STC152-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC152-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03915-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Juan de Dios Rodr\u00edguez Castro contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 42 Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abse declare sin valor ni efecto la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil, de\u2026 29 de junio de 2022, mediante la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia\u2026\u00bb y, en consecuencia, dicte \u00abnueva decisi\u00f3n con la que se revoque el auto de\u2026 25 de octubre de 2021\u2026, mediante el cual se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Juan de Dios Rodr\u00edguez Castro promovi\u00f3 demanda de pertenencia contra los herederos de V\u00edctor Cort\u00e9s Torricos, que fue admitida con auto del 22 de agosto de 2016. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, mediante prove\u00eddo del 24 de mayo de 2018, se design\u00f3 curador ad litem, para que representara a los demandados indeterminados, auxiliar de la justicia que se notific\u00f3 de la admisi\u00f3n del libelo y contest\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de auto del 5 de agosto de 2019, el juzgado accionado decret\u00f3 la nulidad de lo actuado, \u00abpor cuanto encontr\u00f3 una irregularidad en el emplazamiento\u00bb, por lo que se orden\u00f3 repetir tal acto de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Efectuado el emplazamiento, el 4 de septiembre de 2019, se design\u00f3 un nuevo curador ad litem, quien no acept\u00f3 el cargo, por lo que se nombr\u00f3 otro auxiliar con auto del 17 de julio de 2020, persona que tampoco acept\u00f3 el encargo, nombr\u00e1ndose un nuevo curador, con prove\u00eddo del 27 de agosto de 2020, designaci\u00f3n que se comunic\u00f3 el 7 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, mediante providencia del 24 de septiembre de 2021, el a quo enjuiciado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, toda vez que \u00abel proceso [criticado] estuvo inactivo en la secretar\u00eda de ese despacho por m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb, decisi\u00f3n que el actor censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, recursos desestimados con autos del 4 de noviembre de 2021 y 29 de junio de 2022, respectivamente. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que las sedes judiciales acusadas \u00abdesconocen el principio\u2026 que contrae el art\u00edculo 317 del CGP, en virtud del cual se pretende castigar la inactividad de la parte cuando sobre sus hombros recae una carga procesal de la cual depende el avance del proceso, carga que a todas luces no estaba en [su] cabeza\u00bb, comoquiera que \u00abel nombramiento del curador y su notificaci\u00f3n es de resorte exclusivo del despacho judicial\u00bb, por lo que la terminaci\u00f3n del proceso que promovi\u00f3 resultaba inviable, pues el proceso estaba en la espera del cumplimiento de una \u00abobligaci\u00f3n\u00bb del juzgado de conocimiento. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que, \u00ab[a]unque se considera que no se incurri\u00f3 en un defecto superlativo\u2026, estar\u00e1 atent[a] a la decisi\u00f3n que en este caso se profiera\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto desconoci\u00f3 abundantes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, relacionados con la interpretaci\u00f3n del numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, en los que se ha reconocido que la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, en la hip\u00f3tesis contemplada en el referido numeral, s\u00f3lo procede cuando el litigio permanece paralizado por causa atribuible a los extremos del litigio, m\u00e1s no cuando la inactividad proviene de una omisi\u00f3n del juzgado. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal criticado, en la providencia del 29 de junio de 2022, precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
1. Revisada la actuaci\u00f3n, es posible observar desde el umbral la desventura del recurso de apelaci\u00f3n, toda vez que aparecen acreditados los requisitos del desistimiento t\u00e1cito, debido a la permanencia del expediente en la secretar\u00eda durante el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, por falta de impulso que le correspond\u00eda conforme a lo previsto en el art\u00edculo 317, numeral 2\u00ba, del CGP. <\/p>\n
2. Ese mandato 317 consagra la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito para la desidia, inactividad o abandono de la actuaci\u00f3n procesal, en dos hip\u00f3tesis distintas (numerales 1\u00b0 y 2\u00b0), pues en el derecho moderno, adem\u00e1s del principio inquisitorio relativo a desarrollo oficioso de los procesos civiles (arts. 2 del CPC y 8 del CGP), el procedimiento civil tambi\u00e9n se nutre del principio dispositivo, con una responsabilidad compartida de las partes para impulsar los tr\u00e1mites que les incumben, dada la necesidad de evitar la acumulaci\u00f3n de estos y su consecuente impacto negativo en varios aspectos, como la congesti\u00f3n judicial, el costo por el excesivo manejo f\u00edsico o electr\u00f3nico y estad\u00edstico de actuaciones, la generaci\u00f3n de mayores intereses en las obligaciones pendientes, o de perjuicios por el mantenimiento indeterminado de medidas cautelares, de tal modo que se requieren mecanismos para la depuraci\u00f3n eficaz de inventarios por actuaciones no atendidas en debida forma, o totalmente desatendidas. <\/p>\n
En \u00faltimas, si las partes descuidan u olvidan sus procesos o tr\u00e1mites judiciales, no luce razonable que solamente la administraci\u00f3n de justicia deba responder por ellos, raz\u00f3n suficiente para que, incumplidas las cargas id\u00f3neas para el andar ordenado de la actuaci\u00f3n y previo requerimiento (num. 1\u00ba del art. 317 del CGP), o cumplida la inactividad en los t\u00e9rminos y eventos previstos (num. 2\u00ba \u00eddem), simplemente el proceso debe terminarse por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
3. Las condiciones o pautas que deben tomarse en cuenta para la forma de desistimiento t\u00e1cito consagrada en el numeral 2\u00ba, que fue la aplicada aqu\u00ed, b\u00e1sicamente, son las siguientes: <\/p>\n
3.1. Que el proceso o actuaci\u00f3n \u201cde cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho\u201d. V\u00e9ase que puede ser un expediente de cualquier naturaleza, vale decir, sin determinaci\u00f3n o miramiento alguno en su car\u00e1cter, de manera que puede ser civil, incluyendo agrario y comercial, de familia, declarativo, ejecutivo o especial, salvo las limitaciones o hip\u00f3tesis especiales que emanen de la ley. Tampoco interesa la etapa en que se encuentre, porque la norma rige \u201cen cualquiera de sus etapas\u201d, antes o despu\u00e9s de notificarse el auto inicial a la parte demandada, e inclusive en la ejecuci\u00f3n posterior a la sentencia, pero el expediente debe estar en la secretar\u00eda, no en el despacho del juez. <\/p>\n
3.2. Que esa inactividad ocurra \u201cporque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia\u201d (se resalta), aunque si el proceso est\u00e1 en la fase posterior de ejecuci\u00f3n de la sentencia o auto de impulso de ejecuci\u00f3n, el plazo \u201cser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os\u201d (ord. b). Conforme al criterio objetivo del legislador, la inactividad puede ser de las partes cuando precept\u00faa que ninguna acci\u00f3n \u201cse solicita\u201d, que es verbo aplicable a aquellas, o del despacho judicial en la conjugaci\u00f3n propia para cuando no se \u201crealiza\u201d. De manera que basta la simple inactividad por el t\u00e9rmino fijado, as\u00ed los actos omitidos correspondan al impulso de las partes o del juez, sin que sea menester averiguar por aspectos subjetivos que anidan en visiones propias de incumplimiento culpable, punto en que hay un consciente y evidente cambio legislativo respecto de formas anteriores de desistimiento o perenci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Tambi\u00e9n es menester para este desistimiento que el a\u00f1o, o los dos a\u00f1os, de estatismo procesal se cuente \u201cdesde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n\u201d; pauta sobre la que cabe anotar que el a\u00f1o debe computarse en forma completa (art. 118 del CGP) \u2026 <\/p>\n
3.4. Otros requisitos consisten en que la especie de desistimiento t\u00e1cito bajo estudio procede \u201ca petici\u00f3n de parte o de oficio\u201d y que no es necesario el \u201crequerimiento previo\u201d. As\u00ed, puede ordenarse la terminaci\u00f3n porque lo pida una de las partes, o por el juez de oficio, a m\u00e1s de que no se hace el requerimiento previo que s\u00ed contempla el numeral 1\u00b0 del 317 para la otra forma de desistimiento. <\/p>\n
3.5. Consagra la norma, as\u00ed mismo, que en este tipo de desistimiento t\u00e1cito no hay lugar a condena en costas o perjuicios a cargo de las partes, regla cuya explicaci\u00f3n tiene fundamento en los ya comentados criterios objetivos que orientan la figura, en que no es necesario establecer el tipo de proceso, la etapa en que se produce, ni el incumplimiento de carga alguna. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4. En esta especie de actuaci\u00f3n, la regla de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito es la consagrada en el numeral 2\u00ba del precepto 317 ibidem, cuyos requisitos de inactividad se cumplieron sin ambages, de verse que, desde el 28 de agosto de 2020, fecha de notificaci\u00f3n del \u00faltimo auto (20Auto27Agosto2020.pdf) y la remisi\u00f3n del telegrama (7 de septiembre de 2020), y antes de que el juzgado decretara el desistimiento t\u00e1cito, el proceso estuvo inactivo en la secretar\u00eda del juzgado por m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, incluso hasta el 21 de septiembre de 2021, cuando se entr\u00f3 el proceso al despacho para el decreto del desistimiento t\u00e1cito (ConstanciadeEntradaArt317.pdf). Cumple agregar que, durante ese lapso de tiempo, ninguna actuaci\u00f3n efectu\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Por manera que ninguna duda cabe que se configur\u00f3 el supuesto f\u00e1ctico de la norma antes analizada, pues luego de las anotadas actuaciones, transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, sin que se haya presentado petici\u00f3n de impulso por la parte interesada. <\/p>\n
5. Ahora bien, no es de recibo el argumento del recurrente relacionado con que estaba a la espera de que el curador ad-litem designado aceptara el nombramiento, pues como se explic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, tr\u00e1tase de un criterio objetivo de simple inactividad por el t\u00e9rmino fijado en la norma, el previsto para el desistimiento t\u00e1cito, sin necesidad de estudiar los motivos de esa inactividad. <\/p>\n
Lo que aconteci\u00f3 en el asunto de autos, examinado ya que transcurri\u00f3 el aludido t\u00e9rmino sin actividad alguna en la actuaci\u00f3n, luego de designarse el \u00faltimo curador ad-litem y comunic\u00e1rsele\u2026 (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que el Tribunal desconoci\u00f3 lo decidido por esta Colegiatura, en casos an\u00e1logos, en los que se ha negado la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, a pesar de haber transcurrido los plazos que contempla el referido numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que no puede contabilizarse tal t\u00e9rmino de manera objetiva, sino que deben analizarse las circunstancias concretas de cada caso. <\/p>\n
As\u00ed pues, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el citado prove\u00eddo de 29 de enero no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado, explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable terminar el juicio atacado por desistimiento t\u00e1cito, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
Contempla el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que en el evento en que un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. <\/p>\n
No obstante, cuando el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante [como sucede en este caso] o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto en el numeral precitado ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
Descendiendo al asunto bajo estudio, de entrada se advierte que la determinaci\u00f3n fustigada se confirmar\u00e1, por las razones que pasar\u00e1n a exponerse. <\/p>\n
El desistimiento t\u00e1cito tiene como finalidad penalizar la incuria o desidia de los actores cuando descuidan el tr\u00e1mite de sus procesos o no cumplen con las cargas impuestas por el despacho, cuando ello resulta necesario para continuar el rito, toda vez que ese abandono o desobediencia repercute ostensiblemente en la congesti\u00f3n de los despachos judiciales e impide finiquitar las actuaciones a su cargo. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201cel desistimiento t\u00e1cito, adem\u00e1s de ser entendido como una sanci\u00f3n procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administraci\u00f3n de justicia diligente, c\u00e9lere, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (ii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes conf\u00edan al Estado la soluci\u00f3n de sus conflictos\u201d\u2026 <\/p>\n
Por ende, entre las hip\u00f3tesis que consagr\u00f3 el legislador para terminar los procesos bajo esta figura jur\u00eddica, se encuentra la inactividad superior a dos (2) a\u00f1os en procesos que cuenten con sentencia, misma que, por obvias razones, debe imputarse directamente a las partes, m\u00e1s no al despacho de conocimiento. <\/p>\n
De las copias allegadas se observa que, antes de que la parte demandada elevara la solicitud de terminaci\u00f3n en el mes de noviembre de 2019, la \u00faltima actuaci\u00f3n que se profiri\u00f3 correspond\u00eda al auto del 23 de octubre de 2017 [notificado el d\u00eda 24 siguiente], lo que, en principio, supera el bienio aludido en precedencia; sin embargo, basta con analizar su contenido para entender la raz\u00f3n que esgrime el a-quo para mantener vigente este proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese que en dicha providencia, el despacho le indic\u00f3 al apoderado de la parte actora que su solicitud de se\u00f1alar fecha y hora para practicar la diligencia de remate sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria, se resolver\u00eda una vez se conociera la decisi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que cursaba [para ese momento] en la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por lo anterior, si bien es cierto, el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 358 del C.G.P. contempla que el recurso de revisi\u00f3n no suspende el cumplimiento de la sentencia impugnada, no lo es menos que a pesar de que el motivo por el que el a-aquo se neg\u00f3 a continuar con curso del proceso tampoco lo contempla el art\u00edculo 161 ibidem, como causal de suspensi\u00f3n, la par\u00e1lisis del proceso por un per\u00edodo superior a dos (2) a\u00f1os, en este caso es atribuible directamente al despacho de conocimiento, no a la parte demandante. <\/p>\n
Incluso, resulta evidente que cualquier petici\u00f3n en similar sentido que hubiera promovido dicha parte con posterioridad al mes de octubre de 2017, se habr\u00eda desatado de forma semejante, lo que refuerza la impotencia de ese extremo procesal para continuar presentando solicitudes enfiladas al objetivo de que se rematara el inmueble. <\/p>\n
Finalmente, frente al argumento expuesto por el recurrente, atinente a que esta es la segunda vez en que se eleva la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, basta se\u00f1alar que aunque se hab\u00eda accedido favorablemente a la solicitud en prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2017, con ocasi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que interpuso la parte actora se revers\u00f3 la decisi\u00f3n el 23 de octubre de la misma anualidad, b\u00e1sicamente con la misma explicaci\u00f3n en que sustent\u00f3 el auto impugnado. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, no sobra anotar que revisado el diligenciamiento se observa que mediante auto del 12 de diciembre de 2019, el a-quo dispuso obedecer y cumplir lo resuelto en la sentencia proferida dentro del recurso de revisi\u00f3n No. 11001-02-03-000-2014-00691-00, el cual se declar\u00f3 infundado, y al parecer se encuentra pendiente el pronunciamiento respecto de la petici\u00f3n de remate que el mismo juzgado dej\u00f3 en suspenso <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 la norma que regula el desistimiento t\u00e1cito y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos all\u00ed consagrados para acceder a la terminaci\u00f3n que deprecaron los ejecutados, comoquiera que la par\u00e1lisis a la que se vio sometido el proceso no era imputable a la parte actora, sino al despacho judicial de conocimiento. (CSJ STC1646-2021, reiterado en STC4720-2022). <\/p>\n
En el mismo sentido, en providencia del 6 de abril de 2022 (CSJ STC4282-2022), esta Corporaci\u00f3n resalt\u00f3 que: <\/p>\n
De entrada, se advierte que, en el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Juzgado del Circuito convocado, en auto de 9 de febrero de 2022, que confirm\u00f3 el dictado el 21 de mayo anterior por el despacho Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, explic\u00f3 los motivos por los cuales no era procedente decretar el desistimiento t\u00e1cito en el juicio ejecutivo\u2026 incoado por Edificio Plaza 57 contra los accionantes, respecto de lo cual, luego de citar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consign\u00f3: <\/p>\n
De lo expuesto, pronto se advierte el fracaso de la alzada, por cuanto esta juzgadora no evidenci\u00f3 ning\u00fan yerro que sea susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, por el contrario, la decisi\u00f3n adoptada por la juez de primer grado se encuentra ajustada a derecho por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
Tal como se ha dicho, la aplicaci\u00f3n de la consecuencia procesal del desistimiento t\u00e1cito obedece, entre otros aspectos, al descuido o abandono de la parte interesada, en este caso, por un lapso superior a los dos a\u00f1os desde su \u00faltima actuaci\u00f3n, no se trata de un premio para la parte demandada sino que se trata de una terminaci\u00f3n anormal porque quien est\u00e1 llamado a impulsar el litigio no lo hace ya sea por desidia o mero descuido. <\/p>\n
En el caso de autos, t\u00e9ngase en cuenta que a folios 110 a 114 (cuaderno de copias) obra un mandato arrimado por la parte demandante, de modo que, la siguiente actividad a seguir se encontraba a cargo del despacho, es decir, proferir la providencia que reconoce o no personer\u00eda al apoderado. Ciertamente dicho acto no impulsa el proceso; sin embargo, s\u00ed se trata de una solicitud de parte que merece ser resuelta en los t\u00e9rminos de la ley de enjuiciamiento civil, luego, requiere un pronunciamiento por parte del despacho puesto que ese requerimiento que se realiz\u00f3 a instancia de parte no ha culminado, ya que termina en el momento que en el juez emite su decisi\u00f3n, lo cual no hab\u00eda ocurrido en este proceso. <\/p>\n
De manera que, mal har\u00eda el despacho en contabilizar el t\u00e9rmino fatal cuando el juzgado no ha realizado ning\u00fan pronunciamiento frente a la \u00faltima petici\u00f3n que se le present\u00f3, hacerlo, ser\u00eda permitir que las partes radicaran sus solicitudes y el juez competente haga caso omiso solo a la espera de que opere el desistimiento de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente existi\u00f3 una mora considerable para resolver lo pertinente, pero, no puede imput\u00e1rsele a la parte cuando dicha actuaci\u00f3n le correspond\u00eda al despacho. Adem\u00e1s, acertadamente el censor refiere que no cualquier actuaci\u00f3n cuenta con la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito; sin embargo, en el caso que nos ocupa no se trata de que el poder haya interrumpido el t\u00e9rmino, sino que la inacci\u00f3n del juzgado en dejar pendiente puntos por resolver que requer\u00edan su pronunciamiento impidi\u00f3 la contabilizaci\u00f3n del lapso. <\/p>\n
Criterio que ha sido acogido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien al referirse a la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 317 del C.G.P., indic\u00f3 que \u201c(\u2026) lo que sanciona el desistimiento t\u00e1cito es el descuido de las partes, porque cuando la paralizaci\u00f3n es imputable a la administraci\u00f3n de justicia, porque el impulso procesal le corresponde al juez o al secretario, mal podr\u00eda sancionarse a la parte por la mora u omisi\u00f3n que no le es atribuible; ni puede exig\u00edrsele que requiera mediante memoriales a los despachos cumplir su deber. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, si es que era del caso enrostrar alguna irregularidad que presentaba el proceso al estar pendiente por resolver frente al mandato, bien pudo cualquiera de las partes solicitar su resoluci\u00f3n, puesto que el impulso del proceso no recae exclusivamente en cabeza de la parte demandante, ni del juez, sino que cualquiera de los extremos procesales est\u00e1 facultado para hacerlo. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Al amparo de las anteriores reflexiones, resulta sencillo concluir que, dado que estaba pendiente por resolver una solicitud presentada al interior del proceso, mal podr\u00eda sancionarse a la parte por la mora u omisi\u00f3n que no le es atribuible, luego, lo propio era denegar la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, tal como se hizo, por lo que, sin m\u00e1s consideraciones se confirmar\u00e1 la providencia recurrida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los quejosos, en s\u00edntesis, es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, as\u00ed como las normas y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que acertada fue la decisi\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, pues no era procedente decretar el desistimiento t\u00e1cito del juicio ejecutivo censurado, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que, la actividad siguiente en el juicio estaba a cargo del despacho y no de la parte, relievando que, si bien la resoluci\u00f3n de un reconocimiento de personer\u00eda no contempla un impulso procesal, lo cierto es que tal petici\u00f3n merece una resoluci\u00f3n por parte del estrado judicial, de ah\u00ed que la mora judicial en dicha determinaci\u00f3n, no puede ser una consecuencia para la parte. <\/p>\n
Por tanto, el ad quem criticado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo de dar por terminado el proceso objeto de reproche constitucional, habida cuenta que desconoci\u00f3 que el juicio permanec\u00eda inactivo por causa atribuible al juzgado de conocimiento, teniendo en cuenta que la designaci\u00f3n de curador, para que representara a los demandados indeterminados, es una actuaci\u00f3n del resorte exclusivo del fallador, quien debi\u00f3 nombrar un nuevo auxiliar de la justicia, al percatarse que el designado no acept\u00f3 el encargo y as\u00ed poder proseguir con el curso del proceso. <\/p>\n
4. En este punto, cabe agregar, que la tesis expuesta en esta providencia constituye la postura consolidada de la Sala, por lo que se recoge cualquier otra que, en sentido contrario, se haya expuesto con anterioridad. <\/p>\n
5. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Tribunal accionado que deje sin valor y efecto el prove\u00eddo del 29 de junio de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 el proferido el 24 de septiembre de 2021, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto objeto de esta queja (radicaci\u00f3n 11001-31-03-042-2016-00476), deje sin efecto el auto del 29 de junio de 2022, con el que confirm\u00f3 el proferido el 24 de septiembre de 2021, y las actuaciones que dependan de \u00e9sta. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, emita nueva providencia en la que resuelva la apelaci\u00f3n interpuesta por el demandante contra del referido prove\u00eddo del 24 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC152-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC152-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03915-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Juan de Dios Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70105","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70105\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}