STC178-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04470-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Socorro Arango y Luis Humberto Meza Vidal contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, los actores destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Las Villas \u2013hoy Banco AV Villas\u2013 concedi\u00f3 un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social a Socorro Arango y Luis Humberto Meza, aqu\u00ed libelistas, amparado con el pagar\u00e9 n.\u00ba 128541-5-17 otorgado en UPAC, el 1 de octubre de 1997, por valor de $16.180.000, garantizado con hipoteca abierta, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 4862 del 8 de septiembre de esa calenda, suscrita ante la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo Cali. <\/p>\n
2.2. A un a\u00f1o de la enunciada operaci\u00f3n crediticia, AV Villas inici\u00f3 un ejecutivo con garant\u00eda real que curs\u00f3 ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad (rad. n.\u00ba 1988-00600), con base en el citado pagar\u00e9 dispuesto en UPAC, \u00abpara hacer efectivo el gravamen hipotecario para el pago de la mora que ascend\u00eda a $18\u2019462.270\u00bb. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, \u00abestando los demandados representados por curador ad-litem, sin haberse dictado auto de seguir la ejecuci\u00f3n, en uso de su posici\u00f3n dominante\u00bb, AV Villas logr\u00f3 que los gestores suscribieran un segundo pagar\u00e9 n.\u00ba 128541 pactado en 265.935.3966 UVR, el 29 de enero del 2000, \u00absin informar al juzgado su otorgamiento\u00bb y sin dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 546 de 1999, respecto de la reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ante ese estrado para terminar anticipadamente el asunto. <\/p>\n
2.4. El 5 de julio del 2000, se solicit\u00f3 de forma unilateral la finalizaci\u00f3n de la causa, pero por el pago de las cuotas en mora, a lo cual accedi\u00f3 ese estrado con providencia de 12 de julio de esa anualidad, y el 28 de agosto posterior la entidad acreedora desglos\u00f3 los t\u00edtulos base del cobro: pagar\u00e9 en UPAC y escritura p\u00fablica. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, el 29 de noviembre del mismo a\u00f1o, esto es, tres meses despu\u00e9s, AV Villas promovi\u00f3 un nuevo recaudo \u2013el que ahora es objeto de censura, y en el cual Andrea Patricia Vivas Pab\u00f3n detenta la calidad de nueva cesionaria\u2013, que actualmente adelanta el despacho Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali1 (rad. n.\u00ba 2000-00781), con fundamento en el segundo pagar\u00e9, es decir, el que se pact\u00f3 en UVR, por el saldo insoluto de $29.167.961 a noviembre 15 del 2000. <\/p>\n
2.6. Con ese prop\u00f3sito, el banco solicit\u00f3 hacer efectiva la hipoteca abierta contenida en la mentada escritura n.\u00ba 4862 del 8 de septiembre de 1997, sin dar cuenta \u00abdel [primer] pagar\u00e9 en UPAC N\u00b0 128541- 5-17, de octubre 01 de 1.997 por $16\u2019180.000\u00bb \u2013que junto con el instrumento p\u00fablico fueron desglosados del primer proceso\u2013, ni de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, para conformar el t\u00edtulo complejo. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, el 19 de febrero del 2001, se libr\u00f3 mandamiento de pago, notificado solo a Socorro Arango, ya que Luis Humberto Meza inici\u00f3 el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n obligatoria de persona natural (\u00abconcordato\u00bb) ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad2. <\/p>\n
2.8. Luego de agotadas las etapas de rigor, el cognoscente dict\u00f3 sentencia el 15 de junio de 2012, favorable a los aqu\u00ed inconformes, ya que prosper\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Pero, con fallo del 27 de junio de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n, al considerar que \u00abla obligaci\u00f3n adquirida por los se\u00f1ores Luis Humberto Meza Vidal y Socorro Arango, fue reestructurada y como consecuencia de ello, los deudores otorgaron un nuevo pagar\u00e9 a favor del banco demandante, que corresponde al que se aduce en la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.9. Desde entonces, seg\u00fan precisaron los actores, han tratado de lograr la terminaci\u00f3n del proceso por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero tanto el juzgado de ejecuci\u00f3n como el tribunal, en diversas ocasiones \u2013despu\u00e9s de los referidos pronunciamientos\u2013, han desestimado sus requerimientos (formulados, inicialmente, como solicitud de nulidad; y, m\u00e1s recientemente, como \u00abcontrol de legalidad\u00bb), ya que aducen la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de cosa juzgada, con base en el pronunciamiento de segunda instancia del 2013. <\/p>\n
2.10. Sobre el particular, enfatizaron en que han radicado las siguientes defensas previamente: <\/p>\n
i. Solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, del 18 de mayo de 2018, negada. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Incidente de nulidad, del 15 de mayo de 2019, despachada desfavorablemente con auto de 17 de agosto de 2020, ratificada al resolver la reposici\u00f3n el 30 de septiembre siguiente, y en sede apelaci\u00f3n, el 16 de diciembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.11. Aunado a ello, el 9 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali fij\u00f3 fecha de remate para el 6 de octubre de ese a\u00f1o, la cual fue objeto de recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, aduciendo, en s\u00edntesis, que llevar a cabo esa diligencia ser\u00eda ilegal ante la falta un \u00abcontrol de legalidad\u00bb en el que se verificara la alegada falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. No obstante, el 3 de octubre siguiente, se mantuvo lo dispuesto al desatar la impugnaci\u00f3n horizontal, y, \u00abal no ser susceptible de apelaci\u00f3n\u00bb, no se concedi\u00f3 esa defensa, raz\u00f3n por la cual el proceso contin\u00faa y est\u00e1 pendiente de programaci\u00f3n de nueva fecha para la almoneda3. <\/p>\n
2.12. En ese orden, se\u00f1alaron que con las rese\u00f1adas actuaciones se desconocieron las previsiones legales y los precedentes jurisprudenciales \u2013tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporaci\u00f3n4\u2013, en lo que ata\u00f1e a la acreditaci\u00f3n de la reiterada reestructuraci\u00f3n, pues, el pagar\u00e9 base del recaudo, pese a haber sido otorgado en UVR, no fue concedido bajo la \u00e9gida de un nuevo cr\u00e9dito, sino por el saldo en mora del pr\u00e9stamo inicial de vivienda previsto en UPAC, siendo prueba de ello que \u00abno se gener\u00f3 desembolso alguno de dinero\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidieron, en compendio, (i) \u00abque se ordene al juzgado PRIMERO (1\u00b0) Civil Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias dejar sin efecto legal los tr\u00e1mites del proceso tendientes al REMATE del inmueble embargado y secuestrado a los demandados\u00bb; y (ii) \u00abque se ordene al Tribunal Superior de Cali, dejar sin efecto el AUTO DE DICIEMBRE 16 DE 2020 mediante el cual confirm\u00f3 el AUTO DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020 que NEG\u00d3 EL INCIDENTE DE NULIDAD, a fin de que proceda a resolver de nuevo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, como legal y constitucionalmente corresponde\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali adujo que \u00ab las razones de hecho y de derecho por las cuales se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n dentro de la solicitud de amparo cuestionada, est\u00e1n plasmadas en el prove\u00eddo emitido en esta instancia, por lo que se considera que en ning\u00fan caso se vulneraron derechos fundamentales susceptibles de ser reconocidos a trav\u00e9s de este mecanismo subsidiario y excepcional\u00bb, y que, en todo caso, el resguardo pretermite el criterio de tempestividad. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa localidad sostuvo que \u00aben lo referente a las peticiones relacionadas por los actores en su escrito, se tiene que este despacho ha desatado todas las solicitudes presentadas por aquel (sic) dentro del proceso ejecutivo radicado bajo la partida No. 015-2000- 00781-00, conforme a las pruebas adosadas al plenario y, la normatividad legal y jurisprudencial vigente\u00bb. Tambi\u00e9n anot\u00f3 que el expediente ingres\u00f3 al despacho el pasado 8 de noviembre de 2022, por lo que, a la fecha, est\u00e1 pendiente de fijarse nueva fecha para la vista p\u00fablica. <\/p>\n
3. El Banco AV Villas S.A. sostuvo que \u00absi bien fue el Banco quien interpuso tal demanda, solo hasta el 2007 fue parte activa dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario Rad. No. 2000-781 seguido contra los se\u00f1ores SOCORRO ARANGO Y LUIS HUMBERTO MEZA VIDAL, a\u00f1o en que el cr\u00e9dito fue objeto de cesi\u00f3n a favor de la REESTRUCTURADORA DE CR\u00c9DITOS DE COLOMBIA LTDA. \u2013 RCC-, tal como se puede verificar dentro del respectivo expediente. Con ocasi\u00f3n de la cesi\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito y litigiosos efectuada, REESTRUCTURADORA DE CR\u00c9DITOS DE COLOMBIA LTDA. \u2013 RCC- adquiri\u00f3 la calidad de parte acreedora y ejecutante dentro del Proceso Ejecutivo con Rad. No. 2000-781 y el Banco Comercial AV Villas S.A. por haber sido desvinculado como sujeto procesal del mismo, desconoce su estado actual, as\u00ed como los pronunciamientos judiciales que se han emitido respecto a este caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo con garant\u00eda real que se inici\u00f3 contra los aqu\u00ed censores (rad. n.\u00ba 2000-00781), por denegar las solicitudes de terminaci\u00f3n del proceso por la alegada falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, que, bajo diversos cauces \u2013nulidad, control de legalidad\u2013 aquellos han radicado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Alcance del deber de reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios inicialmente denominados en UPAC. <\/p>\n
Es importante mencionar, preliminarmente, que la jurisprudencia de la Corte ha concluido, a partir de una renovada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, que el requisito de reestructuraci\u00f3n all\u00ed consagrado es exigible frente a todo cr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC con antelaci\u00f3n a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha se\u00f1alado que el documento que recoge la reestructuraci\u00f3n, junto con el t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n (en UPAC), forman un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, cuya ausencia impide seguir con el cobro compulsivo, sin que para ello resulte relevante verificar la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso, si este corresponde a la primera ejecuci\u00f3n, o si se trata de un cr\u00e9dito al d\u00eda o en mora para el 31 de diciembre de 1999. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala la destacado que: <\/p>\n
\u00ab(…) [Del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999\u2026 cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42\u2026 <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes\u2026 <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior\u00bb\u00bb (CSJ STC5363-2021, 13 may., que reitera el criterio expuesto en STC5462-2020, 12 ago. y STC331-2019, 23 ene., et. al.). <\/p>\n
En varias ocasiones la jurisprudencia ha debatido sobre la viabilidad de satisfacer el requisito de reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos para la adquisici\u00f3n de vivienda denominados en UPAC, a partir de la aportaci\u00f3n de un nuevo t\u00edtulo valor creado con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 y expresado en UVR. <\/p>\n
En ese sentido, en reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n se ha inclinado por considerar que ese novedoso documento de contenido crediticio solamente mutaba la unidad en la que se consignaban las obligaciones, de UPAC a UVR, pero no serv\u00eda al prop\u00f3sito de demostrar su reestructuraci\u00f3n. As\u00ed, en el fallo que viene de memorarse, se sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los t\u00edtulos base de recaudo, tienen como acto antecedente la compra de vivienda en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) en el a\u00f1o 1996 por parte del deudor. En consecuencia, la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito es capital para librar el mandamiento de pago. <\/p>\n
Si bien la colegiatura censurada adujo que dicha operaci\u00f3n tuvo ocurrencia -en atenci\u00f3n a que los cartulares emitidos en el a\u00f1o 2005 en UVR constituyeron una renegociaci\u00f3n-, ello no revela, conforme a los lineamientos de la jurisprudencia, que se haya realizado tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
V\u00e9ase que en reciente pronunciamiento esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 <\/p>\n
\u00abCotejadas las anteriores premisas con los argumentos expuestos por la mentada funcionaria en la providencia transcrita l\u00edneas atr\u00e1s, refulge evidente la vulneraci\u00f3n alegada por los gestores, si se tiene en cuenta que las autoridades convocadas al resolver sobre la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso elevadas por \u00e9stos, se apart\u00f3 de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de reestructurar el cr\u00e9dito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo, en raz\u00f3n a que las documentales allegadas a este tr\u00e1mite dan cuenta de que la obligaci\u00f3n exigida por el banco ejecutante fue adquirida por los deudores en diciembre de 1996 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), y de manera alguna los pagar\u00e9 t\u00edtulo de recaudo pueden evidenciar que esta fuera reestructurada, pues, si bien la juzgadora censurada adujo que dicha operaci\u00f3n s\u00ed tuvo ocurrencia, ya que los t\u00edtulos valores objeto de recaudo fueron suscritos por las partes el 12 de septiembre de 2001 y 16 de diciembre de 2003, en unidades de UVR, tales aspectos no demuestran per se que se haya realizado dicha actuaci\u00f3n, pues ello m\u00e1s bien corresponde a una redenominaci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos consignados en el art\u00edculo 38 de la memorada ley de vivienda4, y no a la implementaci\u00f3n de la rese\u00f1ada figura [restructuraci\u00f3n]\u00bb. (CSJ STC 10546-2020). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la Corte Constitucional, en sentencia T-881 de 2013, asever\u00f3 que la reestructuraci\u00f3n a la que alude la Ley 546 de 1999 no s\u00f3lo se cumple con la conversi\u00f3n del sistema UPAC al de UVR, sino que adem\u00e1s es menester el reconocimiento de los abonos efectuados a 31 de diciembre de 1999\u00bb (CSJ STC5363-2021, 13 may.). <\/p>\n
5. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, la Sala precisa que el amparo habr\u00e1 de ser concedido, en tanto que las autoridades convocadas \u2013puntualmente, en la decisi\u00f3n de 3 de octubre de 2022, que es la que se auscultar\u00e1 a trav\u00e9s de este mecanismo, al ser la \u00faltima en la que se emiti\u00f3 pronunciamiento sobre el tema\u20135, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali \u2013al resolver la petici\u00f3n de \u00abcontrol de legalidad\u00bb tendiente a que se terminara el litigio por la presunta falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, conforme a las reglas establecidas en la Ley 546 de 1999 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional\u2013, expuso una argumentaci\u00f3n que contrar\u00eda lo anotado en precedencia. <\/p>\n
En efecto, para negar la solicitud, el estrado acusado concluy\u00f3 que esa tem\u00e1tica hab\u00eda sido \u00abampliamente debatida y resuelta en reiterados pronunciamientos emitidos por este despacho judicial y confirmados por el H. Tribunal Superior del Distrito de Cali, a saber, Acta 052 del 24 de junio de 2013, Auto 1743 del 25\/07\/2018, Auto 1621 del 19\/07\/2019, Auto del 16\/02\/2020, Auto 1408 del 27\/08\/2020, siendo la \u00faltima providencia emitida en tal sentido el auto 1930 del 30\/09\/2020\u00bb, raz\u00f3n por la cual recalc\u00f3 que \u00abla abogada (\u2026) pretende revivir una discusi\u00f3n que ha sido zanjada\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, agreg\u00f3 que \u00abes en virtud de lo dispuesto por la nov\u00edsima jurisprudencia de las Altas Cortes, que en el compulsivo qued\u00f3 acreditada, sin lugar a dudas, la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que voluntariamente suscribieron los demandados con el banco demandante, generando como consecuencia el otorgamiento de un nuevo pagar\u00e9, el cual sirvi\u00f3 de base para la ejecuci\u00f3n aqu\u00ed perseguida, siendo infructuosos los argumentos ahora presentados por el extremo pasivo tendientes a generar la nulidad de las actuaciones, el reproche de las providencias aqu\u00ed proferidas y la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por ausencia del requisito de reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dicho planteamiento \u2013que ha sido prohijado en varias ocasiones por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el sub-lite\u20136, desconoce el origen de la obligaci\u00f3n, pues, n\u00f3tese que el nuevo pagar\u00e9 a que se refiere el estrado de ejecuci\u00f3n y que es objeto de recaudo en el precitado juicio, aunque est\u00e1 pactada en UVR, obedece a la redenominaci\u00f3n que la entidad bancaria hiciere de esa obligaci\u00f3n hipotecaria que la parte aqu\u00ed accionante adquiri\u00f3 el 1 de octubre de 1997 en UPAC. <\/p>\n
En ese orden, resulta imperioso reiterar que, de acuerdo con el precepto 42 de la Ley 546 de 1999, constituye un deber de las entidades financieras reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999, as\u00ed ha de precisarse que lo anterior implica un deber del funcionario judicial de examinar si, adem\u00e1s del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, el extremo demandante allega los soportes que den cuenta de que se surti\u00f3 eficazmente la reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, los referidos documentos conforman un t\u00edtulo complejo, lo cual quiere decir que la ausencia de alguno de estos impide tanto adelantar como continuar el juicio coercitivo. Al respecto, esta Sala ha insistido en que: <\/p>\n
\u00abAunado a lo anterior, la Corte ha advertido que \u00abla ejecuci\u00f3n no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realizaci\u00f3n y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (\u2026) e[s] viable resolver de fondo la petici\u00f3n\u00bb (resalta la Sala, CSJ STC-8059-2015), por lo que es deber de los jueces, incluidos los de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Sala, esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC5462-2020, 12 ago., reiterada en STC8568-2020, 15 oct.). <\/p>\n
Sumado a lo expuesto, en la sentencia T-881 de 2013, el \u00f3rgano de cierre constitucional aclar\u00f3 que la aludida reestructuraci\u00f3n prevista en la Ley 546 de 1999, adem\u00e1s de verificar la variaci\u00f3n del sistema UPAC al de UVR, debe contrastar el reconocimiento de los abonos que se hubieren realizado a 31 de diciembre de 1999. Sobre esta tem\u00e1tica, reliev\u00f3: <\/p>\n
\u00abPrecisamente, en lo pertinente, a partir del cap\u00edtulo VIII de la aludida ley, se dispone la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en el que expresamente se se\u00f1ala que: \u201c[los] establecimientos de cr\u00e9dito deber\u00e1n ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los cr\u00e9ditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y a las disposiciones previstas en la misma (\u2026)\u201d. Esto significa que m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, el hecho determinante para hacer exigible la reestructuraci\u00f3n, es que el cr\u00e9dito haya sido desembolsado con anterioridad a las fechas mencionadas en la propia Ley 546 de 1999. <\/p>\n
La reestructuraci\u00f3n implica tanto la conversi\u00f3n del cr\u00e9dito del sistema UPAC al UVR, como el reconocimiento de los abonos previstos en el art\u00edculo 41 de la ley en menci\u00f3n, conforme al cual: \u201cLos abonos a que se refiere el art\u00edculo anterior se har\u00e1n sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los pr\u00e9stamos otorgados por los establecimientos de cr\u00e9dito para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, el juez que opte por librar orden de apremio, en virtud de un recaudo en el que se persiga el cumplimiento de una obligaci\u00f3n derivada de un cr\u00e9dito otorgado para vivienda, tiene la imposici\u00f3n de verificar el cumplimiento de los requisitos antes enunciados. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica en comento, en anterior oportunidad la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E] n trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda, el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999 consagr\u00f3 la mencionada figura [reestructuraci\u00f3n], que se traduce en el acuerdo jur\u00eddico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se d\u00e9 una nueva estructura crediticia a las operaciones de cr\u00e9dito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos. <\/p>\n
Ahora bien, el mencionado art\u00edculo 20 declarado exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-990 de 2000, establece la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(…) Durante el primer mes de cada a\u00f1o calendario, los establecimientos de cr\u00e9dito enviar\u00e1n a todos sus deudores de cr\u00e9ditos individuales hipotecarios para vivienda una informaci\u00f3n clara y comprensible, que incluya como m\u00ednimo una proyecci\u00f3n de los que ser\u00edan los intereses a pagar en el pr\u00f3ximo a\u00f1o y los que se cobrar\u00e1n con las cuotas mensuales en el mismo per\u00edodo, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
Dicha proyecci\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicar\u00e1 de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicar\u00e1n necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha informaci\u00f3n los deudores podr\u00e1n solicitar a los establecimientos de cr\u00e9dito acreedores, durante los dos primeros meses de cada a\u00f1o calendario, la reestructuraci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos para ajustar el plan de amortizaci\u00f3n a su real capacidad de pago, pudi\u00e9ndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelaci\u00f3n total\u201d. (Subraya fuera de texto original). <\/p>\n
En desarrollo de esta disposici\u00f3n la Superintendencia Bancaria en el cap\u00edtulo IV, t\u00edtulo III, numeral 12 de la Circular Externa 85 de diciembre de 2000, se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito de conformidad con el numeral 12 del cap\u00edtulo II de la Circular B\u00e1sica Contable y Financiera, se define como, el negocio jur\u00eddico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio el deudor\u00bb (CSJ STC2252-2020, 4 mar.). <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Sala recalc\u00f3 la importancia de que los funcionarios judiciales revisen con detenimiento si en el compulsivo sometido a su escrutinio se verifica la mentada reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito \u2013incluso, se itera, en etapa de ejecuci\u00f3n\u2013. As\u00ed se expuso en las providencias STC5248-2021, 12 may. y STC5363-2021, 13 may., et. al.: <\/p>\n
\u00ab[E] n trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda, el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999 consagro\u0301 la mencionada figura [reestructuraci\u00f3n], que se traduce en el acuerdo jur\u00eddico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se de\u0301 una nueva estructura crediticia a las operaciones de cr\u00e9dito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos. <\/p>\n
Ahora bien, el mencionado art\u00edculo 20 declarado exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-990 de 2000, establece la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(…) Durante el primer mes de cada a\u00f1o calendario, los establecimientos de cr\u00e9dito enviar\u00e1n a todos sus deudores de cr\u00e9ditos individuales hipotecarios para vivienda una informaci\u00f3n clara y comprensible, que incluya como m\u00ednimo una proyecci\u00f3n de los que ser\u00edan los intereses a pagar en el pr\u00f3ximo a\u00f1o y los que se cobrar\u00e1n con las cuotas mensuales en el mismo per\u00edodo, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
Dicha proyecci\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1\u0301 de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicara\u0301 de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicar\u00e1n necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha informaci\u00f3n los deudores podr\u00e1n solicitar a los establecimientos de cr\u00e9dito acreedores, durante los dos primeros meses de cada a\u00f1o calendario, la reestructuraci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos para ajustar el plan de amortizaci\u00f3n a su real capacidad de pago, pudi\u00e9ndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelaci\u00f3n total\u201d. (Subraya fuera de texto original). <\/p>\n
En desarrollo de esta disposici\u00f3n la Superintendencia Bancaria en el cap\u00edtulo IV, t\u00edtulo III, numeral 12 de la Circular Externa 85 de diciembre de 2000, se\u00f1al\u00f3\u0301 que \u00abLa reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito de conformidad con el numeral 12 del cap\u00edtulo II de la Circular B\u00e1sica Contable y Financiera, se define como, el negocio jur\u00eddico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio el deudor\u00bb (CSJ STC2252-2020). <\/p>\n
Con base en lo anotado, es determinante que el Tribunal adelante tal estudio y no cimentar su decisi\u00f3n solamente en los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, se ha se\u00f1alado que: \u00abes labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien esta\u0301 en riesgo de perder su vivienda conto\u0301 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, solo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb (STC5971-2019). <\/p>\n
De manera que la sola presentaci\u00f3n de un pagare\u0301 en UVR, tal como ocurri\u00f3\u0301 en el compulsivo reprochado, no releva al juzgador estudiar lo pertinente en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n del pr\u00e9stamo. Sobre este t\u00f3pico la Sala recientemente preciso\u0301: <\/p>\n
\u00abPor tanto, como la juez acusada \u00fanicamente centro\u0301 su estudio en los rese\u00f1ados pagar\u00e9s, sin parar en mientes si la parte ejecutante allego\u0301 con estos los soportes q u e acreditaran la realizaci\u00f3n de la tantas veces mencionada reestructuraci\u00f3n, cuando es sabido que para iniciar el proceso judicial el t\u00edtulo base de la obligaci\u00f3n, por la naturaleza de esta, se torna complejo, siendo necesario adosar tal documentaci\u00f3n al legajo, es incontrovertible que d i c h a funcionaria incurri\u00f3\u0301 en los defectos que se le endilgan, los cuales tornan procedente el resguardo implorado. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el defectuoso estudio efectuado por parte del Despacho accionado respecto de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso presentada por los tutelantes por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada a los aqu\u00ed\u0301 interesados…\u00bb Destacado propio (STC 10546-2020 Rad.2020-03204 de 26 nov.2020)\u00bb. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo de los derechos reclamados por Socorro Arango y Luis Humberto Meza Vidal; y, en tal virtud, se dejar\u00e1 sin efecto el prove\u00eddo de 3 de octubre de 2022, para que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb, con miras a verificar si en el sub-lite concurre o no el requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en esa foliatura, as\u00ed como las pautas legales y jurisprudenciales desarrolladas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados por Socorro Arango y Luis Humberto Meza Vidal. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 3 de octubre de 2022, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, as\u00ed como las dem\u00e1s decisiones que de \u00e9l se desprendan, en el marco del ejecutivo con garant\u00eda real (rad. n.\u00ba 2000-00781), que adelanta Andrea Patricia Vivas Pab\u00f3n \u2013actual cesionaria\u2013 contra los aqu\u00ed gestores. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad que, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, resuelva nuevamente sobre la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb, con miras a verificar si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso por la eventual falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, con observancia en las consideraciones plasmadas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Inicialmente fue conocido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, seg\u00fan consta en el expediente, este hecho fue puesto en conocimiento, en su momento, de la entidad crediticia, \u00abde conformidad con lo regulado en la ley 222 de 1995 para que manifestara si prescind\u00eda de la otra demandada, a lo que el acreedor manifest\u00f3 su inter\u00e9s de continuar la ejecuci\u00f3n contra la otra demandada haciendo la reserva especial de la solidaridad de que trata el art. 1573 del C.C., exigida por el art. 100 de la Ley 222 de 1995\u00bb f. 3, sentencia de segunda instancia del 27 de junio de 2013 proferida por el tribunal. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n consignada en el escrito inicial y conforme se evidencia de la consulta del proceso efectuada en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, con el radicado 76001-31-030-15-2000-00781-00. <\/p>\n
4\u0002 Sobre el tema, citaron la sentencia STC 6491-2017, 10 may. <\/p>\n
5\u0002 Lo anterior, pues, aunque tambi\u00e9n la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali emiti\u00f3 pronunciamiento sobre el particular el 16 de diciembre de 2020, al resolver la apelaci\u00f3n contra el auto de 27 de agosto de 2020, a trav\u00e9s del cual se neg\u00f3 la nulidad por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, ratificando dicho criterio \u2013pues \u00abese punto se abord\u00f3 por parte de esta Corporaci\u00f3n al estudiar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada, concluyendo que la obligaci\u00f3n se reestructur\u00f3 por voluntad de las partes\u00bb\u2013, en esta ocasi\u00f3n se avocar\u00e1 el estudio de la \u00faltima decisi\u00f3n, ya que, se itera, se acredit\u00f3 el actuar diligente en procura de resolver la controversia en el escenario pertinente y en aquella determinaci\u00f3n se reprodujo la postura que ahora se revisa. <\/p>\n
6\u0002 Ver supra. Ente otros, sentencia de 27 de junio de 2013, auto de 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
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STC178-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC178-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04470-00 (Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Socorro Arango y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}