STC159-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC159-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00966-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 9 de agosto de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dar\u00edo Indalecio Bar\u00f3n Puentes contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional de Santander, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso disciplinario 2017-00207 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n \u00abde los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, etc\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra Dar\u00edo Indalecio Bar\u00f3n Puentes se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en precedencia, producto de la compulsa de copias ordenada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja, dentro de la cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander, mediante fallo de 23 de noviembre de 2021, lo suspendi\u00f3 por cinco meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, al haberlo encontrado responsable, a t\u00edtulo de culpa, de la falta consagrada en el numeral 1 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n el disciplinado interpuso recurso de apelaci\u00f3n al tiempo que solicit\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo actuado; postulaciones que fueron resueltas por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el 26 de enero de 2022 en el sentido de (i) negar la nulidad invocada y (ii) confirmar, con ciertas modificaciones en cuanto a la sanci\u00f3n impuesta (la que redujo a tres meses), la declaratoria de responsabilidad disciplinaria. <\/p>\n
3. El promotor se queja de que la autoridad judicial de primer grado no hubiera resuelto la petici\u00f3n de nulidad formulada, sino que la hubiera remitido al superior funcional, adem\u00e1s de considerar que las providencias adolecen de defecto f\u00e1ctico, dado que, por una parte, se valor\u00f3 de forma incorrecta el material probatorio allegado y, por otra, se dejaron de practicar algunas pruebas testimoniales pese a que fueron decretadas por la Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria, en apoyo de tales acusaciones dice remitirse \u00aba todo lo expresado y expuesto\u2026 en el escrito de nulidad presentado\u2026 por ante la Comisi\u00f3n Seccional\u2026 el escrito de nulidad presentado\u2026 ante la Comisi\u00f3n Nacional\u2026 el escrito de recurso de apelaci\u00f3n elevado\u2026 contra la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia disciplinaria de segundo grado manifest\u00f3 que los reproches aducidos en esta oportunidad por el quejoso fueron objeto de pronunciamiento \u00aben la sentencia de 26 de enero de 2022\u00bb, de modo que lo que busca el censor es \u00abrevivir los t\u00e9rminos para un asunto que ya fue estudiado en las instancias correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2. El funcionario judicial de primera instancia pidi\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela\u2026 en atenci\u00f3n a que no se evidencia irregularidad alguna\u00bb pues la actuaci\u00f3n \u00abse adelant\u00f3 en garant\u00eda de los derechos y contradicci\u00f3n y defensa del sujeto disciplinable\u00bb y la sentencia proferida en esa sede \u00abfue objeto de revisi\u00f3n por parte de [su] superior jer\u00e1rquico en sede de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El secretario del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barrancabermeja confirm\u00f3 que, en efecto, el titular de esa c\u00e9lula judicial compuls\u00f3 copias contra el ac\u00e1 quejoso, con destino a las autoridades disciplinarias, \u00aben atenci\u00f3n a las reiteradas inasistencias\u00bb a las audiencias programadas dentro del proceso penal 2013-05697 en el que funge como defensor del acusado. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho \u00abtoda vez que no se ha generado vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante, ni tampoco se les ha puesto en riesgo, toda vez que el actuar\u2026 se realiz\u00f3 en el marco del cumplimiento de un deber\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tras analizar las decisiones objeto de censura, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal concluy\u00f3 que las mismas \u00abresultan ser razonables, pues no se construyeron sobre argumentos falaces, err\u00f3neos o caprichosos, ni se fundaron sobre una valoraci\u00f3n probatoria deficiente o parcial. Por el contrario, las decisiones\u2026 se elaboraron con base en el propio dicho del disciplinado y se soportaron en las reglas procesales propias del tr\u00e1mite disciplinario previsto en la Ley 1123 de 2007\u00bb por lo que \u00abninguno de los argumentos presentados en contra de aquellas providencias tiene la potencialidad de soportar una medida tan excepcional como lo es la cesaci\u00f3n de los efectos de un pronunciamiento\u2026 ejecutoriado, que se encuentra amparado bajo la doble presunci\u00f3n de constitucionalidad y legalidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en los planteamientos del libelo introductor y aquellos consignados en los memoriales presentados ante las autoridades cognoscentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las Corporaciones Judiciales accionadas lesionaron las garant\u00edas fundamentales del accionante, dentro del proceso disciplinario 2017-00207 al declararlo responsable de la falta consagrada en el numeral 1 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007 y sancionarlo con suspensi\u00f3n de tres meses para ejercer la profesi\u00f3n de abogado, por cuanto, seg\u00fan dijo, realizaron una inadecuada valoraci\u00f3n probatoria y, de forma arbitraria, se desech\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas testimoniales que fueron decretadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Revisados los planteamientos del impugnante de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el quejoso es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, unas decisiones que le fueron adversas, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el actor atribuye la incursi\u00f3n en un defecto f\u00e1ctico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal desconocimiento, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por los jueces competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre el quejoso y las autoridades cognoscentes. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, la impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar pues lo pretendido por el demandante resulta improcedente habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la alzada, solo hasta el 13 de diciembre de 2022. <\/p>\n
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