STC047-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC047-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-002-2022-00270-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la tutela que Lewis Jos\u00e9 Camacho Carrascal instaur\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, extensiva al Primero Promiscuo Municipal de la misma sede y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2015-00255. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara \u00abrevocar la sentencia de fecha de doce de octubre de 2022 emanada del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 Cesar, bajo radicado 201784089000120150025501\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Curuman\u00ed admiti\u00f3 el juicio ejecutivo que promovi\u00f3 contra H\u00e9ctor Ramiro Rodr\u00edguez Velandia y Amado Romero Rivera (9 sep. 2015), empero se declar\u00f3 impedido para seguir tramit\u00e1ndolo por enemistad grave con el apoderado de Romero Rivera – Adel Toloza Palomino (14 oct.) \u2013 quien excepcion\u00f3 oportunamente, y remiti\u00f3 el expediente al Primero Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1, que lo avoc\u00f3 (29 oct.); luego, este emplaz\u00f3 a H\u00e9ctor Ramiro y design\u00f3 como curador a V\u00edctor Julio P\u00e9rez Rodr\u00edguez (4 oct. 2016), pero al notificarle la orden de apremio lo hizo en representaci\u00f3n de ambos demandados, y \u00abno excepcion\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el despacho corrigi\u00f3 dicha anomal\u00eda y precis\u00f3 que el \u00abcurador solo representaba\u00bb a Rodr\u00edguez Velandia, y celebr\u00f3 la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso (18 abr. 2017) en la que el abogado de Amado Romero solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso hasta tanto se definiera la \u00abdenuncia por fraude procesal\u00bb interpuesta en su contra por alterar la letra de cambio, la cual no prosper\u00f3. <\/p>\n
Indic\u00f3 que H\u00e9ctor Ramiro otorg\u00f3 poder a quien fue designado como su \u00abcurador\u00bb – V\u00edctor Julio P\u00e9rez Rodr\u00edguez, y \u00e9ste \u00ab[solicit\u00f3] a la juez, que se [tuviera] como abono ($26.000.000.oo), aduciendo que el demandante LEWIS CAMACHO, hab\u00eda recibido dicho abono (\u2026) y no present\u00f3 ni excepciones ni tampoco contest\u00f3 la demanda sino que acept\u00f3 los hechos y pretensiones de dicha demanda ejecutiva\u00bb y, pidi\u00f3 la \u00abnulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb, en virtud de la cual, se invalid\u00f3 lo rituado desde el 4 de octubre de 2016 (22 mar. 2018). <\/p>\n
Renovada la actuaci\u00f3n, \u00abel juzgado le concede el t\u00e9rmino para el demandado HECTOR RODRIGUEZ, contestar la demanda y proponer excepciones a sabiendas el despacho que ya \u00e9l hab\u00eda comparecido al proceso el d\u00eda 26 de abril de 2017, cuando otorg\u00f3 el poder y el d\u00eda 30 DE MAYO DE 2017\u00bb, momento en el cual, \u00absu apoderado contesta la demanda y no propone excepciones sino que acepta un abono de ($12.000.000.oo) (\u2026) lo que queda demostrado que al se\u00f1or HECTOR RODRIGUEZ, se le concedieron demasiadas garant\u00edas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 \u00abno declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por la parte demandada\u00bb y mand\u00f3 continuar el cobro (18 dic. 2018); decisi\u00f3n que, apelada por la pasiva, el superior revoc\u00f3, declar\u00f3 \u00abprobadas las excepciones propuestas por la parte demandada\u00bb y lo conden\u00f3 en costas (12 oct. 2022). <\/p>\n
Asever\u00f3 que el estrado convocado permiti\u00f3 a Rodr\u00edguez Velandia aportar un documento donde presuntamente constaba \u00ababono a la deuda por $12.000.000\u00bb, cuando ya estaba vencida la \u00aboportunidad de excepcionar\u00bb y, resalt\u00f3, que \u00abc\u00f3mo es posible que el demandado designa nuevo apoderado y este interpone una nulidad y el juzgado nuevamente concede el t\u00e9rmino para que el demandado H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, contest[e] la demanda y propon[ga] excepciones a sabiendas el despacho que ya \u00e9l hab\u00eda comparecido al proceso el d\u00eda 26 de abril de 2017\u00bb, porque en su criterio, \u00abse debi\u00f3 tener por notificado por conducta concluyente en el mismo momento en que dio poder a quien ven\u00eda fungiendo como su curador, habilit\u00e1ndosele con dicho actuar la oportunidad para intervenir en el juicio\u00bb. <\/p>\n
Dijo que \u00abno [comparte] los argumentos del juez de alzada como quiera que la apoderada judicial [le] pregunt\u00f3 que si [\u00e9l] sab\u00eda diligenciar la letra de cambio objeto de litigio y [\u00e9l] le manifest[\u00f3] que no sab\u00eda diligenciarla porque era la primera vez que [se] ve\u00eda en esa situaci\u00f3n pro incumplimiento en el pago de la obligaci\u00f3n por parte de los deudores y [\u00e9l] autori[z\u00f3] a la Dra. Lelia Morales, para que llenara los espacios en blanco (\u2026)\u00bb, de ah\u00ed que, en su opini\u00f3n, \u00aben lo que ata\u00f1e al DILIGENCIAMIENTO SIN LA DEBIDA AUTORIZACION y CARTA DE INSTRUCCION, [se opuso] debido a que 362 del C\u00f3digo de Comercio se dispone que los deudores que demoren el pago de sus deudas deber\u00e1n satisfacer, desde el d\u00eda siguiente al vencimiento, el inter\u00e9s pactado para el caso o, en su defecto, el seis por ciento anual\u00bb; adem\u00e1s \u00ab(\u2026) si en el t\u00edtulo se dejan espacios en blanco cualquier tenedor leg\u00edtimo podr\u00e1 llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado (\u2026) si un t\u00edtulo de esta clase negociado, despu\u00e9s de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, ser\u00e1 v\u00e1lido y efectivo para dicho tenedor y \u00e9ste podr\u00e1 hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que \u00abno es cierto que los deudores [le] hubiesen cancelado la totalidad de la obligaci\u00f3n [porque nunca exigieron] la devoluci\u00f3n de la letra o en su defecto una paz y salvo expidi\u00f3 por [su] persona (\u2026) nunca [fue] citado [ante] autoridad [alguna] para que [\u00e9l] hiciera la devoluci\u00f3n del t\u00edtulo valor\u00bb y, cimentado en el art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012, se\u00f1al\u00f3 que el despacho confutado \u00abfall\u00f3 dicho proceso por m\u00e1s de dos a\u00f1os lo cual se encontraba prescrita la acci\u00f3n para resolver el recurso de apelaci\u00f3n porque del 18 de diciembre de 2018 hasta el 12 de octubre de 2022, han transcurrido 34 meses, por tal raz\u00f3n la consecuencia es que es nulo de pleno derecho toda la actuaci\u00f3n del juez civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al ruego, porque \u00ab(\u2026) no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental dentro del tr\u00e1mite de esta instancia\u00bb. <\/p>\n
El Primero Promiscuo Municipal de esa urbe, narr\u00f3 el tr\u00e1mite impartido a la lid n\u00b0 2015-00255 y destac\u00f3 que \u00abno hubo vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales por parte de [ese] despacho\u00bb. <\/p>\n
H\u00e9ctor Ramiro Rodr\u00edguez Velandia y Amado Romero Rivera invocaron \u00abla falta del requisito de subsidiariedad\u00bb y \u00abfalta de relevancia constitucional del tema sometido a su estudio\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Valledupar desestim\u00f3 el auxilio, por no satisfacer la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, porque: (i) Frente a la \u00abinconsistencia en el tr\u00e1mite de la nulidad por indebida notificaci\u00f3n propuesta por el demandado H\u00e9ctor Rodr\u00edguez, el ejecutante, actuando por conducto de su abogada, dej\u00f3 de apelar el auto de 22 de marzo de 2018, que concedi\u00f3 la invalidez\u00bb; (ii) En punto a \u00abla nulidad contemplada en el art\u00edculo 121\u00bb, sostuvo que \u00abtampoco se dan las circunstancias para que el juez constitucional intervenga al respecto\u00bb, porque \u00abel interesado no la aleg\u00f3 en su debida oportunidad, esto es, ante el respectivo Juez Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, quien dirimi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; y (iii) \u00ab[E]sa misma exigencia de residualidad basta para descartar de igual forma el estudio frente a la falta de certeza de los hechos relacionados con el abono realizado a la deuda, expuestos por el accionante, dado que, ese aspecto ni siquiera fue tomado en cuenta por el juzgado de segunda instancia, dado que hasta all\u00e1 no lleg\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 el actor con los mismos argumentos del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende dejar sin efecto el veredicto de 12 de octubre de 2022, dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, mediante el cual, \u00ab[revoc\u00f3] la sentencia apelada, de once (11) de diciembre de 2018, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguana -Cesar- (\u2026)\u00bb y \u00ab[declar\u00f3] probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada omisi\u00f3n de los requisitos que el t\u00edtulo deba contener y que la ley no supla expresamente\u00bb, por estar inconforme con su contenido y valoraci\u00f3n probatoria; adem\u00e1s, procura subsidiariamente, se \u00abdeclare la p\u00e9rdida de competencia del juez de segunda instancia\u00bb con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto \u00abdel 18 de diciembre de 2018 hasta el 12 de octubre de 2022, han transcurrido 34 meses, por tal raz\u00f3n la consecuencia es que es nulo de pleno derecho toda la actuaci\u00f3n del juez civil del Circuito de Chiriguan\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.- No obstante, ab initio se anuncia el decaimiento del resguardo y la consecuente refrendaci\u00f3n de lo refutado. <\/p>\n
2.1.- La providencia recriminada (12 oct. 2022) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal, que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las prerrogativas esenciales aducidas. <\/p>\n
En efecto, luego de delimitar la alzada, conforme lo prev\u00e9 el art. 328 ib\u00eddem, el estrado cuestionado recalc\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) es plausible, aun en esta instancia, si as\u00ed lo impusiera el tr\u00e1mite, revisar nuevamente, de manera oficiosa, los requisitos formales o sustanciales de los documentos base de recaudo, y determinar si el aportado en este asunto como base de la ejecuci\u00f3n, cumple, en rigor, con las exigencias previstas en la ley, para luego, de encontrarlo ajustado a los citados c\u00e1nones comerciales, emprender el estudio de las dem\u00e1s defensas formuladas, advirtiendo, sin lugar a duda, que en este asunto, la parte demandada alcanz\u00f3 a esgrimir, en orden a recriminar las cualidades del t\u00edtulo valor -letra de cambio- arrimado como documento ejecutivo, la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cOMISION DE LOS REQUISITOS QUE EL TITULO DEBA CONTENER Y QUE LA LEY NO SUPLA EXPRESAMENTE (ART. 784 NUM. 4 CODIGO DE COMERCIO)\u201d, frente a la cual expuso, sin ambages, que dicha cambial carec\u00eda de la firma de la persona que hab\u00eda creado o girado el mentado t\u00edtulo valor, alegando que, por esa circunstancia, no ten\u00eda la virtualidad de constituir tal caracter\u00edstica cambiaria, adem\u00e1s de otros reparos, la cual, al comp\u00e1s con lo expuesto ser\u00e1 abordada en este litigio como tal. <\/p>\n
Seguidamente, transcribi\u00f3 los \u00abrequisitos exigidos para la letra de cambio\u00bb previstos en los c\u00e1nones 621 y 671 de C\u00f3digo de Comercio y, enunci\u00f3 la interpretaci\u00f3n jurisprudencial del art. 676 de la misma obra, para descender al caso concreto y esbozar que, <\/p>\n
Por v\u00eda de ese razonamiento, el que precede, se concluye, sin lugar a duda, apoyado este juzgado en las probanzas recaudadas en el tr\u00e1mite de la primera instancia y, las que, oficiosamente se lograron en \u00e9sta, que el fallo objeto de apelaci\u00f3n debe ser revocado por cuanto de esa providencia se vislumbra que la firma ubicada en el lugar asignado para el girado, si bien pertenece a la del acreedor, mismo demandante, lo cierto es que por virtud de su propia confesi\u00f3n, surge claro que quien confeccion\u00f3 los espacios en blanco fue su apoderada judicial, bajo el quebradizo argumento consistente en que esa hab\u00eda sido la instrucci\u00f3n de sus deudores, circunstancia que pone en riesgo la existencia legal del documento cambiario, pues si ello fuese as\u00ed, tal y como lo acept\u00f3 el demandante, quien ha debido certificar con su firma lo contemplado en dicho documento cambiario era dicha persona y no otra en aras de no descollar su esencia cambiaria, por supuesto que en ese orden de ideas, en puridad procesal y sustancial, debi\u00f3 haberse declarado su inexistencia, pues como consecuencia de la previsi\u00f3n del art\u00edculo 620 del C\u00f3digo de Comercio y de la literalidad del documento, est\u00e1 claro que no fue formado como un instrumento cambiario dado que no aparece en \u00e9l la firma de su verdadero creador complementario o girador, lo que constituye una falta de formalidad fundamental y que, de paso, genera su ineptitud cambiaria. <\/p>\n
En ese sentido, abordando el an\u00e1lisis de los medios suasorios recaudados en esa litis, coligi\u00f3: <\/p>\n
15.- En efecto, qued\u00f3 visto en las actuaciones surtidas en todo el devenir procesal que los aceptantes o deudores \u00fanicamente suscribieron el t\u00edtulo valor objeto de ejecuci\u00f3n, dejando los dem\u00e1s espacios que lo conforman en blanco o sin completar y que para compeler a los deudores fueron llenados por la parte demandante, ll\u00e1mese acreedor o endosatario en procuraci\u00f3n, que al final de cuentas ellos fueron quienes, apoyados en incoherentes afirmaciones, expusieron tener autorizaci\u00f3n para completar los espacios dejados sin llenar que, para infortunio de ellos, olvidaron confeccionarlo del todo, esto es, en cuanto ten\u00eda que ver con la firma del creador (folio 59 del cuaderno de excepciones), para posteriormente, aparecer, m\u00e1gicamente, firmado por el se\u00f1or Lewis Camacho Carrascal. Y como as\u00ed brota del cuerpo del documento original aportado como base de la acci\u00f3n ejecutiva, era, por esa sola raz\u00f3n, que debi\u00f3 haberse declarado as\u00ed en la sentencia de primer grado, bien porque se propuso como defensa de m\u00e9rito, ora bajo la egida de la laboriosidad que la ley le otorga al juzgador. El estudio oficioso del t\u00edtulo. <\/p>\n
16.- Pero, en gracia de discusi\u00f3n, de admitirse, sin ser cierto, que lo anterior no fuera un argumento suficiente para restarle eficacia jur\u00eddica a la cambial, llega a este escenario judicial la confesi\u00f3n del demandante acreedor, quien en la adici\u00f3n al interrogatorio de parte que, a instancia de esta judicatura se construy\u00f3, adicional a un careo entre los contendientes, en donde se confes\u00f3 por parte del actor, si bien con algo de recelo, que quien llen\u00f3 los espacios dejados en blanco fue la apoderada judicial del endosante en procuraci\u00f3n, esta circunstancia le da mayor empuje a la decisi\u00f3n que aqu\u00ed ha de tomarse, pues al tenor de lo ya expuesto, vale decir, conforme a las prerrogativas del art\u00edculo 620 del C. de Comercio, es evidente que lo mencionado en la demanda y en la versi\u00f3n que dio el acreedor demandante, al t\u00edtulo valor se le insertaron una mixtura de acontecimientos que, de facto, le restan eficacia jur\u00eddica, que al tenor del derecho probatorio y de las rigurosidades que la ley comercial contempla, en trat\u00e1ndose de t\u00edtulos valores, desvirt\u00faan los requisitos que debe contener el que aqu\u00ed se cuestiona. <\/p>\n
En efecto, en lo que respecta a este especial tema en debate, tras el desarrollo del interrogatorio vertido a instancia del demandante, se logr\u00f3 establecer que Lewis Jos\u00e9 Camacho Carrascal, no obstante haber suscrito la letra de cambio como creador de esta, lo cierto es que quien consum\u00f3 los espacios en blanco fue una persona distinta a \u00e9l, aspecto que distorsiona por completo las particularidades del t\u00edtulo valor allegado como base de la ejecuci\u00f3n. Reflejo de lo precedente fue lo afirmado por Lewis Camacho, quien fue enf\u00e1tico en responder que la letra de cambio se le hab\u00eda entregado totalmente vac\u00eda, solamente con las firmas de los deudores, agregando que \u201cen el momento de que yo voy a hacer la respectiva demanda, le doy la autorizaci\u00f3n a la doctora para que la llenara, eso fue en Curuman\u00ed, la letra la firme yo, por que la doctora me llam\u00f3 estando en el juzgado y yo firme la letra cuando nos aceptan la demanda.\u201d Aunado a lo anterior, expuso luego de pregunt\u00e1rsele que si la firma que estaba en el campo que corresponde a girados era suya, tras vacilar, finalmente acept\u00f3 que s\u00ed era su signatura y su n\u00famero de identificaci\u00f3n, para, seguidamente expresar que la cifra de 26 millones de pesos que se estaba ejecutando la coloc\u00f3 \u201cla doctora con mi autorizaci\u00f3n\u2026yo le di toda la informaci\u00f3n a ella y ella la llen\u00f3.\u201d, evento que, al tenor del derecho probatorio ha de tenerse como una confesi\u00f3n y un acto de voluntad que, llanamente, \u201c\u2026consiste en la en la manifestaci\u00f3n que hace una parte sobre hechos que pueden producirle consecuencias jur\u00eddicas adversas o que favorezcan a la parte contraria\u201d; confesar, es \u201creconocer como verdadero un hecho o un acto de \u00edndole suficiente para producir contra el que lo admite consecuencias jur\u00eddicas\u201d, convencimiento que puede predicarse tanto de los hechos trascritos como fundamento de la demanda o como pedestal de las excepciones propuestas. -CSJ. SC. Sentencia de 2 de agosto de 1941 y 12 de noviembre de 1954.- <\/p>\n
A lo anterior, agreg\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la confesi\u00f3n, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, debe recaer forzosamente sobre hechos y no sobre aplicaciones legales o principios de derecho. Sobre este aspecto, la Corte tiene sentado que: \u201cLa prueba (de confesi\u00f3n) siempre concierne al hecho que es la materia del debate, no a su calificaci\u00f3n jur\u00eddica o a las actuaciones de la ley que el hecho pueda determinar. Es al juez a quien corresponde esclarecer cu\u00e1les son las normas positivas que entran en actividad ante la prueba de cada hecho, lo que no es sino aplicaci\u00f3n del principio seg\u00fan el cual la gesti\u00f3n de las partes termina con la demostraci\u00f3n de los hechos, pues con ella comienza la funci\u00f3n jurisdiccional de enfrentarlos con los preceptos en orden a decidir las situaciones jur\u00eddicas concretas\u201d -CSJ. SC. Sentencia de 14 de abril de 1947.-. Por tanto, con fundamento en la ley, y en reiterada doctrina a los jueces se les impone la obligaci\u00f3n de hacer la evaluaci\u00f3n tanto individual como conjunta de los diversos elementos probatorios obrantes en los autos, no de uno solo, como en efecto, en este certamen se har\u00e1. <\/p>\n
17.- As\u00ed las cosas, analizados y conjugados los diversos elementos probatorios recaudados en este asunto, cuya virtud lleva al despacho al convencimiento uniforme sobre el cual habr\u00e1 de edificarse el fallo desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las afirmaciones que el demandante expuso en su declaraci\u00f3n de parte, aunadas a la resistente defensa del demandado, por supuesto que, por virtud del principio de comunidad de las pruebas, una vez practicadas, \u00e9stas pertenecen al proceso y no a quien las solicit\u00f3. Por ende, como les sirven a todas las partes intervinientes, es l\u00f3gico y natural se\u00f1alar que su apreciaci\u00f3n debe ser conjunta, estudiada a partir de la comparaci\u00f3n rec\u00edproca de los distintos medios, \u201c(\u2026) con el prop\u00f3sito fundamental de averiguar por sus puntos de convergencia o de divergencia respecto de las varias hip\u00f3tesis que en torno a lo que es materia del debate puedan suscitarse. Establecidos los aspectos en los cuales las pruebas concuerdan, o se contradicen, el juzgador se podr\u00e1 dirigir a concretar aquellos hechos que, en su sentir, hubieren quedado demostrados, con fruto de la combinaci\u00f3n o agrupaci\u00f3n de los medios, si es que en esta nota la suficiente fuerza de convicci\u00f3n para ese prop\u00f3sito\u201d. – CSJ. SC. Sentencia de 4 de marzo de 1991; reiterada el 6 de junio de 1994, el 25 de mayo y el 14 de diciembre de 2010. <\/p>\n
Aplicando lo expuesto al sub ex\u00e1nime, despunta, pronto, la equivocaci\u00f3n del a quo y la acertada inconformidad del recurrente cuando a trav\u00e9s de su escrito impugnatorio le endilga al juzgador de primer grado la decisi\u00f3n que tom\u00f3, por supuesto que como lo atisb\u00f3 en su fallo, cuando se\u00f1al\u00f3 que la revelaci\u00f3n del demandado respecto de la completitud de los espacios en blanco que se hab\u00edan dejado en el titulo valor se realizaron en la sede judicial en la que se hab\u00eda asignado inicialmente el proceso \u2013 Juzgado de Cururam\u00ed-, esa inferencia fue equivocada por cuanto estaba visto de bulto en el acervo probatorio tal evento, an\u00f3malo por cierto, que ahora tambi\u00e9n es advertido y corroborado por esta sede judicial, aspecto probatorio que aunado a otros elementos de convicci\u00f3n, quedar\u00e1 fincada esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
18.- Ha de dejarse claro, entonces, que la letra de cambio que adolece del requisito esencial de la firma de quien lo crea est\u00e1 afectada de inexistencia en virtud del art\u00edculo 898 del estatuto mercantil, indagando, por ah\u00ed mismo, si puede este ser considerado como un t\u00edtulo ejecutivo al margen de que no sea un t\u00edtulo valor de conformidad con los art\u00edculos 620 y 621 del C\u00f3digo de Comercio. Como se anticip\u00f3, tal razonar resulta incompatible con las previsiones legales que gobiernan la naturaleza, creaci\u00f3n y forma de los t\u00edtulos valores, en especial, las contenidas en los art\u00edculos 621, 671 y 676 de la codificaci\u00f3n comercial, que establecen los requisitos comunes de las varias especies de t\u00edtulos-valores, el contenido espec\u00edfico de la letra de cambio y las posiciones que en ella puede ocupar el girador, respectivamente, quedando pendiente para su estudio, entonces, lo referente a las previsiones contempladas en el art\u00edculo 622 de la misma obra comercial, esto es, los documentos cambiarios firmados con espacios en blanco, dado que ese aspecto es el que m\u00e1s resistencia ha tenido en todo el devenir procesal. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se puede deducir que el t\u00edtulo valor suscrito en blanco debi\u00f3 ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones escritas o verbales que acordaron las partes, que en el caso sub examine solo se extraen del dicho del actor, tambi\u00e9n criticado por los demandados, pues si bien tal circunstancia no fue demostrada con holgura por \u00e9stos, la verdad es que la manera como se complet\u00f3 el t\u00edtulo base de esta ejecuci\u00f3n deja un manto de duda en cuanto que el acreedor hubiera recibido autorizaci\u00f3n verbal de los deudores para llenar esos espacios en blanco, por supuesto que de su respuestas se fundan una gama de aseveraciones que, concatenadas unas y otras, solo se evidencia la ausencia de dicha autorizaci\u00f3n, pues como lo dijo el mismo demandante si el t\u00edtulo fue endosado en procuraci\u00f3n, debi\u00f3 haberse entregado completado a la endosataria y no esperar que, bajo la aseveraci\u00f3n de haberse instruido a la mandataria judicial para que no repletara, pues por tratarse de un t\u00edtulo valor -letra de cambio- aceptado con la sola firma de los deudores, surge claro, sin lugar a duda, que, por lo menos hasta ese momento no correspond\u00eda a la esencia de los t\u00edtulos valores, por supuesto que carec\u00eda del derecho literal que en \u00e9l se incorpora, esto es, que para proceder a endosarlo debi\u00f3 el demandante llenarlo previamente teniendo en cuenta las autorizaciones que dijo haber recibido, a fin de que la endosataria, posteriormente, lo pudiera hacer valer judicialmente, circunstancia que no ocurri\u00f3 ya que quien ha debido diligenciarlo era el tenedor, que s\u00ed ten\u00eda conocimiento de lo convenido con la parte deudora. <\/p>\n
Con fundamento en lo antes expuesto, es palmario que el documento base de la acci\u00f3n, ad initio, debi\u00f3 determinar qui\u00e9n era su autor, por cuanto debe ser considerado como una cosa material compuesta del soporte y de un conjunto de caracteres que componen su contenido con relevancia jur\u00eddica, dirigido a un sujeto o conjunto de sujetos identificados o susceptibles de identificaci\u00f3n. As\u00ed, el autor del compendio de la letra de cambio, necesario para que el documento tuviera preeminencia jur\u00eddica, era la persona a quien se le pod\u00eda imputar tanto la declaraci\u00f3n de voluntad -autor material- como las operaciones t\u00e9cnicas de registro de la manifestaci\u00f3n o dise\u00f1o del documento -autor formal-, tal como sucede con los notarios que dan fe p\u00fablica, que desde tal punto de vista, se considera autor del documento, conforme a las preceptivas contenidas en el art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso, a quien lo elabora o firma, o si existe certeza de la persona a quien se atribuye, es decir, el autor, que es aquel de quien jur\u00eddicamente proceden tenor y firma del documento, o como aqu\u00ed se averigua, a qui\u00e9n se le debe imputar legalmente haber formulado la declaraci\u00f3n que el t\u00edtulo contiene (\u2026). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, significa lo anterior que la firma impuesta en el t\u00edtulo valor en el campo denominado girado corresponde a la del demandante Lewis Jos\u00e9 Camacho Carrascal, seg\u00fan su propia confesi\u00f3n. Empero, obstante, quien complet\u00f3 los espacios dejados en blanco fue, atendiendo tambi\u00e9n la confesi\u00f3n del acreedor, la apoderada judicial del demandado como creadora, circunstancia que, ni por asomo, permite que nazca con plena eficacia cambiaria tal t\u00edtulo valor \u2013 el aportado como base de la ejecuci\u00f3n-, por supuesto que esa pr\u00e1ctica no se enmarca en los precisos casos antes enunciados. <\/p>\n
22.- Puede afirmarse, en este orden de ideas, sin lugar a duda, que los demandados \u00fanicamente firmaron la letra de cambio como aceptantes, tema que no tiene pol\u00e9mica en este asunto, dejando en todo su contexto los espacios en blanco ya conocidos, como qued\u00f3 demostrado a lo largo de este debate; que el beneficiario o acreedor de tal cambial fue Lewis Jos\u00e9 Camacho Carrascal, quien a la vez, seg\u00fan la versi\u00f3n que verti\u00f3 en este asunto, fungi\u00f3 como girador y como girado directo, que, por regla general, quedar\u00eda obligado como aceptante, empero, como tambi\u00e9n qued\u00f3 demostrado que Camacho Carrascal solo puso su r\u00fabrica en la letra de cambio en calidad de girado y de girador, como quiera que, as\u00ed lo confes\u00f3, que los espacios en blanco los rellen\u00f3 su apoderada judicial, Lelia Morales Negrette, que tal y como se colige del contenido del documento base de la acci\u00f3n, no autograf\u00edo el referido documento como creadora del mismo, surge entonces di\u00e1fano que as\u00ed completada la cambial pierde la esencia cambiaria como t\u00edtulo valor, por supuesto que as\u00ed confeccionado dicho cartular, el demandante ostentar\u00eda en este certamen doble calidad, la de acreedor y la de deudor y con el atributo de creadora la mentada abogada, quien por no haber colocado su firma en asentimiento de haberla confeccionado pierde, ipso facto, el t\u00edtulo valor las calidades de tal. <\/p>\n
2.2.- As\u00ed las cosas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues el iudex reprochado emprendi\u00f3 una labor intelectiva adecuada al \u00ababordar los medios suasorios\u00bb prenotados, cuya proveimiento es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o el impulsor compartan o no tales deducciones, no es este el escenario que habilite a este a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pugna, ya que el objetivo de este sendero especial, no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021, reiterada en STC8170-2022). <\/p>\n
3.- En torno a la rogativa del quejoso, tendiente a que se \u00abdeclare la p\u00e9rdida de competencia del juez de segunda instancia\u00bb con base en el art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012, se observa que \u00e9ste desaprovech\u00f3 las herramientas legales con que contaban en el litigio combatido, por lo que no se cumpli\u00f3 con el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque no obra prueba alguna que demuestre que el querellante, antes y\/o despu\u00e9s del fallo de segundo grado, pusiera en conocimiento del funcionario censurado \u00abla nulidad de pleno derecho\u00bb y, consecuente p\u00e9rdida de competencia. Luego, si alg\u00fan desconcierto tiene frente al rito en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal de esa Litis donde deber\u00e1 exponerlo (STC13787-2022), que no ante el Juez constitucional. <\/p>\n
De soslayarse la falta de dicho requisito, lo cierto es que dicho reclamo resultar\u00eda tard\u00edo, porque, la expedici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, sanea cualquier irregularidad presentada en tal sentido. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se convalidar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC047-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC047-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-002-2022-00270-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de noviembre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70004","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70004\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}