STC169-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC169-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02141-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Guillermo Ferney Coral Mart\u00ednez contra el Tribunal Superior Militar y Policial de Bogot\u00e1 y el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Polic\u00eda del Meta, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, dignidad humana e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 que se les ordene \u00abconceder la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva\u2026\u00bb y, en forma subsidiaria, exhortar al juzgado convocado a \u00abestudiar a fondo la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Guillermo Ferney Coral Mart\u00ednez se promovi\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abataque al inferior en concurso con el de lesiones personales dolosas\u00bb, por el que fue condenado a 14 meses de prisi\u00f3n, mediante sentencia del 5 de marzo de 2018, pena confirmada con providencia del 13 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el condenado solicit\u00f3 se le otorgara el beneficio de \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, que le fue negado con prove\u00eddo de 21 de enero de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el peticionario, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del 28 de septiembre de la anualidad anterior. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que re\u00fane los requisitos para acceder al beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, tal y como lo conceptu\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en el juicio criticado, circunstancias que desconocieron los falladores accionados. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal 154 Penal Militar DEMET y el Juzgado 178 de Instrucci\u00f3n Penal Militar de Villavicencio rindieron informe. <\/p>\n
2. El Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Polic\u00eda del Meta resalt\u00f3 que \u00abha proporcionado y brindado todas [las garant\u00edas] de que gozan los sujetos procesales e intervinientes en el proceso penal, ello materializado en cumplimiento de la ley y consecuente con las diferentes decisiones proferidas por el organismo colegiado de la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 la salvaguarda, por cuanto \u00ablas providencias censuradas incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente judicial\u2026\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
\u2026 se apartaron del precedente emitido por esta Corporaci\u00f3n en la decisi\u00f3n CSJ SP5104- 2017, rad.40282, 5 abr. 2017, en la que se recogi\u00f3 la regla planteada\u2026 por la Sala de la Tutelas de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, seg\u00fan la cual los miembros de las fuerzas armadas, juzgados por la jurisdicci\u00f3n penal militar, no ten\u00eda[n] derecho a la prisi\u00f3n domiciliaria, para en su lugar sostener que s\u00ed tienen derecho a ella, siguiendo los par\u00e1metros establecidos en el C\u00f3digo Penal ordinario\u2026 <\/p>\n
\u2026 contrario a lo alegado por el Tribunal Superior Militar y Policial de Bogot\u00e1, la decisi\u00f3n CSJ SP5104- 2017\u2026, s\u00ed constituye un precedente jurisprudencial, en su caso vertical, que por la pertinencia y semejanza con el caso de Guillermo Ferney Coral Mart\u00ednez, debi\u00f3 necesariamente ser considerado al momento estudiar la sustituci\u00f3n de la pena privativa de la libertad por domiciliaria, lo que se traduce en una afectaci\u00f3n a su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, dej\u00f3 sin efecto \u00ablos autos interlocutorios emitidos el 21 de enero, 15 de marzo y 28 de septiembre, todos de 2022, en sede\u2026 de primera y segunda instancia\u00bb, para que en su lugar, \u00abel juez que vigila la sanci\u00f3n profiera, en un plazo de cinco\u2026 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo, una nueva providencia donde se efect\u00fae un an\u00e1lisis que sea acorde con los lineamientos brindados en el presente fallo de tutela, de conformidad con la decisi\u00f3n CSJ SP5104-2017\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Polic\u00eda del Meta destac\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado el debido proceso en cuanto a la no concesi\u00f3n del beneficio solicitado por el [tutelante] con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 38 de la Ley 599 de 2000, por la especialidad de la jurisdicci\u00f3n castrense en cuya normatividad no est\u00e1 regulado el instituto sustitutivo de la pena intramural por el de prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que \u00abun condenado en el r\u00e9gimen ordinario que pretenda acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria argumentando su condici\u00f3n de padre cabeza de familia, debe satisfacer unos requisitos, los cuales no fueron cumplidos en la presente causa\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que, como lo concluy\u00f3 el a quo, los falladores enjuiciados cometieron un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, sin analizar de fondo la petici\u00f3n que elev\u00f3 el tutelante, desecharon la posibilidad de concederle la \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb que reclam\u00f3, por cuanto dicho beneficio no est\u00e1 contemplado en las normas que regulan la justicia penal militar, desconociendo la jurisprudencia que al respecto existe en la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la que se ha reconocido la aplicaci\u00f3n de tal prerrogativa a las personas sometidas a dicha jurisdicci\u00f3n especial, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 el car\u00e1cter especial de la jurisdicci\u00f3n penal militar, su autonom\u00eda y libertad de configuraci\u00f3n legislativa, esgrimidas para negar la prisi\u00f3n domiciliaria a quienes son investigados y juzgados por dicho r\u00e9gimen, no impiden ahora considerar que dicho sustituto pueda ser otorgado a quienes se encuentran sometidos a ella, a partir de los principios humanistas consagrados en la Carta Pol\u00edtica y los Tratados Internacionales como de las funciones de la pena, pues las mismas razones que la justifican para los condenados por la justicia penal ordinaria aplican para los que lo son por la penal militar. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n de 1991 consagra la dignidad humana como principio fundamental y valor en los cuales se funda el Estado Social de Derecho, siendo fin esencial el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Carta para asegurar la convivencia y la vigencia de un orden justo. <\/p>\n
Como pilar determinante del Estado y de los Derechos Humanos y de los derechos fundamentales en general, en tanto constituye norma vinculante para toda autoridad,\u201cLa consagraci\u00f3n constitucional del principio de la dignidad humana, indica que debe existir un trato especial hacia el individuo, ya que la persona es un fin para el Estado y por tanto para todos los poderes p\u00fablicos especialmente para los jueces, pues este principio debe ser el par\u00e1metro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jur\u00eddico, este principio impone una carga de acci\u00f3n positiva de cara a los dem\u00e1s derechos\u201d1. <\/p>\n
As\u00ed mismo el derecho a la dignidad humana constituye el fundamento para la prohibici\u00f3n de la tortura, imposici\u00f3n de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual impone que la persona privada de la libertad deba ser tratada humanamente y con respeto de sus derechos humanos. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la pena los tratados internacionales demandan que la misma tenga por finalidad la reforma y readaptaci\u00f3n social del condenado. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, en sus art\u00edculos 5.6 y 10.3 prescriben que \u201cLas penas privativas de la libertad tendr\u00e1n como finalidad esencial, la reforma y la readaptaci\u00f3n social de los condenados\u201d y \u201cEl r\u00e9gimen penitenciario consistir\u00e1 en un tratamiento cuya finalidad esencial ser\u00e1 la reforma y la readaptaci\u00f3n social de los penados\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que la dignidad humana guarda relaci\u00f3n con la funci\u00f3n resocializadora atribuida a la pena privativa de la libertad, en tanto esta \u201cadquiere relevancia constitucional, no s\u00f3lo desde el punto de vista fundamental de la dignidad, sino tambi\u00e9n como expresi\u00f3n del libre desarrollo de la personalidad humana. La funci\u00f3n de reeducaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social del condenado, debe entenderse como obligaci\u00f3n institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibici\u00f3n de entorpecer este desarrollo. Adquiere as\u00ed pleno sentido la imbricaci\u00f3n existente entre la dignidad, la humanidad en el cumplimiento de la pena y la autonom\u00eda de la persona, en relaci\u00f3n todas con la funci\u00f3n resocializadora como fin del sistema penal\u201d2. <\/p>\n
Ahora bien, tanto en el C\u00f3digo Penal ordinario como en el de Justicia Penal Militar, la pena persigue una funci\u00f3n resocializadora del condenado manifestada en los mecanismos sustitutivos de la privativa de la libertad que operan al momento de su imposici\u00f3n y ejecuci\u00f3n, con los cuales busca propiciar la integraci\u00f3n social del condenado y no su exclusi\u00f3n, finalidad vinculada con el objeto del derecho penal en el Estado Social de Derecho. <\/p>\n
La prisi\u00f3n domiciliaria en condici\u00f3n de pena sustituta reglada en el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Penal, es compatible con los derechos humanos y la dignidad humana del condenado, al permitir que la prisi\u00f3n se cumpla sin el rigor inherente al centro carcelario y sin desarraigo de su entorno familiar en condiciones que facilitan su rehabilitaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n a la sociedad en un mayor grado, por las m\u00faltiples ventajas derivadas del sustituto fundado en la idea de la reinserci\u00f3n social de quien ha delinquido. <\/p>\n
De ese modo, si la pena en el derecho penal militar al igual que en la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria cumple funciones preventivas, resocializadoras y protectoras, las cuales seg\u00fan lo dicho justifican la existencia de la prisi\u00f3n domiciliaria, es viable que en raz\u00f3n del fin de la sanci\u00f3n penal a ella puedan tener derecho los miembros de la fuerza p\u00fablica juzgados por delitos cometidos en relaci\u00f3n con el servicio, siempre que cumplan los requisitos fijados en el C\u00f3digo Penal ordinario para tener derecho a dicho sustituto. <\/p>\n
Con fundamento en lo dicho, no existen razones que justifiquen tratamiento diferenciado en la ejecuci\u00f3n de la pena, ya que quienes son sujetos del C\u00f3digo Penal ordinario y del C\u00f3digo Penal Militar, tienen derecho en los t\u00e9rminos previstos en cada uno de ellos a los mecanismos sustitutivos de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad y la libertad condicional, de modo que nada explica que los segundos no puedan ser beneficiarios de la prisi\u00f3n domiciliaria a partir de la funci\u00f3n asignada a la pena en uno y otro c\u00f3digo. -Negrillas ajenas al texto- (CSJ SP5104-2017). <\/p>\n
Entonces, evidente es que los falladores accionados, al rehusarse a estudiar de fondo el pedimento del actor de concederle prisi\u00f3n domiciliaria, fundados en la falta de consagraci\u00f3n legal de tal beneficio en la normatividad que regula la Jurisdicci\u00f3n Penal Militar, desconocieron el citado precedente y, adem\u00e1s, vulneraron el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del actor, al negarse a analizar si se reun\u00edan o no los requisitos para su concesi\u00f3n. <\/p>\n
4. En este punto, cabe a\u00f1adir, que el cumplimiento de los presupuestos necesarios para acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria es una cuesti\u00f3n que debe ser debatida y decidida en el juicio ordinario, oportunidad que, como qued\u00f3 visto, se cercen\u00f3 al actor, al neg\u00e1rsele su concesi\u00f3n por improcedencia, sin efectuar un estudio de fondo a su solicitud. <\/p>\n
Entonces, en virtud del resguardo concedido, los falladores accionados habr\u00e1n de pronunciarse, en sede ordinaria, sobre tal particular, decisiones que ser\u00e1n susceptibles de controvertirse por el procesado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, siendo ese el escenario propicio para esclarecer tal aspecto. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CC C-143\/15. <\/p>\n
2\u0002 CC C-261\/96. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC169-2023 Magistrado ponente STC169-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02141-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 26 de octubre de 2022 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}