STC111-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC111-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04421-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d en representaci\u00f3n de \u201cB\u201d contra la Sala \u201cE\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Civil del Circuito, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor de edad involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en la prenotada calidad y a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. \u201cA\u201d, en su condici\u00f3n de padre del menor de edad \u201cB\u201d, present\u00f3 demanda ejecutiva de mayor cuant\u00eda contra Transportes \u201cF\u201d, con fundamento en la indemnizaci\u00f3n de perjuicios reconocida en una sentencia penal condenatoria2. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito, quien, con auto de 31 de agosto de 2020, rechaz\u00f3 el libelo por la falta de subsanaci\u00f3n en debida forma del defecto formal por el cual fue inicialmente inadmitida, esto es, por \u00abno indicar la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del apoderado que [debe] coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados\u00bb. Al resolver la reposici\u00f3n, se mantuvo en firme lo all\u00ed dispuesto. Y, al dirimir la apelaci\u00f3n, con prove\u00eddo de 19 de enero de 2022, el ad quem la revoc\u00f3, para, en su lugar, ordenar el estudio de \u00abadmisibilidad\u00bb respectivo y emitir pronunciamiento en cuanto al mandamiento de pago3. <\/p>\n
2.3. Luego de las rese\u00f1adas actuaciones, y en cumplimiento de la orden proferida en segundo grado, con prove\u00eddo de 7 de febrero de 2022, el a quo neg\u00f3 la orden de apremio, al considerar que la providencia base del recaudo no conten\u00eda la constancia de ejecutoria prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 114 del C\u00f3digo General del Proceso; auto que dej\u00f3 inc\u00f3lume al desatar la impugnaci\u00f3n horizontal, el 25 de marzo de 2022, aun cuando el \u00ab9 de marzo\u00bb, el gestor hab\u00eda allegado al expediente el documento requerido, el cual no se tuvo en cuenta. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta, pero la Sala \u201cE\u201d del Tribunal Superior, el 10 de noviembre de esa calenda, ratific\u00f3 lo resuelto por el a quo, dado que la sentencia que se pretend\u00eda ejecutar carec\u00eda de la aludida constancia, aun cuando esta afirmaci\u00f3n \u00abri\u00f1e con la verdad material y real, [ya que], como anteriormente qued[\u00f3] indicado, [esta] fue aportada (09\/03\/2022)\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abdejar sin efectos los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n (sic) interpuestos contra el auto de fecha 07 de febrero de 2022 proferido por el juzgado\u00bb; (ii) \u00abordenar que se decrete el mandamiento ejecutivo de pago en contra de \u201cF\u201d (\u2026)\u00bb; y (iii) \u00abordenar que se decreten inmediatamente las medidas cautelares consistente en embargo y secuestro de propiedad de la demandada sin m\u00e1s dilaciones injustificadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito relat\u00f3 las actuaciones del compulsivo y destac\u00f3 que \u00abno existe ning\u00fan elemento que indique vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados por el accionante, puesto que se decisi\u00f3n con fundamento en las normas vigentes y aplicables al caso y adem\u00e1s se le garantiz\u00f3 el derecho a la defensa al conceder el recurso de apelaci\u00f3n, y este despacho no tiene injerencia en las decisiones de Tribunal Superior\u00bb. <\/p>\n
2. Transportes \u201cF\u201d, demandada en el asunto auscultado, se opuso a la prosperidad del petitum, ya que \u00ablas pretensiones que hoy est\u00e1 solicitando el accionante, son de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, dada la naturaleza misma de lo que se persigue, ya que implica un debate probatorio. Por lo que no es la tutela el medio judicial para ejercer sus supuestos derechos\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala \u201cE\u201d del Tribunal Superior de esa ciudad alleg\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que inici\u00f3 el accionante, en representaci\u00f3n del menor, por ratificar la negativa del estrado a quo de librar mandamiento de pago, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, expedida el 10 de noviembre de 2022, mediante la cual la Sala \u201cE\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 7 de febrero de esa calenda, a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la orden de apremio, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el ad quem anot\u00f3, inicialmente, que \u00abel juez a-quo neg\u00f3 el mandamiento de pago con auto fechado febrero 7 del hoga\u00f1o, en consideraci\u00f3n a que las aludidas sentencias no contienen la anotaci\u00f3n secretarial de encontrarse ejecutoriadas, como lo exige el art. 114 del C.G.P., al prescribir en su numeral 2\u00ba que \u201cLas copias de las providencias que se pretendan utilizar como t\u00edtulo ejecutivo, requerir\u00e1n constancia de su ejecutoria\u201d\u00bb, frente a lo cual se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el proceso ejecutivo tiene por finalidad lograr la materializaci\u00f3n del derecho contenido en un documento denominado t\u00edtulo ejecutivo o t\u00edtulo valor, que, en uno u otro caso, resulta indispensable que en t\u00e9rminos del art. 422 del C\u00f3digo General del Proceso, contenga una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, a cargo del deudor y a favor del acreedor; requisitos a partir de los cuales la jurisprudencia ha venido desarrollando una l\u00ednea seg\u00fan la cual los t\u00edtulos ejecutivos contienen elementos formales y sustanciales, que requieren estar contenidos en el documento respectivo, para posibilitar la ejecuci\u00f3n forzada de la respectiva obligaci\u00f3n; tema respecto del cual destaca, entre otras, la sentencia T-747 de 2013, seg\u00fan la cual, <\/p>\n
\u201c\u2026Los t\u00edtulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligaci\u00f3n \u201c(i) sean aut\u00e9nticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.\u201d Desde esta perspectiva, el t\u00edtulo ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligaci\u00f3n est\u00e1 contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el t\u00edtulo ejecutivo contenga una prestaci\u00f3n en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligaci\u00f3n que no da lugar a equ\u00edvocos, en otras palabras, en la que est\u00e1n identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligaci\u00f3n y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacci\u00f3n misma del documento, aparece n\u00edtida y manifiesta la obligaci\u00f3n. Es exigible si su cumplimiento no est\u00e1 sujeto a un plazo o a una condici\u00f3n, dicho de otro modo, si se trata de una obligaci\u00f3n pura y simple ya declarada.\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, explic\u00f3 que, \u00abrespecto de las condiciones formales, interesa a este asunto aquella referida a que la obligaci\u00f3n, para que tenga fuerza ejecutiva, debe constar en un documento que provenga del deudor o de su causante, o de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n o en otra providencia judicial ejecutoriada, o en providencias dictadas en procesos de polic\u00eda, o que aprueben liquidaci\u00f3n de cosas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, o emanen de una acto administrativo en firme; disponiendo el num.2\u00ba del art. 114 del C.G.P., que \u201c\u2026Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como t\u00edtulo ejecutivo requerir\u00e1n constancia de su ejecutoria\u201d, que no es otra cosa que la certificaci\u00f3n expedida por el secretario(a) del Despacho que emiti\u00f3 la providencia correspondiente, de que \u00e9sta se encuentra en firme\u00bb. <\/p>\n
Con todo, enfatiz\u00f3 en que, \u00abcuando se presenta la demanda ejecutiva, anexo a la misma debe acompa\u00f1arse el t\u00edtulo ejecutivo o el t\u00edtulo valor que contenga los requisitos formales y sustantivos legalmente exigibles para que el juez pueda proceder a librar el mandamiento de pago con el que apremia al deudor a honrar la obligaci\u00f3n respectiva, y, en este caso, a la demanda deb\u00eda acompa\u00f1arse la sentencia mediante la cual se impuso la obligaci\u00f3n pecuniaria a cargo de la empresa demandada, junto con la constancia de ejecutoria, sin que resulte posible obviar este \u00faltimo requisito ante la perentoriedad de la exigencia contenida en el num.2\u00ba del art. 114 del C.G.P., sin que pueda sostenerse, como hace el recurrente, que deb\u00eda serle inadmitida la demanda para que la corrigiera, pues de acuerdo con lo previsto en el art. 90 del C.G.P., lo que da lugar a la inadmisi\u00f3n de la demanda es que \u00e9sta carezca de los requisitos formales, lo que no se extiende a otorgar al ejecutante un t\u00e9rmino para que complete el t\u00edtulo ejecutivo, pues \u00e9ste anexo hace parte de los requisitos de fondo de la demanda, de manera que si el documento anexado como base de la ejecuci\u00f3n no contiene los requisitos formales y sustantivos para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo, lo que procede es el rechazo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la circunstancia de que el acreedor de la obligaci\u00f3n es un menor de edad, el colegiado refiri\u00f3 que \u00absi bien es cierto que conforme al art. 44 de la Carta Superior los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes, no por ello puede pretenderse que se les exonere del cumplimiento de la Constituci\u00f3n y la Ley, y si en un caso determinado la aplicaci\u00f3n de una norma resultare vulneradora de alg\u00fan derecho suyo, habr\u00eda que considerar la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, que no se requiere en este caso, dado que obtener la constancia de ejecutoria de la sentencia que se pretende ejecutar por la v\u00eda judicial, no requiere mayor diligencia, ni le impone adelantar alg\u00fan tr\u00e1mite que no est\u00e9 al alcance de toda persona, pues su representante legal o abogado bien puede solicitar al secretario del Despacho Judicial donde fue emitida que coloque la constancia correspondiente, siempre y cuando claro est\u00e1, que la sentencia se hallare ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Providencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito de X, confirmada parcialmente por la Sala Penal del Tribunal Superior, de acuerdo con el hecho segundo del escrito inicial y conforme se constata de la providencia cuestionada a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
3\u0002 Informaci\u00f3n verificada en el expediente remitido a esta Colegiatura por parte de las autoridades encartadas. <\/p>\n
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