STC176-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC176-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02582-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 30 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gesti\u00f3n Kapital SAS contra el Juzgado 51 Civil del Circuito de esta ciudad de esta localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gesti\u00f3n Kapital SAS promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra CI Inversiones Peniel Ltda., Hernando Fonseca Ru\u00edz, Corporaci\u00f3n Gesti\u00f3n del Recurso Social y Humano ONG-GERS e Industrias, Alimentos y Catering SAS (Catalinsa SAS), estos dos \u00faltimos como integrantes de la Uni\u00f3n Temporal Nutriservi 2016. <\/p>\n
2.2. Tras librarse mandamiento de pago, mediante prove\u00eddo del 24 de junio de 2022, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Presentada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, a trav\u00e9s de auto del 31 de agosto de esas calendas, \u00abse orden\u00f3 fijar en lista de que trata el art\u00edculo 110 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que, \u00abdebido a la medida de embargo de sumas dinerarias decretada el d\u00eda 26 de enero de 2022, se ha logrado poner a disposici\u00f3n del Juzgado [criticado] la suma [de]\u2026 $180\u2019440.998\u00bb; y que el \u00abproceso [criticado] se encuentra al despacho desde el\u2026 25 de agosto de 2022\u2026, sin que hasta la fecha se haya corrido traslado de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito aportada el d\u00eda 6 de julio de 2022\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el juicio acusado \u00ablleva dos meses al despacho, lo cual resulta completamente irracional, toda vez que el tr\u00e1mite procesal a seguir es un tr\u00e1mite netamente secretarial y consiste en que corra traslado de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u2026\u00bb; y que el juzgado accionado, \u00aba pesar de los pedimentos, no ha realizado la liberaci\u00f3n del t\u00edtulo judicial y as\u00ed como [tampoco] la terminaci\u00f3n del proceso, dado que con el mismo se encontrar\u00eda paga la totalidad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abse procedi\u00f3 a resolver sobre la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito en auto que se notificar\u00e1 en pr\u00f3ximo estado de fecha 30 de noviembre de 2022\u00bb y, adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abno puede endilgarse a ese juzgado mora judicial, cuando a su cargo tiene una carga laboral excesiva que se encuentra reportada en el SIERJU, en donde se informa que el Despacho tiene una carga activa de\u2026 un total 1.025 expedientes que se tramitan en este Juzgado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abdesde el pasado 19 de julio se corri\u00f3 el traslado a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, actuaci\u00f3n que reprocha la sociedad accionante, por lo que evidente resulta que ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos alegados se present\u00f3 en lo atinente a este tema\u00bb; y porque \u00abcon la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional se remiti\u00f3 auto fechado el 29 de los corrientes, con el que se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2026; de lo que se infiere que si se hab\u00eda presentado alg\u00fan retardo con ese tr\u00e1mite, en todo caso ya se super\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se verifica que la inconformidad del querellante se circunscribe a la tardanza que, seg\u00fan ella, se ha suscitado en la entrega de dineros que solicit\u00f3 a la sede judicial acusada. <\/p>\n
Con base en tal premisa, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Pues bien, del informe allegado por el juzgado accionado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza de la que se duele la gestora del resguardo no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del c\u00famulo de procesos que est\u00e1 tramitando esa sede judicial, los cuales ascienden a m\u00e1s de 1000, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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