STC126-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC126-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04441-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gilberto Reyes Mar\u00edn, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas y de \u00ablos dem\u00e1s miembros que componen el grupo de afectados en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo del art\u00edculo 48 de la Ley 472 de 1998\u00bb, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
En concreto solicita que se ordene \u00abdejar sin efecto las providencias del 14 de enero de 2022 en virtud de la cual el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dispuso rechazar la acci\u00f3n de grupo [promovida en contra del Banco de Bogot\u00e1] y la providencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Civil de fecha 24 de junio de 2022 mediante la cual desata el recurso de apelaci\u00f3n y confirma la decisi\u00f3n del Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El accionante promovi\u00f3 el referido juicio para que se respete el derecho de los consumidores de la l\u00ednea de cr\u00e9dito de libre destino del Banco de Bogot\u00e1, porque no se les permiti\u00f3 elegir la p\u00f3liza que garantiza sus respectivas acreencias y se les cobra la prima sin el lleno de requisitos legales y contractuales. <\/p>\n
2.2. La demanda fue inadmitida el 13 de octubre de 2021 por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a pesar de haberse presentado escrito para subsanarla, fue rechazada el 14 de enero de 2022, decisi\u00f3n atacada mediante el recurso de apelaci\u00f3n, y a la postre confirmada el 24 de junio siguiente por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. Alega el promotor que, contrario a lo sostenido por la precitada Colegiatura, no se \u00abauto proclam\u00f3 representante de todas las personas que puedan hacer parte de la acci\u00f3n\u00bb, pues la misma solo exige la existencia de un origen coincidente del perjuicio, de ah\u00ed que no requiera ser presentada por todas las personas afectadas por la causa com\u00fan; es el Banco de Bogot\u00e1 quien \u00abdebe asumir las p\u00f3lizas de seguro de vida que contrata y no sus clientes por lo menos para el producto de libre destino (\u2026) y ello porque el Banco no tiene soporte contractual, ni legal para haberle trasladado las primas de los seguros que contrata a sus clientes\u00bb; no se logr\u00f3 obtener extraprocesalmente las pruebas de que los da\u00f1os alegados en la demanda los padecieron los dem\u00e1s miembros del grupo, por lo cual se solicit\u00f3 su recaudo dentro del proceso. <\/p>\n
2.4. Afirma que, en cuanto a la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda, solo pod\u00eda establecer el detrimento padecido personalmente, ya que el del grupo emerger\u00e1 de las pruebas a practicarse dentro del proceso, sin que fuera necesario contar con el dato de entrada, ya que, no solo pueden ingresar posteriormente nuevos demandantes al tr\u00e1mite, sino adem\u00e1s, se est\u00e1 exigiendo informaci\u00f3n que solo tiene el banco demandado, de ah\u00ed que, reproch\u00f3, el Tribunal tom\u00f3 sus decisi\u00f3n \u00abbasado en una precepci\u00f3n equivocada del litigio\u00bb, al aplicarle la \u00abrigurosidad\u00bb de un proceso civil. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que por regla la tutela no procede contra decisiones judiciales y defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que tom\u00f3 dentro del asunto, porque \u00abal analizar si en el asunto se cumpli\u00f3 con el requisito de univocidad del da\u00f1o y del grupo, se concluy\u00f3 que no exist\u00eda certeza de que el da\u00f1o se hubiese causado a un grupo de personas. Asimismo, se determin\u00f3 que no exist\u00eda nexo causal, al considerar que no era posible establecer que la omisi\u00f3n endilgada a la parte demandada hubiese sido sufrida por otros usuarios del sistema financiero\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. La queja del accionante se dirige contra el auto de 24 de junio de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de 14 de enero anterior del Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la misma ciudad, de rechazar la demanda de acci\u00f3n de grupo que aquel present\u00f3 contra el Banco de Bogot\u00e1, pues, en sentir del promotor, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida aplicaci\u00f3n de la normatividad que rige el asunto. <\/p>\n
3. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n de segunda instancia, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por haber cerrado la discusi\u00f3n dentro del proceso, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En la precitada providencia, la Colegiatura accionada comenz\u00f3 por determinar que el problema jur\u00eddico a resolver consiste en \u00abestablecer si la subsanaci\u00f3n efectuada por el apoderado judicial de la parte demandante se realiz\u00f3 en debida forma, o si por el contrario la misma es insuficiente para dar paso a la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb, por lo cual emiti\u00f3 algunas consideraciones sobre la naturaleza, definici\u00f3n y prop\u00f3sito de las acciones de grupo, para en seguida considerar que, <\/p>\n
[E]n aras de dilucidar el primer punto de inadmisi\u00f3n, esto es -la identidad de causa y la uniformidad del grupo-, se tiene que este es el elemento m\u00e1s importante, ya que con base en \u00e9l se da g\u00e9nesis a la pr\u00e1ctica jur\u00eddica de la acci\u00f3n colectiva. Es el grupo el punto central que debe estudiar el funcionario judicial para definir la procedencia o no de la acci\u00f3n. En este orden de ideas, corresponde al accionante plural o singular convencer al juez, no solo que existe un hecho univoco, sino que este afect\u00f3 a un grupo determinado en condiciones conexas. <\/p>\n
Lo anterior tiene sustento en los art\u00edculos 3\u00ba y 46\u00ba de la Ley 472 de 1998 ya que la demanda de reparaci\u00f3n de perjuicios causados a un grupo puede ser interpuesta por un n\u00famero plural de personas que coinciden respecto de las circunstancias en las que se les caus\u00f3 el da\u00f1o, es decir, que re\u00fanan condiciones uniformes frente a su causaci\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en esta premisa, el Tribunal observ\u00f3 a continuaci\u00f3n que, <\/p>\n
De acuerdo con lo sustentado en la demanda, a juicio de esta Magistratura no existe univocidad de da\u00f1o, y menos a\u00fan la uniformidad del grupo, pues si bien se presenta una situaci\u00f3n o circunstancia de car\u00e1cter individual, no existe ni siquiera certeza para el \u201crepresentante\u201d de que el \u201cda\u00f1o\u201d se haya configurado en un determinado grupo de personas, y, menos a\u00fan, que exista nexo de causalidad en el supuesto perjuicio, puesto que si bien el promotor manifest\u00f3 no ser informado de las condiciones del seguro, no es posible establecer que esta omisi\u00f3n se haya transmutado a otros usuarios del sistema financiero. <\/p>\n
En s\u00edntesis, \u201cel grupo de personas\u201d no se encuentran en condiciones uniformes respecto de una misma causa y menos a\u00fan se puede deducir que, de existir esta, gener\u00f3 perjuicios; sobre este t\u00f3pico recu\u00e9rdese que el objeto de la acci\u00f3n es la indemnizaci\u00f3n de un perjuicio. <\/p>\n
Aun si se indagara ante la entidad financiera accionada respecto de los cr\u00e9ditos otorgados en el periodo que aleg\u00f3 el actor, lo cierto es que, tal y como \u00e9l mismo lo afirma, el presunto da\u00f1o tan solo gravita en un grado de \u201csuposici\u00f3n\u201d frente a los dem\u00e1s clientes del Banco de Bogot\u00e1 S.A. (negrilla del texto original). <\/p>\n
De otro lado, la Colegiatura consider\u00f3, <\/p>\n
[E]n lo que tiene que ver con la estimaci\u00f3n de perjuicios, tal y como lo refiri\u00f3 el a quo, si bien se especific\u00f3 de manera general diferentes causas de este presupuesto indemnizatorio, as\u00ed como distintos extremos temporales en que pudieron causarse [en forma hipot\u00e9tica], lo cierto es que el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 52 de la Ley 472 de 1998, establece como uno de los requisitos de la demanda de acci\u00f3n de grupo que el accionante indique \u201cel estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneraci\u00f3n\u201d, de manera que a\u00fan cuando el hecho generado del presunto da\u00f1o causado es el mismo, lo perjuicios no tienen que ser iguales para todos los afectados, por lo que el promotor debi\u00f3 estimar razonadamente la cuant\u00eda respecto de la causa que reclama. <\/p>\n
De ah\u00ed que no sea de recibo el argumento vertido en la censura, al referir que la cuant\u00eda del perjuicio es un asunto que debe probar la judicatura, puesto que, a voces de la norma en cita, en concordancia con el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, era de suyo necesario establecer tal determinaci\u00f3n de perjuicios, adem\u00e1s de explicar razonadamente los rubros que en su libelo haya identificado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo considerado relevaba abordar el estudio de lo referente a la caducidad de la acci\u00f3n, porque, \u00abno se tiene certeza, tal y como se especific\u00f3 anteriormente, [de] los extremos temporales del \u201cda\u00f1o\u201d [ni] de los miembros del \u201cgrupo\u201d o entidad colectiva\u00bb. <\/p>\n
Finalmente expuso que, <\/p>\n
[E]s importante recordar que la Corte Constitucional ha expresado que para la procedencia de la acci\u00f3n de grupo se requiere que el grupo sea de especial entidad o importancia social y que por sus condiciones deba ser atendido con premura, puesto que \u201cesas acciones, para su procedencia, exigen siempre que el da\u00f1o afecte derechos subjetivos de origen constitucional o legal de un n\u00famero plural de personas que por sus condiciones y por su dimensi\u00f3n deben ser atendidos con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios\u201d, a su turno, el Consejo de Estado, en l\u00ednea similar ha se\u00f1alado que \u201cno toda pluralidad de personas a las que afecta el da\u00f1o que se pretende reparar, es pasible de esta acci\u00f3n preferente, pues en sentir de la sala, se requiere que el grupo amerite una reparaci\u00f3n del da\u00f1o, de manera pronta y efectiva. En el caso de las acciones de grupo, es relevante la existencia del grupo y la entidad del mismo que amerite la pronta resoluci\u00f3n del da\u00f1o sufrido por el mismo hecho, como se dijo anteriormente\u201d. <\/p>\n
Lo anterior cobra relevancia, pues la intenci\u00f3n del legislador no es sustituir las v\u00edas id\u00f3neas para el resarcimiento de este tipo de reclamaciones, siendo las acciones constitucionales instituidas para casos espec\u00edficos y de especial protecci\u00f3n; por esta raz\u00f3n, tal y como lo sugiri\u00f3 la juzgadora de primer grado, el accionante cuenta con otros medios ordinarios que le permitir\u00e1n debatir ante un juez los derechos que como consumidor ve afectados. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las pruebas, las normas y la jurisprudencia que rigen el caso, que no logr\u00f3 probarse la identidad de causa y uniformidad del grupo del que el demandante dice hacer parte, debido a que estaba fundada en la \u00absuposici\u00f3n\u00bb de que todos los clientes de cr\u00e9ditos de libre destino del banco demandado estaban en las mismas condiciones y sufrieron los mismos perjuicios, de otro lado, no se estim\u00f3 adecuadamente la cuant\u00eda del asunto, sin que esa labor pudiera asignarse al juez; a lo cual agreg\u00f3 que, en todo caso, para el fin perseguido con la demanda se contaba con los medios ordinarios, ya que la v\u00eda constitucional estaba reservada para eventos de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
5. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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