STC124-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC124-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2022-00320-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que neg\u00f3 el amparo impetrado por Luis Ferney Campos Rodr\u00edguez, quien dice actuar como apoderado de Horacio \u00c1lvarez Pardo (Q.E.P.D), contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales de quien dice representar, al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el proceso ejecutivo de radicado 2016-00074. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Yesid Ramos Ortiz, en calidad de cesionario de Jos\u00e9 Yesid Ramos Herrera, promovi\u00f3 el mencionado juicio ejecutivo hipotecario contra Horacio \u00c1lvarez Pardo, con soporte en un pagar\u00e9 de $120.000.000, al cual se acumul\u00f3 otra demanda derivada de un pagar\u00e9 por $290.000.000; surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 15 de marzo de 20211, el Juzgado de accionado orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
El 9 de septiembre de 2021, las partes allegaron escrito desistiendo de la pretensi\u00f3n acumulada, petici\u00f3n que fue negada el 20 de septiembre siguiente2, dado que se hab\u00eda proferido orden de seguir la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, la parte accionada solicit\u00f3 realizar un control de legalidad y formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n contra el auto del 11 de agosto de 2022, que fij\u00f3 fecha para realizar el remate, argumentando que se deb\u00eda acceder al desistimiento referido3, requerimiento que fue negado el 10 de octubre de ese mismo a\u00f1o4. <\/p>\n
El apoderado del demandado inform\u00f3 al Despacho de conocimiento sobre el fallecimiento del se\u00f1or Horacio Arbel\u00e1ez Pardo, ocurrido el 6 de agosto de 2022, y los nombres de sus herederos5. <\/p>\n
3. Al respecto, el actor censura que en la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que fue acumulada al juicio inicial se aprob\u00f3 una liquidaci\u00f3n por $730.615.433 sin tener en cuenta que las partes presentaron escrito desistiendo de esa pretensi\u00f3n y, por tanto, el tr\u00e1mite s\u00f3lo pod\u00eda continuar frente a la primera demanda ejecutiva. Afirm\u00f3 que, el 11 de septiembre de 2019, el Juzgado accionado recibi\u00f3 el documento \u00abdonde se celebr\u00f3 de mutuo acuerdo, la suspensi\u00f3n del proceso, para desistir de la denuncia penal y renunciar el demandante, al pagar\u00e9 ya mencionado por valor de $290.000.000 toda vez que esta suma nunca fue entregada al demandado\u00bb, no obstante, el operador judicial lo desconoci\u00f3 y fij\u00f3 fecha para adelantar el remate. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Despacho convocado abstenerse de realizar el remate \u00abhasta tanto no se realice el control de legalidad sobre (\u2026) el cobro del pagar\u00e9 por valor de $290.000.000\u00bb y que se adelante la almoneda \u00fanicamente sobre la obligaci\u00f3n principal de $120.000.000. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali sostuvo que el accionante \u00abest\u00e1 pretermitiendo las herramientas jur\u00eddicas de oposici\u00f3n que prev\u00e9 la jurisdicci\u00f3n ordinaria para buscar a trav\u00e9s del remedio constitucional, se acceda a su pedimento alegando una vulneraci\u00f3n de derechos inexistente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que el accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para instaurar la acci\u00f3n constitucional en nombre de Horario \u00c1lvarez Pardo, dado que la persona que dice representar falleci\u00f3 el 6 de agosto de 2022 y no alleg\u00f3 poder especial de sus herederos, aunado a que no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como su agente oficioso. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se\u00f1al\u00f3 que el poder especial debi\u00f3 ser requerido al momento de avocar el conocimiento de la tutela, para proceder a subsanar lo pertinente. Advirti\u00f3 que el accionado en vida le otorg\u00f3 mandato para representarlo ante el Juzgado convocado y destac\u00f3 que el Despacho accionado no se refiri\u00f3 al objeto de la tutela, coadyuvando la \u00abactuaci\u00f3n irregular e il\u00edcita (\u2026) de (\u2026) cobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el tutelante que sean amparados los derechos fundamentales de su prohijado en el proceso ejecutivo 2016-00074, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la omisi\u00f3n del Juzgado accionado de tener en cuenta el acuerdo suscrito entre las partes, referente al desistimiento de la obligaci\u00f3n cobrada por $290.000.000. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al estrado convocado, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Asimismo, indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, debe resaltarse que, en torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)6. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, se advierte que el gestor no es parte en el proceso rebatido y no alleg\u00f3 poder especial para representar en sede de tutela a quienes, en virtud del fallecimiento del se\u00f1or Horacio Arbel\u00e1ez Pardo, est\u00e1n llamados a ser sujetos procesales en el referido juicio. <\/p>\n
como la existencia de las personas termina con la muerte8, la tutelante no puede solicitar, en la condici\u00f3n invocada, la protecci\u00f3n de la garant\u00eda superior al debido proceso y a la administraci\u00f3n de justicia del se\u00f1or Casta\u00f1o Villegas, pues tampoco cuenta con un poder especial proveniente de sus herederos, quienes, si bien pueden ser desconocidos por la actora, de ello no se puede concluir su inexistencia; adem\u00e1s, actualmente el Despacho accionado adelanta el tr\u00e1mite pertinente, para que aquellos eventuales sucesores est\u00e9n representados en el proceso… <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la calidad de apoderada judicial que refiere detentar, con base en el poder conferido en el proceso 2017-00209-00 y que, en su opini\u00f3n, la habilita para la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, recu\u00e9rdese que\u2026 <\/p>\n
son los poderdantes, esto es, las personas cuyos intereses representan los abogados en los respectivos juicios o, en este caso, sus herederos, quienes pueden resultar afectados con las actuaciones all\u00ed surtidas. Por tanto, para acudir a la acci\u00f3n de tutela deben contar con poder especial\u2026 (Se subraya, CSJ STC14375-2021). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 02, expediente 2016-00074. <\/p>\n
2\u0002 Documento 20, expediente 2016-00074. <\/p>\n
3\u0002 Documentos 28, 30 y 32, expediente 2016-00074. <\/p>\n
4\u0002 Documentos 42 y 43, expediente 2016-00074. <\/p>\n
5\u0002 Documento 37, expediente 2016-00074. <\/p>\n
6\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
7\u0002 Sin perjuicio de que pueda transmitir otros derechos a sus herederos. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
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