ni hacer valer dicha postulaci\u00f3n y tampoco, por ende, incidir en manera alguna en la presentaci\u00f3n de pretensiones penales ante la Sala de Primera Instancia o ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Menos aceptar en forma parcial la viabilidad de dicha figura, a condici\u00f3n de que un hipot\u00e9tico preacuerdo sea admitido a trav\u00e9s del control de su juridicidad y eso lograra inhibir eventuales reparos de legalidad; o como se indic\u00f3, que el mismo tuviera cabida antes de presentarse la acusaci\u00f3n, pues en el tr\u00e1mite de Ley 600 con tal decisi\u00f3n cesa cualquier competencia de la Sala de Instrucci\u00f3n, lo anterior toda vez que, como fue advertido, estas hip\u00f3tesis implicar\u00edan fraccionar la figura para atomizarla en supuestos parciales a conveniencia, que no son procesalmente admisibles, por configurar t\u00edpicos casos de lex tertia, adem\u00e1s de hacer evidente la manifiesta incompatibilidad frente a una instituci\u00f3n ajena al procedimiento de dicha normativa. <\/p>\n
Y en ese orden de ideas concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) las negociaciones y preacuerdos configuran una de las instituciones m\u00e1s representativas del modelo de juzgamiento acusatorio. M\u00e9todo de investigaci\u00f3n que se ha caracterizado como un sistema adversarial o de partes insertado dentro del Estatuto de Procedimiento Penal de 2004 y cuya naturaleza, postulados te\u00f3ricos e implementaci\u00f3n pr\u00e1ctica, son adecuados a la intervenci\u00f3n que en cada una de sus variables y en su composici\u00f3n tiene la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ostentando dicha condici\u00f3n, misma que le permite defender sus actos ante los jueces. <\/p>\n
No sucede lo propio con la Sala Especial de Instrucci\u00f3n que como \u00f3rgano colegiado interviene en las fases de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, pues los Magistrados que la integran en ning\u00fan momento pueden sustentar o defender sus decisiones, modificando la \u00edndole o naturaleza de su intervenci\u00f3n o su rol dentro de la actuaci\u00f3n penal de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Por eso, al margen de pretender encontrar rasgos coincidentes entre esta figura procesal y otras propias del sistema de juzgamiento penal que privativamente determina el modo de juzgar a los Congresistas, es como se sabe inviable tomar aspectos de los dos ordenamientos para ensamblar uno h\u00edbrido, con el \u00fanico pretexto de resultar la norma que no es inherente al m\u00e9todo se\u00f1alado en la Ley para investigar a estos aforados, m\u00e1s beneficiosa a sus intereses. Existiendo en la Ley procesal del a\u00f1o de 2000 sus propios instrumentos de terminaci\u00f3n anticipada, tampoco es posible presentar la situaci\u00f3n como deficitaria en relaci\u00f3n con aquellas figuras concebidas inequ\u00edvocamente para materializar el sistema acusatorio de responsabilidad penal. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021 memorada en STC13626-2022). <\/p>\n
En suma, dado que las providencias cuestionadas en esta salvaguarda descansan en un discernimiento razonable conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa conocida por la autoridad accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
Finalmente, frente a la aspiraci\u00f3n de que se acojan los razonamientos expuestos en los salvamentos de voto de la resoluci\u00f3n objeto de escrutinio, impone se\u00f1alarle al convocante que las aclaraciones y\/o salvamentos de voto que realizan los magistrados en el marco de las decisiones que adoptan los \u00f3rganos colegiados no tienen fuerza vinculante y, por tanto, no son obligatorios en su aplicaci\u00f3n, pues, si bien hipot\u00e9ticamente pueden asumirse como v\u00e1lidos, apenas representan la marginal postura que frente a los hechos y las pruebas asume el funcionario. <\/p>\n
En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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