STC051-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC051-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01213-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Enrique Ardila Franco instaur\u00f3 en contra de las Salas Constitucional y Penal para Adolescentes, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00045. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb, \u00abpatrimonio\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, para que se ordenara a los estrados querellados: <\/p>\n
(i) \u00abModular los efectos del fallo en cumplimiento de la sentencia SU-034 de 2018 y el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumpli\u00f3 con la orden judicial de verificar y estudiar las condiciones socioecon\u00f3micas de [Lucy Yolanda Mosquera Burbano] para determinar que en la actualidad no cuenta con criterios que permitan acceder al pago de la medida de indemnizaci\u00f3n de manera priorizada en la presente vigencia fiscal, con fundamento en la Resoluci\u00f3n n\u00b0 01049 de 2019\u00bb; <\/p>\n
(ii) \u00abDeclarar cumplido el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) con rad. 2021-00045\u00bb; <\/p>\n
(iii) \u00abDe[jar] sin efectos las providencias fechadas el 16 de febrero de 2022 (\u2026) y 22 de abril de 2022 (\u2026) que decidieron sancionar[lo] con multa de 4 SMMLV por no verificar la existencia de responsabilidad subjetiva ni objetiva en cumplimiento al fallo de tutela rad. 2021-00045\u00bb; y, <\/p>\n
(iv) \u00abConminar[las] (\u2026) [para] que acaten y apliquen los precedentes y las normas legales frente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali desestim\u00f3 el amparo que Lucy Yolanda Mosquera Burbano promovi\u00f3 contra la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV – (rad. 2021-00045), veredicto frente al cual, el superior resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela No. 057 del 21 de junio de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali, y en su lugar TUTELAR los derechos al debido proceso administrativo, y m\u00ednimo vital de la se\u00f1ora Lucy Yolanda Mosquera Burbano, de conformidad con lo se\u00f1alado precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Director de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, UARIV, que dentro del t\u00e9rmino de 10 siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a fijar fecha para llevar a cabo la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n a la se\u00f1ora Lucy Yolanda Mosquera Burbano, y una vez realizada, en un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, proceda a fijar el correspondiente turno para realizar el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa a la que tiene derecho la accionante, independientemente de que haga o no parte al grupo de personas priorizadas, fecha que debe ser informada al accionante en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas\u2026\u00bb (27 sep. 2021). <\/p>\n
Adujo que, despu\u00e9s, Mosquera Burbano denunci\u00f3 el incumplimiento de dicho mandato y el a quo lo sancion\u00f3 con multa de cuatro (4) SMMLV en su calidad de Director de la UARIV, pese a que explic\u00f3 en ese tr\u00e1mite su \u201cvoluntad en cumplir el fallo (\u2026) adem\u00e1s de demostrar que Lucy Yolanda no acredita[ba] la existencia de criterios de priorizaci\u00f3n [seg\u00fan el] Auto 206 de 2017 y la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 (\u2026) omit[iendo] la verificaci\u00f3n de la responsabilidad subjetiva y objetiva\u201d (16 feb. 2022), interlocutorio que el ad quem convalid\u00f3 (22 abr.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que solicit\u00f3 en varias ocasiones la inaplicaci\u00f3n del correctivo impuesto por imposibilidad jur\u00eddica de atender la directriz; sin embargo, en pronunciamientos del 26 y 28 de abril y 17 de mayo del a\u00f1o pasado, la iudex confutada no accedi\u00f3 a ello. <\/p>\n
Dijo que en virtud del Auto 206 de 2017 expedido por la Corte Constitucional, se construy\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019 y, all\u00ed, se comprimi\u00f3 el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, el cual debe desarrollarse en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en lo que respecta a Lucy Yolanda, \u201cha realizado todas las gestiones administrativas a su alcance para dar cumplimiento al fallo judicial como lo es adelantar el estudio y verificaci\u00f3n de las circunstancias socioecon\u00f3micas y especiales que ostenta\u201d, no obstante, el resultado que arroj\u00f3 \u201cno [le] permite efectuar el pago de [la] indemnizaci\u00f3n (\u2026) en la vigencia fiscal del a\u00f1o 2021 (\u2026) y menos a\u00fan fijar un turno futuro\u201d, puesto que, no se comprob\u00f3 ninguna situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta al tenor del art\u00edculo 4\u00ba \u00eddem, esto es, \u201ci) tener m\u00e1s de 68 a\u00f1os, o ii) tener enfermedad hu\u00e9rfana, de tipo ruinoso, catastr\u00f3fico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Acus\u00f3 a las autoridades censuradas de incurrir en \u201cdefecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional (\u2026) [y] defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n indebida del material probatorio allegado al proceso\u201d, toda vez que, \u201cen estos momentos no es posible asignar una fecha de pago\u201d y, por tanto, a Lucy Yolanda le corresponde esperar la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n que se emprender\u00e1, para analizar si en la actualidad, satisface los requisitos y ubicarla en la lista de favorecidos. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en las decisiones criticadas, por haber sido dictadas \u201cen derecho con absoluta observancia de las garant\u00edas procesales que le asistente al actor\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo \u00abpues los elementos de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite permiten concluir que la valoraci\u00f3n efectuada en las providencias cuestionadas fue acertada y, como tal, el mandato constitucional no fue desconocido\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el precursor quien insisti\u00f3 en que si bien, se le orden\u00f3 \u201cfijar el correspondiente turno para realizar el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa (\u2026), independientemente de que haga o no parte al grupo de personas priorizadas\u201d, es decir, \u201cno orden\u00f3 el pago inmediato\u201d, dicha actuaci\u00f3n no es posible hacerla como quiera que \u201cno [puede] se\u00f1alar una fecha de pago a personas\u201d que no superen el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n inmerso en la Resoluci\u00f3n n\u00b0 01049 de 2019, el cual se realiza una (1) sola vez en el a\u00f1o dependiendo de la \u201cvigencia fiscal\u201d y, para el d\u00eda que se le efectu\u00f3 a Mosquera Burbano -30 julio de 2021-, aquella \u201cno result\u00f3 favorecida\u201d; luego entonces, \u201cdeber\u00e1 esperar a la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo que se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 31 de julio de 2023 el cual permitir\u00e1 determinar si la accionante acceder\u00e1 o no al pago en el a\u00f1o 2023 o deber\u00e1 esperar una vigencia fiscal futura\u201d. <\/p>\n
De manera que se encuentra ante la \u201cimposibilidad legal para se\u00f1alar un turno y establecer una fecha cierta de pago de la medida de indemnizaci\u00f3n\u201d, en tanto, crear\u00eda \u201cfalsas expectativas de pago (\u2026) sobre la entrega de recursos p\u00fablicos\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En materia de \u00abincidentes de desacatos\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en aras de no abrir la puerta a infinitas acciones de la misma naturaleza por similares hechos, ha permitido la procedencia excepcional de la \u00abtutela\u00bb, sujetando la factibilidad a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9sta. <\/p>\n
Sobre el particular, siguiendo la postura de la Corte Constitucional fijada en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015), se acepta dicho instrumento bajo las siguientes pautas: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026). <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (\u2026). <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (citada en STC7007-2021). <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha colegido que, \u201cexcepcionalmente, la acci\u00f3n de tutela\u201d es procedente contra los \u201cincidentes de desacato\u201d, cuando se est\u00e9 \u00abfrente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 20922-2017, reiterada en STC1233-2022, STC5699-2021). <\/p>\n
2.- Delanteramente, se anuncia que el anhelo tuitivo tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por cuanto la Sala Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Cali al solventar el grado jurisdiccional de consulta del \u201cincidente de desacato\u201d, en el radicado 2021-00045 (22 abr. 2022), incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustantivo que quebrant\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de Ardila Franco. <\/p>\n
Ello, porque, se evidenci\u00f3 que ratific\u00f3 de manera irreflexiva el castigo impuesto por el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de esa urbe (16 feb. 2022), sin valorar el material probatorio aportado por el quejoso al cartapacio y las contestaciones brindadas por aquel en el curso de la articulaci\u00f3n, de cara a los derroteros fijados en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019, a trav\u00e9s de la cual se estableci\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d, inspirado en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, en la que se ciment\u00f3 el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa a los beneficiados por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. <\/p>\n
N\u00f3tese que el Tribunal adver\u00f3 que el incidentado \u00abpareciera que no ha entendido la decisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela o pretende darle una interpretaci\u00f3n diferente\u00bb, en tanto la orden constitucional objeto de discusi\u00f3n (27 sep. 2021) \u00abes que se fije un turno de manera razonable de acuerdo con la programaci\u00f3n y presupuesto de la entidad en sus conceptos de progresividad o gradualidad, no que pague a todas las victimas en una misma unidad de tiempo\u00bb y, bajo ese raciocinio, el gestor no estaba \u00abimposibilitado\u00bb para cristalizar tal disposici\u00f3n, habida cuenta que con la \u00aboportunidad conocida anticipadamente conforme a la ruta de presupuesto de la UARIV, que corresponda a una programaci\u00f3n de pago\u00bb, perfectamente pod\u00eda suministrar la data tentativa para el prop\u00f3sito perseguido por Lucy Yolanda, m\u00e1xime, cuando <\/p>\n
(\u2026) la Corte Constitucional considera que tanto familias priorizadas como no priorizadas, est\u00e1n llamadas a saber cu\u00e1ndo se concretar\u00e1 su derecho al reconocimiento del beneficio administrativo de indemnizaci\u00f3n, porque ambas, les fue reconocido por razones de la vulnerabilidad que genera la violencia, toda vez que deben abandonar bienes, trabajos, familias y modos de vida en sus territorios algunos ancestrales, para un futuro incierto y lleno de dificultades de todo orden en las ciudad o sitio de llegada, realidad que se aumenta o agravada con lo incierto e indefinido de la protecci\u00f3n del Estado\u00bb. <\/p>\n
Empero, contrario a lo as\u00ed cavilado, las disculpas del accionante s\u00ed tienen asidero en esa sede, lo que conduce a la ausencia de responsabilidad subjetiva invocada, por la \u00abimposibilidad material\u00bb de cumplimiento de la sentencia tutelar y, por tanto, se desdibuja la rebeld\u00eda que le fue atribuida. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que las reglas definidas en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019, buscan precisamente organizar las fases a evacuar para lograr el reconocimiento y orientar de forma equitativa los turnos para el desembolso de los estipendios a aquellas personas que previamente son favorecidas con la indemnizaci\u00f3n que otorga el Estado. <\/p>\n
Con ese par\u00e1metro, Enrique Ardila Franco, en representaci\u00f3n de la UARIV, inform\u00f3 a los despachos convocados el tr\u00e1mite adelantado en favor de Lucy Yolanda Mosquera Burbano. Expuso que en \u00abResoluci\u00f3n n\u00ba 04102019-772191 del 3 de septiembre de 2020 (\u2026) se reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado\u00bb, sin embargo, una vez se efectu\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d en aras de registrar la fecha de entrega de los emolumentos, arroj\u00f3 un puntaje de 20.002, insuficiente para alcanzar la prelaci\u00f3n requerida en la lista para la vigencia fiscal del a\u00f1o 2021, as\u00ed como tampoco pod\u00eda dar un tiempo aproximado de cuando ocurrir\u00eda pues, para ello, se necesitaba gestionar, nuevamente, el mismo estudio con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
En s\u00edntesis, tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica del material suasorio arrimado al paginario y evitar incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019\u201d y en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, sobre todo porque \u00abmaterializar lo ordenado\u00bb implicaba per se alterar los turnos fijados transgrediendo las prerrogativas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Mosquera Burbano. <\/p>\n
Entonces, era indispensable determinar si la conducta del promotor era susceptible de ser calificada, en el plano objetivo y subjetivo, como omisiva frente al \u00abfallo constitucional\u00bb dictado; de ah\u00ed que, lo que correspond\u00eda era apreciar y justificar si era merecedor o no de las sanciones impuestas. <\/p>\n
Frente a la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ STC9408-2021). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n en asunto an\u00e1logo, razon\u00f3: <\/p>\n
En su lugar, el Tribunal se limit\u00f3 a revisar que el procedimiento impartido por el funcionario de primer grado se ajustara a las prescripciones legales, sin reparar en que las manifestaciones del convocado, a pesar de haber sido expuestas en el tr\u00e1mite de la tutela, estaban estrechamente ligadas con las circunstancias por las que adujo no poder cumplir materialmente la orden constitucional y con su intenci\u00f3n de desdibujar su eventual rebeld\u00eda al acatamiento de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed, ante la omisi\u00f3n valorativa expuesta no queda alternativa distinta a conceder el amparo para que el Tribunal resuelva nuevamente el asunto conforme a las pruebas que obren en el expediente y a los par\u00e1metros expuestos en precedentes de esta Sala donde se resolvieron causas de similares contornos y respecto del mismo accionante (STC5699-2021, STC7126-2021, STC9408-2021, entre otras)\u00bb (CSJ STC1233-2022, replicada en STC3802-2022, STC16718-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, se impone acoger la rogativa implorada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia, REVOCA la sentencia emitida el 28 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: CONCEDER la tutela instada por Enrique Ardila Franco contra las Salas Constitucional y Penal para Adolescentes, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Segundo: En consecuencia, SE ORDENA a la Sala Penal para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos el interlocutorio de 22 abril de 2022, para que, proceda a resolver nuevamente la consulta del incidente de desacato en el radicado n\u00ba 2021-00045, con observancia de las pruebas que obren en el expediente y los par\u00e1metros aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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