STC167-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC167-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00422-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 18 de noviembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Mario Restrepo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y la Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el juzgado accionado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00032-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n referida, en la cual la autoridad cuestionada incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos que consagra la ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene a la accionada \u00abcumplir los t\u00e9rminos perentorios que le impone art 120 CGP\u00bb y que aplique los fallos de tutela \u00abCSJ STC15220-2019, STC15139, STC15115-2019, STC 15 FEB 1995 RAD 1937, REITERADA STC15116-2019\u00bb. Asimismo, pidi\u00f3 que se le \u00abORDENE a la tutelada pronunciarse sobre mi reposici\u00f3n de cada una de las PRETENSIONES QUE REPUSE\u00bb. Por \u00faltimo, solicit\u00f3 que se vincule a la \u00abPROCURADORA GENERAL NACI\u00d3N, DRA MARGARITA CABELLO BLANCO\u00bb con el fin de que se pronuncie sobre lo pedido en esta tutela y aporte copia de lo actuado por el procurador delegado en el despacho accionado\u20261. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Advirti\u00f3 que \u00ab(\u2026) el accionante no ha presentado ante esta Procuradur\u00eda Regional ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb2. <\/p>\n
2. Lagobo distribuciones S.A.S., pidi\u00f3 que se negar\u00e1n las pretensiones del actor y se le desvinculara del proceso pues, en el presente asunto se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado ya que \u00abel Juzgado accionado resolvi\u00f3 de fondo el recurso instaurado por el accionante\u00bb3. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira inst\u00f3 que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que en \u00abauto de calenda 26 de octubre de 2022 (\u2026) se brind\u00f3 resoluci\u00f3n de fondo al recurso de reposici\u00f3n instaurado, as\u00ed como a las dem\u00e1s solicitudes elevadas por el actor dentro de dicho memorial\u00bb4. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo -regional Risaralda- solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Advirti\u00f3 que \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante (\u2026)\u00bb5. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado. Por un lado, consider\u00f3 que \u00abninguna trascendencia constitucional tiene examinar la supuesta tardanza del juzgado, si para cuando se inici\u00f3 esta demanda, ya se hab\u00eda resuelto el recurso de reposici\u00f3n de marras\u00bb. Asimismo, y sobre el reproche en torno a que el despacho no abord\u00f3 todos los puntos del escrito de reposici\u00f3n, indic\u00f3 que se incumple con el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que el promotor \u00abpudo solicitar la adici\u00f3n del auto que reprocha (Art. 287 CGP)\u00bb. Por \u00faltimo, y en torno a la pretensi\u00f3n dirigida al \u00abMinisterio P\u00fablico\u00bb, manifest\u00f3 que no se evidenci\u00f3 petici\u00f3n alguna en esos t\u00e9rminos dirigida a dicha autoridad6. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Indic\u00f3 \u00abAPELO\u00bb7. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n de la presunta mora judicial de la accionada en resolver el recurso de reposici\u00f3n y al omitir abordar todos los reproches tra\u00eddos a colaci\u00f3n en el escrito presentado dentro del tr\u00e1mite popular debatido. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala advierte que el supuesto desconocimiento del derecho fundamental del promotor es inexistente. Ciertamente, se evidencia que el recurso de reposici\u00f3n fue resuelto por la accionada previo a la interposici\u00f3n de esta tutela8, por lo que no existe ninguna conducta atribuible a esta respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, ya que: <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…). En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger el interesado (…).Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela. Ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tramites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (…) en procura de sus derechos (T-013 de 2017). (CC T-130\/14; reiterada en T-330\/2022. Citada por esta Sala, entre otras, en STC137-2021). <\/p>\n
3. Por otro lado, y en atenci\u00f3n al reproche referente a que el juzgado no se pronunci\u00f3 sobre todos los puntos del escrito de reposici\u00f3n, se advierte que el actor no formul\u00f3 reparo alguno contra el auto que resolvi\u00f3 dicho mecanismo. Por tanto, la Corte concluye la improcedencia del ruego, pues la incuria en la utilizaci\u00f3n de los mecanismos establecidos9 para atacar los desacuerdos frente a las determinaciones de los jueces, imposibilitan el uso de esta senda constitucional. No en vano esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (ver recientemente en STC4031-2020, 25 de junio de 2020, rad. 2020-00059-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, con respecto a la solicitud de aplicaci\u00f3n de las sentencias \u00abCSJ STC15220-2019, STC15139, STC15115-2019, STC 15 FEB 1995 RAD 1937, REITERADA STC15116-2019\u00bb en el caso, es preciso indicar al actor que los supuestos f\u00e1cticos planteados en dichas providencias son diferentes a los plasmados en esta oportunidad. Adem\u00e1s, se debe destacar que los efectos de las decisiones constitucionales son inter partes, de manera que los fallos de esta naturaleza no producen efectos \u00aberga omnes\u00bb, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (Citada en CSJ10096-2021, 11 de agosto de 2021, rad. 2021-00115-01; reiterada en STC1295-2022, 10 de febrero de 2022, rad. 2021-02655-01). <\/p>\n
5. Finalmente, sobre la pretensi\u00f3n dirigida frente al Ministerio P\u00fablico, se reitera su improcedencia pues, no obra en el expediente solicitud en ese sentido frente a la autoridad cuestionada, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c11Respuesta.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c13Manifestacion.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c15OficioRespuesta.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c23Contestacio\u0300nDefensoria.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c21CorreoMarioR.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c034Auto ResuelveRecursoReposicion.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n popular de rad. 66001-31-03-005-2022-00032-00. <\/p>\n
9\u0002 En efecto el actor ten\u00eda a su alcance la adici\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso. Ver un caso de similares contornos en CSJ STC390-2022, 26 de enero, rad. 2022-00104-00. <\/p>\n
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