STC177-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC177-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02151-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Gabriel Laguado Vargas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Establecimiento Penitenciario de Guaduas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 19 de abril de 2022 radic\u00f3, por correspondencia, derecho de petici\u00f3n dirigido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante el cual solicit\u00f3 \u00abacci\u00f3n de revisi\u00f3n, bajo lo establecido en el art\u00edculo 33 numeral 3\u00ba de la ley 906 de 2004, pero hasta la fecha han transcurrido m\u00e1s de 5 meses y el Tribunal Superior de Bucaramanga no me ha dado una respuesta de fondo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide se tutele el derecho fundamental denunciado y se ordene al Tribunal Superior de Bucaramanga que, \u00abrespecto de los jueces penales del circuito especializado me d\u00e9 una pronta respuesta, clara y precisa a la petici\u00f3n de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga indic\u00f3 que, a esa colegiatura no lleg\u00f3 el escrito al que se refiere el actor; as\u00ed mismo, la secretar\u00eda de esa sala inform\u00f3 que no ha recibido solicitud alguna a nombre de Laguado Vargas, y que tampoco existen asuntos pendientes de resoluci\u00f3n que tengan que ver con su proceso. <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al no advertir vulneraci\u00f3n concreta, pues, sumada a la improcedencia del derecho de petici\u00f3n en asuntos judiciales, el gestor no prob\u00f3 haber elevado petici\u00f3n a la corporaci\u00f3n convocada, destacando que \u00ab(\u2026) ni siquiera alleg\u00f3 prueba sumaria con la que se demuestre la existencia de su solicitud del 19 de abril de 2022 y la correspondiente radicaci\u00f3n de la misma ante la autoridad accionada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso quien manifest\u00f3 que, s\u00ed envi\u00f3 la petici\u00f3n cuya respuesta reclama, en la que solicit\u00f3 se le d\u00e9 tr\u00e1mite a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de la sentencia condenatoria proferida en su contra por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga (radicado 2006-00312) ya que fue condenado \u00ab(\u2026) por unos hechos que yo no hice\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, si el memorial no lleg\u00f3 a su destino es porque en el establecimiento penitenciario \u00abse pierden mucho las cartas [\u2026] y no hay servicios de fotocopiadora para haber podido enviar las copias\u00bb; no obstante, adjunt\u00f3 el escrito que se\u00f1al\u00f3, fechado el \u00ab5 de abril de 2022\u00bb dirigido a \u00abTribunales Superiores de Distrito de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada, al no responder la petici\u00f3n elevada por el actor, supuestamente, el 19 de abril de 2022, en la cual requiri\u00f3 se d\u00e9 tr\u00e1mite a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de las sentencias que lo condenaron (proceso radicado n\u00ba 2006-00312). <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, considerando que requerimientos como el que asevera haber elevado el precursor del amparo ante la autoridad demandada, tiene que ver directamente con el proceso penal que lo involucra, comoquiera que lo que pretende es que se surta tr\u00e1mite a un recurso extraordinario respecto de los fallos que lo condenaron, por lo que no resulta viable el presente mecanismo constitucional para dicha reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, se insiste, no prospera la demanda toda vez que el actor no se encuentra habilitado para aspirar, mediante el escrito petitorio, que la magistratura accionada responda sobre ese recurso en los t\u00e9rminos previstos y seg\u00fan lo establecido en la normativa que reglamenta la garant\u00eda supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013; dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia de un funcionario espec\u00edfico deben ser resueltos, pero a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, lo que quiere decir que la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada no constituye en el presente evento raz\u00f3n para conceder el amparo solicitado, como lo predic\u00f3 la Sala a quo. <\/p>\n
3.2. No obstante lo anterior, en consonancia con la primera instancia y de conformidad con lo indicado en estas diligencias por el accionado al contestar al traslado, la negativa del amparo se refuerza dado que, el tutelante no acredit\u00f3 presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n ni aport\u00f3 constancia alguna de radicaci\u00f3n de la misma, luego, no es posible requerir al tribunal para que se pronuncie en sede constitucional sobre un asunto que no ha conocido. En un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
En consecuencia, como no pudo establecerse la efectiva formulaci\u00f3n del pedimento, no cabe reprochar su falta de soluci\u00f3n, por lo que ser\u00eda desacertado conceder el resguardo por esa pretensi\u00f3n, como bien lo anot\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se impone la negativa de la salvaguarda dada la improcedencia del derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
4.2. Al margen de la impertinencia de la petici\u00f3n, no se advierte la afectaci\u00f3n de otras garant\u00edas constitucionales por cuanto, conforme lo verificado en esta actuaci\u00f3n, el actor no acredit\u00f3 haber radicado el escrito ante el tribunal accionado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC177-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC177-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02151-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}