STC113-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02289-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de diciembre de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e11, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Granjero Acacire\u00f1o Ltda. contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad La Gran Colombia, conformado para dirimir la controversia entre Pryser S.A. y la entidad accionante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad libelista, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso e igualdad, entre otras, supuestamente vulneradas por el citado tribunal arbitral, en el marco de la causa que se promovi\u00f3 en su contra por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes, el 7 de noviembre de 2018, respecto de un lote de cinco (5) hect\u00e1reas2 ubicado en San Carlos de Guaroa \u2013 Meta; asunto en el que se dict\u00f3 laudo el 13 de abril de 2021, accediendo al petitum.3 <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Granjero Acacire\u00f1o Ltda. cuestion\u00f3, a trav\u00e9s de este mecanismo, la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de 4 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la petici\u00f3n de embargo y secuestro del predio involucrado en la causa, formulada por Pryser S.A., a la vez que se orden\u00f3 (i) el registro del laudo y su posterior decisi\u00f3n aclaratoria en el FMI n.\u00ba 236-69879 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn \u2013Meta, as\u00ed como la consecuente (ii) cancelaci\u00f3n de las anotaciones de transferencia de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuadas despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, el 27 de septiembre de 2022 solicit\u00f3 la nulidad de esa \u00faltima determinaci\u00f3n, entre otros aspectos, porque el auto cuestionado se habr\u00eda dictado despu\u00e9s de la cesaci\u00f3n de funciones del tribunal y su contenido habr\u00eda modificado el laudo, el cual se encontraba debidamente ejecutoriado. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 11 de octubre posterior, el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad La Gran Colombia le notific\u00f3 la respuesta, como si se tratase de una \u00abpetici\u00f3n\u00bb, indic\u00e1ndole que \u00abno existe causal v\u00e1lida para decretarla [la nulidad] porque se profiri\u00f3 conforme al art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso; por lo anterior, no es procedente oficiar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y respecto de los oficios, reitera que ya se hicieron\u00bb; actuaciones que, su conjunto, considera irregulares, porque no se tramit\u00f3 en debida forma esa defensa y porque ese documento carece de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abdeclarar la ilegalidad del Auto No. 13 de fecha mayo 4 de 2021, proferido dentro del Laudo Arbitral No. 2019-001\u00bb; (ii) \u00abdar cumplimiento al numeral sexto de la sentencia de fecha abril 13 de 2021, esto es cancelar la medida cautelar, dejando inc\u00f3lume las anotaciones, ventas y grav\u00e1menes que se registraron mientras estuvo inscrita la demanda\u00bb y (iii) \u00abordenar al Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad Gran Colombia resolver conforme derecho la solicitud de nulidad por ilegalidad del Auto No. 13 fechado mayo 4 de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad La Gran Colombia manifest\u00f3 que \u00abno es posible que se utilice un derecho de petici\u00f3n con el fin de abrir un debate jur\u00eddico de las consecuencias de un laudo arbitral debidamente ejecutoriado. Tanto el laudo como los autos correspondientes siempre fueron comunicados a las partes, sin en su momento realizar observaci\u00f3n alguna. Estamos planteado la ilegalidad de un auto del 4 de mayo de 2021 despu\u00e9s de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de agotar todas las etapas probatorias, el 13 de abril de 2021, se profiri\u00f3 el respectivo laudo arbitral donde se declar\u00f3 resuelto por incumplimiento de la vendedora GRANJERO ACACIRE\u00d1O LTDA el contrato de promesa de compraventa fechado el 7 de noviembre de 2018, suscrito con PRYSER S. A., entre otras disposiciones como fue \u201c\u2026 levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda sobre el predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 236-69879, ubicado en el Municipio de San Carlos de Guaroa-Meta\u201d\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, sostuvo que, \u00abconforme lo ordena el art\u00edculo 591 del C. G. del Proceso, mediante, auto de fecha 13 de mayo de 2021, providencia que fue debidamente notificada a las partes y en su momento no realizaron indicaci\u00f3n alguna al respecto, a\u00fan m\u00e1s al remitirse los oficios de cancelaci\u00f3n de las anotaciones se les corri\u00f3 traslado y no manifestaron inconformidad alguna (\u2026), el TRIBUNAL DE ARBITRAJE ofici\u00f3 a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS P\u00daBLICOS DE SAN MART\u00cdN META para que se cancelar\u00e1 la inscripci\u00f3n de la demanda y todas las anotaciones posteriores a ella, como consecuencia de la sentencia favorable al demandante\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, precis\u00f3 que \u00abse desconoce con certeza a la fecha si la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS P\u00daBLICOS DE SAN MART\u00cdN META dio cumplimiento a la orden de cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda y, por consiguiente, la cancelaci\u00f3n de todas las ordenes de registro posteriores, por cuanto, es deber de las partes el resorte de cumplimiento de esos oficios. No obstante, lo anterior en el mes de junio de 2022 se remiti\u00f3 nuevamente la insistencia sobre dicho cumplimiento, el cual fue comunicado a los apoderados de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La Registradora Seccional de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn \u2013 Meta adujo que \u00abel d\u00eda 25\/04\/2022, se procedi\u00f3 a continuar con el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n del turno 2022-236-6-2865 y a efecto con el registro del laudo arbitral, y de los autos de aclaraci\u00f3n N\u00b0012 y N\u00b0013 los cuales ordenaron: \u201cla cancelaci\u00f3n de las anotaciones de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda\u201d Orden cumplida por este despacho y registrada en los folios de matr\u00edcula 236- 69879 (folio mayor extensi\u00f3n) el cual dio origen en su momento a la apertura de los folios 236-86154 y 236-86155\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abes (\u2026) compleja [la] situaci\u00f3n judicial que ostenta[n] el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 236-69879 y sus segregados frente a la ORDENADO por el centro de conciliaci\u00f3n, toda vez que el Laudo INDICA en su parte resolutiva la CANCELACI\u00d3N de sus INSCRIPCIONES realizadas despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de Demanda, es por ello que los folios segregados NO cuentan con vida jur\u00eddica y por tal se encuentran en estado CERRADO; respecto de la CANCELACI\u00d3N DE DEMANDA, que habla el fallo de sentencia del laudo arbitral (sic) de fecha 13\/04\/2021 n\u00fam.. 6, es referente a la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 4 del FMI-23669879, anotaci\u00f3n que en su momento NO saco (sic) del comercio al predio (por ello reposa en los folios de matr\u00edcula objeto de tutela como inscripci\u00f3n No. 2 el traslado de anotaci\u00f3n de DEMANDA), anotaci\u00f3n a su vez mutada a los 3030 folios segregado el cual podr\u00eda realizar su correcci\u00f3n de cancelaci\u00f3n mediante turno 2022-236-3-208\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que \u00abeste despacho queda en la disposici\u00f3n de la Orden de CANCELACI\u00d3N del fallo de sentencia S\/N del 13\/04\/2021 por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE CONCILIACI\u00d3N, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICI\u00d3N DE LA UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA, en el entendido de dejar inc\u00f3lumes los actos de LOTEOS Y COMPRAVENTAS\u00bb. <\/p>\n
3. Fernando Eli\u00e9cer Bernal Pardo y \u00c1ngela Sheila Bonilla Lancheros, \u00e1rbitro presidente y secretaria del tribunal, en su orden, se acogieron a los argumentos esgrimidos por la directora del Centro de Conciliaci\u00f3n y resaltaron que \u00abel Tribunal orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la medida de la inscripci\u00f3n de la demanda y para ello libr\u00f3 las comunicaciones correspondientes a la Oficina de Registro, por lo que carece de sustento legal y f\u00e1ctico la pretensi\u00f3n de la presente tutela. Tanto el auto 13 como los oficios enviados a la Oficina de Registro son legales, con pleno de conocimiento de las partes en su momento. Por lo anterior, la petici\u00f3n de la tutelante resulta a todas luces improcedente si se tiene en cuenta que el registro del laudo fue ordenado en la sentencia como la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n y de las anotaciones posteriores, al triunfar las pretensiones del demandante\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, expusieron que \u00abel 8 de julio de 2022, antes las reiteradas inquietudes, se realiz\u00f3 una reuni\u00f3n informal virtual con las partes y sus apoderados donde se les volvi\u00f3 a reiterar y explicar la posici\u00f3n del TRIBUNAL DE ARBITRAJE, y donde se les indic\u00f3: (i) Que no se pod\u00eda decretar medidas nuevas, ni decisiones nuevas, porque el tema del proceso se cerr\u00f3 con el fallo arbitral. (ii) Que la cancelaci\u00f3n de la medida de inscripci\u00f3n de la demanda reca\u00eda sobre el predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 236-69879, y sobre las anotaciones realizadas posteriores en ese fallo arbitral. (iii) Que cualquier conciliaci\u00f3n o decisi\u00f3n de las partes no pod\u00eda cambiar lo que ya se hab\u00eda decidido en el laudo arbitral porque estaba avalado por la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT\u00c1, en firme y ejecutoriado. (iv) Que cualquier cambio de las decisiones tomadas en el fallo podr\u00eda afectar intereses de terceros. (v) Que ellos deb\u00edan gestionar el cumplimiento del oficio de la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares ante la OFICINA DE REGISTRO [D]E INSTRUMENTOS P\u00daBLICOS, porque el TRIBUNAL DE ARBITRAJE ya hab\u00eda cumplido con la remisi\u00f3n del oficio y la insistencia del mismo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluyeron que \u00abno es entendible c[\u00f3]mo se realizan actos de transferencia y urban\u00edsticos o apertura de nuevas matr\u00edculas, sobre un predio que reca\u00eda una inscripci\u00f3n de demanda, y donde las partes asum\u00edan la responsabilidad de las resultas del proceso. Es claro que en el proceso arbitral triunfo (sic) las pretensiones del DEMANDANTE, luego la orden era registrar la sentencia y por ley cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda y las anotaciones posteriores que se hayan realizado despu\u00e9s de esta, conforme al art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General, inciso final. Es importante resaltar que las partes en su momento no manifestaron ninguna oposici\u00f3n frente a las decisiones de ejecuci\u00f3n del laudo arbitral en relaci\u00f3n a (sic) las medidas cautelares, adem\u00e1s [de] que jam\u00e1s se decretaron medidas cautelares nuevas o inventadas por Tribunal. Lo que se present\u00f3 verdaderamente en el presente caso es que, tal como lo indica la apoderada GRANJERO ACACIRE\u00d1O, en la acci\u00f3n de tutela, en el mes de abril de 2022, es que entre las partes llegaron a un acuerdo de pago y quer\u00edan que el laudo, ya ejecutoriado, no se cumpliera, y se cancelara[n] todas las medidas ordenadas y oficiadas. Un acuerdo conciliatorio posterior al laudo ejecutoriado no puede cambiar los efectos de este\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo, porque, \u00abentre la fecha en que el Tribunal de Arbitramento emiti\u00f3 el auto del que ahora se duele la accionante (4 de mayo de 2021) y la radicaci\u00f3n de la presente demanda de tutela (18 de octubre de 2022), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, sin que se hubiera justificado id\u00f3neamente la tardanza en acudir a este reclamo constitucional, circunstancia que disminuye la eficacia de la tutela como medio para salvaguardar derechos de raigambre fundamental\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00abel escrito radicado en septiembre de 2022 (en el que se pidi\u00f3 la nulidad del auto en menci\u00f3n), no tiene la virtualidad para enervar la ausencia del citado requisito ni para interrumpir el lapso que jurisprudencialmente se ha se\u00f1alado como prudente para promover un reclamo constitucional de este tipo, habida cuenta que el menoscabo aducido en este escenario habr\u00eda tenido ocurrencia en el instante concreto en que se emiti\u00f3 la providencia hoy cuestionada, en atenci\u00f3n a que desde ese momento la sociedad actora y su apoderada eran conocedoras de la determinaci\u00f3n en cuanto a la cancelaci\u00f3n de anotaciones en el folio de matr\u00edcula respectivo\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, expuso que \u00abla actora no se sirvi\u00f3 de los mecanismos con los que contaba dentro del tr\u00e1mite arbitral subyacente para plantear all\u00ed, en el escenario natural, los reparos e inconformidades ahora arg\u00fcidos frente a la decisi\u00f3n que reprocha. Es de ver, entonces, que aquella no cuestion\u00f3 por v\u00eda ordinaria la providencia dictada el 4 de mayo de 2021 -espec\u00edficamente su ordinal segundo-, teniendo a su disposici\u00f3n el recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 CGP, que establece que todos los autos gozan de tal medio de impugnaci\u00f3n, excepto los eventos en los que la ley establezca lo contrario\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que \u00aben lo que ata\u00f1e a la pretensi\u00f3n subsidiaria y al reproche circunscrito al correo recibido respecto de la solicitud de nulidad que present\u00f3 el 27 de septiembre de 2022, se pone de presente que si la accionante estima que la autoridad convocada debi\u00f3 darle un tr\u00e1mite distinto a su memorial pues no comportaba un \u2018derecho de petici\u00f3n\u2019 sino una petici\u00f3n judicial, ha debido plantear ante ella tal situaci\u00f3n para que all\u00ed fuera definido el asunto, de donde no le es dado al juez de tutela interferir en una cuesti\u00f3n que ni siquiera se ha debatido o formulado en el curso de la actuaci\u00f3n subyacente, circunstancia \u00e9sta que tambi\u00e9n redunda en la ausencia del ya analizado requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada de la sociedad censora recurri\u00f3 la precitada providencia, exponiendo que \u00abla acci\u00f3n constitucional incoada, nace desde el mismo momento en que el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad Gran Colombia decide resolver una solicitud de NULIDAD, como si fuera un oficio cualquiera, sin las formalidades de ley, desobedeciendo el art\u00edculo 279 del C\u00f3digo General del Proceso y vulnerando el derecho al debido proceso, en conexidad con el Derecho al Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, el art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, toda vez que impide ejercer el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, anot\u00f3 que, \u00abrespecto de la falta de inmediatez como requisito de procedibilidad de la Acci\u00f3n Constitucional, es necesario aclarar que la respuesta dada por El Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad Gran Colombia, fue puesto en conocimiento de la suscrita el 11 de octubre de 2022, como se inform\u00f3 en la precitada acci\u00f3n y se prob\u00f3 con la trazabilidad allegada\u00bb, y que \u00abrespecto de la SOLICITUD DE NULIDAD del auto No. 13, fechado mayo 4 de 2021, es necesario aclarar que si bien es cierto han pasado 17 meses desde su emisi\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que el trascurrir del tiempo JAMAS subsana ni mucho menos legaliza una decisi\u00f3n proferida sin los requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal arbitral, conformado para dirimir la controversia entre Pryser S.A. y la entidad accionante, incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de la referencia, (i) por expedir el prove\u00eddo de 4 de mayo de 2021, en el cual orden\u00f3 el registro del laudo y su auto de aclaraci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula respectivo, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de las anotaciones posteriores a la inscripci\u00f3n de la demanda; y (ii) por denegar el tr\u00e1mite de una \u00abnulidad\u00bb, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que, en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, con soporte en las anteriores premisas, los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente, la Sala precisa que respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, dado que no supera los aludidos presupuestos gen\u00e9ricos de viabilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Sobre la inmediatez. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la decisi\u00f3n del Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Universidad La Gran Colombia, a trav\u00e9s de la cual se dispuso el registro del laudo y su aclaraci\u00f3n en el FMI respectivo, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de las anotaciones efectuadas con posterioridad a la inscripci\u00f3n de la demanda, data del 4 de mayo de 2021, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 18 de octubre de 2022; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que este se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sociedad presuntamente afectada con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la determinaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
Al respecto, se ha recalcado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso la parte actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la sociedad promotora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. Lo anterior, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la presentaci\u00f3n de la solicitud de \u00abnulidad\u00bb tampoco tiene la entidad de interrumpir el citado lapso o de flexibilizar su aplicaci\u00f3n, pues, en todo caso, aquella se radic\u00f3 en septiembre de 2022, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de ocurrida la supuesta trasgresi\u00f3n iusfundamental (4 de mayo de 2021). <\/p>\n
3.2. Sobre la subsidiariedad. <\/p>\n
Ahora bien, aun de superarse la anotada deficiencia, el resguardo tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, si en criterio de la sociedad reclamante se suscitaron las irregularidades denunciadas en el prove\u00eddo que acaba de verse, debi\u00f3 haberlas expuesto en el curso del respectivo asunto \u2013v. gr., a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013; oportunidad que desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. <\/p>\n
En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso del mecanismo que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la persona jur\u00eddica solicitante, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de la parte interesada, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. Precisi\u00f3n final. <\/p>\n
Sobre los dem\u00e1s cuestionamientos aducidos por la entidad inconforme, en especial, en lo que respecta a la supuesta vulneraci\u00f3n del debido proceso por la falta de tramitaci\u00f3n de una solicitud de nulidad \u2013con fundamento en los argumentos tra\u00eddos a esta sede, sobre la \u00abilegalidad\u00bb del auto de 4 de mayo de 2021\u2013, colige la Sala que, ciertamente, pese al referido motivo de disenso, aquella no realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n frente a esa resoluci\u00f3n en el escenario pertinente, por lo que, nuevamente, el reclamo pretermite el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda solicitada por Granjero Acacire\u00f1o Ltda. desatiende los criterios de inmediatez y subsidiariedad que rigen este mecanismo, por lo que se ratificar\u00e1 la inviabilidad decretada en el primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Providencia expedida luego de que, con auto ATC1706-2022, 16 nov., esta Corporaci\u00f3n decretara la nulidad por la falta de notificaci\u00f3n (i) del \u00e1rbitro \u2013\u00fanico\u2013 Fernando Eli\u00e9cer Bernal Pardo; (ii) de la secretaria, \u00c1ngela Sheila Bonilla Lancheros; (iii) de la sociedad demandante, Pryser S.A.; y (iv) de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn \u2013 Meta. <\/p>\n
2\u0002 Informaci\u00f3n extractada del laudo de 12 de abril de 2021: \u00ablote de 5 hect\u00e1reas que se segregar\u00eda de un lote de 298 hect\u00e1reas. La matr\u00edcula inmobiliaria del lote matriz es la No. 236-69879 y la c\u00e9dula catastral No. 00 01 0002 0040 000, ubicado en el Municipio de San Carlos de Guaroa-Meta\u00bb (f. 1). <\/p>\n
3\u0002 Esa resoluci\u00f3n fue objeto del recurso de anulaci\u00f3n de laudo arbitral, el cual fue declarado infundado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con providencia de 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC113-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02289-02 (Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70069","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70069","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70069"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70069\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70069"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70069"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70069"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}