STC123-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC123-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00074-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 4 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Magali Delgado Gelpud, contra los Juzgados Civil del Circuito de T\u00faquerres y Promiscuo Municipal de Ospina, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado n\u00famero 2021-00005-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 el 8 de febrero de 2021 contra el Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE, present\u00f3 como t\u00edtulo valor facturas de venta de medicamentos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina Nari\u00f1o en sentencia de 4 de abril de 2022 orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n, luego aprob\u00f3 liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, costas y agencias en derecho. <\/p>\n
Explic\u00f3 que solicit\u00f3 \u00abdecretar el embargo y retenci\u00f3n de hasta la tercera parte de los ingresos brutos que, por cr\u00e9ditos, venta de servicios de salud, u otros derechos le adeude (\u2026), EMSSANAR EPS., (\u2026) a la Centro De Salud San Miguel Arcangel de Ospina E.S.E.\u00bb., petici\u00f3n que atendi\u00f3 el a quo con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, y la mencionada EPS retuvo la \u00ab1\/3 parte de los pagos que (\u2026) realiza a favor de la E.S.E. demandada por servicios prestados\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la ESE ejecutada promovi\u00f3 incidente de levantamiento de la medida, y de manera err\u00f3nea sostuvo que pertenecen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, y el Juzgado de conocimiento accedi\u00f3 en providencia de 21 de mayo de 2021 con sustento en que esos dineros son inembargables, est\u00e1n destinados espec\u00edficamente a la financiaci\u00f3n del r\u00e9gimen subsidiado en salud por lo que no hab\u00eda duda que, los recursos embargados por cuenta de contratos bajo la modalidad de capitaci\u00f3n son inembargables destinados espec\u00edficamente a la prestaci\u00f3n del r\u00e9gimen subsidiado en salud, adem\u00e1s no advirti\u00f3 alguna de las excepciones al principio de inembargabilidad. <\/p>\n
Censur\u00f3 que, en esa oportunidad, se resolvi\u00f3 con base en una prueba elaborada por la misma demandada, circunstancia que vulnera el principio de igualdad procesal, atendiendo que quien debe certificar de manera adecuada la destinaci\u00f3n de esos dineros es la administradora de los recursos o la entidad prestadora de servicios de salud. <\/p>\n
Adujo que no se tuvo en cuenta que la demandada es una entidad descentralizada del orden municipal que tiene bajo su custodia y administraci\u00f3n recursos que son inembargables sin excepci\u00f3n, adem\u00e1s no maneja de libre destinaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, si bien el 27 de mayo de 2022 recurri\u00f3 la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el a quo la mantuvo y concedi\u00f3 la alzada, y el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n el 12 de agosto de 2022. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en T-053\/2022, la Corte Constitucional aclar\u00f3 las excepciones a la inembargabilidad que recaen \u00fanicamente en los recursos del Sistema General de Participaci\u00f3n administrados por las entidades territoriales, y en la actualidad solo pueden ser embargadas y retenidas frente a acreencias laborales, y no frente a los que administran las EPS. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que en caso de amparar los derechos invocados por \u00abla p\u00e9rdida de competencia indicada en el art\u00edculo 121 del C.G.P. (\u2026) se ordene al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres informe lo acontecido a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remita el expediente ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto \u2013 Nari\u00f1o para que se tomen las decisiones que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, pidi\u00f3 que de \u00abseguir en firme la competencia del Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres \u2013 Nari\u00f1o, por el defecto procesal indicado al no proceder la medida cautelar, solicito se ordene a ese mismo Despacho Judicial para que proceda a revocar la decisi\u00f3n del Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina \u2013 Nari\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se ordene \u00abel decreto del embargo y retenci\u00f3n de hasta la tercera parte de los ingresos brutos que, por cr\u00e9ditos, venta de servicios de salud u otros derechos le adeude EMSSANAR S.A.S. al Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel de Ospina \u2013 Nari\u00f1o siendo fundamento legal para su procedencia la excepci\u00f3n legal prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 594 del C.G.P. al ser la ejecutada una entidad descentralizada que presta un servicio p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina, refiri\u00f3 que el accionante quiere interponer su interpretaci\u00f3n exclusiva sobre la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, lo que ser\u00eda establecer una tercera instancia por el hecho de discrepar sobre las decisiones judiciales, sin que exista falencia en el procedimiento. <\/p>\n
2. El Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE., inform\u00f3 que los recursos de que trata el embargo fueron transferidos por el ADRES a EMSSANAR. Si bien el desembolso lo realiz\u00f3 esta \u00faltima, derivan del ADRES, con la caracter\u00edstica de hacer parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud para los cuales se predica el principio de inembargabilidad. <\/p>\n
3. El Juez Civil del Circuito de T\u00faquerres relat\u00f3 que, mediante auto de 12 de agosto de 2022, confirm\u00f3 el de 21 de mayo de 2021 por encontrarlo ajustado a derecho. <\/p>\n
4. Emssanar EPS SAS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, refirieron no haber vulnerado los derechos reclamados, y solicitaron declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en su favor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pasto, neg\u00f3 el amparo por encontrar razonables las providencias atacadas por esta v\u00eda, y explic\u00f3 que el auto de 21 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina se fundament\u00f3 en la sentencia STC4663-2021 relacionada con las excepciones al principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos, y por esta raz\u00f3n, para el levantamiento de las medidas cautelares tuvo en cuenta los par\u00e1metros jurisprudenciales que se mantienen vigentes. <\/p>\n
Con respecto a la certificaci\u00f3n expedida por el gerente y la tesorera del Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE, encontr\u00f3 que era un documento v\u00e1lido que se someti\u00f3 a contradicci\u00f3n, no se incurri\u00f3 en defecto procedimental y por el contrario, se atendi\u00f3 el criterio de la libre valoraci\u00f3n probatoria, sin que se observe vulneraci\u00f3n de prerrogativas fundamentales de las partes. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el auto de 12 de agosto de 2022, sostuvo que el Juzgado del Circuito de T\u00faquerres analiz\u00f3 cada uno de los reparos que hab\u00edan sido esgrimidos contra la decisi\u00f3n atacada, indic\u00f3 la raz\u00f3n por la cual la certificaci\u00f3n resultaba v\u00e1lida a la luz del ordenamiento procesal para derivar de ella efectos probatorios, refiri\u00f3 tambi\u00e9n que se expusieron las razones por las cuales que consider\u00f3 que no se configuraba ninguna de las excepciones al principio de inembargabilidad establecidas jurisprudencialmente, en concordancia con la interpretaci\u00f3n del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 594 del C. G. del P., la cual se ajustaba a derecho. <\/p>\n
Y finalmente arguy\u00f3 que no eran de recibo las quejas relacionadas con que la decisi\u00f3n de segunda instancia fue proferida por fuera del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque no se solicit\u00f3 la nulidad con anticipaci\u00f3n a la decisi\u00f3n censurada, adem\u00e1s que el ad quem actu\u00f3 con plena competencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que la certificaci\u00f3n emitida por la ESE accionada no puede ser prueba id\u00f3nea para demostrar que los recursos que recibe gozan de inembargabilidad. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que la Corte Constitucional a trav\u00e9s de la sentencia T053\/2022, sostuvo que el principio de inembargabilidad se aplica a entidades territoriales que manejan recursos del Sistema General de Participaciones, y no a las entidades descentralizadas como el Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE., las que una vez los reciben ingresan a su patrimonio y hacen parte del mismo. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que las actuaciones de los accionados no se ajustan a lo previsto en el numeral 3 del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, como excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Igualmente, deben tenerse presente las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre las que se encuentran, \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ. STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la doctrina de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1, los cuales se presentan cuando, <\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020). <\/p>\n
2. La decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
En el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 la se\u00f1ora Adriana Magali Delgado Gelpud contra el Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina (Nari\u00f1o) en auto de 11 de febrero de 2021, \u00abdecret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros en la proporci\u00f3n legal de hasta la tercera (1\/3) parte de los ingresos brutos percibidos por concepto de prestaci\u00f3n del servicio de salud (art. 594. inc.3\u00b0 del CGP), que la entidad demandada Centro De Salud San Miguel Arc\u00e1ngel Ese De Ospina, (\u2026) tiene o tenga como acreedora de las siguientes empresas prestadoras de salud: (…) EMSSANAR EPS Sede Pasto\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 11). <\/p>\n
2.2 El Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE, solicit\u00f3 levantar esa cautela con fundamento en que se practic\u00f3 sobre recursos provenientes del Sistema de Seguridad Social en Salud, con car\u00e1cter parafiscal que contaban con una destinaci\u00f3n espec\u00edfica, y eran inembargables (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 15). <\/p>\n
2.3 Mediante auto de 21 de mayo de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina resolvi\u00f3 esa solicitud y decret\u00f3 el levantamiento parcial \u00aben lo que respecta a los contratos de prestaci\u00f3n de servicios de salud que el CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL ARC\u00c1NGEL ESE DE OSPINA suscribi\u00f3 con EMSSANAR SAS bajo la modalidad de capitaci\u00f3n No. 040-1CS210001 y 040-1CS210001, para la atenci\u00f3n de baja complejidad de cuatro mil trescientos treinta (4330) afiliados al R\u00e9gimen Subsidiado, conforme a la certificaci\u00f3n aportada por la parte ESE demandada, atendiendo la finalidad y destinaci\u00f3n de dichos recursos\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
En esa oportunidad, se\u00f1al\u00f3 que se mantendr\u00eda \u00ab\u00fanicamente respecto de los recursos corrientes de libre destinaci\u00f3n que adeude a la ESE del Municipio de Ospina, absteni\u00e9ndose de retener y embargar recursos sobre los cuales opere el principio de inembargabilidad, caso en el cual deber\u00e1 actuar de conformidad con lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C.G.P, en lo que corresponda\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
De igual modo, tuvo en cuenta que los recursos destinados a financiar el r\u00e9gimen subsidiado en salud en principio son inembargables, pero esta no es una regla absoluta sino un principio, al que son aplicables una serie de excepciones (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
Argument\u00f3 que los recursos de los mencionados contratos de prestaci\u00f3n de servicios de salud son inembargables, puesto que son destinados espec\u00edficamente a la prestaci\u00f3n o financiaci\u00f3n del r\u00e9gimen subsidiado, de conformidad con la certificaci\u00f3n suscrita por el Gerente y la Tesorera de la demandada, adem\u00e1s que \u00abno se advierte que en el presente asunto exista alguna de las excepciones al principio de inembargabilidad se\u00f1aladas por la H. Corte Constitucional y reiteradas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el mencionado embargo se orden\u00f3 de conformidad con lo dispuesto en la parte final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, respetando el l\u00edmite ah\u00ed contenido, pero en el sentido de que tales valores deben corresponder a ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n que no se encuentren cobijados por el principio de inembargabilidad incorporado en el numeral 1\u00ba de la misma disposici\u00f3n (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
Del mismo modo, sostuvo \u00abcomo no hay prueba de la naturaleza inembargable y de la destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la prestaci\u00f3n del servicio de salud a la poblaci\u00f3n del r\u00e9gimen subsidiado frente a las otras entidades a quienes se dirige la medida cautelar, no habr\u00e1 lugar a un levantamiento en abstracto de la misma sino solo hasta que se acrediten las correspondientes circunstancias que dan lugar a su terminaci\u00f3n por la aplicaci\u00f3n del principio de inembargabilidad\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
2.4 Contra esa determinaci\u00f3n la ejecutante y aqu\u00ed accionante interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 37). <\/p>\n
\u00abSi bien el desembolso a que refiere la certificaci\u00f3n aportada por la demandada es realizado por EMSSANAR EPS y no directamente por la Adres, lo cierto es que ello no incide en la naturaleza de los recursos transferidos, pues como consta inequ\u00edvocamente en dicho documento, tales dineros son de destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la prestaci\u00f3n de servicio de salud del r\u00e9gimen subsidiado, por tanto, de car\u00e1cter inembargable. No puede entonces como lo solicita el recurrente, privilegiarse la forma por lo sustancial, esto es, dar mayor validez al hecho del giro de una entidad a otra que a la naturaleza y destinaci\u00f3n espec\u00edfica en s\u00ed misma del dinero girado\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 igualmente, que no se hab\u00edan demostrado las particularidades del suministro de medicamentos contenidos en los t\u00edtulos valores objeto del proceso, y espec\u00edficamente si se destinaron a prestar el servicio de salud a personas beneficiarias del r\u00e9gimen subsidiado o ten\u00edan un fin distinto, y de igual forma, si los recursos para cubrir esos costos pod\u00edan ser embargados, raz\u00f3n por la que deb\u00eda estarse a la certificaci\u00f3n aportada por la demandada. <\/p>\n
De la misma manera, y en lo que ata\u00f1e a la excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad, afirm\u00f3 que solo es aplicable a los recursos del sistema general de participaciones, y, que, en este caso no exist\u00eda prueba de que los recursos que se ordenan desembargar proven\u00edan de aquel, porque no se pudo corroborar que fueran del sistema general de participaciones, condici\u00f3n esencial para la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que si bien es cierto el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso indica que es embargable la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, este aparte normativo no hace alusi\u00f3n especifica al servicio de salud, raz\u00f3n por la cual, debe interpretarse en contexto y sistem\u00e1ticamente bajo el entendimiento de que es embargable en esa proporci\u00f3n lo percibido por la prestaci\u00f3n del servicio de salud siempre que no corresponda a los bienes y recursos se\u00f1alados en el numeral 1\u00ba de la misma norma. <\/p>\n
2.6 El Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres mediante auto de 12 de agosto de 2022, confirm\u00f3 la providencia atacada. Para el efecto, otorg\u00f3 validez a la certificaci\u00f3n de la entidad demandada, y en particular, resalt\u00f3 que no obraba elemento de convicci\u00f3n que permitiera llegar a una conclusi\u00f3n diferente, se dijo, <\/p>\n
(\u2026) Comparte el Despacho los razonamientos presentados por el Juzgado de primera instancia al desatar el recurso de reposici\u00f3n, al atribuir plena validez al contenido de la certificaci\u00f3n emitida por el Gerente y la Tesorera del Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E.S.E. respecto de la naturaleza, procedencia y destinaci\u00f3n de los recursos comprometidos en este asunto, comoquiera que no obra en el plenario otro elemento de convicci\u00f3n que permita arribar a una posici\u00f3n contraria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, salvo que se logre acreditar situaci\u00f3n diferente, se est\u00e1 en presencia de recursos que claramente pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud que no son susceptibles de utilizarse indiscriminadamente por la entidad accionada siendo que gozan de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, cu\u00e1l es la prestaci\u00f3n de servicios en salud a los beneficiarios del r\u00e9gimen subsidiado en el municipio. Lo anterior, implica que el solo hecho de que los recursos tengan su origen en una mera transferencia entre entidades o se obtengan en virtud de un pago por servicios prestados o bienes suministrados no se constituye en una raz\u00f3n concluyente para que \u00e9stos puedan considerarse como ajenos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (\u2026) <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la inembargabilidad de los recursos sobre los que recay\u00f3 la medida cautelar decretada y levantada parcialmente, concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) No se ha configurado causal alguna para que opere la excepci\u00f3n de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos contemplada por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2013 (\u2026) (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como bien sostiene el a quo, de un lado, no se ha logrado determinar que los insumos m\u00e9dicos que se aduce por la parte demandante fueron suministrados a la demandada se destinaron a atender a los afiliados de EMSSANAR S.A.S. en el r\u00e9gimen subsidiado, siendo que los dineros cuya retenci\u00f3n se pretende, como se ha dicho, cuenta con una destinaci\u00f3n espec\u00edfica seg\u00fan la varias veces citada certificaci\u00f3n expedida por el Gerente y la Tesorera del Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E.S.E., y de otro, tampoco se ha logrado demostrar que los recursos pretendidos provengan del Sistema General de Participaciones, condici\u00f3n sine qua non para la procedencia de esta excepci\u00f3n de inembargabilidad (Resalta la Corte). <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne con la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Juzgador a quo del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, tuvo en cuenta que no pod\u00eda mirarse de manera aislada porque, <\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como se dej\u00f3 visto, la accionante reproch\u00f3 que la certificaci\u00f3n que los Juzgadores de instancia tuvieron en cuenta para decretar el levantamiento del embargo no pod\u00eda ser prueba de que los recursos gozan de inembargabilidad, y adem\u00e1s se quej\u00f3 que desconocer \u00ablas respuestas emitidas por parte de la ADRES y EMSSANAR SAS donde manifiesten y\/o certifiquen sin los recursos que ingresen por pago a la ESE demandada a\u00fan son administrados [por las mismas], as\u00ed efectivamente la medida cautelar que se pretende ser\u00eda improcedente\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la certificaci\u00f3n de 5 de mayo de 2021, suscrita por el gerente y la tesorera del Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel ESE, observa la Sala que en la misma se hizo constar, <\/p>\n
\u00abEl Origen de los recursos corresponden al Aseguramiento del R\u00e9gimen Subsidiado de 4.330 afiliados, que hace la Entidad Territorial frente al bienestar de la poblaci\u00f3n de su jurisdicci\u00f3n, recursos que gira a favor de Emssanar S.A.S y esta a su vez autoriza el giro por Adres al Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E.S.E., cuya Destinaci\u00f3n es la prestaci\u00f3n de los servicios de salud de la poblaci\u00f3n pobre y vulnerable asegurada del Municipio de Ospina, realizado a trav\u00e9s de su red habilitada, garantizando un derecho constitucional como es la Salud y el acceso efectivo a los servicios contratados por las EPS-S. por parte de la poblaci\u00f3n beneficiaria, es decir, sobre la ejecuci\u00f3n misma del contrato 040-1CS210001 y 040-1CS210001 suscritos con las EPS-S. EMSSANAR SAS, en la vigencia 2021\u00bb (Folio15CD. Cuaderno 2 Solicitud de levantamiento de embargo. Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Examinado ese documento de cara a la reglamentaci\u00f3n que rige la materia y a la jurisprudencia que desarrolla las excepciones al principio de inembargabilidad, emerge di\u00e1fano que tal y como alega la parte recurrente, no soporta la inembargabilidad de los recursos, sobre todo ante la falta de motivaci\u00f3n de la providencia censurada. <\/p>\n
4. La inembargabilidad de los recursos que financian la salud como principio. <\/p>\n
El art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que la Seguridad Social es un servicio p\u00fablico de car\u00e1cter obligatorio que se prestar\u00e1 bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control del Estado, en sujeci\u00f3n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los t\u00e9rminos que establezca la Ley. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 63 ib\u00eddem, consagra que los bienes de uso p\u00fablico, los parques naturales, las tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueol\u00f3gico de la Naci\u00f3n y los dem\u00e1s bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el art\u00edculo 25 de la Ley 1751 de 2015, estableci\u00f3 que \u00abLos recursos p\u00fablicos que financian la salud son inembargables, tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u00bb, y esta Corte frente a esta regla ha reiterado, \u00abel art\u00edculo 25 de la Ley Estatutaria en Salud -Ley 1751 de 2015-, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u201c(\u2026) los recursos p\u00fablicos que financian la salud (\u2026)\u00bb (CSJ. STC14198-2019, STC4663-2021 reiterada en STC12252-2022). <\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 594 de C\u00f3digo General del Proceso, dispone \u00abno se podr\u00e1n embargar: 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Naci\u00f3n o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participaci\u00f3n, regal\u00edas y recursos de la seguridad social\u00bb. <\/p>\n
De manera m\u00e1s espec\u00edfica, los art\u00edculos 1\u00ba en concordancia con el canon 8, ambos del Decreto 50 de 2003, establecen que los recursos del R\u00e9gimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, desde el origen de cada una de las fuentes que lo financian hasta su pago no podr\u00e1n ser objeto de pignoraci\u00f3n, titularizaci\u00f3n o cualquier otra clase de disposici\u00f3n financiera, ni de embargo. <\/p>\n
Por otro lado, en lo que ata\u00f1e a la finalidad de los recursos destinados al servicio de la seguridad social, el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica prev\u00e9 que no se podr\u00e1n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella, determinaci\u00f3n replicada en el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En similar sentido, el 23 de la Ley 1438 de 2011, ordena que los recursos para la atenci\u00f3n en salud no podr\u00e1n usarse en actividades distintas a la prestaci\u00f3n de servicios de salud, y se\u00f1ala que tampoco lo podr\u00e1 hacer el R\u00e9gimen Subsidiado, en particular, el art\u00edculo 2.6.4.1.5 del Decreto 2265 de 2017, precept\u00faa que los mismos son de naturaleza fiscal y parafiscal y por consiguiente no pueden ser objeto de ning\u00fan gravamen. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al principio de inembargabilidad, la Corte Constitucional ha sostenido que \u00abes una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n3. Asimismo, ha relievado que dicho principio tiene como finalidad asegurar la \u201c(\u2026) adecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado (\u2026)\u201d4 (Citada entre otras en CSJ. STC2705-2015, STC14198-2019, STC14705-2019, STC4663-2021, STC12252-2022). <\/p>\n
El referido beneficio seg\u00fan la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n encuentra fundamento en que \u00absi se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos \u201c(\u2026) (i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1\u00ba y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior (\u2026)\u201d5 (citada en CSJ. STC2705-2015, STC14198-2019, STC14705-2019, STC4663-2021, STC12252-2022). <\/p>\n
4.1 Excepciones al principio de inembargabilidad. En cuanto a la inembargabilidad como principio \u00abLa jurisprudencia de ese Alto Tribunal tambi\u00e9n ha sostenido que el anotado beneficio \u201c(\u2026) no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u201d, pues no es absoluto y es susceptible de excepciones6\u00bb (CSJ. STC2705-2015, STC14198-2019, STC14705-2019, STC4663-2021, STC12252-2022), y \u00absin que tales excepciones, como lo ha explicado la Corte, desencadene en la posibilidad de la embargabilidad indiscriminada\u00bb (C192-02). <\/p>\n
As\u00ed, mediante sentencias C546\/92, C013\/93, C017\/93, C337\/93, C555\/93, C263\/94, C402\/97, C876-00, se abri\u00f3 paso a la primera de las excepciones a la inembargabilidad, en casos en los que la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las prestaciones laborales, solo se hiciera efectivo mediante el embargo de bienes y rentas incorporados el presupuesto de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
A partir de la C103\/94, reiterada en C354\/97, se except\u00faa en una segunda oportunidad dicho principio para cubrir el pago de sentencias judiciales y en t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos que contengan una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigibles, los cuales deb\u00edan cobrarse, transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que su exigibilidad, y adelantarse ejecuci\u00f3n, \u00abcon embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos\u00bb. <\/p>\n
Luego en C793\/02, reiterada en C-1064\/03, adem\u00e1s de referir a las citadas decisiones, se estableci\u00f3 una tercera excepci\u00f3n, consistente en que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector educaci\u00f3n, bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley siendo posible adelantar ejecuci\u00f3n, \u00abcon embargo de recursos del presupuesto \u2013en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participaci\u00f3n para educaci\u00f3n del Sistema General de Participaciones\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional igualmente, en C566\/03, extendi\u00f3 los efectos de la sentencia anterior y, en particular, estableci\u00f3 que los cr\u00e9ditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores a los que se destinan los recursos del sistema general de participaciones (educativo, salud y prop\u00f3sito general), bien sea que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos que contengan una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible, deben ser pagados mediante el procedimiento que se\u00f1ale la ley y que transcurrido el t\u00e9rmino para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo, en primer lugar, \u00abde los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esa clase de t\u00edtulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la participaci\u00f3n respectiva, sin que puedan verse comprometidos los recursos de las dem\u00e1s participaciones\u00bb. <\/p>\n
A manera de s\u00edntesis y para lo que interesa a esta decisi\u00f3n, la sentencia C543\/13 resalt\u00f3 que a trav\u00e9s de su jurisprudencia, <\/p>\n
(\u2026) Contempl\u00f3 excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. \u00c9stas son: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas7.<\/p>\n
ii. Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos8.<\/p>\n
iii. T\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible.9<\/p>\n
iv. Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)10 <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar, que esta Corporaci\u00f3n ha consolidado que \u00ablos recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera espec\u00edfica para la salud no pueden ser, en principio, objeto de medidas cautelares; empero, se insiste, de presentarse las excepciones jurisprudenciales rese\u00f1adas, es preciso efectuar su an\u00e1lisis para establecer la viabilidad de cautelar tales rubros. Por tanto, corresponde al juez de la causa estudiar cada caso, en particular, para determinar la inembargabilidad de los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica y la configuraci\u00f3n de alguno de los supuestos de hecho que habilitan, de manera excepcional, su retenci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC2705-2015, STC14198-2019, STC14705-2019, STC4663-2021, STC12252-2022)11. <\/p>\n
Las excepciones al principio de inembargabilidad no han sido ajenas al legislador colombiano. El art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s de consagrar la inembargabilidad de algunos bienes, en su par\u00e1grafo, consagr\u00f3 que \u00abLos funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
A partir del inciso segundo de esa disposici\u00f3n, se establece que \u00abuna vez recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos\u00bb (negrita fuera de texto), caso en el cual \u00abla entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables\u00bb. <\/p>\n
Ante esa situaci\u00f3n, \u00abLa autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, \u00abEn el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional en la mencionada C-543\/13 resalt\u00f3 que \u00aben esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que, ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida [la] entender\u00e1 (\u2026) revoca[da] (\u2026) si la autoridad (\u2026) no explica el sustento del embargo sobre [tales] recursos. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
Como puede apreciarse, por regla general las autoridades judiciales deben abstenerse de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables, y si fuere procedente pese a esa circunstancia, se debe indicar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. <\/p>\n
De igual manera, en caso de que el destinatario de la instrucci\u00f3n se abstenga de cumplir dicha orden, e informe de esa situaci\u00f3n, corresponde al juez pronunciarse acerca de la procedencia de alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. <\/p>\n
5. El caso concreto. <\/p>\n
En el presente asunto, advierte la Sala que la medida cautelar objeto de controversia que fue decretada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina mediante auto de 11 de febrero de 2021, recay\u00f3 sobre la tercera parte de los \u00abingresos brutos percibidos por concepto de prestaci\u00f3n del servicio de salud (art. 594. inc.3\u00b0 del CGP), que la entidad demandada Centro De Salud San Miguel Arc\u00e1ngel Ese De Ospina, (\u2026) tiene o tenga como acreedora de las siguientes empresas prestadoras de salud: (…) EMSSANAR EPS Sede Pasto\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 11). <\/p>\n
La solicitud de levantamiento de esa cautela la ciment\u00f3 el Centro de Salud demandado en dos razones i) \u00abson recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, con car\u00e1cter parafiscal y que cuentan con una destinaci\u00f3n espec\u00edfica, por tanto, son recursos inembargables\u00bb, y ii) \u00abel giro de recursos del Adress del mes de mayo correspondiente a $43.360744, ha sido retenido y se proyecta de igual manera retener el giro de los recursos correspondientes al mes de junio por valor de $30.212.828 para un total de retenci\u00f3n de recursos de Sistema General de Seguridad Social en Salud adeudados al Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E. S. E. de $73.573.542\u00bb (Folio15 Cuaderno 2 solicitud de levantamiento de embargo). <\/p>\n
En providencia de 21 de mayo de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina accedi\u00f3 al levantamiento parcial \u00bben lo que respecta a los contratos de prestaci\u00f3n de servicios de salud que el CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL ARC\u00c1NGEL ESE DE OSPINA suscribi\u00f3 con EMSSANAR SAS bajo la modalidad de capitaci\u00f3n No. 040-1CS210001 y 040-1CS210001, para la atenci\u00f3n de baja complejidad de cuatro mil trescientos treinta (4330) afiliados al R\u00e9gimen Subsidiado, conforme a la certificaci\u00f3n aportada por la parte ESE demandada, atendiendo la finalidad y destinaci\u00f3n de dichos recursos\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
En consecuencia, mantuvo dicha cautela \u00ab\u00fanicamente respecto de los recursos corrientes de libre destinaci\u00f3n que adeude a la ESE del Municipio de Ospina, absteni\u00e9ndose de retener y embargar recursos sobre los cuales opere el principio de inembargabilidad, caso en el cual deber\u00e1 actuar de conformidad con lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C.G.P, en lo que corresponda\u00bb (Medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35). <\/p>\n
Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres mediante auto de 12 de agosto de 2022, confirm\u00f3 la providencia atacada otorgando en particular, validez a la certificaci\u00f3n emitida por la entidad demandada, y resalt\u00f3 que no obraba elemento de convicci\u00f3n que permitiera llegar a una conclusi\u00f3n diferente, all\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) Comparte el Despacho los razonamientos presentados por el Juzgado de primera instancia al desatar el recurso de reposici\u00f3n, al atribuir plena validez al contenido de la certificaci\u00f3n emitida por el Gerente y la Tesorera del Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E.S.E. respecto de la naturaleza, procedencia y destinaci\u00f3n de los recursos comprometidos en este asunto, comoquiera que no obra en el plenario otro elemento de convicci\u00f3n que permita arribar a una posici\u00f3n contraria (\u2026)\u00bb. De ah\u00ed que, salvo que se logre acreditar situaci\u00f3n diferente, se est\u00e1 en presencia de recursos que claramente pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud que no son susceptibles de utilizarse indiscriminadamente por la entidad accionada siendo que gozan de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, cu\u00e1l es la prestaci\u00f3n de servicios en salud a los beneficiarios del r\u00e9gimen subsidiado en el municipio. Lo anterior, implica que el solo hecho de que los recursos tengan su origen en una mera transferencia entre entidades o se obtengan en virtud de un pago por servicios prestados o bienes suministrados no se constituye en una raz\u00f3n concluyente para que \u00e9stos puedan considerarse como ajenos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (\u2026). <\/p>\n
Determinaciones que, si se miran ligeramente podr\u00edan encontrarse consecuente con la jurisprudencia rese\u00f1ada en punto al principio de inembargabilidad, por cuanto, el levantamiento parcial de la medida cautelar se ciment\u00f3 en gran parte en que se estaba en presencia de recursos inembargables, puesto que corresponden a recursos que pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud que gozan de destinaci\u00f3n espec\u00edfica que es la prestaci\u00f3n de servicios en salud a los beneficiarios del r\u00e9gimen subsidiado en el municipio. <\/p>\n
5.1 No obstante, si bien el ad quem tuvo en cuenta que los recursos destinados a la prestaci\u00f3n del servicio de la salud son inembargables, y que \u00abno se advierte que en el presente asunto exista alguna de las excepciones al principio de inembargabilidad se\u00f1aladas por la H. Corte Constitucional y reiteradas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb (medidas cautelares cuaderno dos, p\u00e1gina 35), no se observa un an\u00e1lisis que diera cuenta de las razones jur\u00eddicas por las que se lleg\u00f3 a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
V\u00e9ase, el punto central de la decisi\u00f3n fue la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los recursos alusiva a garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de salud al r\u00e9gimen subsidiado, conclusi\u00f3n en la que no era necesario un mayor \u00e9nfasis argumentativo y probatorio, porque bastar\u00eda citar entre otros los memorados art\u00edculos 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 9\u00ba de la Ley 100 de 1993, el 23 de la Ley 1438 de 2011, y el canon 2.6.4.1.5 del Decreto 2265 de 2017. <\/p>\n
Lo que se omiti\u00f3 desarrollar razonadamente el por qu\u00e9 los recursos sobre los que recay\u00f3 la cautela no encajan en ninguna de las excepciones al principio de inembargabilidad establecidos por la jurisprudencia. La destinaci\u00f3n espec\u00edfica en cierta medida se vuelve insuficiente para el efecto, puesto que, por regla general todos los recursos de la seguridad social tienen esa caracter\u00edstica y de estarse a esto se har\u00eda de lado autom\u00e1ticamente las excepciones al principio de inembargabilidad. <\/p>\n
As\u00ed, no se repar\u00f3, por ejemplo, en que el r\u00e9gimen subsidiado de salud se sostiene entre otras fuentes por dineros provenientes del sistema general de participaciones, respecto del cual y con sus limitantes, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad, punto que el juez de conocimiento debi\u00f3 analizar en orden a establecer si en este asunto en concreto se abr\u00eda o no paso al levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n
Igualmente, el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres, omiti\u00f3 analizar la fuente de financiaci\u00f3n de los recursos respecto de los cuales se levantaron parcialmente medidas cautelares, y dej\u00f3 de lado que el sistema de salud se nutre de dineros procedentes de diferente origen, y que frente algunos de estos seg\u00fan la jurisprudencia citada, operan excepciones al principio de inembargabilidad. <\/p>\n
La Corte Constitucional, en decisi\u00f3n reciente T-053\/2022 se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abEs imperativo para todo operador jur\u00eddico acatar con rigor y a pie juntillas los t\u00e9rminos en que esta Corte se ha pronunciado sobre los eventos excepcionales en los cuales es posible comprometer los recursos del SGSSS, lo que, de suyo, implica observar cuidadosamente a qu\u00e9 fuente de financiaci\u00f3n se ha referido al admitir tales excepciones, pues, como es sabido, el sistema de salud se nutre de dineros procedentes de diferente origen, entre los que se cuentan las cotizaciones de los afiliados al SGSSS recaudados por las EPS, de un lado, y los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud \u2013SGP\u2013, de otro\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, adem\u00e1s, que en C915\/2002, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abComo se advierte de manera clara del examen de las normas pertinentes de la ley 100 de 1993 y de la propia ley 715 de 2001, los recursos del r\u00e9gimen subsidiado de salud son de origen netamente p\u00fablico, pues ellos provienen del denominado Sistema General de Participaciones13, (antiguamente trasferencias y participaci\u00f3n en los ingresos corrientes de la Naci\u00f3n), de los recursos de cofinanciaci\u00f3n derivados de la segunda subcuenta del fondo de solidaridad y garant\u00eda14, as\u00ed como aquellos que provengan del esfuerzo fiscal territorial y se destinen a esos efectos. Con cargo a dichos recursos, se reconoce a las ARS, por cada uno de sus afiliados, la denominada unidad de pago por capitaci\u00f3n subsidiada UPC-S (Ley 100 de 1993 Art\u00edculo 182). Por la gesti\u00f3n de organizar y garantizar el POS-S, las ARS tienen derecho entonces, a recibir como retribuci\u00f3n una proporci\u00f3n de la UPC-S vigente\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la posibilidad de perseguir bienes del Sistema General de Participaciones, t\u00e9ngase presente que en providencia reciente (CSJ. STC12252-2022), la Sala concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abEs posible perseguir bienes inembargables, pertenecientes al Sistema General de Participaciones, con el prop\u00f3sito de lograr \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas15\u00bb; \u00ab(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos16\u00bb; \u00ab(iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible17\u00bb; y \u00ab(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u00bb18 <\/p>\n
A lo anterior se suma que, no se analiz\u00f3 la fuente de financiaci\u00f3n de los dineros por los que concretamente se solicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar, puesto que sobre esos puntuales montos nada se dijo. <\/p>\n
T\u00e9ngase presente, que el Centro de Salud manifest\u00f3 \u00abSe nos notifica que el giro de recursos de ADRESS del mes de mayo correspondiente a $43.360.744, ha sido retenido y se proyecta de igual manera retener el giro de los recursos correspondientes al mes de junio por valor de $30.212.828, para un total de retenci\u00f3n de recursos de Sistema General de Seguridad Social en Salud adeudados al Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E.S.E. de $73.573.542\u00bb. Y en ese escrito, el mismo demandado manifest\u00f3 que ten\u00eda contratos de prestaci\u00f3n de servicios de salud con otra EPS distinta a la aqu\u00ed mencionada, y que esta era una cartera de dif\u00edcil cobro. <\/p>\n
5.2 En ese orden, el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres accionado falt\u00f3 a su deber de motivar la decisi\u00f3n objeto de censura, omiti\u00f3 argumentar razonadamente, por qu\u00e9 el embargo de los dineros decretados no encajaba en ninguna de las excepciones al principio de inembargabilidad desarrollados por la jurisprudencia, cuando los mismos tienen entre otras fuentes, dineros provenientes del sistema de participaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la necesidad de sustentar adecuadamente las providencias judiciales, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo: <\/p>\n
\u00abno cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). <\/p>\n
Para esta Sala, el defecto en comento se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que lleva a que deba realizarse un nuevo abordaje y definici\u00f3n del caso, en tanto que, \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u201c\u2026la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ. STC 13 mar. 2013, rad. 00208-01, citada entre otras en STC1903-2021, 1\u00b0 mar. 2021, rad. 00210-00, STC5517-2022 y STC6008-2022). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00), y que \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may. 2017, rad. 00123-01, citada en STC12483-2021, 22 sep. 2021, rad. 00275-01 y STC5517-2022). <\/p>\n
5.3 Por otro lado, con respecto a la inembargabilidad de los recursos sobre los que recay\u00f3 la medida cautelar decretada y levantada parcialmente, de cara a la fuente de la obligaci\u00f3n cobrada, el accionado concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) No se ha configurado causal alguna para que opere la excepci\u00f3n de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos contemplada por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2013 (\u2026) (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u201d. Lo anterior, por cuanto, como bien sostiene el a quo, de un lado, no se ha logrado determinar que los insumos m\u00e9dicos que se aduce por la parte demandante fueron suministrados a la demandada se destinaron a atender a los afiliados de EMSSANAR S.A.S. en el r\u00e9gimen subsidiado, siendo que los dineros cuya retenci\u00f3n se pretende, como se ha dicho, cuenta con una destinaci\u00f3n espec\u00edfica seg\u00fan la varias veces citada certificaci\u00f3n expedida por el Gerente y la Tesorera del Centro de Salud San Miguel Arc\u00e1ngel E.S.E., y de otro, tampoco se ha logrado demostrar que los recursos pretendidos provengan del Sistema General de Participaciones, condici\u00f3n sine qua non para la procedencia de esta excepci\u00f3n de inembargabilidad (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En este punto surge otro tema que en principio no puede servir de excusa para resolver sobre las excepciones al principio de inembargabilidad, atendiendo los deberes y los poderes de ordenaci\u00f3n, instrucci\u00f3n y correccionales que el estatuto procesal otorga a quien ejerce funciones jurisdiccionales (art\u00edculo 42 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Si bien, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 ib\u00eddem, ordena que \u00abLos funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargable\u00bb, lo cierto es que en este caso, una vez decretada la medida cuyo levantamiento se solicit\u00f3, el mismo juzgador sin desplegar una mediana actividad probatoria, de instrucci\u00f3n o correccional de ser necesario, tendiente a esclarecer los hechos que a su juicio eran necesarios para resolver, sin m\u00e1s miramientos se estuvo a que i) no se demostr\u00f3 que los insumos m\u00e9dicos cobrados se hubiesen destinado a atender a los afiliados de EMSSANAR SAS en el r\u00e9gimen subsidiado y, ii) los recursos provienen del Sistema General de Participaciones, condici\u00f3n para la procedencia de la excepci\u00f3n de inembargabilidad. <\/p>\n
Con ese proceder, desconoci\u00f3 que el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso, ordena que toda decisi\u00f3n debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y que el art\u00edculo 170 ib\u00eddem, dispone que el juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia, adem\u00e1s que el numeral 4 del art\u00edculo 42 del mismo estatuto, impone como deber del juez, \u00abemplear los poderes que este C\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que se estim\u00f3 que para el levantamiento de la medida era necesario esclarecer si los insumos m\u00e9dicos cobrados se hubiesen destinado a atender a los afiliados de EMSSANAR SAS en el r\u00e9gimen subsidiado, exigencia que se puede encontrar razonable puesto que \u00ablos recursos del sistema de salud, cuyo fin es el pago de la atenci\u00f3n m\u00e9dica, deben llegar a su destinaci\u00f3n final, lo cual quiere decir que los dineros con los que las E.P.S. y las A.R.S. deben cancelar a las I.P.S. los servicios de salud prestados a sus afiliados, no pueden ser usados para un fin diferente\u00bb (C867-01). <\/p>\n
Sin embargo, lo que resulta reprochable es que no se advierte una mediana gesti\u00f3n utilizando los referidos poderes, tendientes a despejar ese margen de duda. <\/p>\n
Igualmente, se consider\u00f3 indispensable establecer si los recursos pretendidos proven\u00edan del Sistema General de Participaciones, no obstante, no se observa una actividad probatoria aceptable de parte del juzgador, haciendo de lado que la jurisprudencia en materia constitucional tiene sentado que \u00abcorresponde al juez de la causa estudiar cada caso, en particular, para determinar la inembargabilidad de los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica y la configuraci\u00f3n de alguno de los supuestos de hecho que habilitan, de manera excepcional, su retenci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC2705-2015, STC14198-2019, STC14705-2019, STC4663-2021, STC12252-2022). <\/p>\n
5.4 Se impone entonces concluir, asiste raz\u00f3n a la accionante en que la certificaci\u00f3n que se utiliz\u00f3 para levantar parcialmente las medidas cautelares no era suficiente para ese efecto, porque no respalda fehacientemente que los dineros presuntamente retenidos hubiesen sido un pago del mentado contrato, tampoco acreditaba la fuente concreta de los recursos destinados, dato que el mismo juzgado consider\u00f3 necesario para descartar excepci\u00f3n al principio de inembargabilidad. <\/p>\n
De igual modo, esa prueba era insuficiente para establecer que los t\u00edtulos base del recaudo que, hubiesen sido destinados a la prestaci\u00f3n del servicio de salud a las personas afiliadas al r\u00e9gimen subsidiado de la referida entidad promotora de salud, desconoci\u00e9ndose el deber del juez de decretar pruebas de oficio cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia y teniendo a su alcance los referidos poderes de instrucci\u00f3n y correccionales. <\/p>\n
6. Lo anterior es suficiente para revocar la sentencia impugnada para en su lugar conceder la acci\u00f3n de tutela propuesta, ordenando al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres que deje sin efecto la providencia de 12 de agosto de 2022 y las actuaciones que dependan de \u00e9sta, y profiera una nueva teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutante contra el auto de 21 de mayo de 2021 del Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto, para CONCEDER el amparo al derecho fundamental del debido proceso solicitado por Adriana Magali Delgado Gelpud. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual reciba el expediente objeto de esta queja (radicaci\u00f3n 52506-40-89-001-2021-00005-00), deje sin valor y efecto la providencia de 12 de agosto de 2022, mediante el cual confirm\u00f3 el auto de 21 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina, y las actuaciones que dependan de \u00e9sta. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres que cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, profiera una nueva providencia para desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutante en contra del auto de 21 de mayo de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
CUARTO. ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina remitir al Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional. <\/p>\n
QUINTO. Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-522 de 2001. <\/p>\n
3\u0002 La l\u00ednea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010. C-543 de 2013 y C-313 de 2014, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013. <\/p>\n
6\u0002 Art. 21 del Decreto 028 de 2008 <\/p>\n
7\u0002 C-546 de 1992. <\/p>\n
8\u0002 En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constituci\u00f3n. Precis\u00f3 que trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos. <\/p>\n
10\u0002 C-793 de 2002. M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o <\/p>\n
11\u0002 De manera conclusiva, la Sala en las decisiones citadas, a manera de s\u00edntesis explic\u00f3: \u00abRevisada la primera excepci\u00f3n, concerniente a cancelar las obligaciones laborales del Estado, determinadas en sentencia, se encuentra que la misma se contempl\u00f3 en el art\u00edculo 21 del Decreto 028 de 2008, empero, limit\u00e1ndose el reconocimiento de dichas deudas con ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la entidad territorial; no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, declar\u00f3 exequible ese canon de manera condicionada, en el entendido de que si el pago de esas acreencias no pod\u00eda hacerse con aqu\u00e9l rubro, por resultar insuficiente, era dable acudir a los recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. En lo atinente a la segunda excepci\u00f3n, relativa a sufragar las condenas impuestas frente al Estado en fallos judiciales, se observa, desde la expedici\u00f3n del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto-, se estableci\u00f3 la necesidad de adoptar \u201c(\u2026) medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los \u00f3rganos (\u2026)\u201d estatales; norma declarada exequible condicionadamente por la sentencia C-354 de 1997, donde, entre otras cuestiones, se dio paso a una tercera excepci\u00f3n, luego reconocida en la sentencia C-402 de 1997, permiti\u00e9ndose el recaudo no s\u00f3lo de las mencionadas providencias, sino de los \u201ct\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos\u201d a cargo del Estado. Para el cobro de esas dos \u00faltimas obligaciones, esa Corporaci\u00f3n, en ambos fallos de constitucionalidad, estableci\u00f3 la posibilidad de ejecutar a la Naci\u00f3n \u201c(\u2026) con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar, los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d. Es indudable la viabilidad de cubrir las acreencias rese\u00f1adas con dineros provenientes del Sistema General de Participaciones, esto es, con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. Ciertamente, para las deudas laborales ello fue determinado expresamente por la Corte Constitucional en la anotada sentencia C-1154 de 2008, posibilidad igualmente avalada para atender las obligaciones derivadas de fallos judiciales y t\u00edtulos, \u00fanicamente, cuando aqu\u00e9llos tienen \u201c(\u2026) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) (\u2026)\u201d, lo cual significa que esas acreencias deben estar relacionadas con la prestaci\u00f3n de alguno de esos servicios, pues, de lo contrario, no podr\u00edan usarse los dineros dirigidos a tales actividades para sufragarlas (STC2705-2015, STC14198-2019, STC14705-2019, STC4663-2021, STC12252-2022). <\/p>\n
12\u0002 C-543 de 2013 <\/p>\n
13\u0002 Ley 715 de 2001 \u201cArt\u00edculo 47. Destino de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud. Los recursos del Sistema General en Participaciones en salud se destinar\u00e1n a financiar los gastos de salud, en los siguientes componentes: <\/p>\n
47.1. Financiaci\u00f3n o cofinanciaci\u00f3n de subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total\u201d <\/p>\n
14\u0002 Ley 100 de 1993 \u201cArticulo 219\u001e Estructura del Fondo. El Fondo tendr\u00e1 las siguientes subcuentas independientes: <\/p>\n
b. De solidaridad del r\u00e9gimen de subsidios en salud.\u201d <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo que a continuaci\u00f3n se transcribe define los recursos que componen dicha subcuenta as\u00ed: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 221 Financiaci\u00f3n de la Subcuenta de Solidaridad. Para cofinanciar con los entes territoriales los subsidios a los usuarios afiliados seg\u00fan las normas del r\u00e9gimen subsidiado, el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda contar\u00e1 con los siguientes recursos: <\/p>\n
a. Un punto de la cotizaci\u00f3n de solidaridad del r\u00e9gimen contributivo, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 203. Esta cotizaci\u00f3n ser\u00e1 girada por cada Entidad Promotora de Salud directamente a la subcuenta de solidaridad del fondo. <\/p>\n
b. El monto que las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar, de conformidad con el art\u00edculo 217 de la presente ley, destinen a los subsidios de salud. <\/p>\n
c. Un aporte del presupuesto nacional de la siguiente forma: <\/p>\n
1. En los a\u00f1os 1994, 1995 y 1996 no deber\u00e1 ser inferior a los recursos generados por concepto de los literales a. y b. <\/p>\n
2. A partir de 1997 podr\u00e1 llegar a ser igual a los recursos generados por concepto del literal a. del presente art\u00edculo. <\/p>\n
d. Los rendimientos financieros generados por la inversi\u00f3n de los anteriores recursos. <\/p>\n
e. Los rendimientos financieros de la inversi\u00f3n de los ingresos derivados de la enajenaci\u00f3n de las acciones y participaciones de la naci\u00f3n en las empresas p\u00fablicas o mixtas que se destinen a este fin por el CONPES. <\/p>\n
f. Los recursos provenientes del impuesto de remesas de utilidades de empresas petroleras correspondientes a la producci\u00f3n de la zona Cusiana y Cupiagua. Estos recursos se deducir\u00e1n de la base de c\u00e1lculo de los ingresos corrientes a que hace referencia la ley 60 de 1993. <\/p>\n
g. Los recursos del IVA social destinados a los planes de ampliaci\u00f3n de la cobertura de seguridad social a las madres comunitarias del ICBF de que trata la ley 6o. de 1992. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1. Los recursos de solidaridad se destinar\u00e1n a cofinanciar los subsidios para los colombianos m\u00e1s pobres y vulnerables, los cuales se transferir\u00e1n, de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n que para el efecto adopte el Gobierno Nacional, a la cuenta especial que deber\u00e1 establecerse en los fondos seccionales, distritales y locales para el manejo de los subsidios en salud. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2. Anualmente, en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, se incluir\u00e1 la partida correspondiente a los aportes que debe hacer el Gobierno Nacional al Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda. Para definir el monto de las apropiaciones se tomar\u00e1 como base lo reportado por el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda en la vigencia inmediatamente anterior al de preparaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la ley de presupuesto y ajustados con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, certificado por el DANE. El Congreso de la Rep\u00fablica se abstendr\u00e1 de dar tr\u00e1mite al proyecto de presupuesto que no incluya las partidas correspondientes. Los funcionarios que no dispongan las apropiaciones y los giros oportunos incurrir\u00e1n en causal de mala conducta que ser\u00e1 sancionada con arreglo al r\u00e9gimen disciplinario vigente\u201d. <\/p>\n
15\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992 <\/p>\n
16\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. \u201cPrecis\u00f3 que trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros t\u00edtulos legalmente v\u00e1lidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses despu\u00e9s de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecuci\u00f3n, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de t\u00edtulos- y sobre los bienes de las entidades u \u00f3rganos respectivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
17\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-103 de 1994 \u201c(\u2026) [S]e estableci\u00f3 una segunda excepci\u00f3n a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, as\u00ed: para hacer efectiva una obligaci\u00f3n que conste en un acto administrativo que preste m\u00e9rito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, proceder\u00e1 la ejecuci\u00f3n despu\u00e9s de los diez y ocho (18) meses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
18\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002 <\/p>\n
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STC123-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC123-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00074-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70079\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}