STC155-2023 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC155-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02379-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mauricio de Jes\u00fas Morales M\u00fanera le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-050029. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se \u00abdecretar[a la] nulidad del fallo de apelaci\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn Sala Penal\u00bb que emiti\u00f3 en el asunto de la referencia y, en consecuencia, se le ordenara \u00abresolver [nuevamente] solo lo solicitado en [l]as apelaciones [presentadas]\u00bb. <\/p>\n
Del pliego inaugural y las piezas arrimadas se extracta que, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, en virtud de un preacuerdo celebrado con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el juicio penal seguido en contra del actor y Gustavo Amedt Restrepo Ortiz (rad. 2021-50029), conden\u00f3 al primero a 32 meses de prisi\u00f3n, como \u00abautor del delito de concierto para delinquir e interviniente de un concurso homog\u00e9neo y sucesivo de utilizaci\u00f3n de asunto sometido a secreto o reserva\u00bb y le neg\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb (22 abr. 2022). <\/p>\n
La defensa del accionante y el Ministerio P\u00fablico apelaron la citada determinaci\u00f3n, por lo que las diligencias fueron enviadas al superior, quien decret\u00f3 \u00abLA NULIDAD DE LO ACTUADO, a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n, concretamente del momento en que la juez concedi\u00f3 el uso de la palabra a la fiscal\u00eda para que concretara los t\u00e9rminos de la misma. Lo anterior, de acuerdo con lo discurrido en este prove\u00eddo\u00bb (2 sep.). <\/p>\n
El gestor aduce que dicha Colegiatura para sustentar su decisi\u00f3n, indic\u00f3 que \u00abel preacuerdo formulado envuelve una vulneraci\u00f3n al principio de legalidad, puesto que, seg\u00fan su criterio, \u201ces claro que aquel ilegal suministro de informaci\u00f3n ten\u00eda un trasfondo de \u00edndole econ\u00f3mico (\u2026)\u201d\u00bb, desconociendo lo manifestado por la titular de la acci\u00f3n penal y sin realizar \u00abuna debida argumentaci\u00f3n amplia y detallada sobre lo manifestado (\u2026), pues solo se basa en la regla de la experiencia para realizar dicha manifestaci\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que \u00abdecreta una nulidad, que se constituye en una burda extralimitaci\u00f3n, en tanto en la etapa de la acusaci\u00f3n no se formul\u00f3 ninguna observaci\u00f3n o nulidad, menos recurso alguno, queriendo subsanar los errores u omisiones de la Procuradur\u00eda, por cuanto no asisti\u00f3 ese d\u00eda a la audiencia de acusaci\u00f3n, violando as\u00ed, (\u2026) el principio de preclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Gustavo Amedt Restrepo Ortiz coadyuv\u00f3 la queja del pretensor. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego por desatender el requisito de la subsidiariedad, \u00abpuesto que el proceso penal 2021-50029, se encuentra en curso\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abcualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
2.- Objet\u00f3 el tutelante reafirm\u00e1ndose en su descontento. <\/p>\n
1.- Teniendo en cuenta el prop\u00f3sito de la impugnaci\u00f3n de Mauricio de Jes\u00fas Morales M\u00fanera, de entrada, se advierte la ratificaci\u00f3n del veredicto recriminado, pero por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que su inconformidad se enfila contra el interlocutorio expedido el 2 de septiembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por medio del cual dispuso \u00abDECRETAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO, a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n\u00bb efectuada en la \u00abcausa penal n\u00b0 2021-50029\u00bb, puntualmente, \u00abdel momento en que la juez concedi\u00f3 el uso de la palabra a la fiscal\u00eda para que concretara los t\u00e9rminos de la misma\u00bb, pues en su criterio, dicha Corporaci\u00f3n usurp\u00f3 las competencias de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sin justificaci\u00f3n plausible alguna, lo que trunc\u00f3 el \u00abpreacuerdo\u00bb suscrito con dicho ente. <\/p>\n
No obstante, al escrutarse tal resoluci\u00f3n, se aprecia que no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia, as\u00ed como a una congruente ponderaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, acot\u00f3: <\/p>\n
Los hechos del caso son indicativos de que, un servidor p\u00fablico al servicio de la fiscal\u00eda se vali\u00f3, en varias oportunidades, de la informaci\u00f3n reservada a que acced\u00eda por cuenta de su condici\u00f3n de tal, para, a trav\u00e9s de un abogado, facilitarla a sujetos que pudieran tener alg\u00fan inter\u00e9s en ella. Para el Tribunal es claro que aquel ilegal suministro de informaci\u00f3n, ten\u00eda un trasfondo de \u00edndole econ\u00f3mico, as\u00ed lo ense\u00f1a la experiencia. De ese proceder dieron cuenta los elementos materiales probatorios que sirvieron de sustento a la imputaci\u00f3n. No advierte el Tribunal, de qu\u00e9 otra manera podr\u00eda el servidor p\u00fablico obtener provecho il\u00edcito vali\u00e9ndose de su investidura. As\u00ed, si esta es la esencia del acuerdo llevado a cabo entre estos ciudadanos, pues fue esa la acreditada y no se vislumbra otra, el bien jur\u00eddico tutelado y desconocido ser\u00e1 siempre el de la administraci\u00f3n p\u00fablica. No es cierto lo que afirm\u00f3 la fiscal, que de los elementos materiales probatorio (sic) recaudados no pueda hacerse esa inferencia l\u00f3gica. Es m\u00e1s, no mencion\u00f3 ning\u00fan otro elemento material probatorio que sirviera de entibo a su afirmaci\u00f3n. Esa es la realidad acreditada en la actuaci\u00f3n. Ante ella, debe concluirse que la fiscal\u00eda no postul\u00f3 ning\u00fan argumento que sustente su tesis, luego, se est\u00e1, sin duda alguna, ante una clara falacia argumentativa conocida como petici\u00f3n de principio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la variaci\u00f3n a que acudi\u00f3 la fiscal\u00eda no fue racional. Estuvo dirigida a despojar al delito de concierto para delinquir de la agravante que, de paso, cercenaba cualquier posibilidad a los sentenciados de acceder a los subrogados penales y, adem\u00e1s, permit\u00eda por v\u00eda de preacuerdo obtener una sustancial rebaja de pena. Expresado de diferente manera, por cuenta de aquella inmotivada variaci\u00f3n en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, lo acusados pudieron acceder a una pena considerablemente menor de aquella que merecer\u00edan por su desviado comportamiento. Adem\u00e1s, eventualmente podr\u00edan discutir, como en efecto lo hicieron por v\u00eda de apelaci\u00f3n, el reconocimiento de subrogados penales que en las condiciones de la adecuada imputaci\u00f3n ser\u00edan manifiestamente improcedentes. <\/p>\n
La arbitrariedad destacada, da lugar a una seria violaci\u00f3n al principio de legalidad y estricta tipicidad que, a su vez, desconoce de manera grave el debido proceso y obliga al Tribunal a decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n, desde el momento en que se confiri\u00f3 el uso de la palabra a la fiscal\u00eda para que concretara los t\u00e9rminos finales de su requerimiento fiscal. Ello con el fin de que la actuaci\u00f3n se surta de acuerdo con el tr\u00e1mite ordinario o, en caso de que se insista en su terminaci\u00f3n anticipada, se proceda con estricto apego al principio de legalidad. <\/p>\n
El sentido de lo resuelto hace innecesario entrar a evaluar los argumentos esgrimidos por los dem\u00e1s recurrentes. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, el Tribunal advierte necesario recordar a la fiscal\u00eda el contenido del art\u00edculo 349 de la ley 906 de 2004, que impone como condici\u00f3n de procedibilidad del preacuerdo el reintegro de por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento patrimonial percibido con la conducta y la garant\u00eda de recaudo del remanente. Lo anterior a fin de que a trav\u00e9s de los correspondientes actos de investigaci\u00f3n establezca, primero, la existencia de incremento patrimonial, que la experiencia indica debe ser la raz\u00f3n del tipo de conducta ejecutada por los agentes y, segundo, el cumplimiento del requisito de procedibilidad destacado. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, no cabe duda de que el iudex plural acert\u00f3 en invalidar lo rituado en la rese\u00f1ada encuadernaci\u00f3n, en la medida que lo hizo en consonancia con las evidencias y la \u00abnormatividad\u00bb relacionada con el t\u00f3pico tratado. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, para esta Corte no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el impulsor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los \u00abargumentos\u00bb f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se refrendar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC155-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC155-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02379-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}