STC117-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC117-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-001-2022-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma localidad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita en consecuencia se ordene \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia del dos (2) de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, dentro del proceso 20001-40-03-005-2019-00277-00 (\u2026) en consecuencia de lo anterior, confirmar la sentencia del 15 de enero de 2021, emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Yoladis Ruiz Mayorga inici\u00f3 el referido juicio en contra de la aqu\u00ed accionante para reclamar el amparo por $100\u00b4000.000,oo pactado en el contrato de seguro que celebr\u00f3 el 24 de octubre de 2016, que cubr\u00eda entre varios riesgos, incapacidad total y permanente, toda vez que el 27 de octubre de 2017 fue calificada con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 100% por un diagn\u00f3stico de \u00abdisfon\u00eda, hipotiroidismo, trastorno de disco lumbar, trastorno depresivo frecuente y trombocitopenia primaria\u00bb. <\/p>\n
2.2. Dentro del juicio la aseguradora excepcion\u00f3 la nulidad del contrato de seguro por reticencia, porque la historia cl\u00ednica de la demandante indica que es una \u00abpaciente con cuadro de disfon\u00eda de 7 a\u00f1os de evoluci\u00f3n que se exarb\u00f3 (sic) hace 7 meses\u00bb, por lo que se trataba de un padecimiento anterior a la adquisici\u00f3n de la p\u00f3liza, que no fue reportado a la aseguradora. <\/p>\n
2.3. El 15 de enero de 2021 el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar dict\u00f3 sentencia donde declar\u00f3 probada la aludida defensa y en consecuencia neg\u00f3 todas las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante y fue revocada el 2 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar acceder a los pedimentos. <\/p>\n
2.4. La queja de la promotora radica en que el juzgador de segunda instancia aplic\u00f3 \u00aberradamente\u00bb el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abadicion\u00e1ndole ingredientes normativos a la disposici\u00f3n consistentes en imponer[le] cargas (\u2026) como obligarla a verificar el estado del riesgo del tomador, se\u00f1alando que debi\u00f3 adelantar toda clase de actividades, \u201cpesquisas\u201d, investigaciones y todas las acciones necesarias y cuya consecuencia pasiva conlleva a la improcedencia de la solicitud de configuraci\u00f3n de la nulidad relativa alegada\u00bb, condiciones que, precis\u00f3, no fueron objeto de debate dentro del proceso y en cambio s\u00ed qued\u00f3 probada la reticencia de la tomadora y beneficiaria del seguro. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar defendi\u00f3 su decisi\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que se ajust\u00f3 a la normativa la jurisprudencia aplicable, que en conjunto asignan la carga a la aseguradora de \u00abrealizar las \u201cpesquisas\u201d para verificar la informaci\u00f3n dada por los asegurados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Yoladis Ruiz Mayorga expuso argumentos para mantener el fallo cuestionado, basados en jurisprudencia emitida sobre el particular por esta Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras citar aparte del fallo cuestionado que consider\u00f3 relevantes y de su an\u00e1lisis concluir que los argumentos all\u00ed plasmados no resultan antojadizos, caprichosos o subjetivos, sin que la discrepancia con lo resuelto que expone la gestora, sea suficiente para habilitar la protecci\u00f3n constitucional, ya que lo evidenciado es una diferencia de criterio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante insistiendo en similares argumentos a los que expuso en el escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que la interpretaci\u00f3n realizada por el juzgado accionado sobre el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, se aparta ostensiblemente del contenido de la norma, lo que constituye un defecto sustantivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. se duele de la sentencia de 2 de septiembre de 2022 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 15 de enero de 2021 del Juzgado Quinto Civil Municipal de la misma ciudad, para en su lugar acceder a las pretensiones, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil contractual que Yorladis Ruiz Mayorga promovi\u00f3 contra aquella, pues, en sentir de la actora, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida interpretaci\u00f3n de la normatividad y la jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n de segunda instancia no se torna arbitraria. <\/p>\n
En la precitada providencia la autoridad jurisdiccional accionada consider\u00f3 que, <\/p>\n
La informaci\u00f3n validada por el a quo en el formato solicitud seguro de vida, debi\u00f3 haber sido contrastada en su todo y no de manera fragmentada y as\u00ed concluir si existi\u00f3 o no la supuesta mala fe de la asegurada al omitir en el recuadro de antecedentes personales (casilla 12) el se\u00f1alamiento positivo de alg\u00fan antecedente. Un an\u00e1lisis integral del citado documento, permite evidenciar en el formulario de solicitud de seguro, pregunta en la l\u00ednea 9 de la misma casilla 12, encaminada a establecer si el asegurado est\u00e1 dispuesto a realizarse un examen m\u00e9dico, a lo que la se\u00f1ora YORLADYS contest\u00f3 afirmativamente, de tal suerte que si su intenci\u00f3n era ocultar el estado real de su salud pues no resulta coherente que no se niegue a practicarse el examen m\u00e9dico que requiera la aseguradora, en el mismo sentido, quedo plasmado en el formulario expuesto en la casilla 11 el hecho de estar medicada, lo que supondr\u00eda el padecimiento de alguna enfermedad; de esta manera es derruido para esta falladora la supuesta mala fe endilgada en primera instancia a la se\u00f1or YOLADYS RUIZ MAYORGA. <\/p>\n
A lo cual agreg\u00f3 que, <\/p>\n
En este sentido y para dar respuesta al primer problema jur\u00eddico planteado, se puede afirmar que la demandante, incurri\u00f3 en reticencia al momento de suscribir el contrato de seguro de vida individual n\u00famero 3700001998 con POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A., por lo que se hace imperioso abordar la reticencia y su causalidad de nulidad relativa del contrato de seguro, como se dijo en un principio, no solo desde la \u00f3ptica del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, si no la interpretaci\u00f3n que ha decantado la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia de dicho aparte normativo. <\/p>\n
El precitado art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio prev\u00e9 que la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia del tomador se encuentra supeditada a hechos o circunstancias que de haberlos conocido el asegurador lo hubieran retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas. <\/p>\n
As\u00ed entonces tiene la obligaci\u00f3n el asegurador de demostrar esta \u00faltima condici\u00f3n planteada. <\/p>\n
Postura en la cual ahond\u00f3 al explicar que, <\/p>\n
Lo expuesto lo respald\u00f3 en la sentencia SC3791-2021, <\/p>\n
\u00aben la cual se reitera lo expuesto en las providencias CSJ. Civil. Sentencia de 26 de abril de 2007, expediente 04528 y CSJ. Civil. Sentencia de 2 de agosto de 2001, expediente 06146\u00bb, con sustento en lo cual consider\u00f3 que \u00aben el caso en marras, correspond\u00eda a POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A., asumir una actitud proactiva, diligente a efectos de corroborar lo manifestado por la se\u00f1ora YORLADYS en el formulario de solicitud de seguro de vida, en procura de conocer el verdadero estado de riesgo que le corresponde asumir en su actividad aseguraticia, a pesar, de la buena fe que arropa lo expresado por el asegurado, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en la sentencia referida anteriormente lo dicho en CSJ. Civil. Sentencia de 2 de agosto de 2001, expediente 06146: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00abno toda reticencia o no toda inexactitud est\u00e1n llamadas, ineluctablemente, a eclipsar la intenci\u00f3n del asegurador (\u2026). De ah\u00ed que, en determinadas y muy precisas circunstancias, en puridad, puede mediar un ocultamiento; aflorar una distorsi\u00f3n o fraguarse una falsedad de \u00edndole informativa y, no por ello, irremediablemente, abrirse paso la anulaci\u00f3n en comento\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo expuesto le sirvi\u00f3 de supuesto para anotar que, <\/p>\n
Para que la reticencia produzca efectos de nulidad relativa sobre el contrato de seguro se hace necesario comprobar que en efecto lo que se ha declarado con inexactitud, sea sumamente relevante para que el asegurador se vea en la obligaci\u00f3n de abstenerse de asumir el estado se riesgo, lo cual adem\u00e1s debe demostrarlo qui\u00e9n pretenda dicha nulidad, lo cual no se avizora en el presente caso, m\u00e1xime cuando la aseguradora , asumi\u00f3 una actitud totalmente pasiva frente a la declaraci\u00f3n de riesgo realizada por la demandante, cuando le correspond\u00eda en palabras de la Corte Suprema de Justicia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) del cariz profesional inherente a la actividad aseguradora es cosa que no admite discusiones. Mas, el trasunto de todo est\u00e1 en que al ponderar los alcances del concepto \u201cdebido conocer\u201d de que da cuenta la norma, es indispensable comprender que si el asegurador, teniendo a su alcance la posibilidad de hacer las averiguaciones que lo lleven a establecer el genuino estado del riesgo, omite adelantarlas, no obstante que cuenta con elementos que invitan a pensar que existen discrepancias entre la informaci\u00f3n del tomador y la realidad, queda irremisiblemente vinculado a la relaci\u00f3n aseguraticia sin que al efecto pueda invocar la nulidad para enervarla, pues en entredicho su diligencia y el cardinal principio de la prudencia \u2013en \u00faltimas su profesionalismo-, es claro que en tales condiciones emerge un conocimiento presunto de \u201clos hechos y circunstancias sobre que versan los vicios de la declaraci\u00f3n\u201d, por lo que la nulidad ya no obra, desde luego, ins\u00edstase, que el enteramiento anterior se yergue como una de las excepciones concebidas por el legislador para que la nulidad no opere fatalmente (Subraya intencional). (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, concluy\u00f3 el juzgado accionado, <\/p>\n
Seg\u00fan lo adoctrinado por la Corte Suprema de Justicia y su apoyo en la Corte Constitucional en el tema objeto de estudio, la sola reticencia o inexactitud no es causal de nulidad relativa del contrato de seguro, por cuanto como ya se ha reiterado se debe comprobar la inferencia de lo ocultado por el tomador del seguro en la celebraci\u00f3n de dicho contrato en primer lugar y por otra parte cuando el asegurador estando en plena facultad y teniendo las herramientas para adelantar acciones que le permitan corroborar el estado de riesgo declarado, se limita a no hacerlo, convalida la condici\u00f3n aseguraticia, lo que imposibilita invocar la nulidad relativa de dicho contrato, situaci\u00f3n que se dio en el caso sub lite. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo expuesto es el desacuerdo con el an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial que efectu\u00f3 el juzgado accionado para arribar a la citada decisi\u00f3n, por virtud del cual concluy\u00f3 que no solo la asegurada no actu\u00f3 de mala fe al momento de celebrar el contrato de seguro, sino que adem\u00e1s, no estaban dados los supuestos para que la reticencia en que incurri\u00f3 \u00e9sta acarreara la nulidad de dicho acuerdo de voluntades, habida cuenta que la aseguradora cont\u00f3 con la posibilidad de constatar el estado del riesgo informado por aquella y nada hizo al respecto, adem\u00e1s de que no se prob\u00f3 que tal reticencia la hubiera retra\u00eddo de contratar o lo hubiera hecho en condiciones diferentes. <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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