STC165-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC165-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00482-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el ocho de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carolina Quintero Rivera contra el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, \u00abdebida notificaci\u00f3n\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse decrete la revocatoria de todo lo actuado en el expediente #25899311001-2017- 00008, sentencia del 23 de octubre de 2018\u00bb y, en consecuencia, \u00abse anule y\/o se cancele la anotaci\u00f3n # 021 del folio de matr\u00edcula # 50n-1205665\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Graciela Rodr\u00edguez y Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Ovalle, como herederas de Jos\u00e9 del Carmen Rodr\u00edguez Arandia, promovieron acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia contra Jos\u00e9 Antonio Rodr\u00edguez Arandia, Amparo Rodr\u00edguez Arandia; V\u00edctor Alonso Rodr\u00edguez, Claudia Patricia Rodr\u00edguez y Luis Eduardo Rodr\u00edguez, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 23 de octubre de 2018, por lo que \u00abse dispuso declarar ineficaces los actos de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los aludidos de cujus, por lo que se decret\u00f3 rehacer la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Contra ese fallo, Carolina Quintero Rivera formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que se declar\u00f3 \u00abcaducado\u00bb con providencia del 9 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abadquiri\u00f3 mediante compraventa el inmueble con fecha 27\/11\/2015 bajo la escritura p\u00fablica # 3741 de la Notar\u00eda Sexta de Cali y registrada en el folio de matr\u00edcula # 050N-1205665\u00bb, acto que se dej\u00f3 sin efecto en virtud de la prenotada sentencia de 23 de octubre de 2018; que el juzgado accionado, en el auto admisorio del tr\u00e1mite cuestionado, \u00abno\u2026 [la] incluy\u00f3 y no\u2026 [la] notific\u00f3, ni [la] emplaz\u00f3\u2026, quien ya era propietaria del inmueble\u2026, muy a pesar de que el folio de matr\u00edcula reflejaba perfectamente [que] era el titular de dominio\u00bb, lo que le impidi\u00f3 acudir al juicio a defender sus derechos. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, al percatarse de la anotada situaci\u00f3n, \u00abinterpuso la respectiva acci\u00f3n de tutela la cual fue declarada\u2026 improcedente al tener otros medios extraordinarios como la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, la cual tambi\u00e9n se tramit\u00f3 de manera inmediata y oportuna\u00bb; que el recurso de revisi\u00f3n \u00abfue una instancia m\u00e1s que se agot\u00f3, con el objetivo de cumplir con los requisitos de los recursos extraordinarios que imparte la norma\u00bb; y que el juez que resolvi\u00f3 dicho mecanismo extraordinario \u00abno ha afectado [sus] derechos fundamentales\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 esgrimi\u00f3 que \u00abno ha vulnerado ni puesto en peligro los bienes jur\u00eddicos de la accionante, es m\u00e1s, ha dado cabal cumplimento a las normas que regulan el asunto, propendiendo por la garant\u00eda de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Mar\u00eda Johana Garc\u00eda Sep\u00falveda, quien dijo fungir como \u00abapoderada en el proceso extraordinario de revisi\u00f3n contra Mar\u00eda Graciela Rodr\u00edguez y Rosa Mar\u00eda Rodriguez Ovalle\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representarlas en este asunto, solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Alba Liliana Rodr\u00edguez Ovalle defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 -Zona Norte- rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo por esta v\u00eda excepcional, ante el desconocimiento del presupuesto general de la inmediatez\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abse agot\u00f3\u2026 el instrumento legal para presentar su inconformidad, que es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, frente a cuya resoluci\u00f3n no tuvo reparos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante manifest\u00f3 que el fallo de primera instancia \u00abno se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho\u00bb; \u00abse niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley\u00bb; \u00abse funda en consideraciones inexactas que no corresponden a la realidad\u00bb; y que \u00abincurre\u2026 en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, que resulta inane a [sus] pretensiones\u2026, por inexacta interpretaci\u00f3n de sus principios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, se concluye que la solicitud de resguardo es inviable, toda vez que al alcance de la promotora estuvo el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues lo interpuso tard\u00edamente, seg\u00fan se reconoci\u00f3 en providencia del 9 de septiembre pasado (con la cual, valga anotar, se muestra conforme la tutelante), siendo ese el escenario id\u00f3neo para esgrimir las anomal\u00edas que ahora alega por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo: <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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