STC089-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC089-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04427-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Vega Gonz\u00e1lez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales de petici\u00f3n, debido proceso, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada por la tardanza en desatar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que tiene a cargo en la causa penal en la que fue condenado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado encausado \u00abdecidir con relaci\u00f3n al recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En la causa penal seguida contra el accionante por el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, agravado, surtidas las etapas de rigor, el 15 de mayo de 2020 el Juzgado \u00danico Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de El Banco (Magdalena) dict\u00f3 sentencia, en la cual lo conden\u00f3 a 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable de tal delito; determinaci\u00f3n que el 15 de diciembre de 2020 confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
2.2. La defensa del procesado inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, actualmente en tr\u00e1mite ante la Sala especializada de esta Corte. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela el accionante adujo ser \u00abpersona de edad avanzada y con serios quebrantos de salud en la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar\u00bb; y que desde el 2 de marzo de 2021 el asunto fue asignado a la funcionaria ponente en esta Corporaci\u00f3n y s\u00f3lo hasta el 1\u00ba de agosto de 2022 fue digitalizado el expediente, \u00ablo que quiere decir que han trascurrido m[\u00e1]s o menos 21 meses, sin que a la fecha exista pronunciamiento de fondo de los hechos puestos a consideraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abcumpli\u00f3 plenamente con todo lo que era dado en su competencia, actuando conforme a la norma y a la jurisprudencia penal vigente, sin atentar contra los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 163 Judicial II Penal de Santa Marta solicit\u00f3 despachar desfavorablemente la salvaguarda porque \u00ab[n]o existe transgresi\u00f3n al derecho al plazo razonable que hace parte del debido proceso del se\u00f1or\u2026 VEGA GONZ\u00c1LEZ. La aflicci\u00f3n que padece resulta inherente a la pena de prisi\u00f3n que se encuentra cumpliendo, la cual fue impuesta por un Juez de la Rep\u00fablica y confirmada en segunda instancia por Juez colegiado\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n refiri\u00f3 las actuaciones surtidas en la cusa reprochada y pidi\u00f3 denegar el amparo porque \u00ab[e]l expediente se encuentra actualmente a despacho para decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que se adopta seg\u00fan el orden de ingreso de los procesos a Despacho. Actualmente se encuentran en estudio de calificaci\u00f3n aquellas demandas presentadas en marzo de 2019\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00aba la fecha, ni el procesado ni su representante han efectuado petici\u00f3n alguna donde motiven las razones para que la Corte estudie la viabilidad de adelantar el tr\u00e1mite correspondiente en raz\u00f3n a su edad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
[l]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
3. Por otro lado, en todo caso, es evidente la no conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso en el asunto recriminado, porque hall\u00e1ndose en turno para la calificaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, se muestra justificada la tardanza enrostrada a la sede judicial recriminada, en la medida en que obedece a circunstancias excepcionales y razonablemente fundadas, sumado al hecho que ante esa autoridad el quejoso no ha planteado solicitud alguna de priorizaci\u00f3n, esgrimiendo el supuesto f\u00e1ctico expuesto en este reclamo tutelar, por lo que \u00e9ste tampoco satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos al aqu\u00ed tratado, cuya fundamentaci\u00f3n, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n entonces rogada, in extenso y con suficiencia, dej\u00f3 dicho la Sala que: <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del amparo por inexistencia de la \u00abmora judicial\u00bb reprochada. <\/p>\n
En efecto, la aspiraci\u00f3n de\u2026 Portilla Vera y\u2026 Villamizar Jaimes se orienta a que, por esta v\u00eda excepcional, se inste a la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolver \u00abel tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, con miras a admitir o inadmitir este recurso\u00bb formulado contra el veredicto de segundo grado expedido por el Tribunal Superior de Bucaramanga\u2026 <\/p>\n
No obstante, lo evidenciado en el Sistema de Consulta de la Rama Judicial, es que, el Colegiado confutado, antes de la interposici\u00f3n de esta salvaguarda, en respuesta a las peticiones de \u00abimpulso procesal\u00bb elevadas por los quejosos, dict\u00f3 auto indic\u00e1ndoles que \u00abla actuaci\u00f3n de su inter\u00e9s fue repartida al Despacho el 20 de enero de 2021 y la decisi\u00f3n relativa a la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada en este asunto, se emitir\u00e1 siguiendo el orden de entrada de los procesos y la prioridad que deba d\u00e1rseles en situaci\u00f3n de inminente prescripci\u00f3n, teniendo adem\u00e1s en cuenta que al mencionado proceso le anteceden expedientes ingresados en el a\u00f1o 2019\u00bb (13 jun. 2022). <\/p>\n
De manera que, no se observa que la Sala de Casaci\u00f3n Penal haya incurrido en un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico, arbitrario o negligente, que transgreda el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb de los precursores, m\u00e1xime cuando el incumplimiento de los t\u00e9rminos \u00abprocesales\u00bb no constituye en s\u00ed mismo una violaci\u00f3n a dicho privilegio y, se tiene en cuenta la particular situaci\u00f3n advertida por la Corporaci\u00f3n censurada, esto es, que \u00abal mencionado proceso le anteceden expedientes ingresados en el a\u00f1o 2019\u00bb. <\/p>\n
Cabe recordar que esta Corte, en punto a la \u00abmora injustificada\u00bb, ha sostenido: <\/p>\n
[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, STC195-2021 y STC861-2022). <\/p>\n
Sumado a lo antelado, se destaca que no es procedente, a trav\u00e9s de esta herramienta superlativa ordenar al juez natural que desconozca los \u00abturnos de decisi\u00f3n\u00bb de los asuntos sometidos a su escrutinio, salvo que se demuestre un perjuicio irremediable, situaci\u00f3n especial que no se encuentra acreditada en el expediente. En un caso de contornos similares, la Sala predic\u00f3 que: <\/p>\n
[E]l juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras est\u00e1 la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional\u00bb (STC12028-2020 reiterada en la STC1397-2021). <\/p>\n
2.- Adicionalmente, se observa que, pretendiendo los accionantes la pronta resoluci\u00f3n del \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb interpuesto contra el fallo del ad quem y, que, la Sala convocada les ha manifestado que deben esperar \u00abel orden de entrada de los procesos al Despacho y, en el momento, (\u2026) le anteceden al proceso de su inter\u00e9s, asuntos ingresados en el a\u00f1o 2019\u00bb, cuentan con la facultad de elevar ante \u00e9sta \u00absolicitud de priorizaci\u00f3n de su asunto\u00bb, esgrimiendo las inconformidades aqu\u00ed planteadas, especialmente la relacionada con su privaci\u00f3n de la libertad, para que sea el iudex natural quien defina si les asiste o no raz\u00f3n al respecto. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, surge impr\u00f3spera la ayuda suplicada (CSJ STC8214-2022, 29 jun., rad. 2022-02062-00). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas imponen el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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