STC139-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC139-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04440-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Alfonso Cruz Benavides contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales y los intervinientes en el juicio de expropiaci\u00f3n n\u00ba 2020-00038. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de segunda instancia de 14 de junio de 2022, mediante la cual el tribunal encartado confirm\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n tasada por el fallador de primer grado, sin reparar en las deficiencias del aval\u00fao presentado por la entidad accionante, y sin tener en cuenta el contra-dictamen que \u00e9l alleg\u00f3 (con el lleno de los requisitos legales), para demostrar el mayor valor que se le debi\u00f3 reconocer por la expropiaci\u00f3n de su predio. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio por considerar que no satisface el presupuesto de inmediatez y por cuanto la fustigada providencia no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. La Agencial Nacional de Infraestructura se opuso a la prosperidad del resguardo, por estimar razonable la fundamentaci\u00f3n de las sentencias objeto de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor al proferir la sentencia de segunda instancia en el juicio que aqu\u00ed interesa. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal inici\u00f3 recordando que \u00abla presente disquisici\u00f3n se centra b\u00e1sicamente en que al interior del plenario obran dos aval\u00faos, uno presentado por la parte demandante y otro allegado por la demandada, los cuales indican un valor comercial diferente para la porci\u00f3n del predio objeto de expropiaci\u00f3n ($122.941.304,oo\/ $458.339.583.oo), siendo el primero el que a juicio del A quo prevaleci\u00f3 para determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n a favor de quien fuera la titular del derecho de dominio, cuyo apoderado judicial manifest\u00f3 su desacuerdo frente al fallo de primera instancia, puesto que se hab\u00eda incurrido en errores de apreciaci\u00f3n probatoria y de procedimiento. As\u00ed, para resolver la cuesti\u00f3n planteada, si se permite una muy apretada s\u00edntesis de los argumentos de reproche expuestos por el alzadista, puede precisarse que la censura a la sentencia de primera instancia radica en que para el apelante, el aval\u00fao comercial presentado por la parte demandante y que fue adoptado por el A quo, adolece de un defecto que imped\u00eda su valoraci\u00f3n, cual es su vigencia; mientras que el del demandado, no debi\u00f3 ser descartado ya que la caracter\u00edstica de ser corporativo, extra\u00f1ada por el Juez, no se encuentra establecida en la norma y en cualquier caso, incluso se encontraba satisfecha\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00absobre el tema de la p\u00e9rdida de vigencia del aval\u00fao presentado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI, deber\u00e1 decirse en primer lugar que, dicha cuesti\u00f3n fue planteada desde los albores del proceso, raz\u00f3n por la cual considera el Tribunal que el Juzgado de primera instancia ante esa realidad, debi\u00f3 proceder con la inadmisi\u00f3n de la demanda a efectos de que se presentara un aval\u00fao actualizado del inmueble cuya expropiaci\u00f3n se solicit\u00f3, y en esa parte, acierta el alzadista, cuando indica que existi\u00f3 un yerro. No obstante, el fallador A quo procedi\u00f3 a su admisi\u00f3n, ordenando correr traslado de la misma, previa notificaci\u00f3n de los convocados a juicio, raz\u00f3n por la cual, en atenci\u00f3n al principio de preclusi\u00f3n, esta Colegiatura no puede abordar tem\u00e1ticas que ya se encuentran resueltas y en firme al interior del plenario, controvirtiendo y desvirtuando la validez del tr\u00e1mite desde su g\u00e9nesis, providencias que est\u00e1n por dem\u00e1s ejecutoriadas. Ahora, la circunstancia anotada por el demandado, relacionada con la vigencia del aval\u00fao presentado por la demandante, no impide la apreciaci\u00f3n del mismo en el presente asunto, pues as\u00ed lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en Sentencia T- 638 de 2011 (\u2026). Lo anterior, desvirt\u00faa el principal argumento de reproche expuesto en el escrito de alzada, pues pretendiendo que el aval\u00fao comercial aportado por la parte demandante sea dejado sin valor probatorio alguno, lo cierto es que a tal deprecaci\u00f3n no habr\u00e1 lugar, en atenci\u00f3n a que jur\u00eddicamente hablando resulta imposible seg\u00fan se expuso en los p\u00e1rrafos que anteceden, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que desde el punto de vista procesal, m\u00e1s no sustancial, la \u00fanica forma en que un dictamen no pueda ser apreciado en la sentencia, es que siendo objetado a trav\u00e9s del llamamiento de su autor a testimoniar, \u00e9ste no asista a dicha audiencia, lo cual no ha sucedido, puesto que acudi\u00f3 su autor, quien a la vez era el representante legal de la lonja de aval\u00faos y adem\u00e1s, uno de los miembros del comit\u00e9 que lo aprob\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 arguyendo que \u00abel aval\u00fao presentado por el extremo pasivo, se hizo con el fin de dar cumplimiento al numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del C. G. del P., cuando indica que, si el demandado est\u00e1 en desacuerdo con el aval\u00fao o considera que hay lugar a indemnizaci\u00f3n por conceptos no incluidos en \u00e9l, o por un mayor valor, deber\u00e1 aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi o por una Lonja de Propiedad Ra\u00edz, del cual se le correr\u00e1 traslado al demandante por tres d\u00edas. Adiciona la norma que, de no presentarse el dictamen, se rechazar\u00e1 de plano la objeci\u00f3n formulada. V\u00e9ase entonces, conforme a la redacci\u00f3n legal, que la norma requiere para dar tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n del aval\u00fao presentado por la demandante, que el demando aporte otro elaborado por el IGAC o por una Lonja de Propiedad Ra\u00edz determinada, es decir, no precisa que sea por un perito adscrito a una de las entidades mencionadas, ya sea la p\u00fablica o la privada, sino por la entidad misma, criterio normativo a partir del cual se interpreta que se trata de un aval\u00fao corporativo, es decir, no realizado individualmente. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n an\u00e1loga a la que ahora ocupa a la Colegiatura, fue resuelta en pasada oportunidad por esta misma Sala de Decisi\u00f3n (\u2026), dentro del cual se consider\u00f3: \u201c(\u2026) por muy v\u00e1lidos que le puedan parecer al apelante los m\u00e9todos, fundamentos o conclusiones del dictamen pericial aportado por la demandada, lo cierto es que no cumple con los requisitos legalmente establecidos, puesto que no fue elaborado por el IGAC, as\u00ed como tampoco por una lonja de propiedad ra\u00edz, sino por un avaluador individualmente considerado\u201d. As\u00ed, en la sentencia acaba de citar, tambi\u00e9n se consider\u00f3 que si bien, un perito puede pertenecer a una Lonja Inmobiliaria, tal circunstancia no es equiparable a los requerimientos prefijados en la regla de exclusividad pericial establecida en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del C. G. del P., puesto que seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 10 del Decreto 1420 de 19981 y el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1673 de 20132, es necesaria la existencia de un aval\u00fao corporativo, que debe ser respaldado por el representante legal del gremio o lonja de propiedad ra\u00edz, por el presidente o coordinador del comit\u00e9 t\u00e9cnico y por el perito avaluador, que en todo caso deber\u00e1 cumplir con los requisitos para el ejercicio de la profesi\u00f3n conforme lo establece la ley 1673 de 2013. V\u00e9ase que el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del C. G. del P. exige que la prueba pericial que debe aportar el demandado en los procesos de expropiaci\u00f3n debe ser elaborado por el IGAC o \u201cpor una lonja de propiedad ra\u00edz\u201d, no por un avaluador afiliado a una lonja de propiedad ra\u00edz, conceptos que seg\u00fan el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1673 de 19 de julio de 2013 son diferentes. Ahora, con el fin de desvirtuar lo anterior, el apoderado de la parte alzadista trae a colaci\u00f3n lo establecido en el art\u00edculo 37 de la ley 1682 de 2013, que hace referencia a que el aval\u00fao puede ser elaborado por \u201cperitos privados inscritos en lonjas o asociaciones\u201d. Sin embargo, dicha norma se refiere expresamente a la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria, que no es la que en este momento analiza la jurisdicci\u00f3n, sino por el contrario, la etapa judicial, cuyo procedimiento de contradicci\u00f3n probatoria dispone una regla de exclusividad pericial, contenida en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del C. G. del P. <\/p>\n
Sobre el mismo tema, bien puede observarse que el legislador (en sentido amplio), en cada una de las normas que el apoderado judicial del demandado cita en el escrito de alzada, que son previas a la expedici\u00f3n del C. G. del P., de manera literal hacen relaci\u00f3n expresa a que los aval\u00faos en determinada etapa del proceso de expropiaci\u00f3n, pod\u00edan ser elaborados por \u201cperitos privados inscritos en las lonjas\u201d, o por \u201cpersonas naturales registradas y autorizadas por las lonjas\u201d, mientras que en la norma procesal que ahora nos rige, pudiendo disponerlo de la misma manera, no lo hizo, indic\u00e1ndose entonces el cambio de paradigma frente a la contradicci\u00f3n del dictamen, pues ahora se requiere del mencionado aval\u00fao corporativo, el cual no es una figura ex\u00f3tica fruto de exc\u00e9ntricas interpretaciones judiciales como lo quiere hacer ver el apelante, sino que por el contrario, est\u00e1 definido en el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1673 de 2013, como el que realiza un gremio o lonja de propiedad ra\u00edz con la participaci\u00f3n colegiada de sus agremiados, norma que resulta concordante con lo establecido en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 sub examine. <\/p>\n
Luego, el alzadista menciona que su dictamen, en \u00faltimas, cumple con el requisito antes mencionado, en el sentido que quien lo elabor\u00f3, ingeniero Cesar Machado, no s\u00f3lo es miembro de la lonja LONJILAP sino que adem\u00e1s es su representante legal, lo cual no puede ser de recibo en la medida que, de lo que se trata, es que en su fabricaci\u00f3n intervenga un n\u00famero plural de personas, no otra cosa puede interpretarse cuando se precisa \u201ccon la participaci\u00f3n plural de sus agremiados\u201d. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el dictamen pericial aportado por el demandado ROBERTO ALFONSO CRUZ BENAVIDES no cumple con las exigencias que las normas aplicables a este tipo de procesos exigen y por ende, no pod\u00eda ser tenido en cuenta al interior del sub examine a fin de determinar v\u00e1lidamente el precio comercial del predio objeto de expropiaci\u00f3n, tal como lo determin\u00f3 el Juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben lo relacionado con el aval\u00fao comercial presentado por la entidad demandante, se encuentra que la norma procesal que regula la materia, numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 399 del C. G. del P., establece que a la demanda se acompa\u00f1ar\u00e1 copia de la resoluci\u00f3n vigente que decreta la expropiaci\u00f3n, un aval\u00fao de los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos por un per\u00edodo de diez (10) a\u00f1os, si fuere posible. As\u00ed, el aval\u00fao comercial del bien inmueble objeto de expropiaci\u00f3n debe ser aportado por la demandante como anexo obligatorio del libelo, y as\u00ed lo hizo en su oportunidad la ANI, sin que la norma exija que, con posterioridad y al interior del proceso, deba aportarse una nueva experticia, menos a\u00fan, elaborada con pocos d\u00edas de anticipaci\u00f3n al fallo de primera instancia, como pareciera entenderlo el alzadista. Por lo dem\u00e1s, debe destacarse que, contrario a lo se\u00f1alado por el apelante, el dictamen pericial aportado por la entidad demandante s\u00ed cumple con las exigencias que las normas aplicables a la materia predican del aval\u00fao comercial, puesto que fue allegado en la debida oportunidad procesal, elaborado por el profesional JOSE OMAR BERMEO PARRA, economista y perito avaluador de la Lonja de Aval\u00faos de Colombia, a su vez, representante legal de la misma, inscrito en el registro nacional de avaluadores el cual est\u00e1 vigente para las 13 categor\u00edas existentes, Apelaci\u00f3n sentencia en proceso de expropiaci\u00f3n No.091 – 01 Magistrado Ponente Dr. Gabriel Guillermo Ortiz Narv\u00e1ez 18 acompa\u00f1ado de la respectiva acta de aprobaci\u00f3n del comit\u00e9 t\u00e9cnico, del cual hace parte el representante legal de la mencionada Lonja de Propiedad Ra\u00edz, constituy\u00e9ndose entonces como un aval\u00fao corporativo. Adem\u00e1s, el mencionado aval\u00fao contiene consideraciones respecto de la descripci\u00f3n del sector, reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica, descripci\u00f3n del inmueble a expropiar, la metodolog\u00eda avaluatoria empleada, c\u00e1lculo del valor del terreno, de los anexos y los cultivos, satisfaciendo con ello los requerimientos sustanciales determinados en el art\u00edculo 226 del C. G. del P. Ahora, en este punto debe destacarse que dicho aval\u00fao presentado por la parte demandante, fue objeto de contradicci\u00f3n por el apoderado del demandado, a trav\u00e9s del llamado que se le hizo a sus autores para que comparecieran en audiencia a responder el respectivo interrogatorio, frente a lo cual asistieron el se\u00f1or economista Jos\u00e9 Omar Bermeo Parra, como perito avaluador designado para su elaboraci\u00f3n, y el ingeniero Omar Pinz\u00f3n, como integrante del comit\u00e9 de avaluaci\u00f3n que tambi\u00e9n suscribi\u00f3 la mencionada pericia (\u2026). En ese orden de ideas, se responde el problema jur\u00eddico planteado al inicio de este ac\u00e1pite, en el sentido que la determinaci\u00f3n del valor del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n s\u00ed obedeci\u00f3 a los criterios de apreciaci\u00f3n probatoria jur\u00eddicamente adecuados para este tipo de asuntos a fin de determinar la indemnizaci\u00f3n, conforme a la prueba que satisfac\u00eda en mayor parte los requerimientos legales sobre la materia, encontr\u00e1ndose por ello, ajustado a derecho. Sin embargo, debe destacarse que el valor a determinarse dentro de este tipo de procesos es el que ten\u00eda el bien inmueble al momento de la entrega material del mismo, y como bien no puede desconocerse la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda y que el particular no debe asumir a t\u00edtulo personal un detrimento en su patrimonio, deben reconoc\u00e9rsele los intereses causados, o para el caso, en atenci\u00f3n a la consignaci\u00f3n del dinero que se hizo previamente en la cuenta del Juzgado, el valor actualizado para la fecha en que se verifique efectivamente la indemnizaci\u00f3n, lo cual se adicionar\u00e1 al fallo de primera instancia, en atenci\u00f3n al tiempo transcurrido entre la entrega del bien y esta sentencia, conforme a los siguientes par\u00e1metros\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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