STC098-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC098-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2022-00207-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 28 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elsa Marina Fern\u00e1ndez de Fern\u00e1ndez contra los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Paipa y Primero Civil del Circuito en Oralidad de Duitama, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la pertenencia n\u00ba 2018-00153. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso \u00aben conexidad con el derecho al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad ante los jueces\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que present\u00f3 demanda de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria contra Parmenio Camargo Camargo y otros, con el prop\u00f3sito de obtener el dominio del predio denominado \u00abSAN ANTONIO\u00bb; sin embargo, agotado el tr\u00e1mite de rigor, sus pretensiones fueron desestimadas en ambas instancias procesales por los despachos judiciales accionados, en \u00abfallos abiertamente contrarios a las disposiciones legales\u00bb, pues \u00abno se valor\u00f3 las pruebas aportadas por la suscrita en el escrito de la demanda y las recopiladas durante el tr\u00e1mite procesal\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, en lo fundamental, que \u00abse revoquen los fallos de primera y segunda instancia, proferidos en el proceso de declaraci\u00f3n judicial de pertenencia (\u2026), con fechas 28 de octubre de 2022 y 11 de octubre de 2021\u00bb, para que, en su lugar, \u00abse acojan las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, remiti\u00f3 copia de la sentencia criticada. <\/p>\n
2. El Juez Primero Promiscuo Municipal de Paipa, luego de hacer una breve relaci\u00f3n de las actuaciones surtidas al interior del asunto revisado, precis\u00f3 que \u00abla sentencia objeto de reproche, se bas\u00f3 en las pruebas legal y oportunamente aportadas a la actuaci\u00f3n, garantiz\u00e1ndose el debido proceso, el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de las partes\u00bb, siendo cosa distinta que \u00abla parte actora no demostr\u00f3 los presupuestos de hecho que configuran el cumplimiento de los requisitos axiol\u00f3gicos establecidos por el C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia para la prosperidad de la pertenencia\u00bb. <\/p>\n
3. Richard Javier Ar\u00e9valo Guerrero y Sandro Geovanny Salamanca Molano, apoderados de la querellante dentro del litigio cuestionado, defendieron la postura de \u00e9sta dentro de la presente acci\u00f3n, haciendo un recuento del decurso adelantado y se\u00f1alando que las autoridades convocadas desconocieron el acervo probatorio recaudado. <\/p>\n
4. Fernando Camargo Mart\u00ednez, Alcides Camargo Ni\u00f1o, y, \u00c1lvaro, Joaqu\u00edn Tiberio, Hermes y Alcides Camargo Camargo, en calidad de demandados dentro del proceso declarativo en comento, dijeron no oponerse a las pretensiones de la tutelante. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que los fallos censurados no constituyen v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque la gestora aduce que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba recaudados, \u00ablo cierto es que cada afirmaci\u00f3n esbozada por los Juzgados accionados en la que basaron su decisi\u00f3n est\u00e1 sustentada en las normas preexistentes para la materia del caso, raz\u00f3n por la cual, no es posible evidenciar un vicio en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica o valoraci\u00f3n de las mismas que tenga una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb, m\u00e1s aun cuando \u00abrevisadas las pruebas que reposan en el plenario y respetando los principios de autonom\u00eda judicial, se tiene que, la autoridad constitucional no puede realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de una instancia judicial adicional, pues las decisiones tomadas al interior del proceso de Pertenencia Rad. No. 2018-00153-00 son coherentes con la valoraci\u00f3n ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los intervinientes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante reiterando las censuras a las decisiones recriminadas conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial, insistiendo en que, \u00ab(\u2026) no se dio un valor probatorio a las pruebas recaudadas, testimonios, interrogatorios, documentos aportados, pruebas que no fueron tachadas dentro del tr\u00e1mite procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al negar la pretensi\u00f3n de pertenencia reclamada por la querellante contra Parmenio Camargo Camargo y otros, respecto del inmueble \u00abSAN ANTONIO\u00bb (n\u00b0 2018-00153), por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho, dado que no se valoraron adecuadamente los medios de prueba recaudados. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al fallo proferido el 28 de octubre de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Duitama, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto al confirmar \u00edntegramente la decisi\u00f3n de \u00abNegar las pretensiones de la parte demandante\u00bb, tras \u00abDeclarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada inexistencia de los elementos necesarios para la prosperidad de la acci\u00f3n, inexistencia del acto establecido en la ley, inexistencia de la posesi\u00f3n con sumatoria de posesiones\u00bb tomada el 11 de octubre de 2021 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC6513-2022, 26 may. 2022, rad. 00079-01). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n de negar a la tutelante la pretensi\u00f3n de pertenencia reclamada a trav\u00e9s del proceso cuestionado, precis\u00f3 que entre la demandante (aqu\u00ed interesada) y Alcides Camargo Ni\u00f1o \u00abmedia un contrato promesa de venta de fecha 02 de septiembre de 2009 (\u2026) por medio del cual \u00fanicamente se entreg\u00f3 la tenencia del inmueble, m\u00e1s no la posesi\u00f3n de quien es due\u00f1o y genera solo una obligaci\u00f3n de hacer y mientras este acuerdo de voluntades no sea aniquilado, la disputa corresponde darse en el \u00e1mbito contractual porque al prescribiente no le es dado invocar para obtener el dominio un v\u00ednculo contractual ajustado con el propietario\u00bb. <\/p>\n
Tras colegir lo anterior, complement\u00f3: \u00abcomo la demandante adquiri\u00f3 del se\u00f1or FERNANDO CAMARGO MART\u00cdNEZ mediante contrato promesa de venta del 28 de marzo de 2017 derechos de acciones sobre el lote denominado el potrerito los cuales fueron adquiridos por el prometiente vendedor por herencia de su padre EFRAIN CAMARGO y por compra de derechos herenciales de sus hermanos LUIS EMILIO, ANA LILIANA y DIANA PATRICIA CAMARGO MART\u00cdNEZ, no es viable tampoco acceder a la figura de suma de posesiones en este caso, en raz\u00f3n a que la posesi\u00f3n ejercida por FERNANDO CAMARGO MART\u00cdNEZ que se pretende sumar es una posesi\u00f3n de heredero, la cual le da el derecho sobre los bienes de la herencia, los cuales son detentados con \u00e1nimo de heredero y esta posesi\u00f3n no es apta para agregarla a la de la demandante con el fin de adquirir el derecho de dominio del bien por usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 el operador judicial accionado:\u00ab (\u2026) la posesi\u00f3n que ha ejercido sobre la parte del inmueble identificado con F.M.I N\u00ba 074-25296 la viene ejerciendo desde los a\u00f1os 2009 y 2017 y la demanda fue presentada el 25 de abril de 2018, no se configura el tiempo de los 10 a\u00f1os requeridos para declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de la demandante por lo que la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa ha de confirmarse\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC6513-2022, 26 may. rad, 00079-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas en lo que a la valoraci\u00f3n probatoria y la interpretaci\u00f3n normativa se refiere respecto a los requisitos de la acci\u00f3n de usucapi\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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