STC130-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC130-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 73001-22-13-000-2022-00384-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Derrotado el proyecto de la inicial magistrada sustanciadora, decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 2 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Jacid Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal, ambos de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron citada las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado rad. 2015-00263. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 conoci\u00f3 del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por Pijaos Asociados Ltda., contra Luis Eduardo, Adalberto y H\u00e9ctor de Jes\u00fas Acevedo Montoya, y en la sentencia declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento celebrado respecto del inmueble ubicado en la calle 19 no. 11 \u2013 32, casa 1, v\u00eda Calambeo, por falta de pago de los c\u00e1nones pactados y orden\u00f3 la restituci\u00f3n a la arrendadora. <\/p>\n
Adujo que como lleva en posesi\u00f3n del inmueble m\u00e1s de 19 a\u00f1os se opuso a la entrega, pretensi\u00f3n que fue negada por el Juzgado mencionado en providencia de 2 de agosto de 2022, y por \u00faltimo le neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n, por cuanto \u00abno se encuentra enlistado el proceso en el Art\u00edculo 321 del C.G.P (\u2026) y como el motivo es la mora en los c\u00e1nones de arrendamiento, no es procedente la segunda instancia y por raz\u00f3n de la cuant\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que contra esta \u00faltima decisi\u00f3n propuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de queja. El primero se despach\u00f3 desfavorablemente y el segundo se concedi\u00f3 para el conocimiento del superior. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que asignado el de queja al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, por auto de 26 de septiembre de 2022 declar\u00f3 bien negado el recurso de apelaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n a que \u00abtas\u00f3 las pretensiones de [su] mandante en la suma de (\u2026) ($28\u00b4282.249) moneda corriente, concluyendo que la cuant\u00eda es menor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, atendiendo una solicitud de aclaraci\u00f3n del opositor, mediante providencia de 14 de octubre de 2022, expuso que no pod\u00eda abordar el estudio del fondo del asunto, pues su competencia de limitaba a verificar si estuvo bien o mal negado el recurso de apelaci\u00f3n en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los Juzgados accionados incurrieron en v\u00edas de hecho por defectos f\u00e1ctico y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, por cuanto las providencias cuestionadas carecen de apoyo probatorio y de motivaci\u00f3n, por lo que perjudican sus derechos como poseedor actual del bien, desconociendo las mejoras que ha realizado en el predio y que se encuentran debidamente acreditadas, adem\u00e1s que es una persona de escasos recursos econ\u00f3micos y la situaci\u00f3n es tan grave que vulneran su derecho de apelar la sentencia por ser el proceso originario de m\u00ednima cuant\u00eda cuando la ley y la jurisprudencia lo permiten y aceptan. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 revocar las providencias de 2 de agosto y 26 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, \u00ab(\u2026) se emita una jurisprudencia donde se valoren los elementos materiales probatorios de posesi\u00f3n y mejoras que adolece la providencia antes indicada (\u2026) y a su vez que se valoren las mejoras desconocidas para la Juez de Primera Instancia, pero existentes incluso para el perito y la Juez Cuarta Civil del Circuito (\u2026)\u00bb. Respecto de la primera determinaci\u00f3n, \u00abtambi\u00e9n [pidi\u00f3] se corrija (\u2026) con base en la providencia de fecha diecinueve de mayo de 2016 del Juzgado Octavo Civil Municipal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, destac\u00f3 que sus actuaciones gozan de legalidad y, adem\u00e1s, no se cumplen las exigencias constitucionales para la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, comparti\u00f3 el link del expediente digital rad. 2015-00263, y resalt\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues el proceso se ha tramitado con respeto del debido proceso y el derecho a la defensa de los intervinientes. <\/p>\n
3. El curador ad-litem designado para representar los intereses de los emplazados Luis Eduardo Adalberto y H\u00e9ctor de Jes\u00fas Acevedo Montoya, se opuso a la acci\u00f3n constitucional, puesto que \u00abse debe respetar la \u00f3rbita de los jueces naturales en desarrollo de su labor juzgadora y, que ante la posibilidad del agenciamiento de tales derechos, patrimoniales, habr\u00eda que explorar la existencia de otros caminos procesales para salvaguardar lo que, al parecer, se busca por este medio\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, despu\u00e9s de rese\u00f1ar los antecedentes del proceso bajo examen y recordar las exigencias para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, concedi\u00f3 el amparo solicitado, tras considerar que \u00ab(\u2026) el hecho vulnerador se configur\u00f3 con la emisi\u00f3n del prove\u00eddo del 26 de septiembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez contra el auto del 2 de agosto de 2022, comoquiera que fue la determinaci\u00f3n del ad-quem la que puso fin al incidente de oposici\u00f3n a la entrega promovido por el accionante aqu\u00ed e incidentante all\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que, al no haberse concedido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurso de apelaci\u00f3n y consecuentemente haberse declarado por parte del juez de segunda instancia bien denegado tal medio impugnaticio, se dej\u00f3 al accionante aqu\u00ed sin la posibilidad de cuestionar la decisi\u00f3n emitida por su juez natural, cercen\u00e1ndole como enfatiz\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el derecho que tiene ese tercero a tener una segunda instancia que le garantice sus derechos y garant\u00edas constitucionales (\u2026) Lo cierto es que con la decisi\u00f3n del juzgado de segunda instancia se cerr\u00f3 definitivamente la posibilidad de atacar el auto que neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por el accionante, dej\u00e1ndolo desprovisto de otro mecanismo judicial que le permita acceder y hacer uso de su derecho de defensa, circunstancia por la cual este mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, orden\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, dejar sin efectos el auto proferido el 26 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s del cual declar\u00f3 bien denegado el recurso de queja, para, en su lugar, proferir una nueva determinaci\u00f3n acorde con lo expuesto en el fallo que se revisa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la Juez Cuarta Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 la impugn\u00f3, porque, en su sentir, la providencia por el cual se declar\u00f3 bien denegado el recurso de queja en menci\u00f3n, \u00ab(…) fue proferida siguiendo la l\u00ednea jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia\u00bb, en atenci\u00f3n a que, de acuerdo con algunos pronunciamientos de esta Sala, \u00abes claro que la pretensi\u00f3n del opositor es aut\u00f3noma e independiente y por ende, no puede ser medida con el mismo racero del proceso principal, (\u2026) las reglas procesales atinentes a la naturaleza del proceso, la cuant\u00eda de su pretensi\u00f3n o el tr\u00e1mite a que fue sometida la acci\u00f3n principal, en nada debe influir al momento de resolver sobre la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n, cuando es un tercero ajeno a la relaci\u00f3n jur\u00eddica que se discute entre demandante y demandado, quien lo interpone. En este caso, la procedencia de la alzada debe estudiarse \u00fanica y exclusivamente teniendo en cuentas las pretensiones del opositor\u00bb. <\/p>\n
En el asunto bajo an\u00e1lisis, separ\u00f3 la acci\u00f3n principal de las pretensiones del opositor, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n, concluyendo que \u00e9stas no superaban la m\u00ednima cuant\u00eda, \u00abteniendo en cuenta el aval\u00fao catastral del inmueble cuya posesi\u00f3n se alega y el valor de las mejoras plantadas (\u2026) raz\u00f3n por la cual, no era procedente la impugnaci\u00f3n propuesta atendiendo los \u201ccriterios de competencia cuantitativa\u201d analizados en relaci\u00f3n con las pretensiones del incidentante y no de la acci\u00f3n restitutoria principal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015, reiterada en STC10401 de 2021 y STC7683-2022, entro otras). <\/p>\n
Sobre el punto, se resalta que, para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas: <\/p>\n
\u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas; y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ. STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen a la revelaci\u00f3n de defectos o vicios org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala observa que la discusi\u00f3n constitucional a que se contrae este estudio, se limita a que, mediante auto de 2 de agosto de 2022, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 negativamente el reconocimiento de mejoras y la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega pretendidas por Jos\u00e9 Jacid Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez, respecto al predio que es objeto del proceso de restituci\u00f3n de inmueble rad. 2015-00263 incoado por Pijaos Asociados Ltda., contra Luis Eduardo Adalberto y H\u00e9ctor de Jes\u00fas Acevedo Montoya. <\/p>\n
Descontento con tal determinaci\u00f3n el accionante formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, neg\u00e1ndose ambos, por lo que impetr\u00f3, esta vez, los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de queja, despach\u00e1ndose desfavorablemente el primero y concedi\u00e9ndose el segundo para que fuera el superior quien definiera si la apelaci\u00f3n estaba bien negada, es decir, si el auto que niega la oposici\u00f3n a una diligencia de entrega es apelable o no. <\/p>\n
Mediante auto de 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 el recurso de queja declar\u00e1ndolo infundado, en raz\u00f3n a que \u00ab(\u2026) seg\u00fan el criterio del alto tribunal es necesario revisar la petici\u00f3n aut\u00f3noma del tercero para calificar su cuant\u00eda y de este modo definir la competencia funcional (\u2026) Es decir, que la relaci\u00f3n sustancial que alega el incidentante est\u00e1 atada al bien inmueble cuya posesi\u00f3n defiende y las mejoras construidas\u00bb. Luego, como el aval\u00fao catastral del bien y el valor de las mejoras pretendidas, aun si se sumar\u00e1n, no superan el tope m\u00e1ximo de la m\u00ednima cuant\u00eda, por lo que \u00absu tr\u00e1mite se surte en \u00fanica instancia, de ah\u00ed que no resultara procedente conceder la alzada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta la anterior rese\u00f1a f\u00e1ctica, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada por las siguientes razones, <\/p>\n
3.1 Con postura mayoritaria, esta Sala ha venido sosteniendo que independientemente de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado asunto, el derecho a la doble instancia de conocimiento no se ve limitado para los terceros ajenos al tr\u00e1mite al que concurren a defender sus intereses por v\u00eda de oposici\u00f3n o incidentalmente, como sucede en este caso. <\/p>\n
Sobre el tema se ha explicado, <\/p>\n
(\u2026) La oposici\u00f3n del tercero poseedor es en esencia una cuesti\u00f3n diversa del conflicto que es debatido en el juicio, en la cual las pretensiones del interviniente son aut\u00f3nomas frente a las aducidas por el demandante y el demandado. Por ende, tanto su tr\u00e1mite como la decisi\u00f3n que la resuelva son totalmente independientes de la acci\u00f3n principal. <\/p>\n
Por consiguiente, las vicisitudes del litigio, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n que tiene definidas no se extienden a esa actuaci\u00f3n incidental que est\u00e1 gobernada por una forma procedimental propia, instituida para la tutela judicial efectiva de las garant\u00edas constitucionales y legales del tercero en su condici\u00f3n de extra\u00f1o a la discusi\u00f3n que enfrent\u00f3 a los sujetos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica debatida en el litigio. <\/p>\n
(\u2026) Aunque no se discute que las partes del proceso est\u00e1n sometidas a esa restricci\u00f3n, el tercero que ha alegado tener la posesi\u00f3n material del bien no debe recibir id\u00e9ntico tratamiento porque simplemente no se encuentra en un plano de paridad con los demandantes y los demandados. <\/p>\n
Requisito imprescindible de la excepci\u00f3n a la doble instancia de los procesos consagrada en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 9\u00ba del C.G.P.], es la garant\u00eda del principio de igualdad que no es la simplemente formal, sino la material por la que aboga el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior, del cual deriva como mandato dar un mismo trato a iguales y uno diferenciado a desiguales\u00bb (CSJ. STC3763-2016, 31 mar. 2016, rad. 00158-01). <\/p>\n
En un asunto similar al que es objeto de examen, pero relacionado con la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado por un tercero a quien se le rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a una diligencia de secuestro practicada en un proceso ejecutivo de alimentos, esta Corporaci\u00f3n orden\u00f3 al Tribunal accionado resolver nuevamente el recurso de queja que confirmaba lo dispuesto por el a quo, precisando que el inter\u00e9s jur\u00eddico del opositor reca\u00eda \u00fanicamente sobre la cosa cautelada, para lo cual se encontraba legalmente habilitado a si el pleito le fuera inoponible, en tanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta propio afirmar, que la regla relativa al conocimiento en \u00fanica instancia por la cuant\u00eda vincula a las partes del juicio, m\u00e1s no a quien, en calidad de tercero, intervenga en el tr\u00e1mite como opositor, pues su procedimiento y regulaci\u00f3n -como antes se dej\u00f3 sentado, son aut\u00f3nomos del litigio originario por cuanto se trata del reclamo de un sujeto ajeno al debate legal. <\/p>\n
Y es que aceptando que la distinta posici\u00f3n jur\u00eddica de los opositores en relaci\u00f3n con los sujetos procesales, los restringe para actuar en el proceso y poder censurar las decisiones que s\u00f3lo competen a los \u00faltimos, resultar\u00eda contradictorio, adem\u00e1s de improcedente, negar su acceso a la segunda instancia trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC5309-2016, 28 abr. 2016, rad. 00862-00). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, al decidir la impugnaci\u00f3n de una tutela presentada por un tercero a quien el juez le rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n y se neg\u00f3 a conceder la alzada frente a tal decisi\u00f3n, con apego a que como la actuaci\u00f3n se origin\u00f3 en un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y como la causal invocada lo fue mora en el pago, el tr\u00e1mite que deb\u00eda seguirse era el de \u00fanica instancia, esta Sala precis\u00f3 que como la regla general autoriza el recurso de apelaci\u00f3n cuando se impetra contra el auto que resuelve o rechaza la oposici\u00f3n a la entrega, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el citado precepto habilita la intervenci\u00f3n del sujeto de derechos que sea diferente de los extremos procesales, como quiera que \u00e9ste no est\u00e1 obligado a acatar lo resuelto en la sentencia, y su inter\u00e9s jur\u00eddico recae \u00fanicamente sobre la cosa objeto de la entrega. <\/p>\n
(\u2026) De ah\u00ed que la disposici\u00f3n en comento tenga por objeto, entonces, la protecci\u00f3n efectiva de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la alzada como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutirse ante el superior funcional la legalidad del rechazo de su oposici\u00f3n, que se justifica plenamente en la necesidad de procurar la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos\u00bb (STC8799-2016, 30 jun. 2016, rad. 00314-01). <\/p>\n
Esta postura, que de hecho la tiene bien definida la Juez Civil del Circuito accionada, fue reiterada tiempo despu\u00e9s en la que se aclar\u00f3 que las exigencias de la \u00fanica instancia, como la invocaci\u00f3n de la causal de mora en el pago del arriendo para la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia o la calificaci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda si se trata de un procedimiento especial, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) obedecen a criterios legales atributivos de competencia, no son, de suyo, aplicables a los tr\u00e1mites incidentales y\/o especiales, en los que funge como promotor un tercero; pues, ambos razonamientos se vinculan estrechamente con la convenci\u00f3n de arrendamiento, vale decir, con la renta actual, la mora en su pago, el periodo pactado y, en t\u00e9rminos generales, cl\u00e1usulas que no deben oponerse a quien no particip\u00f3 de esa relaci\u00f3n sustancial, mucho menos para limitar su posibilidad de intervenir en la causa, o para presentar un recurso, o para llevar el proceso a una segunda instancia. <\/p>\n
De ese modo, para la Sala es claro que quien discute la procedencia de la diligencia de entrega, o quien resiste la pr\u00e1ctica de un secuestro, oposici\u00f3n viable en los procesos de restituci\u00f3n, seg\u00fan as\u00ed lo dispone la regla 7 del mencionado art\u00edculo 384, no debe padecer talanqueras procesales aplicables en l\u00ednea de exclusividad a las partes, de suerte que, sin mirar aspectos alusivos a la cuant\u00eda del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la posibilidad de participaci\u00f3n del tercero se debe abrir paso, incluso con la facultad de impugnar, v\u00eda apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC4312-2018, 4 abr. 2018, rad. 00013-01). <\/p>\n
Tesis avalada en reciente pronunciamiento, al decir esta Corte que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien el proceso que ocupa la atenci\u00f3n, corresponde a un asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, donde se aleg\u00f3 como causal exclusivamente la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, lo cual permite determinar que se trata de un proceso de \u00fanica instancia -numeral 9\u00b0, art\u00edculo 384, C\u00f3digo General del Proceso -, se observa que los juzgadores mencionados resolvieron dar curso a la apelaci\u00f3n propuesta porque \u201chabiendo posiciones encontradas y considerando (\u2026) que este es un tr\u00e1mite independiente [la oposici\u00f3n a la entrega], se concede el recurso de alzada, tal como lo consagra el numeral 9 del art\u00edculo 321 del C.GP., en el efecto devolutivo\u201d, postura que reconoce lo decidido por esta Corte en casos similares\u00bb (CSJ, STC2480-2022, que remite a STC4312-2018, STC11873-2018, STC1826-2019, entre otras). <\/p>\n
3.2 Ahora bien, el argumento cardinal de la Juez impugnante para mostrar su descontent\u00f3 con el fallo censurado, radica en que, seg\u00fan lo expuesto por esta Corte en sentencia STC4312-2018, \u00abla procedencia de la alzada debe estudiarse \u00fanica y exclusivamente teniendo en cuentas las pretensiones del opositor\u00bb, examen que en el caso concreto la llev\u00f3 a concluir que \u00e9stas no superaban la m\u00ednima cuant\u00eda, \u00abteniendo en cuenta el aval\u00fao catastral del inmueble cuya posesi\u00f3n se alega y el valor de las mejoras plantadas (\u2026) raz\u00f3n por la cual, no era procedente la impugnaci\u00f3n propuesta atendiendo los \u201ccriterios de competencia cuantitativa\u201d analizados en relaci\u00f3n con las pretensiones del incidentante y no de la acci\u00f3n restitutoria principal\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de forma secundaria, en la mentada providencia se dio a entender que la pretensi\u00f3n del opositor deb\u00eda valorarse de manera cuantitativa y aut\u00f3noma al litigio primigenio, a efectos de verificar la procedencia de la alzada, sin embargo, en decisiones posteriores tal inconsistencia fue despejada, al explicar que la doble instancia en esta clase de asuntos no atiende limitaci\u00f3n alguna, en tanto \u00abque en asuntos como el aqu\u00ed examinado, no es necesario hacer tal an\u00e1lisis, habida cuenta que lo pretendido, con independencia del valor del reclamo, es conceder al referido opositor un escenario adecuado para proteger el derecho que esgrime\u00bb (se destaca) (CSJ, STC5696-2018, 3 may. 2018, rad. 2018-00012-01, reiterada en STC7352-2018). <\/p>\n
3.3 Con ese panorama, resulta claro que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, no pod\u00eda declarar bien negado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el accionante-opositor, como en efecto lo hizo, concretando su decisi\u00f3n a que la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica del opositor a la diligencia de entrega atacada, es de m\u00ednima cuant\u00eda y, por ende, el tr\u00e1mite deb\u00eda seguir el procedimiento de \u00fanica instancia. <\/p>\n
4. Para finalizar, una situaci\u00f3n particular se present\u00f3 en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, que esta Sala no puede pasar por alto, y es que la Juez Octava Civil Municipal de Ibagu\u00e9 advirti\u00f3 a la apoderada judicial del opositor que si insist\u00eda \u00ab(\u2026) en la interposici\u00f3n de la queja, se le conceder\u00e1, pero al mismo tiempo se le compulsar\u00e1 copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura por tratarse de una dilataci\u00f3n dentro del proceso (\u2026)\u00bb, acontecimientos que as\u00ed sucedieron. <\/p>\n
Ante tal circunstancia, esta Sala exhortar\u00e1 a la citada funcionaria para que en lo sucesivo se abstenga de realizar comportamientos como el descrito, toda vez que ello restringe el ejercicio de los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y defensa, m\u00e1xime cuando los recursos propuestos por la apoderada judicial del opositor, como en este caso, son procedentes (arts. 318 y 352 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados a quienes se les remitir\u00e1 copia de esta decisi\u00f3n, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria confirm\u00f3 el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 (2 nov. 2022), en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Jacid Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal, ambos de esa misma ciudad, que concedi\u00f3 el amparo constitucional al considerar que \u00ab(\u2026) el hecho vulnerador se configur\u00f3 con la emisi\u00f3n del prove\u00eddo del 26 de septiembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez contra el auto del 2 de agosto de 2022, comoquiera que fue la determinaci\u00f3n del ad-quem la que puso fin al incidente de oposici\u00f3n a la entrega promovido por el accionante aqu\u00ed e incidentante all\u00e1\u00bb. Ello, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por Pijaos Asociados Ltda. contra Luis Eduardo, Adalberto y H\u00e9ctor de Jes\u00fas Acevedo Montoya, por mora en el pago de la renta (rad. 2015-00263). <\/p>\n
Sustent\u00f3 tal decisi\u00f3n, aduciendo que \u00ab(\u2026) Con postura mayoritaria, esta Sala ha venido sosteniendo que independientemente de la instancia \u00fanica que pueda predicarse de un determinado asunto, el derecho a la doble instancia de conocimiento no se ve limitado para los terceros ajenos al tr\u00e1mite al que concurren a defender sus intereses por v\u00eda de oposici\u00f3n o incidentalmente, como sucede en este caso (\u2026)\u00bb, citando al efecto las sentencia STC3763-2016, STC5309-2016 y STC8799-2016. <\/p>\n
Precis\u00f3 que dicha tesis \u00ab(\u2026) fue reiterada tiempo despu\u00e9s (\u2026)\u00bb, memorando la STC4312-2018, y que fue avalada en reciente pronunciamiento, al decir esta Corte que, <\/p>\n
(\u2026) si bien el proceso que ocupa la atenci\u00f3n, corresponde a un asunto de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, donde se aleg\u00f3 como causal exclusivamente la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, lo cual permite determinar que se trata de un proceso de \u00fanica instancia -numeral 9\u00b0, art\u00edculo 384, C\u00f3digo General del Proceso -, se observa que los juzgadores mencionados resolvieron dar curso a la apelaci\u00f3n propuesta porque \u201chabiendo posiciones encontradas y considerando (\u2026) que este es un tr\u00e1mite independiente [la oposici\u00f3n a la entrega], se concede el recurso de alzada, tal como lo consagra el numeral 9 del art\u00edculo 321 del C.GP., en el efecto devolutivo\u201d, postura que reconoce lo decidido por esta Corte en casos similares (CSJ, STC2480-2022, que remite a STC4312-2018, STC11873-2018, STC1826-2019, entre otras). <\/p>\n
Concluy\u00f3 en el caso concreto, que <\/p>\n
(\u2026) resulta claro que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, no pod\u00eda declarar bien negado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el accionante-opositor, como en efecto lo hizo, concretando su decisi\u00f3n a que la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica del opositor a la diligencia de entrega atacada, es de m\u00ednima cuant\u00eda y, por ende, el tr\u00e1mite deb\u00eda seguir el procedimiento de \u00fanica instancia. <\/p>\n
As\u00ed, es evidente que la autoridad judicial criticada al abstenerse de examinar las particularidades de la oposici\u00f3n propuesta que, se reitera, constituye un tr\u00e1mite aut\u00f3nomo, desconoci\u00f3 los derechos al debido proceso y a la defensa de Jos\u00e9 Jacid Guti\u00e9rrez Ram\u00edrez, lo que permite concluir el acierto del fallo objeto de impugnaci\u00f3n e impone su confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- No comparto tal determinaci\u00f3n por las siguientes razones: <\/p>\n
(i). Queda claro que lo controvertido en esta acci\u00f3n de tutela es lo dirimido en la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega de un inmueble, formulada dentro de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble, en el que, por aducirse como causal la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, se surte en \u00fanica instancia. <\/p>\n
(ii) La \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb prevista en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, constituye un tr\u00e1mite especial, aunque de estructura similar al proceso, en la medida que impone la proposici\u00f3n de la pretensi\u00f3n, un t\u00e9rmino propio para pruebas y su decisi\u00f3n, su principal caracter\u00edstica es el de ser accesorio a \u00e9ste y, por ende, constituyen elementos de su naturaleza, i) La existencia de un pleito previo; ii) Que la \u00abcuesti\u00f3n\u00bb tenga el car\u00e1cter de \u00abaccesoria\u00bb respecto de aquel y, iii) Una resoluci\u00f3n judicial que lo dirima. <\/p>\n
Esa condici\u00f3n de \u00abaccesoriedad\u00bb, es precisamente la que impide, cualquiera sea la \u00abcuesti\u00f3n a definir\u00bb, que altere la esencia misma del \u00abproceso principal\u00bb, de acuerdo con el principio general del derecho \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb, y no al contrario. <\/p>\n
De manera, que, de conformidad con dicho \u00abprincipio\u00bb, las cosas \u00abaccesorias\u00bb que dependen de las \u00abprincipales\u00bb correr\u00e1n, material, ideal o jur\u00eddicamente la suerte de esta. <\/p>\n
(iii). El art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n, en su numeral 9\u00b0, prev\u00e9 que es apelable el auto emitido en primera instancia, que \u00abresuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que lo rechace de plano\u00bb, lo que, en mi criterio, no permite la interpretaci\u00f3n extensiva que se hace en el interlocutorio del que tomo distancia. <\/p>\n
Cuando la norma hace referencia a \u00abautos proferidos en primera instancia\u00bb, excluye de entrada los expedidos en \u00fanica instancia, como lo es el asunto examinado que, por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, al tenor del art\u00edculo 384, numeral 9, ib\u00eddem, \u00abse tramita en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
La principal caracter\u00edstica de los \u00abprocesos de \u00fanica instancia\u00bb es, precisamente, que las providencias all\u00ed adoptadas carecen del recurso de apelaci\u00f3n, lo que constituye una de las excepciones al \u00abprincipio de la doble instancia\u00bb contemplado en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 9 del C\u00f3digo General del Proceso, que, tal como lo estima la jurisprudencia constitucional, no es absoluto \u201cpues no hace parte del n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelaci\u00f3n puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte\u201d desde luego \u201c\u2026 siempre y cuando con esa determinaci\u00f3n no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales\u2026\u00bb (C-179 de 1995 reiterado en la C- 103 de 2005). <\/p>\n
(iv). Si en el sub lite la \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb se present\u00f3 en un \u00abproceso de \u00fanica instancia\u00bb, que como qued\u00f3 dicho no tiene apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que lo resolvi\u00f3, tampoco la tiene a menos de desatender la unidad del proceso civil en el que, adem\u00e1s, la igualdad como principio que regula la instancia impone una razonable equivalencia de posibilidades en el ejercicio de la acci\u00f3n y la defensa, las que no se visibilizan cuando al \u201ctercero\u201d se le otorga, sin que la forma procedimental lo prevea, el acto procesal de provocar la segunda instancia no permitido a la parte en esta clase de asuntos – arts. 13, 31 CN; 4 y 9 C.G.P. -. <\/p>\n
Por consiguiente, no era posible que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 concediera la apelaci\u00f3n del auto por medio del cual se resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n referida, que el Juzgado Octavo Civil del Circuito tramitara la alzada de aquel y, mucho menos que esta Sala avalar\u00e1 tales procederes. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con el consabido respeto que merece la postura mayoritaria, a continuaci\u00f3n, expongo brevemente los argumentos que me llevan a disentir. <\/p>\n
Cuatro son las vertientes que por manifiesto se\u00f1alamiento del C\u00f3digo General del Proceso conforman los procesos de \u00fanica instancia: i) por un lado, por el factor objetivo, los asuntos de m\u00ednima cuant\u00eda; ii) por otro, los que seg\u00fan su naturaleza tienen asignada esa consecuencia, tales como los de restituci\u00f3n de inmueble arrendado fundada en la causal de mora [num, 9, art\u00edculo 384), etc.; iii) adem\u00e1s, por la \u00edndole misma del tr\u00e1mite, todos los verbales sumarios (Par\u00e1grafo 1 \u00ba, art, 390) que en \u00faltimas, se derivan de la materia y cuant\u00eda de sus pretensiones; iv) y finalmente, por el car\u00e1cter de los sujetos involucrados, como en el caso \u00abDe los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica) en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb que conoce esta Corte de conformidad con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 30. <\/p>\n
La m\u00e1s importante consecuencia que por definici\u00f3n entra\u00f1a su nominaci\u00f3n de \u201c\u00fanica instancia\u201d, es que sus decisiones no son pasibles del recurso de apelaci\u00f3n, cuesti\u00f3n cuya avenencia al ordenamiento jur\u00eddico patrio ya ha sido dilucidada por la Corte Constitucional en casos similares, al predicar que el principio de la doble instancia contenido en el art\u00edculo 31 superior no es absoluto y, en esa medida, la libertad de configuraci\u00f3n que asiste al legislador (C-103\/05 que estudio la exequibilidad del literal b) del art\u00edculo 70 de la Ley 794 de 2002). <\/p>\n
Esta categor\u00eda de procesos tiene una unidad estructural perneada o trascendida por la anterior circunstancia, de tal manera que cualquiera sea la \u00edndole de las instituciones jur\u00eddico procesales que necesaria o accidentalmente se integran en su desarrollo quedan afectadas por esa caracter\u00edstica; no al contrario, es decir, no es v\u00e1lido que \u00e9stas lleguen a alterar esa propiedad esencial. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n deriva de sencillos principios de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no por a\u00f1osos algunos han ca\u00eddo en desuso, como que all\u00ed donde el legislador no distingue no le es permitido al int\u00e9rprete hacerlo, que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu (art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil) y que las excepciones son restrictivas, los que empalman directamente con el de seguridad jur\u00eddica que implica que en todo momento las personas sepan a qu\u00e9 atenerse en sus relaciones jur\u00eddicas con los dem\u00e1s particulares y con la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo que no sucede cuando un planteamiento normativo di\u00e1fano es modificado por una hermen\u00e9utica desentendida de estos planteamientos. <\/p>\n
En tal medida, estimo que no es de recibo crear una excepci\u00f3n donde la ley es clara y no la ha previsto, pues la particularidad que en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 321 procedimental el legislador haya fijado la apelaci\u00f3n para el auto \u00ab…que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb no autoriza a autom\u00e1ticamente deducir que opera a favor de los terceros, indistintamente del pleito en que se suscite esa discusi\u00f3n, pues, igualmente la ley ha contemplado ese recurso, v.gr., tomado al azar, para el prove\u00eddo \u201c…que por cualquier causa le ponga fin al proceso\u201d num. 7 idem) y no por ello se aplica a los juicios de \u00fanica instancia, pues, de la misma forma que con la postura aqu\u00ed sostenida por la mayor\u00eda, lo desnaturalizar\u00eda. <\/p>\n
Menos a\u00fan, si lo que esa particular visi\u00f3n resulta creando es una excepci\u00f3n que, en los t\u00e9rminos del prove\u00eddo del que me aparto, privilegia el inter\u00e9s del tercero por el simple hecho de serlo; corno si su actuaci\u00f3n se diera en un proceso distinto al que las partes afrontan con sus vicisitudes, ventajas y limitaciones. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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STC130-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC130-2023 Radicaci\u00f3n No. 73001-22-13-000-2022-00384-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Derrotado el proyecto de la inicial magistrada sustanciadora, decide la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}