STC141-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC141-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00373-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de noviembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Carlos Arturo Montoya Ahmedt, en calidad de Defensor de Familia adscrito al Centro Zonal Noroccidental de Medell\u00edn, le instaur\u00f3 al Juzgado Doce de Familia, extensiva a la Comisar\u00eda Sesenta de Familia del Corregimiento de San Crist\u00f3bal, ambas, de la misma ciudad, al agente del Ministerio P\u00fablico y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n.\u00ba 2022-00530. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se invalidara el auto n.\u00ba 840, por medio del cual, el estrado querellado le \u00abremiti\u00f3 un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en el contexto de la violencia intrafamiliar\u00bb, y se ordenara al \u00abComisario de Familia continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos iniciado a favor del adolescente A.F.O.O. y ce\u00f1irse al debido proceso administrativo (\u2026) y en caso de considerarlo necesario, interponer la denuncia penal ante la FISCAL\u00cdA GENERAL PARA RESPONSABILIDAD ADOLESCENTE a fin de que se inicie investigaci\u00f3n por responsabilidad penal adolescente, en cuyo tr\u00e1mite, se designar\u00e1 un Defensor de Familia que asuma la asistencia y protecci\u00f3n legal correspondiente en el curso del proceso penal y sin perjuicio de continuar conociendo el PARD por violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que el \u00e1rea de psicolog\u00eda de la l\u00ednea de emergencias 123, activ\u00f3 la ruta de atenci\u00f3n en favor de Eugenia Mar\u00eda Rivera Riveros, quien denunci\u00f3 ser v\u00edctima de violencia intrafamiliar por parte de su hijo de 15 a\u00f1os de edad, quien consume sustancias alucin\u00f3genas, correspondiendo conocer el caso a la Comisar\u00eda Sesenta de Familia del Corregimiento de San Crist\u00f3bal, Medell\u00edn. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, pese a establecerse que Oscar Manuel Rivera Riveros es el actor de la conducta delictiva y su ascendiente la afectada, la mencionada autoridad abri\u00f3 proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del agresor, impuso a la madre asistir a un curso pedag\u00f3gico sobre los \u00abderechos de la ni\u00f1ez\u00bb y le envi\u00f3 las diligencias (24 may. 2022). <\/p>\n
En aras de definir si estaba habilitado para dirimir el asunto (7 ag.), orden\u00f3 valoraci\u00f3n psicosocial, mediante la cual corrobor\u00f3 que la investigaci\u00f3n tuvo su g\u00e9nesis en \u00abviolencia dom\u00e9stica\u00bb, cuya resoluci\u00f3n est\u00e1 a cargo del Comisario de Familia (Ley 294 de 1996), raz\u00f3n por la cual le devolvi\u00f3 el legajo (9 sep.) y, en la misma calenda, el funcionario receptor plante\u00f3 conflicto negativo de competencia, desatado por el Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn (27 oct. 2022). <\/p>\n
Asever\u00f3 que esta \u00faltima providencia carece de \u00abt\u00e9cnica jur\u00eddica y rigor argumentativo\u00bb, por cuanto le asign\u00f3 un decurso atribuido legalmente a la instituci\u00f3n primigenia, fundamentos que puso de presente al despacho enjuiciado, sin obtener respuesta hasta la fecha de radicar esta queja. <\/p>\n
2.- El Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn pidi\u00f3 negar el auxilio, por cuanto no ha quebrantado garant\u00eda alguna al quejoso, toda vez que la directriz reprochada se emiti\u00f3 \u00abbajo el entendido que O.M.R.R. es un adolescente infractor, que a su vez, es v\u00edctima de sus adicciones a las sustancias psicoactivas que amenazan su desarrollo integral; situaci\u00f3n que en ambos casos, demanda la asistencia del Defensor de Familia por ser \u00e9l el funcionario competente para restablecerle sus derechos (\u2026) hasta llegar el extremo de compulsar copias para la investigaci\u00f3n del delito de violencia intrafamiliar en caso de activarse el sistema de responsabilidad penal de adolescentes\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, adjunt\u00f3 el paginario digital contentivo de la colisi\u00f3n, donde milita prove\u00eddo por medio del cual rechaz\u00f3 de plano el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb impetrado por el gestor, por improcedente (8 nov.). <\/p>\n
La Comisar\u00eda Sesenta de Familia de San Crist\u00f3bal de Medell\u00edn se opuso al resguardo, tras se\u00f1alar que este evento se rige por el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia que fija en cabeza del Defensor de Familia amplias potestades para definirlo y no por las Leyes 294 de 1996 y 2126 de 2021, aplicables al \u00abn\u00facleo familiar adulto mayor de 18 a\u00f1os, mas no para cuando hay un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Diecisiete Judicial II de Infancia, Adolescencia y Familia estim\u00f3 inviable el ruego, como quiera que el estrado cuestionado se pronunci\u00f3 en torno a la impugnaci\u00f3n del precursor frente a la decisi\u00f3n recriminada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abla accionada no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, si en cuenta se tiene que (\u2026) la decisi\u00f3n objeto de la queja constitucional (\u2026) no constituye una decisi\u00f3n arbitraria ni caprichosa comoquiera que, la misma la ciment\u00f3 con argumentos razonables que no pueden considerarse contrarios al ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que se compartan o no\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el promotor insistiendo en las disertaciones de la demanda superlativa, adem\u00e1s de hacer \u00e9nfasis en el desconocimiento de los principios de seguridad jur\u00eddica y legalidad y, en que, lo colegido por el a-quo se soport\u00f3 en \u00abun concepto jur\u00eddico del ICBF el cual versa sobre la actuaci\u00f3n del Defensor de Familia ante el Proceso de Responsabilidad Penal para Adolescentes (\u2026) [que] no alcanza la entidad de ley reglamentaria ni c\u00f3digo procesal como para ser tenido en cuenta para zanjar un conflicto de competencias el cual debe tener indefectiblemente fundamento normativo, por tratarse la ley procesal de un asunto de orden p\u00fablico e imperativo cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que lo solventado en primera instancia debe ser convalidado, porque la determinaci\u00f3n debatida no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, de las piezas arrimadas al dossier se observa que el 27 de octubre de 2022, el Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn, resolvi\u00f3 el \u00abconflicto de competencia\u00bb suscitado entre la Comisar\u00eda Sesenta de Familia de San Crist\u00f3bal y la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Noroccidental del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, concluyendo que la encargada de tramitar el asunto era la \u00faltima. <\/p>\n
Para arribar a ese colof\u00f3n, memor\u00f3 el marco normativo que regula las facultades de los entes concernidos, as\u00ed como los episodios que pueden enmarcarse en el concepto de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, destacando que el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 2126 de 2021 sent\u00f3 en \u00ablos comisarios y comisarias de familia\u00bb el se\u00f1or\u00edo para \u00abconocer la violencia en el contexto familiar que, para los efectos de esta ley, comprende toda acci\u00f3n y omisi\u00f3n que pueda causar o resulte en da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, patrimonial o econ\u00f3mico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n que se comete por uno o m\u00e1s miembros del n\u00facleo familiar, contra uno o m\u00e1s integrantes del mismo, aunque no convivan bajo el mismo techo\u00bb. <\/p>\n
Lo propio ocurre cuando los maltratamientos se registren entre \u00abc\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes\u00bb, \u00abpadre y madre de familia\u00bb, \u00abpersonas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de la familia\u00bb, \u00abpersonas que residan en el mismo hogar o lo integren sin relaci\u00f3n de parentesco\u00bb y \u00abpersonas con las que se sostiene o se haya sostenido una relaci\u00f3n de pareja, cohabitacional o no, de car\u00e1cter permanente que se caracterice por una clara e inequ\u00edvoca vocaci\u00f3n de estabilidad\u00bb. <\/p>\n
En torno a los par\u00e1metros para decantar sobre qu\u00e9 organismo deben recaer litigios de dicha naturaleza que involucren menores de edad, memor\u00f3 los par\u00e1grafos del citado canon, a cuyo tenor: <\/p>\n
Cuando en un mismo municipio concurran Defensor\u00edas de Familia y Comisar\u00edas de Familia, la competencia se determinar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El comisario o la comisaria de familia se encargar\u00e1 de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes cuando se presenten vulneraciones o amenazas de derechos dentro del contexto de la violencia familiar, excepto cuando se trate de cualquier forma de violencia sexual. (Subrayas del despacho). <\/p>\n
<\/p>\n
2. El defensor o la defensora de familia se encargar\u00e1 de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en las circunstancias de vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El defensor o la defensora de familia ser\u00e1 competente respecto de cualquier forma de violencia sexual, sin distinci\u00f3n de quien cometa la vulneraci\u00f3n. En caso de existir dentro del mismo n\u00facleo familiar otros ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes v\u00edctimas de violencias distintas a la sexual, el defensor o la defensora de familia asumir\u00e1 competencia frente a todos ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En aquellos casos en los cuales adem\u00e1s de la violencia sexual en el contexto familiar contra el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, se hayan presentado hechos de violencia contra uno o varios de los integrantes adultos de su n\u00facleo familiar, la competencia ser\u00e1 asumida por el comisario o la comisaria de familia. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2. En virtud de los principios de corresponsabilidad y del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, cuando el defensor o defensora de familia o el comisario o comisaria de familia conozca de casos diferentes a los de su competencia, verificar\u00e1 la garant\u00eda de derechos, y de ser necesario dar\u00e1 inicio el proceso de restablecimiento de derechos, ordenar\u00e1 las medidas de protecci\u00f3n y de restablecimiento de derechos y remitir\u00e1 a la autoridad competente a m\u00e1s tardar al tercer d\u00eda h\u00e1bil siguiente, que se contar\u00e1n a partir del conocimiento del caso. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 3. La competencia subsidiaria prevista en el Art\u00edculo 98 de la Ley 1098 de 2006 o la norma que la modifique o adicione, ser\u00e1 asumida por los comisarios y comisar\u00edas de familia solo en aquellos municipios donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hubiere designado un defensor o defensora de familia <\/p>\n
Acto seguido, analiz\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su escrutinio, adverando que el adolescente \u00abno es una v\u00edctima de violencia intrafamiliar, por el contrario, es \u00e9l quien la ejerce contra su madre (\u2026) pues de ello dio cuenta la verificaci\u00f3n que realiz\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia de San Crist\u00f3bal, y que ratific\u00f3 el informe socio familiar que practic\u00f3 la profesional del ICBF; ambos informes coinciden en que Oscar Manuel infringe la Ley penal por sus actos violentos contra su progenitora, y que tales conductas se producen por su consumo de sustancias adictivas\u00bb. <\/p>\n
Dicho esto, afirm\u00f3 que si bien Oscar Manuel era un joven infractor, tambi\u00e9n es \u00abv\u00edctima de sus adicciones a las sustancias psicoactivas que amenazan su desarrollo integral; situaciones que en ambos casos, demandan la asistencia del Defensor de Familia como razonadamente lo indica el Comisario de Familia de San Crist\u00f3bal, funcionario que en forma atinada cumpli\u00f3 con su funci\u00f3n dando inici[o] al PARD en inter\u00e9s del adolescente, realiz\u00f3 la verificaci\u00f3n del estado de garant\u00eda de sus derechos, adopt\u00f3 las medidas urgentes (\u2026) adem\u00e1s solicit\u00f3 la asistencia del mismo funcionario para la protecci\u00f3n de sus derechos en el sistema de responsabilidad penal -competencia funcional claramente definida por las normas citadas en p\u00e1rrafos precedentes y asignada al defensor de Familia-\u00bb. <\/p>\n
Con soporte en lo anterior, resolvi\u00f3 retornar el cartapacio a la Defensor\u00eda de Familia, no para que adelantara una investigaci\u00f3n penal sino el restablecimiento de los derechos del adolescente, se sobreentiende, con miras a lograr su rehabilitaci\u00f3n y la superaci\u00f3n de las agresiones f\u00edsicas y verbales que ha infringido contra su progenitora, ya que, el objetivo del sistema jur\u00eddico que protege a los ni\u00f1os y ni\u00f1as no es el de castigar sus falencias sino corregirlas oportuna y acertadamente. <\/p>\n
3.- Por consiguiente para la Corte no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el accionante, toda vez que lo dictaminado acompasa con la normatividad aplicable de suerte, que, es indudable que la aspiraci\u00f3n del antagonista con el socorro es imponer su propia visi\u00f3n acerca de la \u00absoluci\u00f3n\u00bb que debi\u00f3 darse al caso, sin que tal designio se compadezca con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo \u00abobjetivo\u00bb no es servir de tercera instancia para discutir los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC3172-2022 y STC13798-2022). <\/p>\n
4.- Ergo, como se anunci\u00f3, el veredicto opugnado ser\u00e1 respaldado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC141-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC141-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00373-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}