STC118-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC118-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01505-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 13 de septiembre de 2022, con la cual se ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso en la acci\u00f3n de tutela promovida por William Cifuentes Garc\u00eda, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y los Juzgados 26 Penal del Circuito y 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2016-04664-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. A ra\u00edz de la denuncia formulada por F\u00e9lix Lombana, el 29 de marzo de 2019 el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 al tutelante a una pena de 100 meses de prisi\u00f3n, tras encontrarlo responsable por la comisi\u00f3n de los delitos de falsedad material en documento p\u00fablico y privado, y estafa agravada. <\/p>\n
2.2. Ante tal determinaci\u00f3n, el actor present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal encarado -con sentencia del 11 de febrero de 2021- resolvi\u00f3 confirmar lo resuelto por el A-quo. En consecuencia, impetr\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue declarado desierto por la misma autoridad el 31 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.3. Con base en lo anterior, aleg\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite no tuvo una defensa t\u00e9cnica justa y que la sentencia condenatoria carece de pruebas suficientes para sustentar su responsabilidad. Igualmente, se duele de que el Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1, no le ha concedido la prisi\u00f3n domiciliaria a pesar de la solicitud realizada el pasado 18 de enero de 2022. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se ordene a las autoridades cuestionadas que \u00abdentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda al amparo de los derechos fundamentales violados\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Fiscal Seccional 144 Grupo de Juicios de Bogot\u00e1, luego de relatar sus actuaciones dentro del proceso Penal adelantado en contra del accionante, solicit\u00f3 negar el amparo. Recalc\u00f3 que en dicha causa no se han desconocido los derechos fundamentales esgrimidos por el gestor. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que efectivamente conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n propuesta contra el fallo condenatorio proferido por el Juzgado 26 Penal del Circuito de esta ciudad. Determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 mediante sentencia del 11 de febrero de 2021. <\/p>\n
3. El Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que tiene a su cargo la vigilancia de la condena impuesta al quejoso, raz\u00f3n por la cual, mediante auto del 19 de julio de 2022, resolvi\u00f3 negar la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria pretendida, absteni\u00e9ndose de estudiar la petici\u00f3n de prisi\u00f3n domiciliaria por grave enfermedad, ello teniendo en cuenta que a\u00fan no se ha hecho efectiva la orden de captura librada en su contra. Implor\u00f3 que se niegue el amparo solicitado, pues lo que persigue el impulsor es que se reabra un debate que ya culmin\u00f3 con la sentencia condenatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia encontr\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela carece de los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. Adem\u00e1s, destac\u00f3 la configuraci\u00f3n de un hecho superado frente a la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, resolvi\u00f3 amparar el debido proceso invocado por el actor, pues \u00abaunque la delegada de la Fiscal\u00eda afirma que comunic\u00f3 la orden de archivo al actor, no aport\u00f3 prueba de ello pese a que as\u00ed fue expresamente requerido en el auto que dispuso su vinculaci\u00f3n, situaci\u00f3n que adquiere relevancia ante la manifestaci\u00f3n del accionante de no tener conocimiento de la ocurrido con la denuncia que formul\u00f3 contra F\u00e9lix Ernesto Lombana\u00bb. Por lo anterior, orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda 248 Seccional de Bogot\u00e1 \u00abque, si a\u00fan no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, comunique al actor y al Ministerio P\u00fablico la orden de archivo proferida el 20 de enero de 2017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abno se tuvo en cuenta que los denunciantes debido al hostigamiento y constre\u00f1imiento que ejercieron en contra m\u00eda superaron todos los niveles que se pueden considerar en una familia com\u00fan y corriente\u00bb Adem\u00e1s que el desconocimiento de fondo de la falla en el servicio por parte de la Fiscal\u00eda 248 Seccional, se evitar\u00eda una condena de 100 meses debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del libelista con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal accionado el 11 de febrero de 2021, con la cual se confirm\u00f3 el fallo condenatorio del 29 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogot\u00e1. As\u00ed como la mora injustificada en la que presuntamente incurri\u00f3 el Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe al no resolver la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria elevada el 18 de enero de 2022. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
3. De entrada, la Sala observa el incumplimiento del requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 las determinaciones criticadas -el 11 de febrero y 31 de agosto de 2021-, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -el 26 de julio de 2022-. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido las decisiones objeto de reproche. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. Por supuesto, en el presente asunto no se evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio anotado. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, la Sala tambi\u00e9n encuentra la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, si bien el promotor present\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n de segunda instancia proferida el 11 de febrero de 2021, lo hizo sin el cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004. Es decir, despreci\u00f3 el mecanismo de defensa que ten\u00eda a su alcance para ejercer la defensa de sus derechos y que ahora pretende hacer valer por esa v\u00eda subsidiaria. Por tanto, es clara la improcedencia del ruego. Ciertamente, la incuria en la utilizaci\u00f3n del recurso establecido para atacar los desacuerdos frente a la determinaci\u00f3n del juez, imposibilitan el uso de esta senda constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020) <\/p>\n
5. Ahora bien, en cuanto a lo esgrimido por el quejoso referente a la deficiente defensa t\u00e9cnica que tuvo al interior del tr\u00e1mite, es preciso indicar que esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples oportunidades ha sostenido que esta circunstancia, <\/p>\n
(\u2026) no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (CSJ STC, 22 ene. 1999, rad. 5715, CSJ STC3925-2017 reiterado en CSJ STC13941-2021). <\/p>\n
6. Por otro lado, en cuanto a la presunta mora injustificada endilgada al Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, al no dar tr\u00e1mite a la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria elevada por el querellante el 18 de enero de 2022, es claro que la misma ya fue resuelta. En efecto, una vez verificado el sistema de consulta de procesos de la rama judicial se pudo constatar que, mediante prove\u00eddo del 19 de julio pasado, notificado el 25 de agosto del 2022, estando en tr\u00e1mite la acci\u00f3n tutelar, la autoridad debatida neg\u00f3 el pedimento implorado por el accionante. Determinaci\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, recursos que est\u00e1n pendientes de ser desatados. <\/p>\n
En cumplimiento de esa determinaci\u00f3n, se evidencia que, mediante memorial allegado el 9 de noviembre de 2022, el ente acusador remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de archivo de la investigaci\u00f3n al libelista, la cual fue enviada al correo electr\u00f3nico fenartecol@hotmail.es en la misma fecha. En una palabra, se constata que la omisi\u00f3n denunciada frente a la autoridad citada ya fue conjurada -en cumplimiento del veredicto de tutela-. Por ello, no habr\u00eda ninguna orden que impartir. <\/p>\n
8. Por lo aqu\u00ed expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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