STC127-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC127-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00563-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 30 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Horacio Ostios Gonz\u00e1lez contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Simijaca y Civil del Circuito de Ubat\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2017-00148. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que Mar\u00eda Orpidia Carrillo Mahecha y otros adelantaron acci\u00f3n coercitiva frente al accionante y otros, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Simijaca, quien libr\u00f3 mandamiento de pago el 7 de julio de 2017. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite de rigor, y ante la falta de proposici\u00f3n de excepciones dentro del t\u00e9rmino de ley, mediante prove\u00eddo del 29 de agosto de 2019 se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro, y luego de haberse reprogramado en varias oportunidades la diligencia de remate, el 3 de noviembre de 2022 se llev\u00f3 a cabo adjudicando el inmueble a los acreedores. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, el accionante, all\u00e1 deudor, acude al presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, argumentando que, como al momento de la subasta se encontraba pendiente por resolver el recurso de apelaci\u00f3n que hab\u00eda sido interpuesto su apoderado contra el auto que dispuso rechazar de plano la nulidad propuesta, ello \u00abinvalidar\u00eda que se llevara a cabo la diligencia\u00bb; y adem\u00e1s, el escrito con que la parte ejecutante realiz\u00f3 la postura \u00abno llena lo establecido en el inciso segundo del art\u00edculo 451 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que se puede rematar con el cr\u00e9dito, siempre y cuando se trate de \u00fanico ejecutante, y en el proceso que se referencia, son tres (3) los ejecutantes\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se \u00abdeclare la ilegalidad y por ende la nulidad de la Diligencia de Remate Virtual, la cual se celebr\u00f3 el pasado d\u00eda jueves 03-NOVIEMBRE-2022 HORA:9:00 AM, teniendo en cuenta que no hab\u00eda sido resuelto el RECURSO DE APELACI\u00d3N, interpuesto el d\u00eda 09-noviembre-2021 por mi apoderado el Dr. CARLOS FERNANDO TORRES NUMPAQUE, recurso que fue concedido en el efecto devolutivo y del cual se envi\u00f3 al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE \u2013 CUNDINAMARCA, pero del cual no se ha tenido pronunciamiento por parte del mismo\u00bb y, que en consecuencia, \u00abse rehaga la actuaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Promiscuo Municipal de Simijaca, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos del escrito inicial, pidi\u00f3 denegar el amparo, comoquiera que \u00abEn el caso en concreto, considera la suscrita Juez que al accionante le han sido garantizado[s] todos y cada uno de sus derechos fundamentales, en las etapas surtidas en el transcurso del proceso, sin que se configure vulneraci\u00f3n alguna, mediante la decisi\u00f3n proferida el 3 de los cursantes durante la celebraci\u00f3n de la audiencia de remate, la cual rechazo (sic) de plano el incidente propuesto por el Dr. ARMANDO AUGUSTO COREDOR G\u00d3MEZ, orden\u00f3 compulsa de copias y adjudic\u00f3 el bien objeto de cautela, toda vez que, contrario a lo quiere hacer ver el accionante, se est\u00e1 garantizando el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de cada una las partes interesadas para lo cual puedan hacer uso de los medios legales para defender sus derechos; no puede desconocer el accionante que el recurso que esta (sic) siendo objeto de estudio por parte del Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, fue promovido por su apoderado lo cual no implica trasgresi\u00f3n alguna de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Orpidia Carrillo Mahecha, Marta Brigith Fonseca \u00c1lvarez y \u00d3scar Orlando Bustos Ben\u00edtez, en calidad de ejecutantes, se opusieron a la prosperidad de la salvaguarda invocada, pues, \u00abno es ilegal dar curso a un proceso cuando se surti\u00f3 el tr\u00e1mite a otras situaciones procesales como las referentes al avaluo (sic) del inmueble, su oposici\u00f3n, audiencia, nombramiento de perito oficial, dictamen de avaluo (sic) del inmueble perito oficial, traslado y ninguna parte expres\u00f3 que estuviese incurriendo en alguna ilegalidad el juzgado porque hab\u00eda un recurso de apelaci\u00f3n sin resolver (\u2026) por que (sic) la ley procesal dispuso que ese era el efecto de la providencia recurrida en el devolutivo. Se ha surtido etapas de avaluo (sic) y remate en el proceso ejecutivo sin reproche jur\u00eddico sobre su legalidad\u00bb. <\/p>\n
3. El vinculado Humberto Figueroa G\u00f3mez precis\u00f3 que su actuaci\u00f3n dentro del litigio cuestionado se limit\u00f3 a \u00abrealiz[ar] un aval\u00fao comercial en la fecha 9 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
4. La titular del Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 puso de presente que, mediante auto del 23 de noviembre de 2022 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida el 4 de noviembre de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Simijaca que dispuso rechazar de plano la nulidad propuesta por el accionante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por desatender el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, al advertir que \u00absi lo que en \u00faltimas busca el accionante es que se deje sin efecto la diligencia de remate efectuada el pasado 3 de noviembre de 2022, dado que, en su sentir, no pod\u00eda realizarse aquella hasta que el juzgado del circuito accionado resolviera el recurso de apelaci\u00f3n que hab\u00eda promovido contra el auto que rechaz\u00f3 de plano su solicitud de nulidad, lo propio, en tal prop\u00f3sito, es que se lo solicite primero al juzgador que conoce del proceso, pues es dicho funcionario el que por cuestiones de competencia est\u00e1 llamado a proveer sobre ese tipo de incidencias, y no que acuda afanosamente a la tutela, como si \u00e9ste fuese un medio para esquivar las atribuciones que sobre un asunto tienen los jueces naturales, porque el hecho de que la controversia respecto a la valides de esa actuaci\u00f3n no se haya planteado all\u00e1, descarta la idea de que la tutela sea id\u00f3nea para tal fin\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante insistiendo en sus argumentos iniciales, adem\u00e1s de se\u00f1alar que, el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 carec\u00eda de competencia para resolver la apelaci\u00f3n mediante auto del 23 de noviembre de 2022, pues ya hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que el recurso hab\u00eda sido concedido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Promiscuo Municipal de Simijaca vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, dentro de la ejecuci\u00f3n adelantada en su contra por Mar\u00eda Orpidia Carrillo Mahecha y otros (n\u00b0 2017-00148), al llevar a cabo el remate del inmueble materia de garant\u00eda. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad <\/p>\n
Esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esencial el de la subsidiariedad, esto es, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido oportuna y adecuadamente a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial querellado, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, en virtud a la improcedencia del auxilio tal y como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1.1. En primer t\u00e9rmino, t\u00e9ngase en cuenta que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, ni tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen se evidencia que, aunque el inconforme se duele de la diligencia de remate efectuada el 3 de noviembre de 2022, donde le fue adjudicado el predio a la parte ejecutante, no acredit\u00f3 haber puesto de presente ante el funcionario de conocimiento, esto es, el Juez Promiscuo Municipal de Simijaca, las supuestas anomal\u00edas respecto a la imposibilidad de realizar la subasta hasta tanto el superior no resolviera el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada, y, que la \u00fanica postura incumpli\u00f3 las exigencias previstas en el art\u00edculo 451 del C\u00f3digo General del Proceso, para que se invalide dicha actuaci\u00f3n, como aqu\u00ed lo reclama, antes de acudir al presente resguardo, sino que prefiri\u00f3 acudir a esta particular senda para obtener un pronunciamiento expedito frente a sus pretensiones, obviando que es al interior del respectivo litigio donde se deben ventilar cuestiones como las que aqu\u00ed se plantearon para que sean atendidas por quien tiene asignada la facultad de emitir una determinaci\u00f3n, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para arrogarse atribuciones que no le corresponden al juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, Rad. 00087-01, citada, entre otras, en STC13628 de 2021, rad 03633-00). <\/p>\n
3.1.2. Adicionalmente, tambi\u00e9n se configura la inobservancia del citado presupuesto en la modalidad de incuria, dado que, aunque el actor afirma que la subasta se llev\u00f3 a cabo sin cumplir el lleno de los requisitos procesales exigidos, no expuso ninguna de las supuestas irregularidades aqu\u00ed tra\u00eddas antes de la adjudicaci\u00f3n del mismo, por lo que de haber existido quedaron saneadas (inciso 1\u00b0 del art. 455 del C\u00f3digo General del Proceso), y, tampoco cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de reposici\u00f3n el auto proferido el 18 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s del cual se aprob\u00f3 la almoneda, desaprovechando las oportunidades con las que contaba para exponer ante el fallador cognoscente los argumentos que aqu\u00ed plantea, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada frente a esa situaci\u00f3n, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014, reiterada recientemente en CSJ STC6488-2022, 25 may. 2022, rad. 00148-01). <\/p>\n
3.1.3. Por lo dem\u00e1s, tampoco resulta viable la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque sumado a la desatenci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el actor no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada en STC11109-2022, 24 ag. 2022, rad. 00324-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional: de los alegatos novedosos <\/p>\n
Aunque el inconforme al replicar la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia se\u00f1al\u00f3, que el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 hab\u00eda perdido competencia para desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada, observa la Sala que se trata de hechos nuevos que no pueden ser ahora analizados, pues al no haber sido puestos en consideraci\u00f3n de las autoridades querelladas, \u00e9stas no tuvieron la oportunidad de defenderse en su debida oportunidad, sin que puedan en este momento ser sorprendidas con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se les desconocer\u00eda su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
En ese sentido, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep., rad. 2017-01913-01, reiterada entre otras, en STC9769-2022, 1\u00b0 ag. 2022, rad. 00330-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, por cuanto el querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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