STC109-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC109-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00874-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que la accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 15 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Zurich Colombia Seguros S.A. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma urbe, as\u00ed como a los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa, y a \u00abla contradicci\u00f3n\u00bb que dice vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que \u00abse ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, dejar sin efecto la sentencia de fecha 27 de abril de 2022 (\u2026) y se ordene que la entidad accionada profiera una nueva sentencia (\u2026) otorgando el valor probatorio correspondiente a cada una de las pruebas aportadas y se estudien todas y cada una de las excepciones propuestas\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso verbal de responsabilidad civil contractual que Jairo Jaider Solano Arregoces promovi\u00f3 contra la aqu\u00ed accionante (antes QBE Seguros S.A.), \u00e9sta sostuvo en la contestaci\u00f3n de demanda, entre varias alegaciones, que carec\u00eda de validez el dictamen pericial aportado por su contraparte para demostrar su p\u00e9rdida de capacidad laboral en un 67.01%, porque el m\u00e9dico que lo elabor\u00f3 se encuentra vinculado a un proceso penal por emitir falsas certificaciones y tr\u00e1mite ante Colpensiones, para viabilizar la obtenci\u00f3n de pensiones, defensa en sustento de la cual aport\u00f3 copia de la respectiva investigaci\u00f3n penal y de otro dictamen realizado sobre el demandante que arroj\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 37.8%. <\/p>\n
2.2. El 22 de julio de 2021 Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla dict\u00f3 sentencia con que no accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que el extremo actor apel\u00f3 y la aqu\u00ed accionante, al descorrer el traslado de la alzada, insisti\u00f3 en que el mencionado dictamen pericial carec\u00eda de validez, no obstante, el 27 de abril de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla resolvi\u00f3 revocar lo definido en primera instancia y en su lugar accedi\u00f3 a los pedimentos. <\/p>\n
2.3. El precitado fallo se fund\u00f3 en haberse probado la p\u00e9rdida de capacidad laboral alegada por el demandante, con base en el comentado dictamen pericial, sin reparar en la invalidez alegada sobre el mismo, que le impedir\u00eda reflejar la realidad m\u00e9dica del asegurado calificado, situaci\u00f3n que en criterio de la accionante justifica la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla defendi\u00f3 la sentencia que emiti\u00f3 dentro del asunto, al explicar que el dictamen discutido por la gestora se encontraba en firme, sin que se aportara sentencia condenatoria emitida por un juez penal contra el m\u00e9dico que suscribi\u00f3 dicho documento, donde se indicara que el mismo no era v\u00e1lido, por lo que, al cumplirse los dem\u00e1s requisitos establecidos en la p\u00f3liza de seguro, proced\u00eda el pago reclamado en la demanda por concepto de indemnizaci\u00f3n por incapacidad total y permanente o invalidez, <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma ciudad hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del juicio criticado y sostuvo que no vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Jairo Jaider Solano Arregoc\u00e9s, por intermedio de apoderado judicial, se manifest\u00f3 frente a los hechos de la demanda y aleg\u00f3 incumplido el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque la tutela fue presentada transcurridos m\u00e1s de 6 meses desde la emisi\u00f3n de la sentencia cuestionada, adem\u00e1s de que el mecanismo es utilizado para subsanar las deficiencias probatorias evidenciadas dentro del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras constatar incumplido el requisito de la inmediatez, porque transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses entre el 27 de abril de 2022, cuando se dict\u00f3 el fallo reprochado, y el 31 de octubre siguiente, calenda en que se present\u00f3 la tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la gestora no pidi\u00f3 complementaci\u00f3n de dicha decisi\u00f3n, pese a que supuestamente omiti\u00f3 pronunciamiento frente a las alegaciones elevadas en la contestaci\u00f3n de demanda y al descorrer el traslado de la apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado; y, de otro lado, se\u00f1al\u00f3 que en caso de que el perito resulte condenado por il\u00edcitos cometidos en la elaboraci\u00f3n del dictamen pericial, la actora contar\u00e1 con la posibilidad de presentar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, insistiendo en la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y alegando que la solicitud de protecci\u00f3n fue tempestiva, porque la sentencia cuestionada fue notificada el 28 de abril de 2022 y el escrito de tutela fue presentado el 28 de octubre siguiente; que no pod\u00eda pedir complementaci\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n porque no apel\u00f3 la sentencia de primera instancia y que el proceso penal adelantado en contra del perito no ha concluido, por lo cual no le es posible hacer uso del recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por la actora, en esencia es la decisi\u00f3n del 27 de abril de 2022, con que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla revoc\u00f3 la sentencia de 22 de julio de 2021 del Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, para en su lugar acceder a las pretensiones, dentro del referido proceso verbal de responsabilidad civil contractual que contra aquella promovi\u00f3 Jairo Jader Solano Arregoc\u00e9s. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la providencia cuestionada data del 27 de abril de 2022. <\/p>\n
Entonces, entre la fecha de proferida esa decisi\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 31 de octubre de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, fecha de presentaci\u00f3n de la tutela que, valga resaltar, est\u00e1 plasmada en el acta que da cuenta de su sometimiento al respectivo reparto; lo expuesto, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio para solventar la situaci\u00f3n denunciada en sede constitucional, no es posible acceder a la s\u00faplica de la accionante, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir o peticionar t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que el interesado, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agota, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC109-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC109-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00874-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que la accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70065","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70065","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70065"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70065\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}