STC076-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC076-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02063-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 14 de octubre de 2022, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Luis Yanquel Benav\u00eddes Rodr\u00edguez le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Tunja, extensiva a la Procuradur\u00eda 242 Judicial I Penal y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 y la Penitenciaria con Alta y Medina Seguridad El Barne – CPAMSEB. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pidi\u00f3 \u00abse ordene a los accionados reexaminen [su] solicitud de permiso de hasta 72 horas\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae que por hechos acaecidos entre enero de 2011 y el 13 de febrero de 2012 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, lo conden\u00f3 a 360 meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado, fabricaci\u00f3n, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y falsedad marcaria agravada (17 sep. 2014). El asunto se halla asignado al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad donde inst\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas, pero se lo neg\u00f3 (21 may. 2021), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (29 abr. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios querellados en sus determinaciones solo tuvieron en cuenta la gravedad de la conducta, sin tener en cuenta su desempe\u00f1o como persona privada de la libertad y cumplir con el presupuesto objetivo, adem\u00e1s, que la Ley 1709 derog\u00f3 las disposiciones en que se fundamentaron, decisiones que impidieron su resocializaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los convocados y el Ministerio P\u00fablico resistieron los anhelos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad de la determinaci\u00f3n de la alzada y resalt\u00f3 que: <\/p>\n
En sentencia CSJ STP, 4 dic. 2014, rad. 77119, la Sala de Casaci\u00f3n Penal precis\u00f3 que la Ley 1709 de 2014 no derog\u00f3 de manera expresa la prohibici\u00f3n de beneficios para ciertos delitos prevista en el mencionado art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006. En consecuencia, su aplicaci\u00f3n no es facultativa ni est\u00e1 sometida a escrutinio por parte de los funcionarios judiciales. Tampoco procede su inaplicaci\u00f3n por virtud del comportamiento penitenciario de los condenados. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar es importante anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas incoadas por Benav\u00eddez Rodr\u00edguez recaer\u00e1 de forma exclusiva en el interlocutorio expedido por el Tribunal (29 abr. 2022), pues la determinaci\u00f3n del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja ya fue sometido al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del remedio vertical, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, STC11805-2021, reiterada entre otras en STC13648-2022). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, desde ya se anuncia que el desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle el beneficio administrativo no es arbitraria o caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en el prove\u00eddo objeto de censura, el juez plural se centr\u00f3 en la valoraci\u00f3n de las conductas punibles por las que result\u00f3 condenado Benv\u00eddez Rodr\u00edguez y por ello estableci\u00f3 como marco normativo el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007, en raz\u00f3n a la data en que se materializaron los hechos, pues para esa fecha ten\u00eda purgados 153 meses y 12.5 d\u00edas. Sin embargo, bajo las directrices del canon 56 de la misma disposici\u00f3n no era viable lo pedido porque: <\/p>\n
(\u2026) al revisar el art\u00edculo 56 de la misma disposici\u00f3n, nos encontramos con que lo dispuesto en la Ley 1121 de 2006 contin\u00faa aplicable de manera complementaria a la Ley 1142 de 2007, veamos su contenido: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 56. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo lo dispuesto en las Leyes 1098 y 1121 de 2006.\u201d. <\/p>\n
Ley 1121 de 2006 \u201cPor la cual se dictan normas para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras disposiciones\u201d, a su vez consagra en su art\u00edculo 26: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 26. EXCLUSI\u00d3N DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos, no proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n, ni se conceder\u00e1n subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.\u201d <\/p>\n
Resulta importante se\u00f1alar que dentro de los mecanismos de pol\u00edtica criminal del Estado est\u00e1n aquellas normas que regulan los beneficios que pueden ser concedidos en fase de ejecuci\u00f3n de la pena y que comportan una reducci\u00f3n de las cargas que deben soportar las personas que est\u00e1n privadas de la libertad en virtud de una condena, por ello, para el dise\u00f1o y configuraci\u00f3n en lo que respecta a la concesi\u00f3n o exclusi\u00f3n de beneficios penales, se busca que no resulte nugatorio o irrisorio el reproche social respecto de delitos que se consideren graves y que tienen mayor transcendencia e impacto social en la comunidad. <\/p>\n
Para concluir que Benav\u00eddez Rodr\u00edguez: <\/p>\n
(\u2026) no ostenta la posibilidad de otorgamiento de permiso administrativo de hasta 72 horas, contemplado en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 y el art\u00edculo 1 del Decreto 232 de 1998, por expresa prohibici\u00f3n legal del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 como complemento de la Ley 1142 de 2007, en lo que respecta a la condena que pesa en su contra por el delito de secuestro extorsivo3, dado que siendo este el delito base, se pact\u00f3 en el preacuerdo aprobado una pena m\u00ednima de prisi\u00f3n de 28 a\u00f1os, la cual se increment\u00f3 en 2 a\u00f1os m\u00e1s por los dem\u00e1s delitos concursales. Es decir, tan solo tendr\u00e1 derecho al permiso, cuando cumplida la pena para el delito excluido de 28 a\u00f1os de prisi\u00f3n o su equivalente a 336 meses, cumpla con los requisitos exigidos por el ordenamiento jur\u00eddico frente al restante de pena de 24 meses de prisi\u00f3n que corresponde al incremento por los dem\u00e1s delitos concursales. <\/p>\n
En este orden de ideas el otorgamiento del multicitado beneficio administrativo no pod\u00eda tener \u00e9xito porque, si bien cumpl\u00eda algunos de los presupuestos, esto es el cumplimiento intramural de m\u00e1s de las tres quintas partes del castigo, su buen desempe\u00f1o como recluso, el arraigo social y familiar, tambi\u00e9n se tuvo en cuenta las conductas punibles por las que fue condenado, circunstancias que hac\u00edan inviable su otorgamiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, rese\u00f1ada en STC4613-2021). <\/p>\n
Finalmente, y para ahondar en el estudio de las pretensiones aqu\u00ed ventiladas, importa traer a colaci\u00f3n un pronunciamiento de la hom\u00f3loga en lo penal atinente a la no derogatoria del precepto que en este asunto se aplic\u00f3 y que guarda similares contornos, donde resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) La argumentaci\u00f3n de los despachos accionados no resulta equivocada ni arbitraria. Por el contrario, era necesario que analizaran las restricciones para otorgarle el beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, de conformidad con la normatividad aplicable al caso del actor, quien, se recuerda, fue condenado por el delito de secuestro extorsivo y, por ende, qued\u00f3 cobijado por el listado de prohibiciones contenido en la Ley 733 de 2002, vigente para la \u00e9poca de los hechos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Ley 1709 de 2014 no derog\u00f3 t\u00e1citamente ese texto normativo, cuyo contenido fue reproducido integralmente por el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006. Tales disposiciones son v\u00e1lida y jur\u00eddicamente conciliables, pues como pac\u00edficamente ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en tanto que, se reitera, el uno establece una circunstancia espec\u00edfica que configura la prohibici\u00f3n para acceder a la libertad condicional \u2013que se trate de delitos de extorsi\u00f3n- y el otro, por el contrario, establece un presupuesto de hecho de car\u00e1cter general que se contrae a la concesi\u00f3n de la libertad condicional, sin alterar, en absoluto, aquellos casos expresamente exceptuados (fallos CSJ STP1672 \u2013 2015; CSJ STP13166 \u2013 2014, CSJ STP8287 \u2013 2014 CSJ y STP1623 \u2013 2019). <\/p>\n
Asimismo, en fallo CSJ STP1623\u2013 2019 se reiter\u00f3 sobre la aludida derogatoria t\u00e1cita que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) este fen\u00f3meno jur\u00eddico s\u00f3lo acontece cuando la disposici\u00f3n nueva no es conciliable con la anterior , situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en el presente caso, toda vez que la exclusi\u00f3n de beneficios contenida en la \u00faltima regla, s\u00f3lo incorpor\u00f3 algunos delitos para los cuales no proced\u00edan la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, dejando inc\u00f3lumes aquellas disposiciones normativas que regulan el subrogado de la libertad condicional, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00e9stas se encuentran revestidas de tal especificidad, como en los eventos de delitos de extorsi\u00f3n o terrorismo. <\/p>\n
(\u2026) no es que tal disposici\u00f3n haya sido derogada t\u00e1citamente por la Ley 1709 de 2014, como pretende se\u00f1alarlo la libelista. Las dos normas coexisten, debiendo aplicarse el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2005 a casos como el suyo, al haber sido condenada por el delito de terrorismo agravado, entre otros, siendo ese el sustento para que el funcionario negara la concesi\u00f3n del subrogado deprecado\u201d. (CSJ STP12801-2022, 27 sept.). <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC076-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC076-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02063-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 14 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70032"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70032\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}