STC136-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC136-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00542-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 18 de noviembre de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo invocado por Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn S.A. E.S.P. contra el Juzgado Civil Municipal de Madrid y el Juzgado Civil del Circuito de Funza. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2016-00324. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora -a trav\u00e9s de apoderada- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca) se adelant\u00f3 el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica mencionado, promovido por Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn S.A. E.S.P. contra Ana Rosa Orozco de Lea\u00f1o y otros. <\/p>\n
2.2. El estrado judicial -con auto del 30 de mayo de 2019-1 orden\u00f3, entre otras, que \u00aben las condiciones del art 317, numeral 1, inciso 1 del c\u00f3digo general del proceso, tanto aquella y su apoderado, quedan requeridos para que cumplan la carga procesal de la remisi\u00f3n y tramite de los oficios, dentro del lapso de 30 d\u00edas, so pena de aplicar el desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u00bb. Ulteriormente, mediante pronunciamiento del 26 de septiembre siguiente, declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito2. <\/p>\n
2.3. El apoderado de la sociedad -con memorial del 25 de octubre siguiente-3 present\u00f3 incidente de nulidad. Empero, el mentado fallador lo rechaz\u00f3 de plano el 20 de enero de 2020. <\/p>\n
2.4. Inconforme, la demandante inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n4. El Juzgado Civil del Circuito de Funza -con providencia del 26 de mayo de 2022-5 confirm\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la empresa actora adujo que el auto del 26 de septiembre de 2019 es ilegal y configura defecto sustantivo. Ello pues, la sociedad s\u00ed hab\u00eda cumplido con la carga impuesta relacionada con radicar los oficios emitidos por el juzgado, el problema fue que estos conten\u00edan errores en el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria, motivo por el cual fueron devueltos. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene al Juzgado Civil Municipal de Madrid que deje sin valor los autos del 26 de septiembre de 2019 y 17 de enero de 2020. En consecuencia, que contin\u00fae con el proceso. Solicit\u00f3 que se le exija al Juzgado Civil del Circuito de Funza que le reste efectos al prove\u00eddo del 26 de mayo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
El titular del Juzgado Civil del Circuito de Funza6 manifest\u00f3 que el 26 de mayo hoga\u00f1o resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n incoada contra el auto del 17 de enero de 2020, sin que se hayan conculcado los derechos de la accionante. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo por no cumplirse con el requisito general de la subsidiariedad. Esto, debido a que la empresa actora no recurri\u00f3 la determinaci\u00f3n que termin\u00f3 la causa inicial por desistimiento t\u00e1cito. Asimismo, trat\u00e1ndose de lo resuelto en el incidente de nulidad, se\u00f1al\u00f3 que lo discurrido por los jueces de instancia contiene argumentos razonables. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta los anexos y pruebas aportadas que daban cuenta de la vulneraci\u00f3n de sus derechos. En sustento de su afirmaci\u00f3n, reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial de cara a que su representada cumpli\u00f3 con las cargas que le hab\u00edan impuesto. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de la sociedad actora. Ello pues, aduce que se configur\u00f3 defecto sustantivo en la causa natural, ya que el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito no tuvo en cuenta que s\u00ed se hab\u00edan cumplido las cargas impuestas para continuar con el pleito. <\/p>\n
2. Pues bien, revisado el expediente allegado, se observa que no se cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad. Esto, comoquiera que la sociedad accionante no interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n con que contaba para atacar lo decidido en la providencia del 26 de septiembre de 2019. En ese orden de ideas, es claro que desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, ha destacado esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb. (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Por otro lado, no debe perderse de vista que la promotora enfila sus quejas contra los prove\u00eddos que resolvieron la nulidad propuesta, motivo por el cual, teniendo en cuenta que el Juzgado Civil del Circuito de Funza cerr\u00f3 el mentado debate, se analizar\u00e1 \u00fanicamente lo expuesto en dicha oportunidad. <\/p>\n
3.1. En efecto, se otea -en el memorial contentivo del mencionado incidente- que la causal invocada fue la establecida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual gravita alrededor de la indebida notificaci\u00f3n de autos y decisiones. Como fundamento de su queja, resalt\u00f3 que el prove\u00eddo del 26 de septiembre de 2019 no le fue dado a conocer a trav\u00e9s de mensaje de datos sino por estado, lo cual vulnera sus garant\u00edas fundamentales debido a que solo se enter\u00f3 de este el 24 de octubre de la se\u00f1alada anualidad. <\/p>\n
3.2. El Juzgado Civil Municipal de Madrid -con providencia del 17 de enero de 2020-7 rechaz\u00f3 de plano la nulidad solicitada. Inconforme, la apoderada demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n8. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es claro que no se dej\u00f3 de notificar ninguna providencia distinta al auto admisorio de la demanda, pues la decisi\u00f3n que dej\u00f3 sin valor y efecto la solicitud de demanda y declar\u00f3 terminado el proceso de la referencia en las condiciones del art\u00edculo 317 del CGP, fue notificado por estado numero 167 el 27 de septiembre de 2019, tal y como lo autoriza el art\u00edculo 295 del CGP, por ello, ten\u00eda la parte interesada la posibilidad de recurrir la decisi\u00f3n dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n; cuesti\u00f3n que no realiz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3.4. En este entendido, esta Corporaci\u00f3n comparte los criterios esbozados por el ad quem natural referentes a que no se configur\u00f3 la nulidad enrostrada, comoquiera que no dej\u00f3 de notificarse ninguna actuaci\u00f3n conforme a las reglas establecidas en la normatividad vigente. Ello pues, el auto del 26 de septiembre de 2019 fue dado a conocer mediante estado No. 167 del d\u00eda siguiente10 -tal como se observa en el micrositio web del estrado atacado-. Asimismo, debe aclararse que acorde con lo reglado por el art\u00edculo 290 del Estatuto Procesal, esta determinaci\u00f3n no deb\u00eda notificarse personalmente como lo pretende la actora. <\/p>\n
3.5. Corolario de lo discurrido, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable11. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.6. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.7. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Por lo ilustrado, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notificar esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 63, archivo \u201c01ProcesoImposici\u00f3nServidumbre\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 71-73. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 74-83. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 86-97. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 99-103. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1, archivo \u201c11Respuesta\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folio 85, archivo \u201c01ProcesoImposici\u00f3nServidumbre\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 86-97. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem., 99-103. <\/p>\n
10\u0002 Disponible en: 5058937b-9ddc-453b-ba81-a8ab8bdf8976 (ramajudicial.gov.co) <\/p>\n
11\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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