STC105-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC105-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00260-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 3 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mart\u00edn Casamachin S\u00e1nchez contra los Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito y \u00danico Civil Municipal de La Plata, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el verbal n\u00b0 2019-00331. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mar\u00eda Elcy Casamachin S\u00e1nchez y otros, promovieron verbal de simulaci\u00f3n contra Mart\u00edn Casamachin S\u00e1nchez, asunto que, sometido a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado \u00danico Civil Municipal de La Plata. <\/p>\n
Agotadas las etapas de rigor, el despacho, el 16 de agosto de 2022, profiri\u00f3 fallo, desestimando las defensas de m\u00e9rito planteadas y, en consecuencia, declar\u00f3 absolutamente simulado el contrato de compraventa celebrado entre el aqu\u00ed tutelante y Mar\u00eda Victoria S\u00e1nchez de Casamachin. <\/p>\n
Por no avenirse a sus intereses, el all\u00ed demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual no fue concedido, al tratarse de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia, en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, determinaci\u00f3n que fue reafirmada por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de esa urbe, a quien correspondi\u00f3 el recurso de queja promovido por el gestor. <\/p>\n
En sentir del censor, las decisiones anteriores entra\u00f1an m\u00faltiples defectos, al inobservar el material probatorio de cara a las defensas planteadas, por cuanto la \u00absolo se limit\u00f3, a proferir la Sentencia, en contra del se\u00f1or MARTIN CASAMAQCHIN SANCHEZ, sin tener en cuenta los Testimonios aportados, por los testigos del Demandado, quien pr\u00e1cticamente utilizo los mismos, para en cierta forma acogerlos como ayuda para proferir la Sentencia a favor de la parte Demandante, sabiendo que estos argumentos o testimonios eran contundentes a favor del Demandado\u00bb, a\u00f1adiendo que, respecto de la cuant\u00eda \u00abnu[n]ca Decreto una Prueba de Oficio PRUEBA DE Oficio para nombrar un Perito para que determinara el valor comercial del Inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se \u00abDecret[e] la NULIDAD de las Diferentes Etapas Procesales surtidas dentro del proceso de referencia, y de la misma Sentencia de \u00danica Instancia, la cual fue objeto del RECURSO DE QUEJA, para que no se le vulneren los Derechos Fundamentales del Demandado Se\u00f1or MARTIN CASAMACHIN SANCHEZ, o en su defecto se REVOQUE, la Decisi\u00f3n tomada por el se\u00f1or JUEZ UNICO CIVIL DE LA PLATA HUILA, y la Confirmaci\u00f3n de la misma en el RECURSO DE QUEJA, que por Reparto le correspondi\u00f3 al JUEZ SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PLATA HUILA. Si se Decreta la Nulidad se ordene que se Decrete el Nombramiento de Perito para que determine el valor comercial del Bien Inmueble, y determine el valor de los cultivos que son propiedad del se\u00f1or MARTIN CASAMACHIN SANCHEZ\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata se limit\u00f3 a efectuar un recuento de las actuaciones desplegadas. <\/p>\n
2. El Juzgado \u00danico Civil Municipal de esa ciudad, remiti\u00f3 el expediente donde se denuncia la vulneraci\u00f3n, sin realizar ninguna manifestaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que el pronunciamiento atacado es razonable, pormenorizando que las autoridades enjuiciadas \u00abal emitir la decisi\u00f3n, claramente expuso cuales fueron los medios probatorios que dejaron satisfecha la convicci\u00f3n que requer\u00eda para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n de fondo que le fue adversa al accionante, en la que dej\u00f3 explicito que la raz\u00f3n del sentido de la decisi\u00f3n estuvo fundada en la consonancia que encontr\u00f3 entre las versiones entregadas por los deponentes que le permitieron concluir la existencia de la simulaci\u00f3n de un acto contractual, que para el caso se trat\u00f3 del de compraventa suscitado entre el demandado aqu\u00ed accionante y su extinta progenitora sobre el predio denominado San Lu\u00eds, ubicado en la vereda Alto Rico, del Centro Poblado Bel\u00e9n del municipio de La Plata (Huila), puesto que la presunta vendedora jam\u00e1s abandon\u00f3 la ejecuci\u00f3n de actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el predio y adicional a ello, demostrarse que el precio aparentemente pactado, fue irrisorio, en tanto que resulta incluso inferior al que se pag\u00f3 por esta al adquirirlo, casi 20 a\u00f1os atr\u00e1s y al que se consigna en el reciente aval\u00fao catastral allegado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito y \u00danico Civil Municipal de La Plata, lesionaron las prerrogativas fundamentales invocadas por Mart\u00edn Casamachin S\u00e1nchez, con las providencias del 16 de agosto de 2022, a trav\u00e9s de la cual el juzgado con categor\u00eda municipal desestim\u00f3 las excepciones y declar\u00f3 absolutamente simulado el contrato de compraventa que ciment\u00f3 la causa, porque, supuestamente, no valor\u00f3 de forma adecuada el material probatorio recaudado, lo que, de haberse efectuado, llevar\u00eda a la convicci\u00f3n de que el negocio cuestionado fue real y, por esa v\u00eda, debieron negarse las pretensiones. <\/p>\n
Adicionalmente, respecto de la providencia de 2 de septiembre de 2022, proferida por la c\u00e9lula judicial con categor\u00eda circuito, ya que, en sentir del quejoso, debi\u00f3 decretarse un dictamen pericial, como prueba de oficio, para concluir que el tr\u00e1mite no es de \u00fanica instancia y, por esa v\u00eda, conceder la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para resolver en la forma en que lo hizo, el juzgado municipal precis\u00f3 inicialmente que: <\/p>\n
\u00abSe tiene que al rendir el interrogatorio de parte el demandado, este confes\u00f3 que para el momento de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria S\u00e1nchez de Casamachin no ten\u00eda ning\u00fan negocio a su cargo que la llevara a tomar la decisi\u00f3n de vender el inmueble denominado \u201cSan Luis\u201d, ni que en su contra se estuviere surtiendo alg\u00fan tipo de proceso que la pusiera en la necesidad de ejecutar el negocio jur\u00eddico en aras de cubrir lo adeudado, pues, seg\u00fan el dicho del interrogado, ello simplemente obedeci\u00f3 al agradecimiento que su madre en vida le ten\u00eda por haberse hecho cargo de su cuidado y manutenci\u00f3n, circunstancia que incluso es corroborada por el se\u00f1or Gilberto Toro, quien, en id\u00e9ntico sentido, asever\u00f3 que era tanto el agradecimiento de su se\u00f1ora madre que incluso hab\u00eda pensado en dejarle el bien inmueble. <\/p>\n
Adicionalmente, sobre ese estado de necesidad, no existe y no fue considerado ni tan siquiera por los testigos como un elemento que hubiere dado lugar a la celebraci\u00f3n del convenio, pues ninguno de ellos afirm\u00f3 tal circunstancia como circunstancia que diera lugar a la celebraci\u00f3n del acto jur\u00eddico en comento.\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al auscultar lo relativo a la continuidad de la posesi\u00f3n en cabeza de la madre del tutelante, encontr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abse tiene, por un lado, que la prueba es contundente en establecer que con posterioridad a la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, la se\u00f1ora S\u00e1nchez de Casamachin, hasta el d\u00eda de su fallecimiento, residi\u00f3 en el inmueble objeto de la negociaci\u00f3n, que se pretende su declaratoria de simulaci\u00f3n, de otro lado, debe decirse que, si bien el demandado intent\u00f3 demostrar que una vez celebrado el negocio jur\u00eddico \u00e9l tom\u00f3 para s\u00ed la posesi\u00f3n del inmueble, la prueba testimonial tra\u00edda para el efecto, demostr\u00f3 cosa distinta, pues al rendir la declaraci\u00f3n, el se\u00f1or Wilmar L\u00f3pez Daza, este afirm\u00f3 que con posterioridad al a\u00f1o 2015, \u00e9l celebr\u00f3 distintos contratos de arrendamiento cuyo objeto era el inmueble \u201cSan Luis\u201d y que quienes fung\u00edan como arrendados del bien, eran tanto la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria Sanchez de Casamachin, como Martin Sanchez Casamachin\u2026 esta dependencia judicial tendr\u00e1 por demostrado el punto de la conservaci\u00f3n de la posesi\u00f3n en cabeza de la vendedora, con posterioridad a la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico objeto de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En torno al precio irrisorio, se\u00f1al\u00f3 la judicatura accionada que: <\/p>\n
\u00abSi bien no obra prueba pericial que demuestre el valor comercial del inmueble para la fecha de celebraci\u00f3n del contrato de compraventa objeto de debate judicial, no obstante, tal hecho se puede evidenciar de lo aseverado por el demandado al momento de rendir el interrogatorio de parte, cuando afirm\u00f3 que el bien inmueble fue adquirido por la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria S\u00e1nchez de Casamachin en el a\u00f1o 2000 por el precio de $25\u00b4000.000, mientras que el precio pactado en el negocio jur\u00eddico objeto de debate, el cual se celebr\u00f3 en el a\u00f1o 2015, fue de $14\u00b4500.000, situaci\u00f3n \u00e9sta que si se acompasa con lo previsto en la escritura p\u00fablica\u2026 en la que se describe que por una hect\u00e1rea de terreno del aludido inmueble que fue objeto de desengoble, se dio como contraprestaci\u00f3n la suma de $8\u00b4000.000, adicional a lo referido aqu\u00ed por el se\u00f1or Gilberto Toro, quien, por su conocimiento en las labores de agro y por tener una finca cerca al lugar en que se encuentra ubicado el bien, asevero que, en el a\u00f1o 2015, el precio de una hect\u00e1rea de tierra oscilaba entre los $12\u00b4000.000, raz\u00f3n por la cual considera el despacho que el precio de $14\u00b4500.000 por 25 hectareas de terreno, resulta irrisorio\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 advirtiendo que \u00abal hallarse demostrados los hechos indicadores referentes al parentesco entre los contratantes, la falta de necesidad de enajenar el inmueble por parte de la vendedora, la continuidad en la posesi\u00f3n del vendedor, el precio irrisorio pactado y la ausencia de movimientos bancarios que permitan colegir el pago real del precio establecido por los contratantes, encuentra el despacho en consecuencia que, en el presente caso, se puede determinar como hecho indicado, que el contrato celebrado entre Mar\u00eda Victoria S\u00e1nchez de Casamachin y Martin Casamachin el 13 de febrero de 2015, se concibi\u00f3 tan solo en apariencia y, por ende, resulta a todas luces, inexistente\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el despacho accionado tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n, as\u00ed como las pruebas aportadas por las partes, para examinarlas y darles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, deb\u00eda confer\u00edrseles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de anteponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como qued\u00f3 claro, se circunscribi\u00f3 al an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n que aportaron las partes, mismos que, en conjunto, le permitieron concluir a la autoridad cognoscente, que el contrato objeto de cuestionamiento fue absolutamente simulado, suficiente para proveer en la forma en que lo hizo. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente, la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque este instrumento no fue concebido como mecanismo para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado del circuito en sede del recurso de queja, declarando bien denegada la concesi\u00f3n de la alzada, tampoco se advierte una transgresi\u00f3n de las garant\u00edas superiores que amerite adoptar alguna medida de protecci\u00f3n, pues desde los albores del litigio qued\u00f3 definido que el asunto se ventilar\u00eda por el procedimiento verbal de \u00fanica instancia y por ende la sentencia reprochada no era susceptible de apelaci\u00f3n, argumento que resulta en un todo razonable, sin que el eventual decreto de una prueba de oficio para establecer el valor comercial del inmueble objeto de la negociaci\u00f3n tuviera la virtud de alterar dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si el promotor no estaba de acuerdo con el procedimiento que se le dio a la demanda de simulaci\u00f3n \u2013 \u00fanica instancia- debi\u00f3 alegar dicha circunstancia en el momento de su admisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Las providencias atacadas no constituyen arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por el ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de los juzgados accionados, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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