STC099-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC099-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2022-00253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Amparo Aguirre de L\u00f3pez como \u00abapoderada general\u00bb de Rosalba L\u00f3pez Fl\u00f3rez contra el fallo de 2 de diciembre de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio divisorio con radicado N\u00b0 2009-00100-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Juzgado convocado decretar la nulidad del prove\u00eddo que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n, por desistimiento t\u00e1cito, del juicio aludido (22 mar. 2022) y que como consecuencia de ello, se pronuncie de fondo respecto del memorial posterior (23 jun. 2022). <\/p>\n
En sustento de lo anterior, adujo que su mandante promovi\u00f3 el litigio objeto de escrutinio contra los herederos determinados e indeterminados de Hern\u00e1n L\u00f3pez Fl\u00f3rez (q.e.p.d.), tr\u00e1mite en el cual comoquiera que se dispuso la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito y ya hab\u00eda \u00absentencia ejecutoriada que no ha perdido su eficacia\u00bb, solicit\u00f3 decretar nuevamente el embargo y secuestro del bien para el posterior remate, sin embargo, la Juez convocada no resolvi\u00f3 nada respecto de las cautelas y orden\u00f3 agregar los documentos al expediente; en su sentir dicha decisi\u00f3n carece de motivaci\u00f3n, pues debi\u00f3 no solo, resolver sobre lo pedido, sino, reconocer personer\u00eda al nuevo abogado. <\/p>\n
2. La funcionaria accionada memor\u00f3 las actuaciones que conoci\u00f3 del proceso criticado. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la salvaguarda por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues la actora no hizo uso de los recursos procedentes frente a las decisiones que ahora son objeto de queja. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n sin expresar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge la impertinencia del ruego que inst\u00f3 Amparo Aguirre de L\u00f3pez, ya que resulta innegable que no es la titular de los derechos cuya infracci\u00f3n invoca, ni ados\u00f3 el poder especial que habilitara su mediaci\u00f3n en este particular asunto, como representante judicial de la presunta afectada, de lo que se deriva su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que si bien la citada ciudadana alleg\u00f3 el poder general otorgado por Rosalba L\u00f3pez Fl\u00f3rez mediante escritura p\u00fablica No. 312 de 7 de marzo de 2019, este mandato no la habilita para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por el Despacho accionado mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC14358-2021). <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso similar esta Sala expres\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abal verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ STC14062-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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