STC163-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC163-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04472-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Olga Vel\u00e1squez de Barba contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado 11 Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y \u00abtutela efectiva\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos la\u2026 sentencia de\u2026 veintiocho\u2026 de septiembre de dos mil veintid\u00f3s\u00bb y, en su lugar, se ordene al Tribunal convocado: (i) \u00abreconocer por concepto de frutos civiles desde el mes de septiembre de 2007 a [su] favor\u2026 por valor total de\u2026 $303.992.196\u00bb; (ii) \u00abdenegar la codena en costas de la demanda principal y modificar la condena en costas [a ella] concedida\u2026\u00bb; (iii) \u00abconceder todas las pretensiones contenidas en\u2026 la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb; y (iv) \u00abdenegar el reconociendo de las mejoras reclamadas por los demandantes Flavia Luz Di Pietro Pretelt y Marzio Vietri, al ser declarados poseedores de mala fe\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Flavia Luz Di Pietro Pretelt y Marzio Vietri promovieron acci\u00f3n declarativa contra Olga Vel\u00e1squez de Barba, \u00abpretendiendo el pago de las mejoras que le hicieron al inmueble identificado con folio de matr\u00edcula n\u00famero 060-19652\u00bb. <\/p>\n
2.2. Notificada la all\u00ed enjuiciada, aquella contest\u00f3 el libelo, formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito y, adicionalmente, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abpidiendo el pago de $120\u00b4000.000, por concepto de frutos civiles del inmueble objeto del proceso, por el tiempo que estuvieron posey\u00e9ndolo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Con sentencia del 30 de noviembre de 2021, el juzgado accionado desestim\u00f3 las pretensiones iniciales y accedi\u00f3 parcialmente a las planteadas en reconvenci\u00f3n, por lo que conden\u00f3 a las demandados (iniciales actores) \u00abal pago de $5.969.258, por concepto de frutos civiles de la cosa, desde el 18 de septiembre del 2014, hasta el 2 de junio del 2015\u00bb, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes. <\/p>\n
2.4. Mediante providencia del 28 de septiembre de 2022, el ad quem convocado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda inicial, por lo que conden\u00f3 a Olga Vel\u00e1squez de Barba a pagar a los actores \u00abla suma equivalente a $111.451.807, por concepto de mejoras\u00bb. De otro lado, orden\u00f3 a los enjuiciados en reconvenci\u00f3n \u00aba pagar a\u2026 Olga Vel\u00e1squez de Barba, la suma equivalente a $64.902.797, por concepto de frutos civiles de la cosa\u00bb. Finalmente, conden\u00f3 a la demandada inicial al pago de las costas de segundo grado. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que los estrados acusados efectuaron \u00abuna errada interpretaci\u00f3n\u2026 de las disposiciones legales que regulan lo concerniente al poseedor de buena y mala fe, y [que] rigen lo tocante a las restituciones mutuas que deban surtirse entre las partes\u00bb, yerro que los llev\u00f3 a que \u00abdesquiciaran el momento preciso en que pueden entrar a considerarse [a] los demandados en reconvenci\u00f3n\u2026 como poseedores de mala fe\u00bb, pues desconocieron que \u00abantes de plantar las mejoras que reclamaron [sus antagonistas], ya era de [su] pleno conocimiento\u2026 lo chueco del negocio (sic)\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que las sedes judiciales convocadas, adem\u00e1s, \u00abincurrieron en defecto f\u00e1ctico por la no valoraci\u00f3n del acervo probatorio, o su examen parcial y por la valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio, al [apreciar] de manera parcial en unos casos, o inadecuadamente, en otros\u00bb, espec\u00edficamente, en trat\u00e1ndose del \u00ab\u201cACTA DE ACUERDO\u201d fechada 6 de septiembre del 2007 y los testimonios deprecados en el juicio, as\u00ed como por pretermitir la valoraci\u00f3n del acta del d\u00eda 6 de septiembre de 2007 (prueba trasladada), extendida durante diligencia de inspecci\u00f3n ocular de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Comuna 1 de Cartagena\u2026\u00bb; y que tambi\u00e9n erraron al \u00abno acoger las consideraciones dadas en la aclaraci\u00f3n del dictamen, donde el perito determin\u00f3 el valor estimado de los frutos civiles que el due\u00f1o del inmueble antes referenciado, hubiese podido percibir con mediana inteligencia y actividad\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, destac\u00f3 que \u00ablas providencias tuteladas [incurrieron] en defecto procedimental al desatender las normas adjetivas fijadas por el legislador para regular la condena de perjuicios y costas\u00bb, por cuanto \u00abdesatendieron lo reglado en el art\u00edculo 80 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que respecta al deber oficioso del juez de imponer en la sentencia la correspondiente condena cuando aparezca la pruebas en el proceso o incidente que una parte con sus actuaciones temerarias o de mala fe caus\u00f3 a la otra, perjuicios\u00bb; y que \u00abla providencia judicial de primer grado, trae aparejada otra ilegalidad, en torno a la condena en costas\u2026, [pues] en la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021, se conden\u00f3 en costas a la demanda en reconvenci\u00f3n por una suma trivial\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla, tras relacionar las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, precis\u00f3 que \u00abno se le ha vulnerado ning\u00fan derecho a la parte accionante, ya que las actuaciones procesales se han surtido con el lleno de todas las formalidades\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla argument\u00f3 que la providencia objeto de censura \u00abse profiri\u00f3 con base en un an\u00e1lisis f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio de car\u00e1cter integral y razonado, por lo que se considera que la tutelante pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional para imponer su criterio sobre la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria, lo cual resulta inviable a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que, el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 28 de septiembre de 2022, que revoc\u00f3 la dictada el 30 de noviembre de 2021, toda vez que fue esa providencia la que resolvi\u00f3, de manera definitiva, el proceso objeto de censura. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el prenotado fallo de 28 de septiembre pasado no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba viable el reconocimiento de mejoras que reclamaron Flavia Luz Di Pietro Pretelt y Marzio Vietri, aspecto sobre el cual, tras desechar la aplicaci\u00f3n normativa que realiz\u00f3 el a quo, precis\u00f3: <\/p>\n
Por lo tanto, deduce este Tribunal que no habi\u00e9ndose invocado en el escrito genitor que se reconociera la construcci\u00f3n en suelo ajeno con materiales propios, la adecuaci\u00f3n jur\u00eddica del Juzgador de primer grado estuvo a espaldas del planteamiento de los actores y en lo que insisten en su alzada, y se proceder\u00e1 a estudiar inicialmente, para luego, de ser el caso, proseguir con el recurso de la contraparte por no accederse a la suma a la que aspiraba, seg\u00fan su demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, dado que las inscripciones de los t\u00edtulos sobre el inmueble objeto de la Litis fueron cancelados por la justicia penal en el marco de la ley 600 de 2000 y con base en su art\u00edculo 66, debe citarse el criterio de la Corte Constitucional sobre este punto: <\/p>\n
\u201c\u2026Como la protecci\u00f3n de la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisici\u00f3n con justo t\u00edtulo y de acuerdo con las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligaci\u00f3n de ordenar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos espurios, pues adem\u00e1s de ser consustancial a su misi\u00f3n la restituci\u00f3n de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual (restitutio in pristinum) la adquisici\u00f3n de ellos aun por un tercero de buena fe, no es l\u00edcita en raz\u00f3n del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la v\u00edctima. <\/p>\n
\u201cNo se puede cuestionar entonces el deber que le impone la ley al juez de ordenar la cancelaci\u00f3n de los registros espurios, simplemente por ser una funci\u00f3n que tradicionalmente cumpl\u00eda el juez civil en el correspondiente proceso de nulidad del acto vertido en el documento adulterado, ya que en raz\u00f3n del principio de la unidad de jurisdicci\u00f3n al juez penal se extiende la competencia para decidir sobre cuestiones civiles vinculadas con el hecho punible y por tanto complementarias con la defensa jur\u00eddica y social del crimen\u201d1. <\/p>\n
Se concluye entonces que tales disposiciones adoptadas por los jueces penales, a efectos de cumplir su misi\u00f3n de restablecimiento de los derechos de las v\u00edctimas, como la de cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos y registros obtenidos fraudulentamente, producen verdaderos efectos de cosa juzgada, una vez se emita la sentencia penal condenatoria correspondiente, no solo en lo que ata\u00f1e a la causa puesta en conocimiento de tal especialidad, sino tambi\u00e9n en lo atinente a las acciones que pudieren derivarse del negocio jur\u00eddico afectado, al punto que la Corte Constitucional ha comparado y, por tanto, equiparado, los efectos de la figura referenciada con los de la declaraci\u00f3n de una nulidad sustancial en materia civil. <\/p>\n
Por el lado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, citando el art\u00edculo 229 superior y el 1\u00b0 de la ley 270 de 1996, de anta\u00f1o ha sostenido que, en virtud del principio de unidad de la jurisdicci\u00f3n, la cosa juzgada penal produce efectos en materia civil, como cuando se ejercitan acciones declarativas o ejecutivas, con base en negocios jur\u00eddicos aniquilados por la especialidad penal\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Siguiendo esta hermen\u00e9utica, la mencionada Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre los efectos de la cosa juzgada penal, reconociendo la cosa juzgada sobre las causas que fueron afectadas y precisando la necesidad de pronunciamiento por parte del juez civil sobre los asuntos que su hom\u00f3logo en aquella especialidad no resolvi\u00f3, naturalmente, por falta de competencia, a efectos de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de Justicia\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En este sentido queda claro que, derruido un negocio jur\u00eddico, por la decisi\u00f3n judicial civil o penal, es obligatorio y aun de oficio el estudio de las llamadas prestaciones mutuas, con miras a devolver las cosas a su estado anterior, seg\u00fan voces del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, como una consecuencia natural de haberse declarado sin efecto el contrato, y comprende las restituciones a que cada parte puede tener derecho, por conceptos de mejoras y frutos, en lo que la buena o mala fe tendr\u00e1 un efecto determinante, y sobre el que la jurisprudencia ha \u201cdestacado la necesidad de aplicar las \u00abmismas disposiciones que gobiernan las prestaciones mutuas en la reivindicaci\u00f3n\u00bb, como se indic\u00f3 en SC5060-2016.\u201d2. <\/p>\n
Descendiendo al estudio del caso concreto, se observa que ninguna duda se cierne sobre que el inmueble mencionado por las partes, esto es el identificado con folio de matr\u00edcula No 060-1965219 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena\u2026, figura como vendido por la demandada a Gestiones E.U, mediante escritura p\u00fablica No 3794 del 5 de octubre del 2006, y que a su vez este ente lo enajen\u00f3 a los actores por instrumento No 1094 del 10 de mayo de 200720, por $55.000.000, seg\u00fan las anotaciones 18 y 21 de dicho folio. <\/p>\n
Empero, es un hecho indiscutible que la Fiscal\u00eda Seccional Cuarenta Especializada en delitos contra la Administraci\u00f3n y otros de Cartagena, dispuso en resoluci\u00f3n del 24 de agosto del 2009 \u201cSEGUNDO: Decretar la invalidez de las escrituras No. 3.794 del 5 de octubre de 2006 y la No. 1094 de mayo 10 de 2007 y sus correspondientes registros en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Cartagena.\u201d, en virtud de la denuncia presentada por la demandada inicial en contra de Sergia Z\u00fa\u00f1iga P\u00e9rez y otros, de conformidad con lo expuesto en el art\u00edculo 66 de la ley 600 del 2000. Dicha resoluci\u00f3n fue inscrita el 6 de octubre del 2009 en el folio de matr\u00edcula correspondiente, anotaci\u00f3n n\u00famero 22. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Igualmente est\u00e1 acreditado que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Adjunto de Cartagena, en sentencia del 21 de febrero del 2013, conden\u00f3 a dicha se\u00f1ora por el delito de estafa, y a pagar la suma de 100 salarios m\u00ednimos mensual legales vigentes en favor de la denunciante, por concepto de perjuicios morales; adem\u00e1s, orden\u00f3 la entrega a \u00e9sta en un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, y en cuanto a \u201cLOS PERJUICIOS A FAVOR DEL TERCERO INCIDENTAL\u201d, a saber, los aqu\u00ed demandantes iniciales, estim\u00f3 que \u201cno desconoce esta judicatura que en principio, existe un perjuicio de orden material, pues por lo m\u00ednimo se constat\u00f3 la existencia de la compraventa\u2026 dentro del presente asunto, pero no obstante ello, es del criterio de este despacho judicial, con base a la taxatividad del art\u00edculo 138 de la ley 600 de 200, en abstenerse de pronunciarse de fondo sobre tal petici\u00f3n de resarcimiento de los da\u00f1os causados. As\u00ed mismo, quiere aclarar esta judicatura que la presente decisi\u00f3n no obsta para que\u2026 Flavia Luz Di Pietro y Marzio Vietri, acudan a la jurisdicci\u00f3n competente, con el fin de hacer valer sus derechos.\u201d; providencia que fue confirmada por el Superior el 6 de febrero del 2014, en la que se precis\u00f3 sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los demandantes iniciales, que \u201cel juzgador A quo no incurri\u00f3 en falla alguna, m\u00e1xime se en cuenta se tiene que el tercero de buena fe, no queda desprotegido en sus derechos, toda vez que, puede acudir a la jurisdicci\u00f3n civil, con el fin de obtener la indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o irrogado\u201d. <\/p>\n
Finalmente se constata que la devoluci\u00f3n del predio se realiz\u00f3 el 2 de junio del 2015, por intermedio de la Inspecci\u00f3n Distrital de Polic\u00eda Comuna N\u00famero Uno de Cartagena, tal como se observa en el acta de dicha diligencia, aportada con la contestaci\u00f3n de la demanda primigenia. <\/p>\n
En resumen\u2026, se tiene que los demandantes ostentaron la titularidad del fundo desde el 10 de mayo de 2007 hasta el 24 de agosto de 2009, fecha en la que se dispuso la invalidez de su escritura, decisi\u00f3n que obtuvo firmeza con la sentencia penal correspondiente, emitida el 6 de febrero de 2014, sin que de forma alguna se haya demostrado que tuvieron participaci\u00f3n en el il\u00edcito, lo que ni siquiera se enuncia por su contraparte, por lo que no puede acogerse el argumento de \u00e9sta, en cuanto a que el delito genere derechos, pues, por el contrario, el mismo art\u00edculo 66 de la ley 600 del 2000, contempla que la medida de cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos fraudulentos deja a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe. <\/p>\n
De todo ello se colige que la situaci\u00f3n que emerge de este proceso se enmarca en el \u00e1mbito de los efectos de la cosa juzgada penal en el \u00e1mbito civil, es decir, que siendo inmutable la invalidez de los actos escriturarios y su registro, sin que los funcionarios penales tuvieran competencia para pronunciarse sobre los efectos que se ocasionaron con la devoluci\u00f3n jur\u00eddica y material del inmueble a la propietaria inicial, corresponde hacerlo a trav\u00e9s de este proceso, donde lo actores iniciales enf\u00e1ticamente impetraron el reconocimiento de las mejoras que hicieron en calidad de due\u00f1os. <\/p>\n
Es igualmente aceptado, que al haberse aniquilado los actos jur\u00eddicos es deber del juez civil pronunciarse, incluso de oficio, sobre las prestaciones mutuas, conforme a las reglas generales establecida en el art\u00edculo 961 y subsiguientes del c\u00f3digo sustancial, lo que incluye los conceptos de expensas, teniendo en cuenta la buena o mala fe de quien detentaba la cosa, como igualmente los frutos, por lo que, el reparo planteado frente a la resoluci\u00f3n de la demanda inicial se abre paso, ya que, se reitera, a los promotores de dicha causa les asiste el derecho de reclamar el reconocimiento de las mejoras que estiman haber realizado de buena fe sobre un predio que debieron restituir. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Por el lado de los frutos, ellos se gobiernan por el art\u00edculo 964 que dispone que el poseedor de mala fe es obligado a restituirlos, no solo los percibidos sino los que el due\u00f1o hubiera podido acopiar \u201ccon mediana inteligencia y actividad\u201d de tener en su poder la cosa, inclusive debi\u00e9ndose el valor que ten\u00edan o hubieren tenido; y frente al poseedor de buena fe, \u201cno es obligado a la restituci\u00f3n de los frutos percibidos antes de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Sobre este punto debe precisarse que, en materia de prestaciones mutuas en el \u00e1mbito contractual, la buena fe a tener en cuenta es la posesoria, definida en el art\u00edculo 768 del c\u00f3digo civil\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En este punto debe resaltarse que no le asiste raz\u00f3n a la demandante en reconvenci\u00f3n en su planteamiento de la mala fe de los reconvenidos con base en el art\u00edculo 969 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u201ca buena o mala fe del poseedor se refiere (\u2026) relativamente a las expensas y mejoras, al tiempo en que fueron hechas.\u201d, ya que, tal como se se\u00f1al\u00f3 con anterioridad, en materia de prestaciones mutuas contractuales, la buena o mala fe a tener en cuenta se gobierna por el art\u00edculo 768 ib\u00eddem, que exige conciencia de haber adquirido la cosa libre de vicios en el momento preciso de la adquisici\u00f3n, y no en el momento en que se realizaron las mejoras o se concibieron los frutos, como indica la norma citada. <\/p>\n
Pasando al examen probatorio, se encuentra que los actores declararon que hicieron las mejoras por el mal estado en que se encontraba el inmueble, en palabras de\u2026 Flavia Luz Di Pietro Pretelt, en su interrogatorio de parte, \u201cel apartamento se hizo nuevo, porque se le hizo la parte de los pisos, el techo, la parte el\u00e9ctrica, paredes, las ventanas, puertas, el apartamento se remodel\u00f3, se reestructur\u00f3 totalmente porque cuando pues lo adquirimos, estaba en muy mal estado\u2026\u201d, situaci\u00f3n que no se discute por parte de la demandada inicial y se confirma con lo dicho por los testigos Mar\u00eda Eugenia del Socorro Pretelt Mendoza, Rafael Enrique Correa Rodr\u00edguez y \u00c1lvaro Sierra Jaramillo, afirmando la primera ser la progenitora de la demandante, y quien ingres\u00f3 inicialmente a habitar el predio, por autorizaci\u00f3n de los actores iniciales, y los dem\u00e1s testigos aseveraron haber conocido el bien antes y despu\u00e9s de la remodelaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no se aprecia prueba que desvirt\u00fae la presunci\u00f3n que cobija a tales accionantes en el sentido de haber adquirido el inmueble por un medio leg\u00edtimo, pues la se\u00f1alada por la demandada inicial como apta para tal efecto, esto es, el documento denominado \u201cACTA DE ACUERDO\u201d, fechado 6 de septiembre del 2007, suscrito por\u2026 Maria Eugenia Pretelt y Olga Vel\u00e1squez de Barba\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
La suscripci\u00f3n de dicho documento fue reconocida por la testigo Mar\u00eda Eugenia Pretelt Mendoza, quien adem\u00e1s asever\u00f3 que fue en ese momento que se enter\u00f3 del proceso penal que se adelantaba con relaci\u00f3n al inmueble y que se lo inform\u00f3 a su hija y yerno, los demandantes iniciales, quienes confirmaron esas manifestaciones en sus interrogatorios de parte. <\/p>\n
No obstante, debe resaltarse que dicho documento es posterior a la fecha de adquisici\u00f3n del bien por parte de los actores, por lo que por s\u00ed solo, no demuestra su mala fe en tal momento, conforme al art\u00edculo 768 ibidem, sin que tampoco se derrumbe la presunci\u00f3n que los cobija, con el hecho de la invalidez del t\u00edtulo, en la medida en que ello fue posterior, como ya se explic\u00f3, y, en todo caso, el car\u00e1cter injusto del t\u00edtulo de propiedad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 766 numeral 1 ibidem, tampoco afecta la buena fe de los promotores iniciales, toda vez que ello son elementos a que hace referencia el art\u00edculo 768 de la misma obra, referente a la posesi\u00f3n regular, m\u00e1s no as\u00ed se adecuan al caso que se estudia. <\/p>\n
Puestas las cosas en estas condiciones, se colige que los demandantes iniciales fueron poseedores de buena fe del inmueble descrito en los hechos del libelo, por lo que en virtud de los art\u00edculos 965 y 966 del C\u00f3digo Civil, tienen derecho a que se les abonen las mejoras necesarias y \u00fatiles acreditadas, as\u00ed mismo, les asiste la obligaci\u00f3n de pagar los frutos civiles de la cosa, en este caso, los c\u00e1nones de arrendamiento que hubiere podido percibir la demandada inicial con mediana inteligencia, pero \u00fanicamente los generados despu\u00e9s de \u201cla contestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo punto, relativo a los frutos, que fueran reconocidos en virtud de la demanda de reconvenci\u00f3n y en lo que tambi\u00e9n reparan de los demandantes iniciales, lo cierto es que s\u00ed se acceder\u00e1 tambi\u00e9n a su declaraci\u00f3n, pero no con base en las consideraciones del a quo, sino en lo expuesto en esta providencia sobre los efectos de la cosa juzgada penal en el \u00e1mbito civil y la necesidad de resolver sobre las prestaciones mutuas en este asunto, en virtud de la cancelaci\u00f3n del referido t\u00edtulo de propiedad. <\/p>\n
En esta l\u00ednea se aprecia que, al ser los accionantes iniciales poseedores de buena fe de la cosa, les asiste la obligaci\u00f3n de restituir los frutos que hubieren percibidos despu\u00e9s de \u201cla contestaci\u00f3n de la demanda\u201d, seg\u00fan el art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil; empero, dadas las especiales particularidades del caso, no es posible fijar el momento se\u00f1alado por la norma, por lo que este Tribunal considera que la obligaci\u00f3n de tales sujetos procesales surge a partir de la inscripci\u00f3n de la medida de cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo y registro de su propiedad en el folio de matr\u00edcula correspondiente, lo cual ocurri\u00f3 el 6 de octubre del 2009, anotaci\u00f3n n\u00famero 22. Lo anterior, teniendo en cuenta el esp\u00edritu de la cautela en cuesti\u00f3n, sobre lo que la Corte Constitucional ha expuesto: <\/p>\n
Igualmente, dicha previsi\u00f3n legal establece que la autoridad judicial del conocimiento del delito, enterada de la existencia de actuaciones adelantadas con base en los t\u00edtulos cancelados ante otras autoridades, debe poner en conocimiento de aquellas la citada cancelaci\u00f3n, para que finalicen las actuaciones correspondientes. <\/p>\n
Se trata de una medida de evidente car\u00e1cter procesal, prevista en la codificaci\u00f3n correspondiente del estatuto procedimental penal anterior, que atiende de modo consubstancial al deber de administrar justicia en todos sus \u00f3rdenes y de lograr la restituci\u00f3n de los bienes objeto del hecho punible al estado anterior, cuando la adquisici\u00f3n de ellos, y a\u00fan por un tercero, sea producto del il\u00edcito, siempre que procesalmente se demuestre la tipicidad del hecho punible, o lo que es lo mismo, que se demuestre procesalmente su ocurrencia y que esta afecte la legalidad del t\u00edtulo o del registro. <\/p>\n
Es m\u00e1s, se debe partir del supuesto que indica que es misi\u00f3n del funcionario judicial el restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima y de la sociedad, y que \u00e9sta comprende la facultad de paralizar el valor jur\u00eddico de los actos negociales vertidos en t\u00edtulos p\u00fablicos y oponibles cuya causa sea il\u00edcita\u201d3. <\/p>\n
Aplicando esas nociones al caso concreto, se aprecia en lo que ata\u00f1e a la prueba de las mejoras, que su realizaci\u00f3n por parte de los accionantes es un hecho indiscutido; ahora, sobre el car\u00e1cter y contenido de las mismas, en el dictamen pericial recaudado en el proceso, el experto se\u00f1al\u00f3 que consistieron en: \u201cReja y puerta de seguridad de entrada al apartamento y cocina integral en madera, color caoba, con mes\u00f3n en m\u00e1rmol\u201d, \u201cPrimera alcoba con vista panor\u00e1mica al exterior con ventanear\u00eda de aluminio, con ba\u00f1o enchapado en cer\u00e1mica y una cenefa divisoria\u201d, \u201cCloset de madera color caoba y ba\u00f1o de la alcoba con divisi\u00f3n en acr\u00edlico\u201d, \u201cParedes y entrepiso de sala, acabados en estuco color blanco en buen estado y ba\u00f1o social\u201d. <\/p>\n
En cuanto al valor de tales mejoras, en la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n de la experticia se indica que: \u201ccon relaci\u00f3n a las mejoras objeto, se tomaron una a una las facturas de ventas, comprobantes de egresos, remisiones de mercanc\u00edas aportadas al expediente del proceso por el demandante\u201d, se transcribe la relaci\u00f3n de tales facturas, incluyendo una referenciada como \u201cCONTRATO TRABAJO EBANISTERIA\u201d, y con base en ello se concluye la suma de $59.492.858 sin indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales mejoras, seg\u00fan el testimonio de\u2026 Mar\u00eda Eugenia Pretelt Mendoza fueron iniciadas \u201cmeses\u201d despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n del inmueble por parte de su hija y yerno, lo cual ocurri\u00f3 el 14 mayo del 2007, y terminadas en el a\u00f1o 2008. Esta declaraci\u00f3n coincide con la de los demandantes iniciales y los testigos Rafael Enrique Correa Rodr\u00edguez y \u00c1lvaro Sierra Jaramillo; estos \u00faltimos se identificaron como amigos de la accionante inicial y su progenitora, respectivamente, y ambos afirmaron haber conocido el bien antes y despu\u00e9s de la remodelaci\u00f3n, coincidiendo en que fue iniciada pocos meses despu\u00e9s de la compra del inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, en el acta de la inspecci\u00f3n judicial realizada en el inmueble el 6 de septiembre del 2009, se dej\u00f3 constancia que se encontraba \u201cen general en mal estado de conservaci\u00f3n\u201d, y la testigo Mar\u00eda Eugenia Pretelt tambi\u00e9n afirm\u00f3 que fue poco despu\u00e9s de tal diligencia que empez\u00f3 a habitarlo, guiada por el temor de que su hija y yerno perdieran la posesi\u00f3n, por lo que decidi\u00f3 ingresar y empezar a ejecutar las mejoras necesarias a trav\u00e9s de algunos obreros. <\/p>\n
En ese entendido, es dable colegir que las expensas fueron iniciadas, por lo menos, en el mes de octubre del 2007 y culminadas en el a\u00f1o 2008. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, est\u00e1 demostrado que las mejoras fueron fechas de buena fe, al haberse efectuado con posterioridad al momento de la adquisici\u00f3n de la titularidad de dominio y con conciencia de obtenerlo mediante negocio jur\u00eddico libre de vicio, presunci\u00f3n que no se logr\u00f3 desvirtuar por la parte demandada inicial. <\/p>\n
De la misma manera, es dable colegir que las expensas tienen el car\u00e1cter de necesarias y \u00fatiles, ya que comprenden desde reparaciones en el sistema de electricidad del inmueble, acto de conservaci\u00f3n, conforme lo indic\u00f3 la demandante inicial en su interrogatorio de parte, hasta adecuaciones que incrementan su valor venal, como lo fueron la instalaci\u00f3n de closet, cocina, ventana, entre otros, que incluy\u00f3 la remodelaci\u00f3n del apartamento y que se se\u00f1alaron en el dictamen pericial referenciado. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, respecto a los frutos que se reclamaron por v\u00eda de reconvenci\u00f3n, expres\u00f3 el Tribunal: <\/p>\n
En lo concerniente al pago de los frutos civiles de la cosa, c\u00e1nones de arrendamiento, por parte de los accionantes iniciales a la demandada inicial, se acceder\u00e1 a ello conforme lo expuesto en precedencia, desde el 6 de octubre del 2009, hasta la fecha de la entrega material del bien el 2 de junio del 2015. <\/p>\n
Seg\u00fan el dictamen pericial rese\u00f1ado, el valor del canon de arrendamiento del inmueble en el a\u00f1o 2009, teniendo como referencia el contrato de tal naturaleza que, sobre el mismo se hab\u00eda celebrado en el a\u00f1o 2005, as\u00ed como el incremento anual de dicha prestaci\u00f3n, conforme al \u00cdndice de Precios del Consumidor, ascend\u00eda a $623.304, ello indica que, en esos t\u00e9rminos, en el a\u00f1o 2009 la demandada inicial pudo haber percibido el valor de dos c\u00e1nones correspondientes a 24 d\u00edas del mes de octubre, y los meses de noviembre y diciembre, equivalentes a $1.745.251. <\/p>\n
En dicho dictamen se establecen tambi\u00e9n los valores del canon para los a\u00f1os 2010 a 2015 hasta el 2 de junio, los cuales ascienden a $44.237.682., cifra que, sumada a los pertinentes del 2009, a saber, $1.745.251., arroja como resultado: $45.982.933, que indexado a la fecha de esta sentencia equivale a $64.902.797, conforme la misma f\u00f3rmula utilizada para determinar el valor final de las mejoras\u2026 <\/p>\n
No es de recibo el reparo de la solicitante de los frutos, seg\u00fan el cual, los mismos deben reconocerse desde que los demandantes iniciales tuvieron conocimiento del proceso penal, esto es, en septiembre del 2007, conforme a lo expuesto en precedencia sobre la buena fe de estos \u00faltimos y los efectos retroactivos de la sentencia penal condenatoria, \u00fanicamente a partir del registro de la medida cautelar en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En lo que concern\u00eda a la condena por perjuicios, agreg\u00f3 el fallador de segundo grado que: <\/p>\n
Tampoco prospera el reparo por no haberse condenado en la sentencia a los demandados en reconvenci\u00f3n, por \u201cresponsabilidad patrimonial de las partes\u201d, conforme el art\u00edculo 80 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que no se encuentran acreditados los supuestos f\u00e1cticos establecidos en dicha disposici\u00f3n, esto es, \u201clos perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes.\u201d. <\/p>\n
Finalmente, frente a los reparos planteados frente a la condena en costas impuesta por el a quo, destac\u00f3 el Tribunal que dicha censura era \u00ab\u2026 improcedente en este escenario procesal, comoquiera que seg\u00fan el art\u00edculo 366 numeral 5 ib\u00eddem, \u201cla liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la promotora es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada analiz\u00f3 el caso concreto y concluy\u00f3 que deb\u00eda abordarse desde la \u00f3ptica de los efectos de la cosa juzgada penal en asuntos civiles, estimando que, al haberse invalidado, por delictuoso, el acto del que se desprendieron las transferencias de dominio del bien objeto del litigio, entre ellas, aquella en la que participaron los demandantes iniciales, hab\u00eda lugar a acceder a las restituciones mutuas que persegu\u00edan los intervinientes (mejoras y frutos), en especial, al no estar demostrado que los prenotados actores hubiesen participado del delito, sino que fueron terceros de buena fe, cuyos derechos se vieron afectados por \u00e9ste. <\/p>\n
Tras decantar lo anterior y al considerar que, anal\u00f3gicamente, la norma llamada a regular tales restituciones era la aplicable a relaciones contractuales, concluy\u00f3 que hab\u00eda lugar a reconocer las mejoras que plantaron los demandantes iniciales, comoquiera que las realizaron de buena fe, bajo la creencia fundada de ser los propietarios del inmueble, comoquiera que el t\u00edtulo a trav\u00e9s del cual adquirieron tal derecho s\u00f3lo vino a invalidarse con resoluci\u00f3n del 24 de agosto de 2009, registrada en el correspondiente folio inmobiliario el 6 de octubre siguiente, mientras que las prenotadas mejoras se realizaron en los a\u00f1os 2007 y 2008. <\/p>\n
De igual manera, reconoci\u00f3 el Tribunal los frutos que reclam\u00f3 la demandante en reconvenci\u00f3n, pero no desde la fecha que ella fij\u00f3, al considerar que los enjuiciados obraron como poseedores de buena fe, por lo que s\u00f3lo estaban obligados a pagarlos \u00aba partir de la inscripci\u00f3n de la medida de cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo y registro\u2026 en el folio de matr\u00edcula correspondiente, lo cual ocurri\u00f3 el 6 de octubre del 2009\u00bb. Para la tasaci\u00f3n de tales emolumentos el citado estrado tuvo en cuenta el dictamen pericial que se practic\u00f3 en el asunto, fij\u00e1ndolos en un valor actual de $64.902.797. <\/p>\n
Finalmente, respecto a los perjuicios deprecados, fueron negados al no estar demostrados los presupuestos necesarios para su concesi\u00f3n y, en cuanto a las costas procesales, precis\u00f3 que no era ese el escenario previsto para cuestionar tal aspecto, pues para ello el legislador previo otras v\u00edas, de las que, valga anotar, aun puede hacer uso la gestora del amparo. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abSentencia T-259\/06. Magistrado Ponente MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abSentencia SC2217-2021 del 9 de junio del 2021. Magistrado Ponente OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abSentencia C-245\/93\u2026\u00bb. <\/p>\n
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STC163-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC163-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04472-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Olga Vel\u00e1squez de Barba […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70113"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70113\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}