STC088-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC088-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2020-01455-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Johana Indira Barrera Mosquera instaur\u00f3 en contra de los Juzgados Cuarenta y Tres Civil del Circuito y Treinta y Uno Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00061. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara a los estrados querellados decretar la nulidad de lo actuado en el juicio de la referencia, \u00abpor haber sido tramitado con yerros que constituyen plenas violaciones\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que en el proceso de pertenencia que en su contra promovieron Rosa Mar\u00eda Acosta Rodr\u00edguez y Belisario Robayo Guti\u00e9rrez, respecto del inmueble ubicado en la \u201ccalle 67\u00aa Sur #6B-60\/\/calle 67\u00aa 1F \u2013 14\u201d, el 23 de abril de 2019 solicit\u00f3 la invalidez del prove\u00eddo emitido el d\u00eda anterior, mediante el cual el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, requiri\u00f3: <\/p>\n
(i) A la Unidad Administrativa de Catastro Distrital par que se\u00f1alara: (a) \u201ccu\u00e1l es el \u00e1rea del lote y su \u00e1rea construida\u201d; (b) \u201cla nomenclatura vigente del predio\u201d; y, (c) adjuntara el \u201cplano de la manzana catastral\u201d. <\/p>\n
(ii) A la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n con el objetivo de que informara: (a) si el inmueble se encuentra situado \u201cen barrio legalizado o en proceso de legalizaci\u00f3n\u201d; (b) Si est\u00e1 en zona de reserva forestal o vial; (c) si est\u00e1 en zona de amenaza o remoci\u00f3n en masa o inundaci\u00f3n; y, (d) Precisara la estratificaci\u00f3n. <\/p>\n
(iii) A los demandantes con el fin de que esclarecieran los linderos de la heredad a usucapir y allegaran la Escritura P\u00fablica n\u00b0 952 del 9 de julio de 1986. <\/p>\n
Sostuvo que dicho pedimento lo fundament\u00f3 en la sentencia T-125 de 2010 de la Corte Constitucional -\u201cviolaci\u00f3n al debido proceso\u201d-, por cuanto, cuando el iudex municipal realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial al fundo inmiscuido, aquel se percat\u00f3 sobre la \u201cinexistencia de la nomenclatura\u201d y, por tanto, \u201cera procedente (\u2026) que se decretara la suspensi\u00f3n inmediata de la diligencia, dada la dificultad de individualizaci\u00f3n\u201d, es decir, advirti\u00f3 una \u201cdeficiencia\u201d al tenor del literal g del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso. Adicionalmente, critic\u00f3 la recepci\u00f3n de los testimonios practicada durante la mencionada vista p\u00fablica. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dicho estrado rechaz\u00f3 de plano la anulabilidad, al no ajustarse a las causales establecidas en el art\u00edculo 133 \u00eddem (14 en. 2020), al tiempo que neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso frente a esa resoluci\u00f3n por ser un litigio de \u201c\u00fanica instancia\u201d (27 en.), raz\u00f3n por cual interpuso \u201creposici\u00f3n y en subsidio queja\u201d, empero se desestim\u00f3 el primer recurso (26 feb.) y el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito declar\u00f3 bien denegada la alzada (11 mar.), \u00abincumpliendo lo normado en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 353 ib.\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que luego, el a quo sigui\u00f3 con la contienda y emiti\u00f3 sentencia mediante la cual accedi\u00f3 a las pretensiones (10 mar.). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular el procedimiento surtido en la lid, pues el extremo activo busca \u201cinducir al error\u201d y obtener el reconocimiento de \u201cuna presunta pertenencia, sobre un bien [que] adquiri[\u00f3] y se le adjudic\u00f3 a trav\u00e9s de una diligencia de remate\u201d en el ejecutivo con rad. 2010-01552 que se tramit\u00f3 en el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, de manera que, \u201cla actuaci\u00f3n se encuentra totalmente viciada, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para insistir en la declaratoria de nulidad negada por las instancias\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 narr\u00f3 las etapas surtidas en el pleito confutado y recalc\u00f3 que \u201clas decisiones adoptadas (\u2026) no son el reflejo de actos caprichosos, sino el resultado de la conjunci\u00f3n de la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y de la labor hermen\u00e9utica realizada sobre los preceptos legales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El Cuarenta y Tres Civil del Circuito defendi\u00f3 la providencia que dict\u00f3 en esa instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente el resguardo \u00abpor cuanto la censura no luce tempestiva, si se considera el tiempo transcurrido entre las determinaciones m\u00e1s recientemente atacadas (11 y 10 de marzo de 2020, con las que se resolvi\u00f3 un recurso de queja y se profiri\u00f3 sentencia en el juicio criticado, respectivamente) y la fecha en que se present\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela (25 de septiembre postrero). En virtud del principio de inmediatez que informa este mecanismo, no es admisible que pasados seis meses y cinco d\u00edas h\u00e1biles (descontada la vacancia judicial por semana santa), desde la emisi\u00f3n de tales decisiones, se controvierta su validez constitucional y legal, sin que se hubiese alegado motivos si quiera justificantes de tal demora, como tampoco los advierte la Sala con motivo del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica en todo el territorio nacional, si se tiene en cuenta que las acciones de tutela no fueron objeto de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la precursora, quien disinti\u00f3 del l\u00edmite temporal que impuso el Tribunal para examinar las anomal\u00edas que registr\u00f3 en el escrito primigenio, en tanto, \u00abel Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala que la acci\u00f3n de tutela puede intentarse en cualquier momento\u00bb y, adicionalmente, debi\u00f3 valorar \u00abla suspensi\u00f3n de la atenci\u00f3n en los despachos judiciales, cierre de las sedes por un lapso de quince (15) d\u00edas como consecuencia del contagio generado por el COVID 19\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del amparo porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero excepcional. <\/p>\n
Se hace tal afirmaci\u00f3n, porque entre la fecha de los interlocutorios combatidos, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal \u201crechaz\u00f3 de plano\u201d el incidente de nulidad propuesto por la actora (14 en. 2020) y el Cuarenta y Tres Civil del Circuito solvent\u00f3 el \u201crecurso de queja\u201d que aquella formul\u00f3 contra el auto que \u201cno concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u201d (11 mar. 2020) y la radicaci\u00f3n del pliego superlativo (24 sep. 2020), se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ello, toda vez que, respecto del primero transcurrieron m\u00e1s de ocho (8) meses y, del segundo, seis (6) meses y diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la tutelante se demor\u00f3 en interponer la queja supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a los estrados convocados y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales exigidos. <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 \u00abdebidamente justificada\u00bb. En STC3949-2021 se dijo: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, en la medida que la exculpaci\u00f3n tra\u00edda por Barrera Mosquera en la impugnaci\u00f3n para no acudir tempestivamente a este mecanismo, relacionada con \u00abla suspensi\u00f3n de la atenci\u00f3n en los despachos judiciales, cierre de las sedes por un lapso de quince (15) d\u00edas como consecuencia del contagio generado por el COVID 19\u00bb, no resulta v\u00e1lida, ya que, para esa \u00e9poca, los juzgados y centros de servicios ten\u00edan habilitados los correos electr\u00f3nicos y las herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo, con el prop\u00f3sito de atender los requerimientos de los usuarios, adelantar tr\u00e1mites esenciales y publicitar todas las actuaciones (Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, prorrogado posteriormente). <\/p>\n
3.- Ergo, se refrendar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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