STC145-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC145-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00434-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que el gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Mar\u00eda Ernestina Ceballos Galeano, como propietaria del establecimiento de comercio \u00abEL PODER DE LAS GORRAS #2\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de \u00abuna unidad sanitaria p\u00fablica accesible para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas, cumpliendo normas t\u00e9cnicas para ello\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, bajo el radicado n\u00ba 2022-00122, quien, en prove\u00eddo del 25 de febrero de 2022, admiti\u00f3 la causa tendiente a salvaguardar los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
Seguidamente, el libelista solicit\u00f3 sentencia anticipada, la cual fue negada por el estrado cognoscente, en auto del 19 de octubre de 2022. <\/p>\n
Inconforme, el convocante interpuso reposici\u00f3n y a su vez requiri\u00f3 que se le compartiera \u00abel libro radicador de audiencias\u00bb, frente a lo cual, el despacho enjuiciado se pronunci\u00f3 (i) \u00abrechaza[ndo] de plano\u00bb la impugnaci\u00f3n propuesta; y, (ii) no accediendo al \u00faltimo pedimento, pues advirti\u00f3 que \u00abno lleva agenda digital (\u2026) y si lo que busca es el enteramiento de las fechas de las audiencias fijadas en las acciones populares, estas se han notificado debidamente a trav\u00e9s de los estados electr\u00f3nicos\u00bb. <\/p>\n
Expuso el promotor que \u00abel tutelado [desconoce] los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone art 5, 84 ley 472 de 1998\u00bb. Agreg\u00f3 que pidi\u00f3 \u00abproferir sentencia anticipada, de lo cual nada se resuelve en el ultimo (sic) auto\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental que se ordene a la autoridad censurada: (i) \u00abproferir sentencia anticipada amparado art 278 CGP\u00bb; (ii) \u00abcompart[ir] el libro radicador de audiencias del despacho\u00bb; y, (iii) \u00abCUMPLIR T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito enjuiciado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio e inform\u00f3 que \u00ab[l]a pretensi\u00f3n del accionante contra este despacho se concentra en que se profiera sentencia anticipada, compartir libro radicador y cumplimiento de t\u00e9rminos, (\u2026) las dos primeras fueron decididas al interior de la acci\u00f3n popular, y, aunque el demandante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, a este no se le dio tr\u00e1mite, seg\u00fan auto del 11 de noviembre pasado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abactualmente este despacho como los dem\u00e1s civiles del circuito que conocemos de acciones populares nos encontramos con una carga laboral excesiva no solo con las acciones constitucionales sino tambi\u00e9n con el resto de demandas que ingresan diariamente, torn\u00e1ndose imposible emitir la sentencia en el t\u00e9rmino que establece el canon mencionado, adem\u00e1s debido a que en cada una de esas demandas, el actor popular presenta un sinn\u00famero de solicitudes improcedentes, que lo \u00fanico que hacen es dilatar los tr\u00e1mites haciendo m\u00e1s gravoso la labor del despacho, situaciones que se tendr\u00e1n en cuenta al momento de proferir la sentencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, anex\u00f3 constancia secretarial relacionando las acciones constitucionales tramitadas \u00abdesde el 10 de agosto al 31 de octubre de [2022]\u00bb. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira expuso que \u00abel [promotor] no ha descrito en la tutela presentada petici\u00f3n alguna que deba ser atendida por el ente municipal, ni tampoco las pretensiones cuenta con fundamentos legales que permitan la discusi\u00f3n jur\u00eddica. Sin embargo, s\u00ed llegasen a prosperar, estas pretensiones no son del resorte del municipio de Pereira, por tanto solicito de forma respetuosa se exonere de la presente acci\u00f3n a la Alcald\u00eda de Pereira\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel [convocante] no ha presentado (\u2026) ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional y que haya ameritado intervenci\u00f3n ante el juez respectivo por parte de esta agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador Provincial de Instrucci\u00f3n de Pereira reliev\u00f3 que el libelista no ha acudido a dicha entidad a pedir la intervenci\u00f3n judicial que reclama en la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que la notificaci\u00f3n de este asunto \u00abfue trasladada a la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, en cumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 36 del Decreto 262 de 2000, y del numeral 4.11 del art\u00edculo 9 de la Resoluci\u00f3n 377 del 9 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda, en tanto advirti\u00f3 que \u00abla lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas no ha tenido lugar (\u2026) comoquiera que, en el asunto objeto de debate, no se ha presentado la conducta reprochada, es decir, es inexistente acci\u00f3n u omisi\u00f3n en tal sentido, ya que otra es la realidad procesal en el tr\u00e1mite de la referida acci\u00f3n popular. (\u2026) Sumado a la vasta carga laboral endilgada a la presente judicatura, entre la que se encuentran mecanismos de naturaleza constitucional que paralelamente cuentan con primac\u00eda a los dem\u00e1s tramitados, tales como acciones de tutela tanto de primera como de segunda instancia, incidentes de Desacato\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la pretensi\u00f3n encaminada a que se dicte sentencia anticipada, expuso que tal pedimento incumple el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el recurrente, para se\u00f1alar que \u00abNADA SE CUMPLE REFERENTE A T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO SE NIEGA A REALIZAR SENTENCIA ANTICIPADA DESCONOCIENDO PRECEDENTE JUDICIAL\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental del querellante, por cuanto: (i) presuntamente incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos en la ley 472 de 1998 para dictar fallo de primera instancia en la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00122), incurriendo, supuestamente, en mora judicial; y (ii) neg\u00f3 las solicitudes elevadas por el gestor tendientes a que se profiriera sentencia anticipada y se le compartiera \u00abel libro radicador de audiencias del despacho\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las resoluciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de [fallos] de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio deprecado, puesto que: i) el retraso en la definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00122) se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n del juzgado censurado; y, ii) las pretensiones encaminadas a que se dicte sentencia anticipada y se comparta \u00abel libro radicador de audiencias del despacho\u00bb, incumplen el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la mora judicial. <\/p>\n
3.1.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, mas no cuando esta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entretanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, esta Sala recalc\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho enjuiciado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto. Al respecto, se dijo: <\/p>\n
3.1.2. De esta forma, revisadas las diligencias, advierte la Corte que la inobservancia del plazo prudencial por parte de la agencia judicial fustigada, para fallar en primera instancia, en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00122, no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, explic\u00f3 en su contestaci\u00f3n que \u00abactualmente es[e] despacho como los dem\u00e1s civiles del circuito que conoce[n] de acciones populares (\u2026) [se] enc[uentran] con una carga laboral excesiva no solo con las acciones constitucionales sino tambi\u00e9n con el resto de demandas que ingresan diariamente, torn\u00e1ndose imposible emitir la sentencia en el t\u00e9rmino que establece el canon mencionado, adem\u00e1s debido a que en cada una de esas demandas, el actor popular presenta un sinn\u00famero de solicitudes improcedentes, que lo \u00fanico que hacen es dilatar los tr\u00e1mites haciendo m\u00e1s gravoso la labor del despacho, situaciones que se tendr\u00e1n en cuenta al momento de proferir la sentencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00aben lo que va corrido del a\u00f1o 2022 (\u2026) [les] han correspondido m\u00e1s de 400 acciones populares, debi\u00e9ndose revisar cada expediente y resolver lo pertinente. Adem\u00e1s, los mismos actores populares aunque no sean abogados por la cantidad de procesos que radican ya deben conocer el tr\u00e1mite legal y sus respectivas obligaciones\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, anex\u00f3 \u00abconstancia secretarial que contiene algunas de las acciones constitucionales tramitadas en es[e] despacho desde el mes de agosto del presente a\u00f1o [2022], entre ellas las acciones de tutela de primera y segunda instancia, as\u00ed como incidentes de desacato y consultas por desacato, las cuales suspenden los dem\u00e1s t\u00e9rminos judiciales, legales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por cuanto se le ha otorgado el tr\u00e1mite procesal pertinente a cada una de las solicitudes presentadas, se ha actuado conforme la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
De manera que, no podr\u00eda en este caso endilgarse un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso de la c\u00e9lula judicial convocada, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece, se itera, a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia del estrado enjuiciado, pues el simple paso del tiempo, analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
3.1.3. Finalmente, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga ineludible la protecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el amparo transitorio estar\u00eda supeditado igualmente a que se halle probada la actitud omisiva por parte de la querellada, la cual, al no estar acreditada en el sub-lite, hace inviable la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible recurrir al [mecanismo supralegal] sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
El resguardo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que el gestor adopt\u00f3 una actitud negligente en el tr\u00e1mite de la precitada acci\u00f3n popular, puesto que aunque formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el auto de 19 de octubre de 2022, por medio del cual no se accedi\u00f3 a la solicitud de dictar sentencia anticipada elevada por el actor, lo cierto es que en prove\u00eddo de 10 de noviembre de esa anualidad, el juzgado encartado: (i) \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb el recurso por falta de sustentaci\u00f3n; y, (ii) no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de \u00abcompar[tir] el libro radicador de audiencias del despacho\u00bb, determinaci\u00f3n que no fue censurada por el interesado, pues s\u00f3lo hasta la presentaci\u00f3n de este auxilio muestra inconformidad con tal resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
De otra parte, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que se \u00abdesigne un procurador delegado a fin que (\u2026) presente tutelas (\u2026) ordenar una vigilancia expres (sic) al juzgado tutelado en todas las acciones populares que se encuentran en dicho despacho (\u2026) SE ORDENE A LA TUTELADA APORTE COPIA DE TODOS MIS RECURSOS,MEMORIALES Y TUTELAS\u00bb\u2013, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante la autoridad competente para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar la providencia censurada porque: (i) no puede atribuirse una actitud ap\u00e1tica o negligente por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dado que, como se evidenci\u00f3 en estas diligencias, el retraso en la definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n de ese despacho judicial; y, (ii) el resguardo incumple el presupuesto de la subsidiariedad puesto que la apat\u00eda en la utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 19 de diciembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC145-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC145-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00434-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. Actuando en nombre propio, el querellante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}