STC116-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC116-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 5 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diuvis Yaneth Castro P\u00e9rez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el ejecutivo 2021-00009 y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Monter\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdignidad y trato procesal igualitario\u00bb que estima lesionados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Dijo que formul\u00f3 demanda ejecutiva contra el Municipio de Puerto Libertador cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, despacho que, con auto de 2 de marzo de 2021, la admiti\u00f3 luego de advertir que \u00abten\u00eda competencia para asumir el conocimiento\u2026 en raz\u00f3n de la cuant\u00eda\u2026 y los documentos tra\u00eddos con la demanda reun\u00edan las exigencias del art. 442 y 424 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que la entidad territorial ejecutada, al contestar la demanda, \u00abimpugn\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n al interior de la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u201cel acuerdo de pago de fecha 24 de febrero de 2014 aportado con la demanda ser\u00eda un acto de cumplimiento o ejecuci\u00f3n que no puede contrariar la providencia judicial que ejecuta\u201d [sic]\u00bb, frente a la cual no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna en la oportunidad procesal correspondiente, convoc\u00e1ndose a audiencia concentrada, la que \u00abtras ser pospuesta [en varias oportunidades] se reanud\u00f3\u2026 el [11] de noviembre [de 2022]\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en la oportunidad rese\u00f1ada precedentemente y \u00abantes de que iniciara el desenlace de las etapas de la audiencia reanudada\u00bb el juez cognoscente \u00abprofiri\u00f3 auto que declaraba de forma inoportuna e improcedente su falta de jurisdicci\u00f3n para proseguir el asunto, vali\u00e9ndose de sus poderes de saneamiento oficioso sobre los yerros jur\u00eddicos que no configuraban nulidad procesal, por considerar que la obligaci\u00f3n ejecutada derivaba de una sentencia proferida por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb por lo que orden\u00f3 \u00absin otorgar recurso alguno, enviar el expediente al juzgado primero administrativo de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. La queja constitucional de la censora estriba en que la c\u00e9lula judicial accionada no hubiera permitido impugnar la declaratoria de ausencia de jurisdicci\u00f3n, pronunciamiento que dice fue \u00abprovocado a pedido de parte\u00bb, incurriendo, por esa v\u00eda, en defecto procedimental. <\/p>\n
En torno a ello asegur\u00f3 que, si bien tal prove\u00eddo fue producto de un control de legalidad realizado por el funcionario cognoscente con fundamento en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso -que tambi\u00e9n califica de inoportuno-, lo cierto es que en el mismo resolvi\u00f3 la \u00abexcepci\u00f3n previa\u00bb propuesta por la ejecutada, de all\u00ed que fuera procedente \u00ablevantarse en rebeld\u00eda\u00bb frente al mismo. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, entonces, remover los efectos \u00abde lo actuado desde el inicio de la vista p\u00fablica\u2026 inclusive el ato del 11 de noviembre de 2022\u00bb y que como consecuencia de lo anterior se ordene \u00ab(\u2026) que el juzgado transgresor resuelva el debate sobre la falta de jurisdicci\u00f3n propuesta por excepci\u00f3n previa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial convocada efectu\u00f3 un recuento de lo actuado y resalt\u00f3 que se \u00abha garantizado el derecho a la defensa y al debido proceso de cada una de las partes y\u2026 se encuentra ajustad[o] a las disposiciones contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, por lo que no ha configurado violaci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo pues el tr\u00e1mite procesal fustigado se encuentra en curso, estando pendiente -para el momento de la contestaci\u00f3n- que el juez administrativo, a quien se le remiti\u00f3 el expediente, se pronuncie en torno a la declaratoria de falta de competencia y proponga, de ser el caso, la respectiva colisi\u00f3n negativa. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Monter\u00eda, por conducto de apoderado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdel an\u00e1lisis del escrito de tutela no es posible especificar claramente la v\u00eda de hecho\u2026 que afecta las providencias atacadas, ya que\u2026 el actor no desarrolla con suficiencia los requisitos generales de procedencia, con naturaleza procesal y las causales espec\u00edficas de procedibilidad, de naturaleza sustantiva, condiciones estas que la jurisprudencia constitucional ha establecido para analizar la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda pues \u00abfue acertada la apreciaci\u00f3n del se\u00f1or juez de no admitir recurso, pues as\u00ed expresamente lo menciona el inciso primero del art. 139 [del C.G.P.]\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n a\u00fan se encuentra en curso, por lo que es en la misma donde \u00abse debe generar el\u2026 debate\u00bb aqu\u00ed propuesto, de all\u00ed que el juez constitucional no se encuentre autorizado para intervenir, m\u00e1xime cuando no se evidencia un perjuicio inminente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora insistiendo en \u00ablo irregular de proceder a decretar la falta de jurisdicci\u00f3n ya prorrogada la competencia, en momentos en que se hab\u00eda extinguido la oportunidad oficiosa\u00bb y de no permitir la censura de dicha determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos ordinarios, circunstancias que, dice, no fueron abordadas por la sala a quo \u00abcon la seriedad y prestancia esperadas por su alta alcurnia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el amparo cumple con el requisito de subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si el juzgado accionado lesion\u00f3 las prerrogativas de Diuvis Yaneth Castro P\u00e9rez, al declarar la falta de jurisdicci\u00f3n para continuar conociendo del proceso ejecutivo incoado contra el Municipio de Puerto Libertador. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
El precedente constitucional tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un da\u00f1o irreparable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, pero no por las razones que tuvo la colegiatura para no acceder a las s\u00faplicas de la gestora, sino porque el resguardo desatiende el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen a la actuaci\u00f3n debatida y, tal como pudo comprobarse, el tr\u00e1mite judicial recriminado se encuentra cursando pues recientemente (16 de diciembre de 2022) el Juzgado Primero Administrativo de Monter\u00eda rehus\u00f3 la competencia para continuar adelantando el compulsivo sobre el que recae la salvaguarda y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para que se pronuncie de plano respecto de la colisi\u00f3n propuesta. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se pretenda proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en las instancias oportunas, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley, y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado. <\/p>\n
En esas condiciones, acudir al auxilio constitucional resulta improcedente mientras el tr\u00e1mite procesal est\u00e9 surti\u00e9ndose, m\u00e1xime cuando, de un lado, no se avizora la inminencia de un perjuicio que haga inaplazable la intervenci\u00f3n del juez de tutela y, de otro, el pronunciamiento en torno a temas como el ac\u00e1 propuesto deber\u00e1 ser abordado por el Tribunal Constitucional al momento de desatar el conflicto de jurisdicciones. <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se refrendar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado, pero porque el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que, como el proceso se encuentra en tr\u00e1mite, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste deben ser dirimidas al interior de la actuaci\u00f3n y en las instancias correspondientes, lo que impide la injerencia del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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