STC097-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC097-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-10-000-2022-00143-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Daniel Geovany Neira R\u00edos frente al fallo proferido el 15 de noviembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a) a la entidad convocada i) \u00ababstenerse de realizar pr[\u00e1]ctica probatoria hasta tanto\u2026 se resuelva de fondo la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n\u00bb; ii) en lo sucesivo, \u00abejercer los respectivos controles sobre la pr[\u00e1]ctica testimonial en los procesos disciplinarios\u00bb; y iii) \u00abcesar sus actos de monitoreo a las redes sociales del investigado\u00bb; y b) \u00aba la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n[,] ejercer vigilancia especial en el\u2026 caso[,] como garante de [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En la actuaci\u00f3n disciplinaria que contra el accionante adelanta la Corporaci\u00f3n acusada, en la etapa de audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional de que trata el canon 105 de la Ley 1123 de 2007, el pasado 28 de septiembre se remiti\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por competencia, la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n que aqu\u00e9l instaur\u00f3; al d\u00eda siguiente el Magistrado sustanciador a-quo no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n que el tutelante le formul\u00f3 bajo las causales 1\u00aa y 2\u00aa del canon 61 ib\u00eddem; y el 11 de octubre \u00faltimo, la funcionaria que le segu\u00eda en turno a dicho funcionario, neg\u00f3 la configuraci\u00f3n de las aducidas causales de apartamiento. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el actor cuestion\u00f3, en lo medular, que el Magistrado sustanciador de la colegiatura accionada contin\u00fae el tr\u00e1mite, especialmente la recolecci\u00f3n de pruebas, a pesar de la falta de definici\u00f3n de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, con la connivencia de la funcionaria que le sigue en turno, contrariando con ello la postura de otras seccionales frente al particular. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, por ese rumbo, sin atender las reglas establecidas para la recepci\u00f3n del interrogatorio en el canon 392 de la Ley 906 de 2004, al juez que dispuso la compulsa de copias g\u00e9nesis de esa actuaci\u00f3n, se le dej\u00f3 \u00abhacer todo un mon\u00f3logo a su antojo, en donde de forma burlesca contra el investigado, se le permiti\u00f3[,] sin ning\u00fan control[,] decir cuanto se le ocurri\u00f3\u00bb, e incluso, irregularmente, se le liber\u00f3 del apremio del juramento. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la parcialidad del funcionario disciplinario es evidente porque en esa calidad tambi\u00e9n conoci\u00f3 del tr\u00e1mite de igual linaje -ya archivado- que, por los mismos hechos, impuls\u00f3 el aqu\u00ed disciplinado contra el juzgador que dispuso la compulsa de copias en su contra; igualmente, le envi\u00f3 un defectuoso enlace de conexi\u00f3n para la audiencia inicial del 23 de junio de 2022; ha realizado se\u00f1alamientos en su contra, contrarios a la buena fe; monitorea sus redes sociales, \u00abextralimit\u00e1ndose en sus funciones\u00bb, para, con fundamento en la informaci\u00f3n all\u00ed recabada, disponer nuevas compulsas de copias en su disfavor; sumado a que minti\u00f3 en la diligencia del 29 de septiembre \u00faltimo al sostener que \u00e9l no atendi\u00f3 el requerimiento de informaci\u00f3n que le hizo en la vista p\u00fablica previa del 23 de junio anterior. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali se\u00f1al\u00f3 que \u00absolo cumple con la funci\u00f3n Administrativa de ejecutar las diversas disposiciones que ordenan en sus providencias los\u2026 Magistrados y Jueces de la Rep\u00fablica, adscritos al Sistema Penal Acusatorio de [ese] Distrito Judicial, para as\u00ed garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia e informaci\u00f3n oportuna y confiable, enmarcados en los principios de eficacia, transparencia, celeridad y calidad\u00bb; y destac\u00f3 que el funcionario que dispuso la compulsa de copias en contra del accionante fue nombrado como juez coordinador de esa dependencia \u00abpara el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del a\u00f1o 2021\u00bb, siendo persona distinta la que en la actualidad ocupa ese cargo. <\/p>\n
2. El despacho del Magistrado Hern\u00e1ndez Qui\u00f1ones -sustanciador en el asunto fustigado- de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y solicit\u00f3 denegar la salvaguarda. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, como qued\u00f3 definido, no se configuraron las causales de recusaci\u00f3n invocadas por el quejoso; \u00e9l no tiene \u00abning\u00fan inter\u00e9s frente a la vida privada del abogado Neira R\u00edos, por el contrario, se observa que \u00e9ste ha intentado llevar el proceso disciplinario a un plano de la vida personal haciendo se\u00f1alamientos infundados e inexistentes\u00bb; la reclamada suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n era inviable, \u00abconforme lo consagra el art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable al asunto por integraci\u00f3n normativa seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Ley 1123 del 2007, pues dicha causal no hace parte de las contenidas en la referida norma\u00bb; al funcionario que dispuso la compulsa de copias, al recibir su declaraci\u00f3n, s\u00ed \u00abse le tom\u00f3 el juramento\u2026[,] conforme al art\u00edculo 442 del C\u00f3digo Penal, el cual se mantuvo durante toda la intervenci\u00f3n hasta el minuto 22:04, momento para el cual se le advierte que pod\u00eda contestar la pregunta que se le realizar\u00eda sin la f[\u00f3]rmula de juramento[,] en tanto que\u2026 podr\u00eda ser autoincriminatoria[,] en raz\u00f3n al proceso disciplinario que ya exist\u00eda en su contra y en aras de salvaguardar lo consagrado en al art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, de donde \u00abno hay ninguna actuaci\u00f3n irregular, pues el tr\u00e1mite del proceso se ha surtido de manera legal y acorde al debido proceso de los intervinientes\u00bb; y el dicho del quejoso frente al supuesto \u00abocultamiento de documentos al interior del proceso disciplinario\u2026[,] no obedece a la realidad procesal y circunstancial\u00bb, toda vez que aunque el censor alleg\u00f3 un memorial desde el 29 de junio de 2022, los empleados encargados omitieron agregarlo oportunamente al plenario, lo que implic\u00f3 que no reposara dentro del mismo para cuando se adelant\u00f3 la diligencia del pasado 29 de septiembre, por lo que \u00abal momento de verificar la existencia o no de lo aportado por el profesional del derecho se manifest\u00f3 que no hab\u00edan sido aportadas (sic)\u00bb, \u00ab[s]ituaci\u00f3n que finalmente fue aclarada por el disciplinable en la audiencia y subsanada, toda vez que, fueron esos elementos aportados con los cuales se hicieron los requerimientos para las pruebas decretadas\u00bb. <\/p>\n
3. El Magistrado Castillo Restrepo -tambi\u00e9n de la Colegiatura acusada- deprec\u00f3 declarar \u00abla IMPROCEDENCIA del amparo\u2026 (pues\u2026 no se observa que se hubiese agotado el requisito de procedibilidad de la SUBSID[I]ARIEDAD), pero adem\u00e1s [su] DESVINCULACI\u00d3N\u2026, en calidad de titular del despacho Nro. 03\u2026, por cuanto no existe prueba, ni alusi\u00f3n a alg\u00fan hecho que sea indicativo de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante en [su] cabeza\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n del Valle del Cauca rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque \u00ablos hechos que dan lugar a la tutela no corresponden a acciones u omisiones [suyas]\u00bb. <\/p>\n
5. La Magistrada Varela Chamarro -tambi\u00e9n de la Comisi\u00f3n recriminada-, quien en la actuaci\u00f3n recriminada resolvi\u00f3 adversamente la recusaci\u00f3n que frente a su hom\u00f3logo Hern\u00e1ndez Qui\u00f1onez propuso el quejoso, pidi\u00f3 desestimar el ruego constitucional porque en el tr\u00e1mite del proceso disciplinario \u00abse ha actuado con estricta observancia de la ley y respetando las garant\u00edas fundamentales de los sujetos procesales e intervinientes\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida porque, \u00abcomo el propio actor lo afirm\u00f3, la recusaci\u00f3n del magistrado instructor fue efectivamente formulada y sustentada en el proceso cuestionado; y, luego decidida en sentido desfavorable por la Magistrada\u2026 Varela Chamorro, quien no encontr\u00f3 fundamentos jur\u00eddicos ni f\u00e1cticos para proceder como lo pretende el investigado; decisi\u00f3n que\u2026 se encuentra ajustada a derecho, sin que se adviertan verdaderos motivos de duda en cuanto a la legalidad de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n, como para que demande la intervenci\u00f3n urgente del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el reclamo insatisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad porque i) la \u00absolicitud de \u201ccambio de radicaci\u00f3n\u201d\u2026 se encuentra pendiente de decisi\u00f3n\u00bb; ii) \u00absi lo que aspira el ciudadano es que la investigaci\u00f3n sea suspendida, as\u00ed debe solicitarlo ante el magistrado titular del despacho en el que ella cursa y no acudir a la acci\u00f3n de tutela para suplantar los remedios judiciales principales. En todo caso, aquella pretensi\u00f3n no tiene cabida bajo el argumento de estar pendiente de resolver una solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, en ausencia de normativa que as\u00ed lo indique\u00bb; iii) \u00ab[e]n lo que ata\u00f1e al pretendido control a la pr\u00e1ctica de los testimonios en los procesos de la Comisi\u00f3n Seccional [encausada]\u2026, se sabe que la Corporaci\u00f3n no detenta esa facultad de vigilancia y control sobre sus integrantes, de manera que son otros los escenarios judiciales y administrativos en los que podr\u00e1 el promotor enarbolar sus quejas hacia los jueces disciplinarios respecto de la direcci\u00f3n del proceso\u00bb; y iv) \u00ab[i]gual suerte corre la pretensi\u00f3n de ordenar a la Procuradur\u00eda\u2026 que ejerza vigilancia al tr\u00e1mite disciplinario en cuesti\u00f3n, puesto que no se otea que esa solicitud haya sido enarbolada directamente al ministerio p\u00fablico, y que negada habilite la acci\u00f3n de tutela para as\u00ed ordenarlo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en la concesi\u00f3n del resguardo y cuestionando, en lo medular, que i) no se integr\u00f3 debidamente el contradictorio porque se omiti\u00f3 citar al juez que dispuso la compulsa de copias g\u00e9nesis del tr\u00e1mite disciplinario reprochado; ii) nada se resolvi\u00f3 respecto a la persecuci\u00f3n de que dijo ser objeto por parte del funcionario disciplinario; iii) precisamente lo pretendido es la suspensi\u00f3n transitoria de la actuaci\u00f3n recriminada, hasta tanto se desate su solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del canon 48 de la Ley 906 de 2004, por integraci\u00f3n normativa, de donde es il\u00f3gica la denegaci\u00f3n del resguardo por la falta de definici\u00f3n de aqu\u00e9lla; iv) que s\u00ed solicit\u00f3 al accionado la referida suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite pero, \u00abal ver que ello no fue posible[,] se tuvo que echar mano de la herramienta de la recusaci\u00f3n para intentar apartarlo del caso mientras la Comisi\u00f3n Nacional decide\u00bb, aunado a que \u00abal ver que no pued[e] obligar a [\u00e9sta]\u2026 a desatar r\u00e1pido la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, [l]e toc\u00f3 acudir a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n propuesta, anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la supuesta falta de vinculaci\u00f3n, a este rito constitucional, del funcionario que orden\u00f3 la compulsa de copias g\u00e9nesis de la actuaci\u00f3n disciplinaria fustigada, sumado a que aqu\u00e9l ser\u00eda el \u00fanico legitimado para alegar la nulidad del tr\u00e1mite bajo ese supuesto (inciso 3\u00ba del canon 135 del C\u00f3digo General del Proceso), que no el accionante, lo cierto es que tal situaci\u00f3n invalidatoria no tuvo presencia en este decurso, comoquiera que la respectiva comunicaci\u00f3n de enteramiento de la existencia de la acci\u00f3n tutelar le fue efectiva y directamente remitida a su cuenta institucional individual.1 <\/p>\n
2.2. En cuanto a los se\u00f1alamientos del accionante frente al proceder por parte del funcionario disciplinario ponente en el caso criticado, que tilda de irregular, incluida la supuesta persecuci\u00f3n de que dice ser objeto, es patente que, como lo aludi\u00f3 el a-quo constitucional, si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder an\u00f3malo o arbitrario ha incurrido tal autoridad o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular muestra evidente el fracaso de este ruego supralegal, ante la insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En tal sentido, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
2.3. El mentado requisito de procedibilidad del reclamo constitucional, muy a pesar de las alegaciones del opugnante, tambi\u00e9n se muestra ausente en lo relativo a la continuaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n disciplinaria al margen de la falta de definici\u00f3n de la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n que present\u00f3, porque sumado a que no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n ni adici\u00f3n de la decisi\u00f3n que no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n que inco\u00f3, exigiendo la definici\u00f3n de su petici\u00f3n de suspensi\u00f3n procesal, lo cierto es que el tr\u00e1mite disciplinario criticado est\u00e1 en curso, siendo all\u00ed, en cualquiera de sus etapas, en donde puede cuestionar la legalidad de lo rituado; control que est\u00e1 obligado a hacer el juez natural, en caso de que advierta la configuraci\u00f3n de cualquiera de las causales de nulidad que contempla el art\u00edculo 98 de la Ley 1123 de 2007, en virtud del mandato imperativo que consagra el canon 99 ib\u00eddem, lo que derruye la viabilidad del resguardo, incluso, como mecanismo transitorio, ante la actual inexistencia de un eventual perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al respecto, en asuntos de similares contornos al de ahora, para denegar la protecci\u00f3n constitucional, esta Sala ha dejado por sentado que: <\/p>\n
\u2026de entrada se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso disciplinario objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite est\u00e1 en sus instancias iniciales. <\/p>\n
En tal virtud, el gestor tiene a su alcance instrumentos procesales mediante los cuales puede alegar las inconsistencias en que presuntamente incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, anomal\u00edas que, en su concepto, vician de nulidad la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que al juez de tutela no le es dable sustituir las facultades deferidas por el legislador a los funcionarios comunes, ni soslayar los remedios ordinarios ni extraordinarios de defensa dispuestos en el ordenamiento positivo para resguardar las garant\u00edas de las partes al interior del juicio. <\/p>\n
En ese sentido ha precisado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01; y STC5429-2016, 28 abr., 2016-00332-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la norma disciplinaria le ofrece precisas herramientas de defensa judicial para que exponga ante el juez natural sus argumentaciones o reproches, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la inviabilidad del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es de advertirse que es al interior del proceso disciplinario, en cualquiera de sus etapas, en donde se puede cuestionar la legalidad de lo rituado, control que, incluso, est\u00e1 obligado a hacer el juez natural, en caso de que advierta la configuraci\u00f3n de cualquiera de las causales de nulidad que contempla el art\u00edculo 98 de la tantas veces mencionada ley 1123 de 2007, en virtud del mandato imperativo que consagra el art\u00edculo 99 de esa misma normatividad (CSJ STC10170-2019, 1\u00ba ag., rad. 2019-00656-02). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, como lo son los planteados con posterioridad y por fuera de la demanda de amparo, as\u00ed se ha dejado dicho que constituyen hechos nuevos de los que no puede ocuparse el sentenciador supralegal ad-quem: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ntrianac@cendoj.ramajudicial.gov.co <\/p>\n
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STC097-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC097-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-10-000-2022-00143-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Daniel Geovany Neira R\u00edos frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70053","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70053"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70053\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}