STC162-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC162-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 03 de noviembre de 2022 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 el amparo reclamado por Heliodoro Cort\u00e9s Cort\u00e9s contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, la Fiscal\u00eda Octava Seccional y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, ambos de Neiva, tr\u00e1mite que se extendi\u00f3 al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de dicha capital. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su derecho al debido proceso, presuntamente transgredido por los accionados. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 11 de mayo del 20151, el accionante formul\u00f3 denuncia penal por los delitos de fraude procesal y falsedad documental en contra de Margoth D\u00edaz Quintero, la cual fue asignada a la Fiscal\u00eda Quinta Local de Estructura de Apoyo -EDA- bajo el radicado no. 410016000584201500593. Posteriormente, fue reasignada a la Fiscal\u00eda 8 Seccional de Neiva2. <\/p>\n
2.2. Denunci\u00f3 que el proceso fue objeto de dilaciones injustificadas por la aludida autoridad, \u00abquien en todo momento pretend\u00eda archivar el tramite procesal hasta que llego una situaci\u00f3n o circunstancia en que la Procuradora delegada para asuntos penales de Neiva Dra. NANCY ESPERANZA RAMIREZ CASTRO; le reclamo sobre la posible existencia del delito de falsedad documental y fraude procesal efectivamente cometido por la indicada y solamente as\u00ed enderezo el tramite la Fiscal\u00eda y por fin profiri\u00f3 resoluci\u00f3n acusatoria en contra de la citada ciudadana\u00bb. Increp\u00f3 que, en todo caso, la resoluci\u00f3n acusatoria \u00fanicamente se refiri\u00f3 al delito de fraude procesal3. <\/p>\n
2.3. El 25 de marzo del 2022, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva llev\u00f3 a cabo audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. En ella, la Fiscal\u00eda acus\u00f3 a la se\u00f1ora D\u00edaz como autora del delito de Fraude Procesal. <\/p>\n
2.4. Manifiesta el actor que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva dict\u00f3 una providencia -no determina cu\u00e1l- en la que \u00abdieron su concepto de que la acci\u00f3n penal ya se encontraba prescrita en lo que tiene que ver con la falsedad documental al haberse presentado t\u00edtulo ejecutivo por la parte demandante cobrando obligaciones que eran totalmente ajenas a ese titulo aportado\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, considera que la Fiscal\u00eda y el Tribunal erraron al considerar prescrita la acci\u00f3n penal, comoquiera que \u00abel termino prescriptivo de las acciones penales en las cuales las conductas ejecutadas como punibles tienen el car\u00e1cter de ejecuci\u00f3n continuada, dicho termino prescriptivo empieza a correr cuando cesa o haya cesado la continuidad de la ejecuci\u00f3n de las mismas; en el presente caso es evidente que el titulo ejecutivo presentado por la aqu\u00ed acusada; aun en los presentes d\u00edas permanece incorporado en ese proceso ejecutivo surtiendo los respetivos efectos jur\u00eddicos de manera continuada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.5. Asever\u00f3 que, el 06 de octubre del 2022, present\u00f3 ante el Centro de Servicios Judiciales de Neiva solicitud para que \u00abse ordene la realizaci\u00f3n de una audiencia con la finalidad de que se ordene la iniciaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n penal contra Margoth D\u00edaz quintero, Dr. Edgar Adolfo Garz\u00f3n Lozano, por haber incurrido en presunto delito de falsedad en documento privado\u00bb. <\/p>\n
2.6. No obstante, el Centro de Servicios Judiciales le devolvi\u00f3 la petici\u00f3n \u00abpor cuanto al revisar la misma, se evidencia que se trata de iniciar una denuncia penal\u00bb, frente a lo cual no tiene facultades pues la competencia radica en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n4. En atenci\u00f3n a ello, el actor volvi\u00f3 a radicar solicitud de insistencia para que \u00abse analice de nuevo la solicitud realizada en el d\u00eda de hoy, para que se ordene la reiniciaci\u00f3n procesal de una conducta criminal cuyo tramite fue objeto de archivo por haber operado presuntamente el fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo tales consideraciones, inst\u00f3 a que se ordene a los accionados \u00abque deber\u00e1n proceder de inmediato o sea, dentro de las 12 horas siguientes al momento de la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela a emitir las ordenes, providencias y\/o decisiones tendientes al restablecimiento inmediato de mis derechos fundamentales y as\u00ed se ordene la iniciaci\u00f3n procesal instructiva de la acci\u00f3n penal al descubrirse que en ning\u00fan momento ni siquiera a llegado a iniciarse el tiempo para que llegue a operar el fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Fiscal\u00eda Octava Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva inform\u00f3 que en su Despacho cursa en etapa de investigaci\u00f3n el asunto bajo radicado 410016000584201500593. Explic\u00f3 que la acusaci\u00f3n \u00fanicamente se formul\u00f3 por el delito de fraude procesal puesto que \u00abde acuerdo a los hechos denunciados e investigados \u00e9ste comportamiento (el de falsedad en documento privado) se subsume en el Fraude Procesal imputado; Y de otra parte, porque cuando le fueron reasignadas las diligencias al Despacho a cargo del suscrito en la fecha del 24 de julio del 2019 ya hab\u00edan transcurrido los 09 a\u00f1os que consagra el punible de Falsedad de Documento Privado como pena m\u00e1xima; pues como se anot\u00f3 el cuestionado documento pagar\u00e9 00444 fue usado como soporte de la demanda ejecutiva el 09 de abril del 2010 cuando la misma fue presentada ante el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Villavieja-H (fecha desde la cual comenz\u00f3 a correr el t\u00e9rmino prescriptivo para ese delito contra la Fe P\u00fablica)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva asever\u00f3 que la queja elevada en su contra no se ajusta a la realidad procesal. Inform\u00f3 que la \u00fanica oportunidad en que la Colegiatura conoci\u00f3 en segunda instancia del proceso 2015-00593-00 \u00ablo hizo para resolver sobre \u201cel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Fiscal\u00eda 8\u00aa Seccional de Neiva, contra la decisi\u00f3n emitida el 16 de abril de 2021, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Neiva, mediante la cual neg\u00f3 la solicitud de preclusi\u00f3n incoada por el mismo ente fiscal\u201d, actuaci\u00f3n tramitada exclusivamente por el reato de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que no es cierto que los miembros del cuerpo colegiado hubieran sostenido que la acci\u00f3n penal de falsedad documental hubiera prescrito. Ahora, \u00abaunque el tutelante pretende que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n penal por \u00e9l incoada contra la se\u00f1ora Margot D\u00edaz Quintero, ello escapa de la competencia del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
3.- El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva relat\u00f3 que, en el curso del proceso objeto de revisi\u00f3n, \u00abse realiz\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 25 de marzo de la presente anualidad y se inici\u00f3 la audiencia preparatoria el 28 de septiembre de 2022, encontr\u00e1ndose pendiente de continuarla el 22 de febrero de 2023 a las 03:30 de la tarde, fecha notificada a los sujetos procesales en estrados\u00bb. <\/p>\n
4.- El Centro de Servicios Judiciales SPA Neiva indic\u00f3 que, efectivamente, el demandante present\u00f3 petici\u00f3n en la que solicit\u00f3 que se fijara fecha de audiencia para iniciar la investigaci\u00f3n penal en contra de Margoth D\u00edas Quintero y \u00c9dgar Adolfo Garz\u00f3n Lozano. No obstante, se le comunic\u00f3 que \u00abdebe dirigir su petici\u00f3n ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ya que este despacho no tiene competencia para adelantar este tipo de investigaciones, situaci\u00f3n que fue reiterada al solicitante ante la insistencia de la misma\u00bb. Aclar\u00f3 que el Centro de Servicios \u00abrealiza el reparto de las audiencias penales que se le solicitan, atendiendo a la solicitud que se le realiza, y en atenci\u00f3n a ello, determina la competencia del Juez que debe dar tr\u00e1mite a la solicitud, petici\u00f3n que para el caso en concreto se encuentra enfocada a que se adelante el tr\u00e1mite de una investigaci\u00f3n penal, diligencias que no le corresponde adelantar a los se\u00f1ores Jueces sino a la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Frente a la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia no observ\u00f3 irregularidad alguna \u00abpues todo deja ver y as\u00ed lo manifest\u00f3 en la respuesta a la tutela, que acorde con los hechos y elementos materiales de prueba estim\u00f3 que el comportamiento se subsum\u00eda en el delito de fraude procesal, y esa fue la conducta que le fue imputada a la implicada y por la que se present\u00f3 acusaci\u00f3n, proceder que a no dudarlo est\u00e1 acorde con las facultades que le asisten al ente instructor\u00bb. Adem\u00e1s de ello, le se\u00f1al\u00f3 al accionante que cualquier observaci\u00f3n al escrito de acusaci\u00f3n debi\u00f3 haberlo expresado en desarrollo de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, \u00abescenario apto para que la fiscal\u00eda lo aclare, adicione o corrija en ese mismo acto\u00bb. No obstante, no est\u00e1 acreditado que la v\u00edctima hubiera expresado alguna inconformidad respecto a la acusaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda. Por ende, no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Por otro lado, el que la Fiscal\u00eda hubiera considerado que la conducta punible de falsedad en documento privado prescribi\u00f3, tampoco \u00abda cuenta irregularidad alguna, pues ya se dijo, corresponde a la Fiscal\u00eda investigar los comportamientos que revistan la entidad de delito y sobre los que sea pertinente seguir adelante la indagaci\u00f3n, siendo precisamente uno de los fen\u00f3menos que impide el ejercicio de la acci\u00f3n penal el fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n conforme con los presupuestos enunciados en el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal; adem\u00e1s, como ya se indic\u00f3, la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n era el escenario apto para que el quejoso hubiese presentado la inconformidad que ahora expresa\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente al tr\u00e1mite dado por el Centro de Servicios Judiciales de Neiva, tampoco se encontr\u00f3 alg\u00fan compromiso de los derechos fundamentales del accionante. Ello pues \u00abal entender que lo pretendido por el peticionario era que se iniciara el tr\u00e1mite a una denuncia, respondi\u00f3 como deb\u00eda hacerlo, esto es, que no era el competente para atender su pedimento y que deb\u00eda dirigirse ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, sin que esa respuesta comporte anomal\u00eda alguna, con mayor raz\u00f3n si la entidad, como lo indic\u00f3 la Secretaria, tiene a su cargo el reparto de las audiencias penales que son solicitadas, pero no est\u00e1 atender solicitudes como la presentada por Cort\u00e9s Cort\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aclar\u00f3 que la vinculaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva obedeci\u00f3 a los iniciales cuestionamientos efectuados por el promotor del amparo. Sin embargo, \u00aben el curso del tr\u00e1mite no se observ\u00f3 intervenci\u00f3n alguna del juez colegiado, ni expresi\u00f3n alguna de su criterio respecto de tal \u00edtem, lo que indica que ninguna afectaci\u00f3n de derechos fundamentales es susceptible de an\u00e1lisis en esta oportunidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien adujo que los argumentos del a quo deben considerarse \u00abcomo presuntamente carentes de un verdadero criterio objetivo, ya que de ninguna manera puede tenerse como que sea obligatorio denunciar conductas punibles que no sean estrictamente querellables como en el presente caso, pues se trata de delito de presunta falsedad documental presentado ante el JUZGADO DE VILLAVIEJA en un proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en lo que tiene que ver \u00abcon los argumentos dados en el fallo de tutela sobre el hecho , de que era mi obligaci\u00f3n presentar una nueva denuncia penal para que se investigara la conducta de falsedad documental al haber quedado por fuera de la imputaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda\u00bb, los considera afirmaciones evasivas \u00abcomo para que permanezca oculta la comisi\u00f3n de esa conduta punible pasando por alto la obligatoriedad que le asiste a la Juez de Villavieja a los Jueces de Tutela y a los Magistrados de la Corte Suprema\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso en concreto, y de acuerdo con el escrito impugnatorio, el accionante alega la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso en el proceso penal de radicado 2015-00593-00, comoquiera que la Fiscal\u00eda Octava Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva omiti\u00f3 incluir dentro del escrito de acusaci\u00f3n el delito de falsedad en documento privado. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n de a quo habr\u00e1 de ser confirmada por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. Ello por cuanto no se satisface el requisito general de subsidiariedad, al no haberse agotado los mecanismos ordinarios con que cuenta el impugnante para obtener lo que por esta v\u00eda pretende a trav\u00e9s de las figuras prescritas por el legislador para tal fin. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que los reparos que tuviera la v\u00edctima contra el escrito de acusaci\u00f3n presentado por el Fiscal debieron haber sido enarbolados en el desarrollo de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. En efecto, conforme lo prescribe el canon 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00ab[a]bierta por el juez la audiencia, ordenar\u00e1 el traslado del escrito de acusaci\u00f3n a las dem\u00e1s partes; conceder\u00e1 la palabra a la Fiscal\u00eda, Ministerio P\u00fablico y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusaci\u00f3n, si no re\u00fane los requisitos establecidos en el art\u00edculo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato\u00bb. Adem\u00e1s, conforme a la sentencia C-209 del 2007, debe entenderse que \u00abla v\u00edctima tambi\u00e9n puede intervenir en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n para efectuar observaciones al escrito de acusaci\u00f3n o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades\u00bb. <\/p>\n
V\u00e9ase que dicha diligencia se llev\u00f3 a cabo el 25 de marzo del 2022 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva. En la cual estuvieron presentes el se\u00f1or Cort\u00e9s y su apoderada. Sin embargo, al conced\u00e9rsele la palabra a las partes e intervinientes, estas \u00abexpresaron no tener causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades\u00bb5. De manera que ninguna observaci\u00f3n efectu\u00f3 ni la v\u00edctima ni su apoderado frente al escrito. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha indicado que las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso son el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso. As\u00ed pues, la Corte Constitucional, en sentencia T-396-2014 puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abtrat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos or\u00edgenes\u2019. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jur\u00eddico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su tr\u00e1mite las irregularidades procesales que puedan afectarle\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que: <\/p>\n
\u00ab[e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018 y en reiterada en CSJ STC2799-2020, Mar. 12 de 2020. Rad. 2020-00627-00). <\/p>\n
De manera que no es cierto lo aseverado por el accionante en su escrito de impugnaci\u00f3n cuando alega que el a quo indic\u00f3 \u00abde (sic) que era mi obligaci\u00f3n presentar una nueva denuncia penal para que se investigara la conducta de falsedad documental al haber quedado por fuera de la imputaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda\u00bb. Por cuanto a lo que se refer\u00eda la Hom\u00f3loga Penal era a que no se hallaba acreditado el requisito general de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela; sin cuyo cumplimiento es inane efectuar un estudio de fondo de la controversia. Al respecto, la Corte Constitucional ha destacado que: <\/p>\n
\u00abEl principio de subsidiariedad, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, implica que la acci\u00f3n de tutela solo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n, la Corte ha se\u00f1alado que \u201cpermite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protecci\u00f3n judicial, como dispositivos leg\u00edtimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos\u201d. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situaci\u00f3n que estimen lesiva de sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situaci\u00f3n que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como v\u00eda preferente o instancia judicial adicional de protecci\u00f3n\u00bb (T-375 del 2018). <\/p>\n
3.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 35 del PDF \u00ab003Demanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Hecho que se obtiene del relato rendido por la Fiscal\u00eda 8 Seccional de Neiva en el informe obrante en PDF \u00ab0007Memorial\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 64 del PDF \u00ab003Demanda\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 79 del PDF \u00ab003Demanda\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 51 del PDF \u00ab0013Memorial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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