STC104-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC104-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04402-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Patricia Acosta Perdomo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, despacho del Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticinco Penal Municipal de esta misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-01042. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, integridad personal, libertad, paz, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el se\u00f1or Juli\u00e1n Giovanny Zamudio Espinosa, su excompa\u00f1ero, fue condenado en ambas instancias judiciales a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, del que fue v\u00edctima. <\/p>\n
Relata que, contra la sentencia de segundo grado (proferida el 3 de julio de 2019) la defensa del mencionado procesado interpuso recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que, seg\u00fan la p\u00e1gina de consulta web de la Rama Judicial, el expediente con la respectiva demanda de casaci\u00f3n fue repartido al despacho del Magistrado Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya el 26 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, luego de m\u00e1s de 3 a\u00f1os sin pronunciamiento sobre el recurso extraordinario, por intermedio de su apoderada present\u00f3 memorial solicitando resoluci\u00f3n del mismo \u00abteniendo en cuenta que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n en sede de casaci\u00f3n es de cinco (5) a\u00f1os, de los cuales han transcurrido tres (3), tiempo m\u00e1s que razonable y en septiembre del a\u00f1o 2023 se cumplir\u00edan cuatro (4), en el evento que sea admitido el recurso le queda un (1) a\u00f1o a la Corte para dictar la sentencia, so pena de que prescriba la acci\u00f3n y ello es una burla para los derechos de la v\u00edctima (\u2026)\u00bb; sin embargo, cuestiona que el accionado \u00abno se ha pronunciado ni del memorial y menos de la admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n de la casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, la falta de decisi\u00f3n representa un peligro para su integridad personal y la de sus hijos, teniendo en cuenta que el procesado, Zamudio Espinosa, se encuentra en libertad a pesar de tener orden de captura y, aunque por medio de una tutela anterior logr\u00f3 que la Corte Constitucional mantuviera una medida de protecci\u00f3n en su favor, ha debido desplazarse de domicilio en varias oportunidades para evitar ser ubicada por su agresor. <\/p>\n
Adicionalmente, indica que la demora de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para adoptar la decisi\u00f3n desconoce los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 184 de la ley 906 de 2004, que prev\u00e9 un plazo de 30 d\u00edas para calificar la demanda. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide, \u00abse ordene a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que califique la demanda, determinando, si la admite o inadmite\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, quien tiene a su cargo el proceso penal en cuesti\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, lo que pretende la gestora es \u00abalterar el sistema de reparto\u00bb pero sin haber elevado ninguna petici\u00f3n de impulso procesal \u00abque permita inferir la urgencia del asunto particular\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la tutelante bas\u00f3 su argumentaci\u00f3n en situaciones hipot\u00e9ticas, como el acaecimiento del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, el cual estar\u00eda cumpli\u00e9ndose el 26 de septiembre de 2024. Inform\u00f3 finalmente que, el expediente se encuentra en turno n\u00famero 7 de decisi\u00f3n, \u00abello debido a la enorme carga laboral de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y a la situaci\u00f3n que la misma demandante reconoce frente al Covid-19 y las medidas excepcionales, las cuales se surtieron en procesos en listo y otros con car\u00e1cter prioritario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la quejosa al: (i) no pronunciarse frente a la casaci\u00f3n y, (ii) no contestar la petici\u00f3n elevada \u2013 el 26 de septiembre de 2022 \u2013 solicitando la resoluci\u00f3n del referido recurso extraordinario. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, cabe precisar que, cuando el derecho de petici\u00f3n en su contenido y prop\u00f3sito involucra aspectos propios de un tr\u00e1mite procesal, se aviene claramente improcedente su reclamo por esta senda excepcional, de conformidad con lo que la jurisprudencia de esta Corte ha decantado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; y, 20 mar. 2000, rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se resalt\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01) <\/p>\n
Ahora bien, aunque la actora afirm\u00f3 haber dirigido al despacho del Magistrado Acu\u00f1a Vizcaya de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, un memorial \u2013 el 26 de septiembre de 2022 \u2013 solicitando el proferimiento de la decisi\u00f3n que resuelva sobre la admisi\u00f3n del recurso extraordinario impetrado por la defensa de Zamudio Espinosa en el a\u00f1o 2019, no aport\u00f3 con la demanda tutelar ning\u00fan soporte de la radicaci\u00f3n de dicho escrito, lo cual fue ratificado por el funcionario convocado que, al intervenir en estas diligencias, se\u00f1al\u00f3 que en el plenario no reposa petici\u00f3n concreta en el sentido indicado por la gestora del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al margen de la improcedencia de las peticiones de este tenor, comoquiera que la actora no acredit\u00f3 la presentaci\u00f3n de la solicitud que enunci\u00f3 en el libelo introductorio, la queja en este punto se advierte claramente infundada no siendo posible requerir al accionado para que, en sede de tutela, se pronuncie respecto de un asunto que no le ha sido expuesto. En acciones de tutela similares, en las que no se prob\u00f3 la radicaci\u00f3n cierta del derecho de petici\u00f3n, esta Corte dijo que: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
En consecuencia, se reitera, como no pudo establecerse la efectiva formulaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, no cabe reprochar la falta de soluci\u00f3n y desacertado ser\u00eda conceder el resguardo por esta pretensi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. De la mora judicial. <\/p>\n
3.2.1. En lo que tiene que ver con el reproche por la presunta tardanza que le atribuye la accionante al despacho del magistrado convocado, anticipa la Corte que desestimar\u00e1 la s\u00faplica, dado que no observa la transgresi\u00f3n de las prerrogativas alegadas por lo siguiente. <\/p>\n
Al pronunciarse en estas diligencias, el Magistrado acusado reliev\u00f3 las dificultades que, en concreto, tuvo el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, derivadas de las medidas excepcionales que debieron implementarse por la pandemia del covid-19. <\/p>\n
De manera que, no se advierte un proceder irregular que imponga dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos pretendidos por la promotora del amparo; adem\u00e1s, como fue aclarado, el expediente se encuentra en turno n\u00famero 7 para el proferimiento de la respectiva determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.2. As\u00ed mismo, no puede pasarse por alto que las Salas de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1n igualmente sometidas a un sistema de turnos para fallar los procesos, los cuales deben respetarse, pues un obrar contrario conllevar\u00eda quebrantar el derecho a la igualdad del resto de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que se encuentran en las mismas condiciones. <\/p>\n
Esta Corte ha precisado que no es posible pretender, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, que se modifiquen los turnos; as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en un caso similar, <\/p>\n
\u00abla tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque \u2026la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC 5 ago. 2011, rad. 1359-01, reiterada en STC10755 y, STC16975-2015, 10 dic. rad. 02027-01). <\/p>\n
Sin embargo, dicho sistema eventualmente podr\u00eda ser alterado por el funcionario encargado de la ponencia, pero solo cuando medien circunstancias excepcional\u00edsimas, especificadas normativamente1 y por la jurisprudencia constitucional (CC. T-945A\/08) que, en todo caso, no se advierten en el sub-examine. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. No acredit\u00f3 la accionante haber radicado ante el despacho del Magistrado convocado la petici\u00f3n a la que alude en la demanda tutelar, por lo cual, no es posible requerirlo por su falta de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. A partir de la intervenci\u00f3n del funcionario tutelado, se colige que no puede atribu\u00edrsele dilaci\u00f3n o mora injustificada para emitir la decisi\u00f3n cuya ponencia le corresponde; de suerte que, no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados por la actora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 LEY 446 DE 1998. ART\u00cdCULO 18. dispone, que \u00abes obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelaci\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
LEY 1285 DE 2009. ART\u00cdCULO 16 (que modific\u00f3 el 63\u00aa de la Ley 270 de 1996); permite a los jueces dar prelaci\u00f3n cuando se percaten de \u00abrazones de seguridad nacional o para prevenir la afectaci\u00f3n grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de cr\u00edmenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social\u00bb o \u00abasuntos que, por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su soluci\u00f3n sea de inter\u00e9s p\u00fablico o pueda tener repercusi\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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