STC091-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC091-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02279-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 10 de noviembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2018-00730. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jorge S\u00e1nchez Coy promovi\u00f3 declarativo contra la UGPP, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abbajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial el 31 de octubre de 2001\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto consider\u00f3 que el promotor no cumpli\u00f3 con el requisito de \u00abla edad, pues lleg\u00f3 a los 55 a\u00f1os el \u00ab17 de mayo del 2017\u00bb, esto es, con posterioridad al 31 de julio del 2010, fecha en la cual, la convenci\u00f3n colectiva perdi\u00f3 su vigencia\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el demandante recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, cas\u00f3 la decisi\u00f3n ad quem y en sede de instancia, conden\u00f3 a la UGPP a pagar la prestaci\u00f3n, pues advirti\u00f3 que: (i) \u00abel plazo m\u00e1ximo para causar el derecho pensional convencional es aquel que se hubiese acordado inicialmente en su fuente normativa, que en este caso, fue el a\u00f1o 2017\u00bb; y, (ii) \u00abel actor acredita los requisitos de causaci\u00f3n y las condiciones de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, pues labor\u00f3 al ISS por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y cumpli\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os el d\u00eda 11 de mayo de 2017\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la convocante, incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, especialmente, el contenido en las sentencias SU897-2012 y SU555-2014, puesto que \u00abpas[\u00f3] por alto, (\u2026) los requisitos de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 para otorgar la pensi\u00f3n convencional y lo se\u00f1alado en el Acto legislativo 01 para conferir la mesada 14, lo que hizo que se otorgara un derecho sin norma convencional ni legal que la respalden, situaci\u00f3n que hace que este caso pueda estar enlistado en la causal de fraude a la ley\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL2591-2022, 19 jul. y, en consecuencia, se ordene a la autoridad encartada, que profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abse adopt\u00f3 en consonancia con los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma corporaci\u00f3n, seg\u00fan los cuales el art\u00edculo 98 consagrado en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 20012004, ten\u00eda una vigencia mucho m\u00e1s amplia que el plazo general, por lo tanto, a la entrada en vigencia del AL 01 de 2005 la referida cl\u00e1usula convencional ven\u00eda rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vida jur\u00eddica hasta el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
2. Jorge S\u00e1nchez Coy se\u00f1al\u00f3 que \u00abno puede la parte accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral, m\u00e1s cuando solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso de referencia. Y tampoco se evidencia que exista un perjuicio actual e inminente que permita que el juez de tutela tome una medida excepcional y especial\u00edsima, por lo cual la UGPP no ejerci\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa de manera preferente pues no interpuso el correspondiente recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De la determinaci\u00f3n del a quo constitucional se extracta la siguiente contestaci\u00f3n: <\/p>\n
3. \u00abEl juez 15 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que el fallo de primer grado fue emitido conforme a la jurisprudencia vigente para la \u00e9poca. Resalt\u00f3 que la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral vari\u00f3 la jurisprudencia sobre el tema el 19 de julio de 2020, luego de la emisi\u00f3n del fallo de primer grado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que \u00abla UGPP cuenta con la posibilidad de promover el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 (\u2026) dicho medio de impugnaci\u00f3n se puede incoar para revocar las decisiones que afecten el erario, lo cual torna improcedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[a] pesar de que la UGPP se\u00f1ala que se encuentra comprometido el sistema general de pensiones, tal aseveraci\u00f3n no es de recibo, pues se trata de una trabajadora que result\u00f3 favorecida con la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, en virtud de las cotizaciones que realiz\u00f3 durante su vida laboral, adem\u00e1s, se trata de una sola persona beneficiada con la determinaci\u00f3n, por lo que no se encuentra acreditado c\u00f3mo podr\u00e1n verse afectados los recursos de la entidad por el hecho de acceder al pago de la mesada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la entidad recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abno es de asidero la posici\u00f3n del a-quo, para indicar que esta tutela es improcedente por la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ya que es evidente que ante el cumplimiento del fallo ser\u00e1 imposible recuperar los dineros cancelados en virtud del principio de buena fe que le est\u00e1 amparando con la ejecutoria de la sentencia, lo que hace que la materializaci\u00f3n del perjuicio est\u00e9 derivado del pago de cuantiosas sumas de dinero, lo que evidentemente faculta a esta entidad a solicitar la intervenci\u00f3n del juez tutelar para dejar sin efectos la sentencia del 19 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la gestora (SL2591-2022, 19 jul.), por casar la decisi\u00f3n absolutoria del ad quem, y, en sede de instancia, reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional en favor del demandante, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada cas\u00f3 el fallo absolutorio del ad quem, en tanto consider\u00f3 que: (i) \u00abel plazo m\u00e1ximo para causar el derecho pensional convencional es aquel que se hubiese acordado inicialmente en su fuente normativa, que en este caso, fue el a\u00f1o 2017\u00bb; y, (ii) \u00abel actor acredita los requisitos de causaci\u00f3n y las condiciones de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, pues labor\u00f3 al ISS por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y cumpli\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os el d\u00eda 11 de mayo de 2017\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, encaminados por la (i) v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los \u00abde los art\u00edculos 467, 468, 478 y 479 del CST, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los par\u00e1grafos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, y (ii) por la senda indirecta, \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 467, 468, 478 y 479 del CST, 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los par\u00e1grafos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Sala [establecer] si el Tribunal err\u00f3 al concluir que el Acto Legislativo 01 de 2005 limit\u00f3 la vigencia de todas las reglas pensionales convencionales acordadas antes del 29 de julio de 2005 -fecha de expedici\u00f3n de la reforma constitucional-hasta el 31 de julio de 2010, aun cuando el t\u00e9rmino inicialmente pactado por las partes fuese superior a esta data, y si el actor no reuni\u00f3 los requisitos para obtener la pensi\u00f3n extralegal\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, refiri\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) el actor naci\u00f3 el 11 de mayo de 1962; ii) labor\u00f3 por m\u00e1s de 20 a\u00f1os continuos o discontinuos al ISS; iii) su vinculaci\u00f3n con la demandada lo fue en calidad de trabajador oficial; iv) fue beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo pactada entre el ISS y Sintraseguridadsocial, dado que estuvo afiliado a esa organizaci\u00f3n sindical y que; v) el art\u00edculo 98 de esta CCT establece una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n para los trabajadores que cumplieran 20 a\u00f1os de servicios en favor de dicho Instituto y 55 a\u00f1os de edad, en el caso de los hombres\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto al periodo transitorio establecido en el par\u00e1grafo tercero del Acto Legislativo 01 de 2005, indic\u00f3 que \u00ab[e]sta norma constitucional prev\u00e9 dos postulados diferentes: uno, para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedici\u00f3n estaban rigiendo, cuya vigencia se mantendr\u00e1 hasta el t\u00e9rmino inicialmente pactado, que a su vez incluye las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas que se ven\u00edan surtiendo y, otro, para aquellas convenciones que se celebraran entre su fecha de expedici\u00f3n y el 31 de julio de 2010, que no podr\u00e1n ser m\u00e1s favorables a las que para entonces estuvieran vigentes, y cuya vigencia terminar\u00eda en la referida data\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 el alcance interpretativo que se le debe dar a la expresi\u00f3n \u00abt\u00e9rmino inicialmente pactado\u00bb seg\u00fan la nueva postura de la Corte, y sobre ella anot\u00f3 que \u00aben decisiones CSJ SL2798-2020, CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020 esta corporaci\u00f3n consider\u00f3, por una parte, que el t\u00e9rmino inicialmente pactado no puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio 2010 y, de otra, que ese plazo tambi\u00e9n incluye el de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica que hubiese comenzado despu\u00e9s del 29 de julio de 2005\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que dicho criterio se precis\u00f3 en la providencia CSJ SL3635-2020, 16 sep., en donde explic\u00f3 que \u00abcuando una disposici\u00f3n colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a esa calenda [m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010], debe respetarse, pues, de una parte, s\u00ed se previ\u00f3 de esa manera desde el comienzo, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, porque al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garant\u00eda a la leg\u00edtima expectativa de adquirir la pensi\u00f3n de acuerdo con las reglas del pacto o CCT que firmaron, mientras contin\u00fae vigente, incluso despu\u00e9s del l\u00edmite del 31 de julio de 2010\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Luego, enumer\u00f3 las pautas fijadas en el fallo previamente citado: <\/p>\n
\u00abi) En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 -29 de julio del mismo a\u00f1o- se encontraban en curso, mantendr\u00e1n su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
ii) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extienden solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
iii) Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de vigencia de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre el extinto ISS y Sintraseguridadsocial para el periodo 2001-2004 se define con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 2 y 98 del acuerdo, normas cuyo tenor literal permiten inferir que la regla pensional contemplada en esta \u00faltima cl\u00e1usula se extendi\u00f3 hasta el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla consideraci\u00f3n jur\u00eddica del Tribunal, esto es, que en los t\u00e9rminos del Acto Legislativo 01 de 2005, no era dable otorgar una pensi\u00f3n extralegal como la reclamada luego del 31 de julio de 2010, resulta contraria a la actual postura jurisprudencial en torno al entendimiento del par\u00e1grafo tercero transitorio del art\u00edculo 1 de tal norma constitucional, seg\u00fan el cual, el plazo m\u00e1ximo para causar el derecho pensional convencional es aquel que se hubiese acordado inicialmente en su fuente normativa, que en este caso, fue el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, arguy\u00f3 que \u00abde acuerdo con los postulados convencionales consagrados en el art\u00edculo 98 bajo an\u00e1lisis, la Sala [encuentra] que el actor acredita los requisitos de causaci\u00f3n y las condiciones de exigibilidad de la prestaci\u00f3n, pues labor\u00f3 al ISS por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y cumpli\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os el d\u00eda 11 de mayo de 2017\u00bb. De esta manera, declar\u00f3 la prosperidad de los cargos y en sede de instancia resolvi\u00f3 reconocer la pensi\u00f3n convencional al all\u00ed recurrente. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los fallos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 12 de diciembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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