STC140-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC140-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02506-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 24 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Jhon Alexander Rivera G\u00f3mez, formul\u00f3 contra los Juzgados Once Civil del Circuito y Doce Civil Municipal, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en los incidentes de desacato radicados bajo los n\u00fameros 2021-00403 y 2021-00367. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, libertad y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 19 de julio de 2021, revoc\u00f3 las sentencias proferidas por el Juzgado Doce Civil Municipal de esta ciudad el 11 de junio y 9 de julio de 2021, en las acciones de tutela promovidas por Hugo Daniel Pulido Parra y William Humberto Rodr\u00edguez Garz\u00f3n, y concedi\u00f3 el amparo del derecho a la libertad sindical y el principio democr\u00e1tico a la participaci\u00f3n de los nombrados, y le orden\u00f3 a la organizaci\u00f3n sindical que representa, que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esa sentencia, realizara la convocatoria de una asamblea general en la forma establecida en sus estatutos. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, pese a que desde el principio prob\u00f3 el cumplimiento del fallo, fue sancionado por desacato con medidas de arresto y multa, en seis oportunidades, y solo hasta el s\u00e9ptimo incidente de desacato, el juez de tutela de primera instancia hall\u00f3 cumplida la sentencia y neg\u00f3 la solicitud. <\/p>\n
Explic\u00f3, que por los incidentes de desacato que se adelantaron en su contra, fue sancionado, en total, con tres (3) meses y nueve (9) d\u00edas de arresto y multa de 45 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que constitu\u00eda \u00abuna verdadera pena\u00bb, a pesar de que la junta directiva de la organizaci\u00f3n sindical que representa, convoc\u00f3 y realiz\u00f3 la asamblea ordenada \u00abcon entero cumplimiento del fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que el s\u00e9ptimo incidente de desacato se promovi\u00f3 en forma deliberada, porque los accionantes conoc\u00edan del cumplimiento del fallo, no obstante, manifestaron lo contrario. Adem\u00e1s, sabotearon las tres convocatorias y asambleas anteriores, y organizaron una reuni\u00f3n \u00abespuria para denigrar del suscrito y de la que era la junta directiva del momento\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3, que el 14 de septiembre de 2022, el juez de tutela consider\u00f3 que el \u00faltimo desacato se instaur\u00f3 cuando ya se hab\u00eda convocado la asamblea, que la convocatoria se hizo desde el 12 de agosto de ese a\u00f1o y que, por falta de quorum fue necesaria una nueva convocatoria y, finalmente, que el 16 de septiembre de 2022, se realiz\u00f3 la asamblea general de afiliados, en los t\u00e9rminos de los estatutos del sindicato. <\/p>\n
Refiri\u00f3, que el 26 de septiembre siguiente solicit\u00f3 al juez de primera instancia la \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de las medidas de arresto y multa ordenadas en los 6 desacatos anteriores, toda vez que la orden de tutela fue obedecida en su integridad, petici\u00f3n que fue negada por auto de ese mismo d\u00eda, sin ninguna motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que la decisi\u00f3n del Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, se apart\u00f3 del precedente constitucional \u00abque ha entendido el incidente de desacato como mecanismo que busca obediencia de la orden de tutela. De all\u00ed que, si el responsable encaus\u00f3 su conducta conforme lo dispuesto en el amparo de tutela, las medidas sancionatorias carecen de sentido\u00bb, y vulner\u00f3 sus derechos, puesto que dispuso que se adelantaran actuaciones tendientes a \u00abperfeccionar las seis penas de arresto impuestas al se\u00f1or Jhon Alexander Rivera G\u00f3mez\u00bb, aunque, reiter\u00f3, que ya se hab\u00eda acreditado el cumplimiento del fallo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3, ordenar que cesen los efectos de las medidas de arresto y multa impuestas en los incidentes de desacato seguidos en las acciones de tutela n\u00fameros 2021-00367 y 2021-00403, presentadas por los se\u00f1ores Pulido Parra y Rodr\u00edguez Garz\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, tras un recuento de las actuaciones acaecidas en los siete incidentes de desacato iniciados contra el accionante, inform\u00f3, en resumen, que se neg\u00f3 el tr\u00e1mite del \u00faltimo, porque se constat\u00f3 que el sindicato estaba cumpliendo la orden de tutela, en los t\u00e9rminos dispuestos. <\/p>\n
Inform\u00f3, que el 26 de septiembre de 2022 neg\u00f3 la solicitud de \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de las medidas de arresto y multa aplicadas, \u00abtoda vez que las mismas se impusieron por haberse acreditado el incumplimiento al fallo de tutela, decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y confirmadas por el juez civil del circuito. Adicionalmente, no es este el juzgador que las debe ejecutar\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que, en auto de 28 de septiembre siguiente, orden\u00f3 oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, Polic\u00eda Nacional y a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol, con el fin de informarles que deb\u00edan continuar con las acciones necesarias para cumplir las \u00f3rdenes, tendientes a las sanciones de arresto impuestas. <\/p>\n
Precis\u00f3, que, en cumplimiento de la sentencia de tutela de 26 de octubre de 2022, proferida por la Sala Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en auto de 2 de noviembre del mismo a\u00f1o, requiri\u00f3 nuevamente a la entidad sindical incidentada, para que informara si la asamblea se hab\u00eda realizado, en qu\u00e9 condiciones y si hab\u00eda atendido las prescripciones del estatuto de la organizaci\u00f3n sindical. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que el 8 de noviembre de 2022, corri\u00f3 traslado a los incidentantes de lo manifestado por el incidentado, y que, para ese momento, se encontraba pendiente la resoluci\u00f3n el s\u00e9ptimo incidente de desacato, conforme a lo ordenado por dicho Tribunal, en el fallo constitucional antes referido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que hab\u00eda conocido, en sede de consulta, seis incidentes de desacato por el incumplimiento de la sentencia de 19 de julio de 2021, en los cuales confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. Resalt\u00f3, que es evidente el desconocimiento de autoridad y \u00abburla hacia la administraci\u00f3n de justicia por parte del se\u00f1or Jhon Alexander Rivera G\u00f3mez, quien tard\u00f3 m\u00e1s de catorce meses en cumplir una orden de tutela\u00bb, y que el accionante interpuso \u00absendas acciones de tutela\u00bb, sin que ninguna hubiese prosperado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo, luego de considerar que, si bien, la jurisprudencia constitucional permit\u00eda que el juez del incidente de desacato se abstuviera de imponer sanciones al respecto, frente al cumplimiento demostrado del accionado, lo cierto es que esa posibilidad solo era viable dentro de un t\u00e9rmino razonable, y no cuando la orden ya se encontrara en firme. <\/p>\n
Adicionalmente, tom\u00f3 en cuenta que \u00aben este asunto [\u2026] para el momento en que se pidi\u00f3 la exoneraci\u00f3n de las sanciones, 26 de septiembre de 2022, ya se hab\u00eda surtido el grado de consulta de las distintas decisiones y hab\u00edan quedado ejecutoriadas dos o m\u00e1s meses antes, precisamente porque los juzgadores de primero y segundo grado estimaron que hasta entonces hubo incumplimiento\u00bb; destac\u00f3, que \u00absi el fin del desacato [era] persuadir al obligado para lograr la obediencia pronta del fallo de tutela, en este caso esa finalidad no se cumpli\u00f3, pues evidente fue la demora del accionante, antes de adelantar las conductas que luego considera id\u00f3neas para cumplir\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Jhon Alexander Rivera G\u00f3mez acudi\u00f3 inconforme con el auto de 26 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s del cual, el Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la solicitud de \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de las medidas de arresto y multa impuestas en su contra en los incidentes de desacato radicados bajo los n\u00fameros 2021-00367 y 2021-00403, a pesar de que la orden de tutela proferida -la convocatoria de una asamblea general- ya hab\u00eda sido obedecida en su integridad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se anuncia la revocatoria de la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1 Analizados con detenimiento los referidos expedientes, se constat\u00f3 que, en efecto, en sentencia de 19 de julio de 2021 el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, en sede de segunda instancia, concedi\u00f3 el amparo solicitado por los se\u00f1ores William Humberto Rodr\u00edguez Garz\u00f3n y Hugo Daniel Pulido Parra, y le orden\u00f3 al Sindicato de Trabajadores de Colpensiones-SINTRACOLPEN \u00abque, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, proceda a trav\u00e9s de su representante legal, o de quien haga sus veces, a realizar la convocatoria de la Asamblea General de Asociados, la cual deber\u00e1 efectuarse en forma y t\u00e9rminos indicados en sus estatutos\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
(\u2026) el Sindicato de Trabajadores de la Administradora de Pensiones Colpensiones – SINTRACOLPEN ha desplegado todas las acciones necesarias con miras a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo proferido en los t\u00e9rminos precisos y en la medida de lo posible, pues ya procedieron a convocar a la Asamblea General de Asociados, la cual se ha efectuado en forma y t\u00e9rminos indicados en los estatutos, tal y como fue ordenado en la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De lo antes expuesto y teniendo en cuenta el concepto de desacato, seg\u00fan se puede leer en la norma, alude de manera gen\u00e9rica a cualquier modalidad de incumplimiento de \u00f3rdenes proferidas por las autoridades judiciales, cuesti\u00f3n que no se configura en autos, pues como ya se indicar\u00e1 el Sindicato de Trabajadores de la Administradora de Pensiones Colpensiones – SINTRACOLPEN, est\u00e1 dado cumplimiento a la orden proferida, en los precisos t\u00e9rminos solicitados, raz\u00f3n por la cual el Incidente de Desacato ser\u00e1 denegado. <\/p>\n
Para el efecto, sea del caso indicar que el presente s\u00e9ptimo incidente de desacato se instaur\u00f3 cuando el Sindicato de Trabajadores de la Administradora de Pensiones Colpensiones – SINTRACOLPEN ya hab\u00eda realizado la convocatoria a la asamblea, obs\u00e9rvese que la primera se adelant\u00f3 el 12 de agosto, distinto es, que por falta de quorum la misma no se hubiere podido gestionar. Sin embargo, fue convocada nuevamente para el 23 de agosto y debido a las tem\u00e1ticas que hay por debatir, el sindicato tramit\u00f3 el permiso sindical para la continuaci\u00f3n de la misma para el 16 de septiembre de 2022. <\/p>\n
En igual sentido, los incidentantes deber\u00e1n tener en cuenta que el Sindicato de Trabajadores de la Administradora de Pensiones Colpensiones – SINTRACOLPEN ha actuado con apego a la ley y en la medida de sus posibilidades, pues sea del caso recordar el principio general del derecho, seg\u00fan el cual nadie est\u00e1 obligado a realizar lo imposible: \u201cAd impossibilia nemo tenetur\u201d, ello por cuanto por un lado, no es responsabilidad del sindicato que la primera convocatoria no se hubiere podido realizar por falta de quorum y por otro lado, que dada la complejidad de la asamblea no se pueda evacuar en una sola reuni\u00f3n, por tanto no es dable que alegue que tal entidad ha incurrido en desacato alguno, ya que a la presente data no se evidencia desobediencia alguna a la orden impartida, todo lo contrario est\u00e1n adelantando las gestiones con miras a evacuar la asamblea conforme lo estipulado en los estatutos, tan es as\u00ed que la asamblea no ha culminado y se continuar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas del presente mes y a\u00f1o. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No obstante, se conmina al Sindicato de Trabajadores de la Administradora de Pensiones Colpensiones – SINTRACOLPEN para que, en la referida continuaci\u00f3n de la asamblea general de asociados, se ci\u00f1an a lo ordenado en el fallo de tutela y en lo consagrados en sus estatutos. <\/p>\n
3.3 Ahora, para resolver la solicitud de \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de las medidas de arresto y multa impuestas en contra del accionante, y solicitada por \u00e9ste, el referido Juzgado Municipal, en providencia de 26 de septiembre de 2022 -auto censurado en esta acci\u00f3n constitucional-, decidi\u00f3, <\/p>\n
[\u2026] no accede[r] a la solicitud elevada [\u2026] consistente en la inejecuci\u00f3n de las medidas de arresto y multa aqu\u00ed impartidas, toda vez que las mismas se impusieron por haberse acreditado el incumplimiento al fallo de tutela, decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y confirmadas por el Juez Civil del Circuito, por lo tanto deber\u00e1 estarse a lo all\u00ed dispuesto. Aunado a que no es este juzgador quien las debe ejecutar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo cuando en la tramitaci\u00f3n de un incidente de desacato, se ha desconocido de manera flagrante la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes. En tal sentido, se ha dicho que \u00aben el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una v\u00eda de hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda a la acci\u00f3n de tutela en procura de obtener protecci\u00f3n constitucional. Ser\u00e1 el juez de tutela, entonces, el que entre a valorar si en el caso concreto se configuran los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n contra providencias judiciales y si se configura o no una v\u00eda de hecho\u00bb (CSJ ST, 8 de feb. 2008, Rad. 00344-01, reiterada en STC 3 de mar. 2010, Rad. 00082-01, STC15296-2014 y STC9103-2015). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Bajo los anteriores lineamientos, en este caso se observ\u00f3 que, si bien, en principio no resultar\u00eda procedente el amparo aqu\u00ed reclamado frente a la providencia de 26 de septiembre de 2022, por haber sido proferida en un incidente de desacato, lo cierto es que los argumentos expuestos en dicha determinaci\u00f3n resultaron lesivos del derecho fundamental del debido proceso del aqu\u00ed interesado, por haber incurrido en una causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial1, como pasa a explicarse. <\/p>\n
5.1 Es verdad que de la conducta desplegada por el incidentado dentro de la acci\u00f3n constitucional criticada se desprend\u00eda una responsabilidad subjetiva, y de all\u00ed que hab\u00eda lugar a imponer en su momento las sanciones por desacato a la directriz impuesta en el fallo de tutela, sin embargo, lo cierto es que con posterioridad, aqu\u00e9l acredit\u00f3 el acatamiento de la orden superior aludida, luego entonces, y en virtud de los incisos 2\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 19912, tras evidenciar que en efecto se garantiz\u00f3 la protecci\u00f3n concedida, el Juez Municipal accionado estaba en la obligaci\u00f3n de revisar las penas impuestas, pues la norma en cita prev\u00e9 que estas solo deber\u00edan perdurar, \u00fanicamente, hasta el eventual cumplimiento del fallo. <\/p>\n
5.2 De tiempo atr\u00e1s se ha insistido en que, aunque entre los objetivos del incidente de desacato est\u00e1 el de sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte del accionado responsable, su prop\u00f3sito final es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales con ella protegidos. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha indicado, que, \u00abcuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, as\u00ed sea extempor\u00e1neamente e incluso despu\u00e9s de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas\u2026 \u2018pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3. (\u2026) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que \u2018(\u2026) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia\u00bb (CSJ. STC2013 31 oct. exp. 00393-01, reiterada en STC2013, 18 dic. rad. 02975-00, STC-2014, 29 oct., rad, 02356-00, STC3077-2015, STC5815-2015, STC9613-2015, STC204-2016, STC6709-2017, STC9819-2019, STC1985-2020 y STC16362-2022, entre muchas). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional, ha sostenido que, <\/p>\n
(\u2026) El juzgado mal pod\u00eda negar el levantamiento de las sanciones con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma pac\u00edfica por esta Corte en cuanto a que el prop\u00f3sito perseguido por la sanci\u00f3n es conminar al obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar por sancionar. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, ante las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de las sanciones, el Juzgado (\u2026) estaba llamado a incorporar en su razonamiento la jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de prevalencia de lo sustancial (que en este caso ser\u00eda la constataci\u00f3n de las acciones positivas orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se justificaba mantener las medidas coercitivas impuestas. <\/p>\n
Tal como lo sostuvo el propio juzgado (\u2026) -el \u00fanico de los procesos en que accedi\u00f3 a levantar las sanciones porque se demostr\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n al incidentante\u2013, ejecutar la sanci\u00f3n una vez se ha evidenciado el cumplimiento de la orden de tutela no conlleva la reivindicaci\u00f3n del derecho constitucional vulnerado, porque este ya fue satisfecho, sino a transformar una medida de apercibimiento en una medida punitiva asimilable al derecho penal con funciones de prevenci\u00f3n general (\u2026). (negrilla fuera de texto) <\/p>\n
En consecuencia, tras percatarse de que no cab\u00eda endilgarle negligencia a las conminadas y de que en raz\u00f3n a las circunstancias la sanci\u00f3n no operaba como un mecanismo para asegurar la efectividad de los derechos amparados en cada una de las acciones de tutela \u2013pues no era una manera eficaz de forzar el pago inmediato de las medidas de reparaci\u00f3n y, en todo caso, (\u2026) se hab\u00eda allanado al cumplimiento (\u2026) lo que correspond\u00eda era proceder al levantamiento o inaplicaci\u00f3n de las sanciones de arresto y multa impuestas, en atenci\u00f3n al precedente constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato. (negrilla en texto) <\/p>\n
Lo anterior permite concluir entonces que, en esta sentencia de unificaci\u00f3n se reafirm\u00f3 que el prop\u00f3sito perseguido por la sanci\u00f3n es conminar al obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar por sancionar, y que ante la solicitud de inaplicaci\u00f3n se deben constatar las acciones positivas orientadas al cumplimiento y con base en ellas, reconsiderar si se justifica mantener las medidas coercitivas impuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, ejecutar la sanci\u00f3n una vez se ha evidenciado el cumplimiento de la orden de tutela no conduce a la reivindicaci\u00f3n del derecho constitucional vulnerado, porque este ya fue satisfecho, sino a transformar una medida de advertencia en punitiva, y en todo caso, cuando el obligado se allana a cumplir, lo que corresponde es proceder a inaplicar las medidas \u00aben atenci\u00f3n al precedente constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, teniendo en cuenta que, Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1 mediante auto de 14 de septiembre de 2022, consider\u00f3 que el sindicato incidentado ya hab\u00eda cumplido con la orden de tutela referida, lo argumentos para mantener las sanciones cuya inaplicaci\u00f3n se solicit\u00f3, resultan insuficientes. <\/p>\n
7. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento referido a que la sentencia se cumpli\u00f3 cuando ya se hab\u00eda dispuesto lo pertinente para que se consumaran las sanciones, esto es, con los requerimientos a las respectivas autoridades para su ejecuci\u00f3n. Para el efecto, basta recordar que en Sentencia STC1985-2020, esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3, en un evento de similares contornos, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abcon posterioridad a lo resuelto, aqu\u00e9lla acredit\u00f3 el acatamiento de las \u00f3rdenes superiores que le fueron impartidas; luego entonces, en virtud de los incisos 2\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 19913, el Juzgado (\u2026) estaba en la obligaci\u00f3n de invalidar en su totalidad el castigo impuesto, pues no solo la norma en cita prev\u00e9 que \u00e9ste debe perdurar \u00fanicamente hasta que se verifique el cumplimiento del fallo, sino que no puede aceptarse el argumento esbozado en torno a que, como la multa impuesta ya hab\u00eda sido reportada a la respectiva oficina judicial para el cobro coactivo, no pod\u00eda \u00e9sta levantarse\u00bb (reiterada en STC16362-2022) (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Se insiste, de acuerdo con lo que ha expresado la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Corte, <\/p>\n
[l]a finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando (Corte Constitucional, sentencia T-421, 23 may. 2003, acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil entre otros, en ATC-2015, 13 may, rad. 2015-00063-01, ATC3007-2015, STC9819-2019, STC12540-2021 y ATC821-2022). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada, se conceder\u00e1 el amparo formulado y se dejar\u00e1 sin efecto el auto de 26 de septiembre de 2022 proferido por Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1, para que resuelva nuevamente la solicitud de \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de las medidas de arresto y multa ordenadas en los mencionados desacatos, en contra del accionante, teniendo en cuenta para el efecto lo analizado en esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto en precedencia, para CONCEDER el amparo al derecho fundamental del debido proceso de Jhon Alexander Rivera G\u00f3mez. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin efecto el auto de 26 de septiembre de 2022, proferido Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1 dentro de los expedientes radicados bajo los n\u00fameros 2021-00403 y 2021-00367. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Doce Civil Municipal de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva nuevamente la solicitud de \u00abinejecuci\u00f3n\u00bb de las medidas de arresto y multa ordenadas en los mencionados desacatos, en contra del accionante, teniendo en cuenta para el efecto lo analizado en esta providencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de la misma. <\/p>\n
CUARTO. Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto cfr. SU034\/2022. <\/p>\n
2\u0002 (\u2026) El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. (\u2026). En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. <\/p>\n
3\u0002 (\u2026) El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. (\u2026).En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. <\/p>\n
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STC140-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC140-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02506-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}