STC080-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC080-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00379-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 24 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Casallas Bautista contra el Juzgado Quince de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Valentina Casallas Castellanos y los dem\u00e1s intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2021-00440. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el \u00ab14 de septiembre de 2022, y encontr\u00e1ndose dentro del plazo fijado por la ley para contestar la demanda [ejecutiva de alimentos]\u00bb promovida por Luz Adriana Castellanos Mendieta en favor de su hija Valentina \u2013hoy mayor de edad-, busc\u00f3 asesor\u00eda jur\u00eddica para responderla, pues, \u00aba pesar de ya haber hecho presencia en el Juzgado 15 de Familia [de Medell\u00edn], no ten\u00eda en su poder documento alguno\u00bb. <\/p>\n
Que previa consulta de la actuaci\u00f3n procesal publicada en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, \u00abel 14 de septiembre de 2022, a las 16:01 de la tarde\u00bb, su abogado remiti\u00f3 al juzgado poder especial y \u00absolicitud del link de acceso al expediente\u00bb, empero, \u00abmediante auto No. 2037 del 22 de septiembre de 2022, [el accionado se pronunci\u00f3] de manera parcial [para] reconoce[r] personer\u00eda para actuar, pero en ninguno de los apartes del auto se hace alusi\u00f3n a la petici\u00f3n [que requer\u00eda para] ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 26 de septiembre de 2022, revisando la p\u00e1gina de la Rama Judicial (\u2026), observa en el historial del proceso [que] con fecha del 22 de septiembre de 2022, \u201cAuto que ordena liquidar el cr\u00e9dito, condena en costas al ejecutado y reconoce personer\u00eda\u201d, actuaci\u00f3n fijada por estados el d\u00eda 23 de septiembre de 2022 [donde] no se logra visualizar el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, pues s\u00f3lo hasta el \u00ab26 de septiembre de 2022\u00bb, en el juzgado \u00able compartieron [dicho interlocutorio]\u00bb, y en esa misma data, su mandatario judicial interpuso recurso de reposici\u00f3n, mismo que, \u00abel d\u00eda 26 de octubre de 2022, el despacho\u2026resuelve negar y no darle tramite \u2026por ser improcedente\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 06 de octubre de 2022\u00bb al realizar nueva consulta al proceso, observ\u00f3, \u00abcon fecha del 04 de septiembre de 2022 \u201cAuto que aprueba liquidaci\u00f3n de costas\u201d actuaci\u00f3n fijada por estados el d\u00eda 05 de octubre de 2022, sin que hasta esa fecha resolvieran el recurso de reposici\u00f3n, radicado dentro del t\u00e9rmino oportuno, es decir, este despacho resuelve actuaciones, sin tener en cuenta los memoriales presentados con antelaci\u00f3n, [desconociendo] el decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022, en donde de acuerdo al uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, se violan los principios de transparencia y publicidad, al no estar publicados los estados y los autos proferidos por el despacho para que las partes conozcan de su contenido y puedan entrar a ejercer los derechos que la ley otorga\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Quince de Familia de Medell\u00edn, pidi\u00f3 declarar la \u00abimprocedencia\u00bb de la acci\u00f3n, ya que \u00abha actuado respetando todas las garant\u00edas constitucionales y legales de las partes\u00bb, en la medida en que, \u00abel d\u00eda 12 de septiembre de 2022 (\u2026), se le remite el link del proceso al demandado Jairo Casallas Bautista al correo electr\u00f3nico, [y que] la solicitud de reconocimiento de personer\u00eda y solitud de acceso al expediente allegado por el abogado [del demandado], se recibi\u00f3 el d\u00eda 15 de septiembre de 2022, y se resolvi\u00f3 [favorablemente] en el auto de fecha 22 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que \u00abpara la fecha en que el despacho emiti\u00f3 el auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (\u2026) el demandado no hab\u00eda allegado la respuesta a la demanda, s\u00f3lo aport\u00f3 el poder conferido al abogado (\u2026), mismo que se resolvi\u00f3 en el cuerpo de ese prove\u00eddo\u00bb; que \u00abel traslado de la demanda ya se hab\u00eda surtido desde la fecha de su notificaci\u00f3n [y que], ya el [demandado] ten\u00eda el acceso al expediente digital desde d\u00edas antes de buscar la asesor\u00eda del profesional\u00bb,. Agreg\u00f3 que \u00aben los estados del d\u00eda 23 de septiembre de 2022, no se colg\u00f3 el auto 2037 del 22 de septiembre que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por expresa prohibici\u00f3n legal (art\u00edculo 9\u00b0 Ley 2213 de 2022)\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 145 Judicial II de Familia de Medell\u00edn, se pronunci\u00f3 sin comprometer su postura frente a los fundamentos f\u00e1cticos y pretensiones. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que el estrado querellado \u00abno incurri\u00f3 en las acciones y omisiones que el accionante se\u00f1al\u00f3 como vulneradoras de sus derechos fundamentales [en tanto], al ejecutado (\u2026) se le realiz\u00f3 doble notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, as\u00ed: La primera en mayo 14 de 2022, cuando le remiti\u00f3 a su correo electr\u00f3nico la comunicaci\u00f3n de notificaci\u00f3n personal a la que anex\u00f3 copia de la demanda, del auto inadmisorio, del escrito de subsanaci\u00f3n y del que libra mandamiento de pago, adem\u00e1s del link del expediente por lo que el t\u00e9rmino para contestar la demanda le empezar\u00eda a contar el 16 de ese mismo mes y a\u00f1o. Y la segunda se surti\u00f3 mediante el env\u00edo del aviso y del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago al correo electr\u00f3nico del ejecutado en septiembre 1 de 2022, el que abri\u00f3 al d\u00eda siguiente, como fue certificado por Servientrega, por lo que el t\u00e9rmino para contestar la demanda y presentar excepciones le empezaba a correr desde el 7 de septiembre a las 08:00 a.m. hasta el 20 de ese mismo mes y a\u00f1o (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00aben septiembre 12 de [2022] el despacho le envi\u00f3 al ejecutado el link del expediente contentivo del proceso ejecutivo de alimentos, por lo que era deber de \u00e9ste entregarle dicha documentaci\u00f3n a su apoderado judicial para efectos de que aqu\u00e9l ejerciera su defensa [y al no hacerlo, el accionado] procedi\u00f3 a emitir el auto interlocutorio No. 02037 ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026), actuaci\u00f3n que no es arbitraria ni caprichosa y se ajusta al ordenamiento legal\u00bb, y record\u00f3 que, seg\u00fan el precedente de esta Corte, el hecho de que no se le hubiera reconocido personer\u00eda al abogado, no lo imposibilitaba actuar conforme al mandato a \u00e9l otorgado. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de quien funge como demandado dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 2021-00440, en tanto: (i) dispuso la continuidad del proceso inaplicando la normativa sobre el \u00abuso de las tecnolog\u00edas\u00bb, lo que, en su criterio, conllev\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n; y (ii) se abstuvo de reconocer \u00aboportunamente\u00bb personer\u00eda adjetiva y de remitirle a su abogado el \u00ablink de acceso al expediente\u00bb para que ejerciera su defensa. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el resguardo no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez del amparo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales que comprenden el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2021-00440, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) frente a la supuesta indebida notificaci\u00f3n del ejecutado, la acci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria; y (ii) respecto de los reparos por no haber ejercido su derecho de defensa, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n por resultar infundadas las deficiencias enrostradas al accionado. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Al enfilarse el reclamo a que la autoridad convocada inobserv\u00f3 lo prevenido en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, \u00ab[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales (\u2026)\u00bb, porque -en sentir del actor-, no brind\u00f3 la informaci\u00f3n para oponerse a lo pretendido, la desatenci\u00f3n al requisito de la subsidiariedad emerge en la medida en que, sobre la manera en que se practic\u00f3 su notificaci\u00f3n personal, el afectado no la refut\u00f3 mediante el pertinente medio ordinario de defensa, pese a que contaba con representante judicial previamente constituido. <\/p>\n
En efecto, la precitada disposici\u00f3n legal, tras describir el tr\u00e1mite para hacer efectiva la notificaci\u00f3n personal, y contemplar que esta \u00abse entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a contarse cu\u00e1ndo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, [y que para ello] se podr\u00e1n implementar o utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos\u00bb, en su inciso final prev\u00e9: \u00ab[c]uando exista discrepancia sobre la forma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n, la parte que se considere afectada deber\u00e1 manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enter\u00f3 de la providencia, adem\u00e1s de cumplir con lo dispuesto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Se resalta y subraya. <\/p>\n
Sin embargo, el expediente digital evidencia que del mandamiento de pago librado por concepto de alimentos el 6 de octubre de 2021, la ejecutante acredit\u00f3 que el 14 de mayo, 15 de julio y 2 de septiembre de 2022, gestion\u00f3 actividad encaminada a la notificaci\u00f3n personal del extremo pasivo, sin que este, dentro del t\u00e9rmino de traslado contabilizado a partir de esta \u00faltima data, presentara oposici\u00f3n alguna, pues el \u00fanico pronunciamiento realizado en ese lapso (15 de septiembre de 2022), fue la presentaci\u00f3n de un poder especial otorgado a un abogado y una solicitud de este para que le fuera reconocida personer\u00eda y proporcionado el \u00ablink de acceso al expediente\u00bb, aunque tal informaci\u00f3n ya hab\u00eda sido remitida por el querellado al correo electr\u00f3nico del ejecutado. <\/p>\n
Y una vez el actor se percat\u00f3 de que el juzgado, con soporte en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso, hab\u00eda ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n, interpuso recurso de reposici\u00f3n para que \u00abse revoque el auto interlocutorio 02037 de fecha 22 de septiembre de 2022 y en su defecto se autorice el traslado de t\u00e9rminos para contestar (\u2026)\u00bb, en lugar de proponer la nulidad perseguida a trav\u00e9s de esta sede. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, independientemente del examen de razonabilidad que pudiera darse a los autos del 22 de septiembre y 26 de octubre de 2022, donde el accionado orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y se abstuvo de tramitar el recurso de reposici\u00f3n contra la primigenia decisi\u00f3n, respectivamente, se destaca el comportamiento desidioso del ahora querellante, pues si consideraba yerros en la manera en que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n, desde que present\u00f3 el poder para actuar e inclusive tras conocer lo resuelto en las providencias del 22 de septiembre de 2022, su mandatario debi\u00f3 proponer la nulidad procesal en procura de que se declarara la invalidez de la actuaci\u00f3n, pero no lo hizo. <\/p>\n
Esto, porque al tenor de lo preceptuado en los art\u00edculos 132 a 138 del estatuto adjetivo, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que si el interesado no invoca la referida causal de nulidad procesal en su primera intervenci\u00f3n, se supera cualquier anomal\u00eda en los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n, pues la omisi\u00f3n o tardanza no encuentra justificaci\u00f3n cuando, como en este caso, el demandado contaba con los mismos argumentos tra\u00eddos ahora en sede excepcional, y estaba representado judicialmente por un abogado. <\/p>\n
Sobre dicha tem\u00e1tica, la Sala ha aseverado: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u2018si el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u2018agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u2019); en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u2018las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u2019; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u2018no podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u2019; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u2018la nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa. <\/p>\n
Como insanables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u2018proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019 (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ STC15542-2019, 14 nov., rad. 03608-00). <\/p>\n
En otro asunto de similares contornos jur\u00eddicos, la Corte dijo: \u00abA prop\u00f3sito del \u00absaneamiento\u00bb por la referida causa, que es uno de los principios orientadores de la figura abordada, esta Corporaci\u00f3n en STC18651-2017 reiter\u00f3 que \u00absi el petente de la nulidad no la propuso en su primera intervenci\u00f3n, sino que actu\u00f3 sin proponerla, con tal conducta la sane\u00f3 y por ello no puede alegarla posteriormente (\u2026)\u201d\u00bb, y concluy\u00f3 \u00abque es inviable otorgar la protecci\u00f3n tuitiva porque no se observa \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo (STC8733-2017) (\u2026)\u00bb (CSJ STC926-2020, 5 feb., rad. 00242-00). <\/p>\n
As\u00ed, el comportamiento omisivo del querellante para emplear los instrumentos jur\u00eddicos que ten\u00eda a su alcance, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, se itera, la nulidad por supuestas falencias en la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal del demandado y cuya declaraci\u00f3n pretende por esta v\u00eda, pudo plantearla dentro del juicio al que concurri\u00f3 con representante judicial. <\/p>\n
Entonces, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya idoneidad no est\u00e1 en entredicho, se torna inviable el estudio de fondo de esta acci\u00f3n, en tanto que esto procede cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice no acontece, y en esas condiciones, recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada entre otras en STC10710-2022, 17 ago., rad. 02651-00). <\/p>\n
3.2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Como tambi\u00e9n se anunci\u00f3, este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad se constituye en el sub lite, porque para que el ahora quejoso no hubiera ejercido su defensa al interior del ejecutivo de alimentos seguido en su contra, deviene infundado aducir reproche en el estrado acusado y por ende afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales ahora invocados. <\/p>\n
Ello, porque para empezar a ejercer su gesti\u00f3n profesional dentro del pleito, el apoderado no requiere de reconocimiento expreso de su personer\u00eda, seg\u00fan la normativa que rige el derecho de postulaci\u00f3n (art\u00edculos 73 a 77 del C\u00f3digo General del Proceso), por el contrario, la jurisprudencia ha definido que la falta de esa declaraci\u00f3n judicial, lejos est\u00e1 de constituir una excusa v\u00e1lida para que el abogado omita actuar en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder especial a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Ciertamente, se ha sostenido que al menos para las etapas inaugurales del litigio (instauraci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n), y con ello las actividades conexas como las solicitudes de medidas cautelares o la interposici\u00f3n de recursos, nulidades o cualquier otra gesti\u00f3n que deba impetrarse mediante la primera intervenci\u00f3n, no se requiere reconocimiento previo del mandatario judicial, m\u00e1xime cuando por la perentoriedad en la realizaci\u00f3n de dichos actos iniciales, su inobservancia puede acarrear perjuicio a los intereses de quien le encomend\u00f3 dicho encargo. <\/p>\n
En otras palabras, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y por tanto el derecho a demandar y\/o a ejercer la defensa en los casos en los que se exija acreditar derecho de postulaci\u00f3n, no se condiciona a una autorizaci\u00f3n judicial previa al apoderado del interesado, sino que aquel puede fungir como tal en la oportunidad que corresponde y su reconocimiento t\u00e1cito o expreso, se produce al responder su pedimento. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dado que el recurrente estima insaneable la \u201cnulidad\u201d esgrimida, debido a que no obstante haber presentado el escrito de apoderamiento, el juzgado no le reconoci\u00f3 personer\u00eda al \u201cmandatario judicial\u201d, lo cual seg\u00fan \u00e9l, impidi\u00f3 el ejercicio de su derecho de defensa, la Sala no advierte posible el derrumbamiento de lo actuado con base en la circunstancia planteada, si se tiene en cuenta la ausencia de imperativo legal que condicione la actuaci\u00f3n del apoderado hasta despu\u00e9s de emitir la providencia que le reconozca personer\u00eda. Si ello fuera as\u00ed, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n, inadmisible desde luego, que antes de tal decisi\u00f3n, el \u201crepresentante judicial\u201d no podr\u00eda adelantar actuaciones iniciales, verbi gratia, la presentaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n por la opositora, etc., las que en principio se cumplen sin haberse emitido dicho pronunciamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s cabe acotar, que la se\u00f1alada decisi\u00f3n tiene un car\u00e1cter declarativo, mas no de habilitaci\u00f3n para que el \u201capoderado judicial\u201d pueda promover las actuaciones que estime pertinentes, puesto que para su adopci\u00f3n \u00fanicamente compete al juzgador realizar un control de legalidad dirigido a verificar que el \u201cpoder\u201d se haya otorgado cumpliendo las \u201cformalidades legales\u201d y que el \u201cmandatario\u201d tenga la condici\u00f3n de \u201cabogado inscrito\u201d, o que para el caso se halle investido del \u201cderecho de postulaci\u00f3n\u201d, criterio \u00e9ste que ha sido avalado por la doctrina jurisprudencial\u00bb (CSJ SC, 17 jul. 2012, rad. 2003-00574-01, reiterada en STC6174-2015, 21 may., rad. 00702-01). <\/p>\n
As\u00ed, es clara la inviabilidad del resguardo, comoquiera que la decantada jurisprudencia, a tono con el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ha se\u00f1alado que para su procedencia, es irrefutable que el supuesto de hecho desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango constitucional, ya que \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), y que, \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
Del mismo modo, esta Sala ha reiterado que, para habilitar este mecanismo excepcional, es menester que \u00ablos derechos fundamentales que se pretenden proteger [hubieran] sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01), y que para su prosperidad se exija \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC12167-2022, 14 sep., rad. 00118-01). Se subraya. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, porque: (i) frente a la censura por supuestos vicios en la notificaci\u00f3n personal del demandado, no se satisface el requisito de la subsidiariedad, y (ii) en relaci\u00f3n con los reparos para que como demandado no hubiera ejercido el derecho de defensa, no se consolida transgresi\u00f3n de prerrogativa fundamental alguna por parte del accionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las puntuales razones precisadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Eduardo PALLARES. Diccionario de derecho procesal civil. 10\u00aa ed. M\u00e9xico: Porr\u00faa, 1979. p. 625. <\/p>\n
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STC080-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC080-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70036","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70036"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70036\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}