STC049-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC049-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04462-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez interpuso contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes en el asunto 73001-31-03-004-2019-00093-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
De acuerdo con el libelo introductorio y el expediente objeto de queja constitucional, al reclamo sirven de sustento los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
El actor y \u00d3scar Javier Montero Guerra demandaron a la Aseguradora para que se le declarara contractualmente responsable por el incumplimiento del seguro que amparaba el veh\u00edculo de placas TGN-080, de su propiedad y que adquirieron en virtud de un cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n otorgado por la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Social Prosperando, a la cual estaban afiliados. Y, en consecuencia, se le condenara a pagar la \u201csuma de dinero que en su favor resulte probada como monto de la indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil contractual\u201d. Lo anterior, porque, adujo, pese a que en su oportunidad se reclam\u00f3 el pago del siniestro, acaecido el 31 de diciembre de 2013, a ra\u00edz de un accidente de tr\u00e1nsito que ocasion\u00f3 la p\u00e9rdida total del automotor, la obligaci\u00f3n no ha sido solucionada. <\/p>\n
Asimismo, demandaron a la citada Cooperativa para que se le declarara contractualmente responsable por el incumplimiento del negocio en virtud del cual se les concedi\u00f3 el cr\u00e9dito con el cual adquirieron el veh\u00edculo, y se le condenara a pagar los perjuicios respectivos. Tambi\u00e9n demand\u00f3 por los da\u00f1os suscitados con ocasi\u00f3n de la desatenci\u00f3n del r\u00e9gimen jur\u00eddico de la econom\u00eda solidaria, por no haber activado el fondo de solidaridad en el momento en que sufrieron la p\u00e9rdida del automotor, ni hacer efectivo el seguro que, alegaron, sufragaron como parte de las cuotas como asociados. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 las pretensiones (15 jun. 2021), apelada esa decisi\u00f3n el Tribunal la ratific\u00f3. Frente a la Aseguradora advirti\u00f3 que no pod\u00eda atribu\u00edrsele incumplimiento, ya que los demandantes no realizaron el traspaso del automotor a la Aseguradora, como como correspond\u00eda para lograr el pago de la indemnizaci\u00f3n. Respecto de la Cooperativa, se\u00f1al\u00f3, en esencia, que el incumplimiento denunciado no se acredit\u00f3 (25 mar. 2022). <\/p>\n
Los demandantes en el proceso presentaron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero no fue concedido por falta de inter\u00e9s para recurrir. Frente a esa decisi\u00f3n, plantearon queja, la cual fue desatada por esta Corporaci\u00f3n en AC3002 de 13 de julio de 2022. <\/p>\n
En ese contexto, el aqu\u00ed accionante alega que no pod\u00eda exigirse el traspaso del veh\u00edculo a favor de la Aseguradora como condici\u00f3n para el pago del siniestro, teniendo en cuenta que i) el veh\u00edculo se encontraba con limitaci\u00f3n de la propiedad, esto es, una prenda constituida a favor de Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Social Prosperando; ii) \u201cla entidad encargada de la entrega definitiva era la compa\u00f1\u00eda de seguros por intermedio de Jurisdicaribe\u201d, quien prest\u00f3 el servicio de asistencia jur\u00eddica con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal adelantada a ra\u00edz del accidente de tr\u00e1nsito; iii) la entrega del automotor no se les hab\u00eda notificado, pues, no fue sino, en el proceso, a ra\u00edz del incidente que el juzgado le abri\u00f3 a la aseguradora, que inform\u00f3 sobre el estado del rodante; iv) el veh\u00edculo se encontraba vinculado al proceso penal adelantado por la Fiscal\u00eda; y v) era el deber de la aseguradora hacer el traspaso porque era quien lo ten\u00eda en su poder, quien, adem\u00e1s, \u201cno ha mostrado inter\u00e9s o realizado un acompa\u00f1amiento integral en procura de efectuar el pago del siniestro\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade que el fallador plural no valor\u00f3 que reclam\u00f3 el pago del seguro, como tampoco que el mismo s\u00ed se sufrag\u00f3 a la Cooperativa por cuenta del saldo del cr\u00e9dito mencionado, a diferencia de \u00e9l, como asegurado. <\/p>\n
Por otro lado, precisa que al analizar la responsabilidad de la Cooperativa se tuvo en cuenta la documentaci\u00f3n que aport\u00f3 dicha entidad en relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito, sin embargo, la misma no refleja las condiciones de la obligaci\u00f3n. Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que la demandada tampoco alleg\u00f3 el pagar\u00e9 que suscribi\u00f3 en virtud de la deuda, \u201cpara poder observar cu\u00e1les eran los derechos y obligaciones\u201d de las partes, y no se evidencia prueba del pago por concepto del Fondo de Solidaridad. <\/p>\n
2.- Las autoridades reprochadas se opusieron al amparo. No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Revisada la directriz censurada, se advierte que el amparo deviene inf\u00e9rtil, toda vez que al margen de que se comparta o no, es fruto de un an\u00e1lisis serio de los elementos de juicio obrantes en el litigio criticado. <\/p>\n
En efecto, para descartar la responsabilidad atribuida a la Aseguradora el Tribunal precis\u00f3 que no pod\u00eda imput\u00e1rsele incumplimiento del pago de la p\u00f3liza cuando este depend\u00eda de que los all\u00e1 demandantes, en su condici\u00f3n de propietarios del veh\u00edculo, le hicieran el respectivo traspaso. A su vez, puntualiz\u00f3, que las circunstancias alegadas para no satisfacer esa carga no liberaban a los interesados de cumplirla, en especial, la relativa a la entrega material del automotor, en tanto estaban llamados a realizar la entrega jur\u00eddica, mediante el respectivo traspaso. Al mismo tiempo, resalt\u00f3 que si bien hubo un pago parcial de la p\u00f3liza a favor de la Cooperativa Prosperando por el siniestro, por concepto de la deuda que hab\u00eda adquirido con esa entidad, el mismo se efectu\u00f3 porque dicho organismo s\u00ed cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos lo expuso: <\/p>\n
No existe ninguna controversia entre los litigantes frente a la vigencia de la p\u00f3liza para la \u00e9poca de ocurrencia de los hechos. Sin embargo, se reprocha por los apelantes que se hubiera cancelado parcialmente la indemnizaci\u00f3n a favor de la Cooperativa Prosperando, mientras que respecto del asegurado tal resarcimiento no se hubiera concretado. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n, de acuerdo con los elementos de prueba que militan dentro del plenario, tuvo lugar porque la entidad de cr\u00e9dito en su condici\u00f3n de beneficiaria del contrato de seguros tramit\u00f3 directamente ante la compa\u00f1\u00eda su reclamaci\u00f3n, lo que desde un principio fue coadyuvado por los accionantes. <\/p>\n
No ocurri\u00f3 lo mismo frente al asegurado Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez. Esto, debido a que al tenor de las condiciones generales del seguro la reclamaci\u00f3n respectiva deb\u00eda estar acompa\u00f1ada, entre otros documentos, del \u201ctraspaso del veh\u00edculo a favor de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA\u201d, requisito \u00e9ste no se verific\u00f3. <\/p>\n
A decir de los accionantes, no fue posible realizar el traspaso del veh\u00edculo porque la Fiscal\u00eda se los entreg\u00f3 el 12 de junio de 2017. Sin embargo, tal afirmaci\u00f3n no encuentra respaldo alguno dentro de las pruebas del expediente, pues v\u00e9ase que la propia aseguradora certific\u00f3 que el veh\u00edculo de placas TGN080 estaba bajo su custodia desde el 2 de abril de 2014 en la ciudad de barranquilla. Adicionalmente, v\u00e9ase que al proceso tambi\u00e9n se aport\u00f3 copia del auto dictado por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barranquilla el 21 de abril de 2015, en el que se aprob\u00f3 la entrega definitiva del automotor a Oscar Javier Montero Guerra. <\/p>\n
Continu\u00f3 advirtiendo que: <\/p>\n
Pese a la entrega material del bien, los demandantes ten\u00edan la carga de hacer la entrega jur\u00eddica del mismo mediante su tradici\u00f3n a trav\u00e9s del correspondiente registro, actividad que como ellos mismos lo aceptaron en su interrogatorio, no realizaron. <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
En ese sentido, tampoco se avizora un incumplimiento contractual de la entidad aseguradora, ya que si los interesados no honraron a cabalidad sus obligaciones contractuales con miras a obtener la correspondiente indemnizaci\u00f3n, no pueden ahora reprochar v\u00e1lidamente la conducta de su contraparte, m\u00e1xime si ellos mismos aceptaron que durante los a\u00f1os 2015 y 2018, realizaron varias solicitudes verbales, mas nunca elevaron solicitudes formales para el pago del seguro, ni por s\u00ed mismos ni por intermedio de un abogado (se enfatiza). <\/p>\n
Adem\u00e1s, mal puede tildarse de arbitraria la exigencia del traspaso a efectos de que la Aseguradora pagara al interesado la indemnizaci\u00f3n teniendo en cuenta que: i) de acuerdo con la p\u00f3liza demandada (cl\u00e1usula d\u00e9cima), la reclamaci\u00f3n respectiva deb\u00eda estar acompa\u00f1ada, entre otros documentos, del \u201ctraspaso del veh\u00edculo en favor de Aseguradora Solidaria de Colombia en el evento de p\u00e9rdida total\u201d (C. 1, P2, fl. 160-315, consecutivo 002, cuaderno 1); ii) dicha condici\u00f3n, como lo reconoce el peticionario, fue advertida por la Aseguradora en la comunicaci\u00f3n de 19 de febrero de 2014, al indicar que deb\u00eda aportarse, entre otras piezas, \u201clicencia de tr\u00e1nsito (tarjeta de propiedad) a nombre de Aseguradora Solidaria de Colombia)\u201d; iii) la Cooperativa, a favor de quien se constituy\u00f3 la prenda, gestion\u00f3 la liberaci\u00f3n de la garant\u00eda como consta en la misiva dirigida a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte el 10 de marzo de 2014; iv) la Aseguradora suscribi\u00f3 el negocio jur\u00eddico denominado \u201cContrato de transferencia del veh\u00edculo automotor\u201d (19 feb. 2014), con el fin de que los interesados realizaran el respectivo traspaso; v) en dicho convenio, suscrito por el aqu\u00ed quejoso, se acord\u00f3 que \u201cel cedente se compromete a realizar las gestiones correspondientes al traspaso, cancelaci\u00f3n de matr\u00edcula ante las autoridades de tr\u00e1nsito competentes\u201d, y finalmente, vi) conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u201c[s]i bien toda reclamaci\u00f3n debe tatuarse en un escrito (art. 1053 C. de Co.), no todo escrito en el que se solicite el pago de la prestaci\u00f3n a cargo del asegurador, per se, se traduce en una genuina reclamaci\u00f3n extrajudicial, o sea, en una solicitud de pago eficaz \u2013total o parcial- y, por tanto, vinculante para aquel (petitum specialis), habida cuenta que es menester, indefectiblemente, que re\u00fana determinadas \u2013y reglados- requisitos (plus)\u2026 (SC, 14 dic. 2001, exp. n.\u00b0 6230, reiterada en SC1916-2018). <\/p>\n
En fin, no es irrazonable que al quejoso se le haya exigido como condici\u00f3n para el pago de la p\u00f3liza, el traspaso del veh\u00edculo a favor de Aseguradora Solidaria de Colombia y, por tal motivo, la demanda enfilada en contra de dicha compa\u00f1\u00eda haya resultado infructuosa. <\/p>\n
De otra parte, y con ocasi\u00f3n de la falta de valoraci\u00f3n denunciada de la reclamaci\u00f3n del actor para el pago del seguro, obs\u00e9rvese que el debate no gir\u00f3 en torno a ese punto, sino al cumplimiento de las cargas que deb\u00edan cumplirse con ese prop\u00f3sito. Luego, el reclamo constitucional en ese punto carece de asidero. <\/p>\n
1.2. Respecto a la Cooperativa Prosperando, igualmente no es descabellado que el juez colegiado concluyera que el incumplimiento endilgado es inexistente, al edificarse en los medios de convicci\u00f3n recaudados en el proceso y su eficacia probatoria, como la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito conferido para la compra del veh\u00edculo, el contrato que lo origin\u00f3 y varios documentos asociados al funcionamiento de la Cooperativa convocada. <\/p>\n
Para ello, se refiri\u00f3, en primer lugar, a las condiciones de la obligaci\u00f3n crediticia, destacando que \u201cen desarrollo de su objeto social, la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Prosperando el 6 de julio de 2011 le otorg\u00f3 un cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n por valor de $53.000.000 de pesos a los demandantes Jes\u00fas Antonio Moreno Mart\u00ednez y Oscar Iv\u00e1n Montero Guerra, el cual qued\u00f3 respaldado con el pagar\u00e9 No.50000002592 de la misma fecha , en el que se obligaron a cancelar a favor de la entidad acreedora 60 cuotas mensuales de $1.464.124 pesos a partir del 6 de agosto de ese a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, puntualiz\u00f3 que no se acredit\u00f3 que se hubiesen cobrado sumas no autorizadas por concepto de intereses, al decir que: <\/p>\n
En lo relativo al cobro de intereses superando los topes permitidos por la ley encuentra la Sala que en el pagar\u00e9 se pact\u00f3 una tasa de intereses remuneratorios del 21.23% nominal anual y moratorios del 21.22% anual. En la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se especific\u00f3 que los primeros se liquidar\u00edan al 23.42% efectivo anual, mientras que los segundos al 21.83% nominal y 24.15% efectivo anual. Frente a este t\u00f3pico, corresponde decir que a m\u00e1s de omitir las razones para justificar la ausencia de correspondencia entre los intereses se\u00f1alados en tales documentos aplicando las f\u00f3rmulas previstas para arribar a tal conclusi\u00f3n, tampoco se despleg\u00f3 actividad probatoria id\u00f3nea para demostrar, desde el punto de vista de la matem\u00e1tica financiera, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el cobro excesivo de intereses que se le achaca a la Cooperativa Prosperando. <\/p>\n
Ciertamente, una vez examinado el dictamen pericial aportado junto con la demanda, se advierte que el perito Augusto Saavedra Sandoval no acompa\u00f1\u00f3 a su dictamen la informaci\u00f3n exigida en el art\u00edculo 226 del CGP, en aras de acreditar su idoneidad; ni tampoco especific\u00f3 de forma clara sus conclusiones en punto del cobro excesivo de los intereses, pues se limit\u00f3 a afirmar que lo cobrado por la entidad fue superior a lo establecido por la Superintendencia Financiera para la fecha de otorgamiento del cr\u00e9dito, pero no se preocup\u00f3 por explicar cu\u00e1l era el sustrato legal, t\u00e9cnico y cient\u00edfico de tal aseveraci\u00f3n. Todo lo cual, impide su valoraci\u00f3n y asignaci\u00f3n de m\u00e9rito probatorio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 frente al punto: <\/p>\n
Al margen de lo planteado, si se analiza el contenido de la Resoluci\u00f3n No. 1047 del 30 de junio de 2011, expedida por la Superintendencia Financiera para certificar el inter\u00e9s corriente bancario en la \u00e9poca de otorgamiento del cr\u00e9dito, se constata que este era equivalente al 18.63%. En ese contexto, la tasa de usura21 \u2013 1.5 veces el inter\u00e9s corriente bancario – ser\u00eda del 27.94%, la que claramente no fue rebasada por la entidad cooperativa dentro de las condiciones del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Destac\u00f3 sobre la realizaci\u00f3n del Fondo de Solidaridad lo siguiente: <\/p>\n
Ahora bien, puesta la mirada sobre la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito allegada al plenario, se evidencia que el valor de la cuota pactada por las partes estaba integrado por: i) un porcentaje para abono a capital; ii) un porcentaje para el pago de intereses corrientes o remuneratorios; y iii) un porcentaje para el pago de un seguro. De all\u00ed puede extractarse, contrario a lo arg\u00fcido por la censura, que el contrato de mutuo no conten\u00eda ninguna fracci\u00f3n o porcentaje destinado al fondo de solidaridad de la Cooperativa; adem\u00e1s de que puede inferirse que el contrato de mutuo se encontraba enteramente desligado del contrato de afiliaci\u00f3n a la entidad. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 sosteniendo, respecto del mismo tema, que: <\/p>\n
No obstante, aun cuando en v\u00eda de discusi\u00f3n se admitiera como cierto ese hecho, de acuerdo con los estatutos de la Cooperativa el reconocimiento del auxilio por calamidad que reclaman los promotores del litigio en ning\u00fan caso pod\u00eda sobrepasar \u201c(\u2026) la cuant\u00eda de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente (\u2026)\u201d. Examinadas las pruebas que reposan dentro del plenario se aprecia que la Cooperativa Prosperando el 14 de abril de 2014 reconoci\u00f3 y pag\u00f3 al asociado Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez la suma de $400.000 pesos como auxilio de calamidad13 , suma que para la \u00e9poca equival\u00eda a m\u00e1s del 60% de un salario m\u00ednimo, de donde se deduce que la Cooperativa en desarrollo de su objeto social y dando cumplimiento a los estatutos, s\u00ed se ocup\u00f3 de cancelar el memorado concepto, aspecto que el demandante Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez reconoci\u00f3 cabalmente en su interrogatorio. <\/p>\n
Luego, y a prop\u00f3sito de la existencia de otra p\u00f3liza que, seg\u00fan el quejoso, tambi\u00e9n deb\u00eda hacerse efectiva en virtud de la p\u00e9rdida del veh\u00edculo, indic\u00f3: <\/p>\n
Cierto es que dentro de la cuota convenida tambi\u00e9n se incluy\u00f3 el pago de una p\u00f3liza de seguros. Sin embargo, los elementos suasorios que militan en el proceso dan cuenta que se trataba de un seguro de vida. As\u00ed entonces, como quiera que en este caso concreto el riesgo asegurado no se verific\u00f3, en tanto que lo acaecido fue la p\u00e9rdida total del veh\u00edculo, cuya p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual era otra, tampoco puede recriminarse a la Cooperativa por no haber hecho efectivo el citado seguro de vida. En ese sentido, cualquiera sea la \u00f3ptica desde la que se mire, el segundo cargo de apelaci\u00f3n tampoco se abre paso. <\/p>\n
2.- Como puede verse, el Tribunal decidi\u00f3 la controversia a trav\u00e9s del an\u00e1lisis cr\u00edtico y arm\u00f3nico de los elementos de juicio incorporados al proceso, lo que descarta la arbitrariedad denunciada y, por ende, la intervenci\u00f3n constitucional, la cual se encuentra reservada para casos de indiscutible arbitrariedad. <\/p>\n
Ahora, que a juicio del promotor la hermen\u00e9utica deba ser distinta no es raz\u00f3n para conceder el amparo, pues, recu\u00e9rdese que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas\u00bb, y adem\u00e1s, como lo ha reiterado la Corte, \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb (STC14433-2022, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC049-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC049-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04462-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez interpuso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70006","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70006\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}