STC181-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC181-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04447-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad personal, dignidad, trabajo y \u00aba desarrollar una vida acad\u00e9mica y social activa\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, fue condenado en ambas instancias por los delitos de \u00abfraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb a ocho (8) a\u00f1os y seis (6) meses de prisi\u00f3n y multa de 270 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (as\u00ed mismo, cinco (5) a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas). <\/p>\n
Cuestiona esencialmente la tasaci\u00f3n de la pena de la que fue objeto. Critica que el juzgado fallador no realiz\u00f3 \u00ab(\u2026) la ponderaci\u00f3n cualitativa ni cuantitativa de los delitos enrostrados\u00bb, es decir, que la operaci\u00f3n dosim\u00e9trica efectuada para arribar al monto punitivo que se le impuso estuvo errada; tambi\u00e9n critic\u00f3 que no motiv\u00f3 la sentencia respecto a la gravedad de los il\u00edcitos y el da\u00f1o causado al no tener en cuenta que fueron reestablecidos los derechos de la v\u00edctima y que se dio la reparaci\u00f3n integral, aspectos que implicaban importantes rebajas a la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, por las circunstancias postdelictuales indicadas, el juez deb\u00eda considerar una disminuci\u00f3n de la pena de por lo menos el 50%, correspondiendo fijar \u00ab38 meses de prisi\u00f3n (sic)\u00bb, es decir, menos de 4 a\u00f1os, por lo que tendr\u00eda derecho a la libertad condicional, con la salvedad \u00ab(\u2026) que cumpli\u00f3 detenci\u00f3n domiciliaria 30 meses y 22 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
En suma, alega que se afect\u00f3 especialmente su debido proceso, por \u00abilegalidad de la condena por err\u00f3nea dosificaci\u00f3n de la pena, al aplicar unos par\u00e1metros dosim\u00e9tricos inexistentes, por no tener en cuenta en la determinaci\u00f3n definitiva [\u2026] los factores postdelictuales como el restablecimiento del derecho y reparaci\u00f3n integral, los cuales son evidentes\u00bb. <\/p>\n
Trajo a colaci\u00f3n diversos pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de tutela, en los que se concedi\u00f3 el amparo tras advertir defectos en la imposici\u00f3n de la pena, superando en dichos eventos la aplicaci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez (rad. 44637 de 15 de octubre de 2009; rad. 48065 de 18 de mayo de 2010; rad. 69613 de 9 de octubre de 2013; rad. 5390 de 2014; rad. 71200 de 21 de enero de 2014; STP5848-2017; STP577-2017 y STP4625-2021). As\u00ed mismo, aludi\u00f3 a precedentes judiciales de la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal, y de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Tunja, Pereira y Risaralda en los que, la dosimetr\u00eda punitiva efectuada, en relaci\u00f3n con los delitos de \u00abfraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb, coincidi\u00f3 con lo que plantea en su caso. <\/p>\n
Sostiene que los precedentes mencionados son aplicables y est\u00e1n por encima de los criterios de la subsidiariedad e inmediatez, \u00abdejando la temeridad como factor incidente que debe guardar equilibrio en el \u00e1mbito jur\u00eddico [\u2026] es decir, no puede el Estado, bajo ese presupuesto relegar los derechos fundamentales como en este caso [\u2026] ha sido v\u00edctima de la \u201cinjusticia de la justicia\u201d y que sus derechos [\u2026] se han visto menguados y dejados al arbitrio inexorable de decisiones ilegales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, se infiere que pretende que, se otorgue la salvaguarda a fin de que se deje sin efecto las sentencias que lo condenaron, especialmente, en lo que a la tasaci\u00f3n de la pena se refiere. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal resalt\u00f3 que, con m\u00faltiples las acciones de tutela que el actor Farigua Castro ha promovido por los mismos hechos y pretensiones, incurriendo en \u00abun abuso del derecho por v\u00eda del empleo constante e infundado del mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, sin que sea la acci\u00f3n de tutela una v\u00eda alternativa para cuestionar de manera indefinida decisiones que han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. No tiene cabida que se requiera un pronunciamiento de la administraci\u00f3n de justicia cada vez que el capricho o el hallazgo de un nuevo motivo de inconformidad lo permita\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, por intermedio de uno de sus magistrados inform\u00f3 que, de acuerdo al sistema de gesti\u00f3n judicial, en efecto, esa colegiatura conoci\u00f3 el caso del actor en segunda instancia en el que, el 24 de octubre de 2008 confirm\u00f3 la condena impuesta por el a quo. Adem\u00e1s, el sistema igualmente evidencia que, con ocasi\u00f3n de dicho proceso penal, el accionante \u00abha interpuesto varias acciones de amparo ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. La subsecretaria jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital del H\u00e1bitat se\u00f1al\u00f3 que, teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda tutelar, es claro que esa secretar\u00eda \u00abno ha violado los derechos fundamentales invocados [\u2026] por cuanto [\u2026] no es la autoridad competente para dirimir el problema plasmado en el escrito de tutela en cuanto no tiene relaci\u00f3n con la condena impuesta por el juzgado penal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el promotor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el actor al condenarlo a la pena de \u00ab8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n\u00bb por los delitos de \u00abfraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb (radicado n\u00ba 2005-03872) a partir de, supuestamente, una \u00aberr\u00f3nea\u00bb tasaci\u00f3n de la pena, en la que no se aplicaron las rebajas correspondientes por la presencia de circunstancias atenuantes de la punibilidad y los fen\u00f3menos postdelictuales. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio del amparo. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que Carlos Alberto Farigua Castro ha promovido, desde el a\u00f1o 2010, m\u00faltiples acciones similares, en las que censura las decisiones proferidas en el proceso penal seguido en su contra y ha replicado en varias de ellas las cr\u00edticas a la tasaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta. <\/p>\n
Efectivamente, el debate sobre los supuestos \u00abyerros\u00bb en el ejercicio dosim\u00e9trico del quantum punitivo que el juez de primer grado realiz\u00f3 \u2013 porque no se aplicaron las rebajas correspondientes a las circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva y a los fen\u00f3menos postdelictuales de \u00abrestablecimiento del derecho y reparaci\u00f3n\u00bb \u2013 y que no fueron corregidos por el tribunal superior y la Hom\u00f3loga Penal, lo ha reiterado en por lo menos seis tutelas anteriores. <\/p>\n
3.1.1. En fallo STC17339-2014 de 18 de diciembre de 2014 esta Sala compendi\u00f3 los hechos de la demanda as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Mediante sentencia de 20 de noviembre de 2007 el juez querellado \u00abpartiendo de presupuestos punitivos inexistentes en la norma penal\u00bb lo conden\u00f3 a purgar la pena de ocho (8) a\u00f1os y seis (6) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos setenta (270) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por el punible de \u00abfraude procesal en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con el delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb. <\/p>\n
Contra la decisi\u00f3n del a quo interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, el tribunal, a pesar de que \u00abreconoce el error\u00bb, la confirm\u00f3 el 24 de octubre de 2008. [\u2026] El 19 de mayo de 2011 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada por su defensor, empero \u00abno advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales al debido proceso, como el de la legalidad de la pena\u00bb. <\/p>\n
Asevera que \u00abla pena a imponer es de setenta y ocho (78) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u00bb, pues de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 453, modificado por el canon 11 de la Ley 890 de 2004 \u00abes de seis (6) meses a doce (12) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Solicita, conforme lo relatado, que se decrete \u00abla nulidad y \/o revocatoria\u00bb de las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia y, en su lugar \u00abse imponga la pena de prisi\u00f3n y multa que corresponde a derecho con su debida motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, la Sala declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda porque no cumpl\u00eda el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3.1.2. En la STC10644-2015 del 15 de agosto de 2015, se resumieron los antecedentes de la siguiente forma: <\/p>\n
\u00abA secuela de imput\u00e1rsele hechos concernientes con los delitos de \u00abfraude procesal en concurso con obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb, la c\u00e9lula judicial encartada, por sentencia de 30 de noviembre de 2007, le impuso la pena principal de 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n y multa de 270 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, am\u00e9n de inhabilitarlo para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
Tal \u00abdosificaci\u00f3n punitiva\u00bb surgi\u00f3, acota, \u00absin hacer una ponderaci\u00f3n y cita de los postulados del art\u00edculo 453 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n, previa alzada que enfil\u00f3, fue ratificada por el tribunal acusado a trav\u00e9s de pronunciamiento de 24 de octubre de 2008. <\/p>\n
Asevera que la \u00abpena y la multa impuestas\u00bb, derivadas de \u00abla incongruencia en el quantum punitivo y la multa que se presenta entre la parte motiva y resolutiva de la[s] sentencia[s] de primera y segunda instancia\u00bb, son \u00abilegal[es] y no est[\u00e1n] consagrada[s] en el ordenamiento penal colombiano\u00bb, siendo que \u00abconstituyen un error judicial que en todo caso debe ser interpretado a favor del procesado\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abparti[eron] de un \u00e1mbito punitivo inexistente\u00bb. <\/p>\n
El fundamento para desestimar la s\u00faplica obedeci\u00f3 en ese caso a su ejercicio temerario, al considerarse que se trat\u00f3 de una reiteraci\u00f3n de la demanda anteriormente rese\u00f1ada. <\/p>\n
3.1.3. En otro de los ruegos, STC16371-2015 de 26 de noviembre de 2015, los hechos se plasmaron de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan lo esbozado en el libelo constitucional y conforme a las evidencias aportadas a este asunto, el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito conden\u00f3 al aqu\u00ed quejoso a 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por \u201cfraude procesal y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u201d, providencia confirmada por el ad quem el 24 de octubre de 2008, al desatar la alzada propuesta por el sindicado. Inconforme con el fallo de segundo grado, el implicado interpuso recurso de casaci\u00f3n; empero la demanda contentiva del mismo se inadmiti\u00f3. <\/p>\n
[\u2026] Las sanciones que le impuso el Tribunal querellado en la causa referenciada, son violatorias de sus garant\u00edas iusfundamentales, por cuanto, ese juzgador pretiri\u00f3 las pruebas obtenidas, entre ellas, las declaraciones del notario treinta y ocho, el registrador de \u201cinstrumentos p\u00fablicos\u201d y el \u201cabogado calificador de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u201d, las cuales demuestran \u201ccon absoluta certeza que la conducta desplegada por \u00e9l, fue ajustada a la ley\u201d. <\/p>\n
e) Los despachos tutelados no advirtieron que antes de expedirse los fallos condenatorios, espec\u00edficamente, el 12 de diciembre de 2006, <\/p>\n
\u201c(\u2026) se restablecieron los derechos de la entidad denunciante y se revocaron las anotaciones de las escrituras p\u00fablicas firmadas como agente oficioso por el se\u00f1or Farigua Castro, lo cual permite establecer que, desde este momento dichos actos administrativos no eran oponibles a terceros, pues con la revocatoria de ellos, volvieron a su estado anterior, raz\u00f3n por la cual los actos administrativos que lo acusan, al momento de proferirse la sentencia ya no existen\u201d. <\/p>\n
f) Se err\u00f3 en la tasaci\u00f3n del qu\u00e1ntum punitivo a \u00e9l impuesto, porque para ello se tuvo en cuenta el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004, cuando el precepto llamado a gobernar el t\u00f3pico era el 11 de ese plexo normativo\u00bb. <\/p>\n
3.1.4. En una solicitud posterior, STC9211-2018 de 17 de julio de 2018, reiter\u00f3 las alegaciones frente al mismo t\u00f3pico que la Sala condens\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Relata que mediante fallo de 24 de octubre de 2008 la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la condena que le impuso el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta ciudad a 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por \u00abfraude procesal en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con el delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb. Agrega que el 19 de mayo de 2011 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que interpuso frente a la decisi\u00f3n del ad-quem y el 27 de julio de 2016 corri\u00f3 igual suerte la de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que las autoridades convocadas incurrieron en una v\u00eda de hecho porque dosificaron la pena de manera incorrecta al aplicar irregularmente el incremento que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004 y le dieron un trato diferente al de otros condenados por el mismo delito, aunado a que la acci\u00f3n penal estaba prescrita. <\/p>\n
Manifiesta que \u00abha intentado desde el a\u00f1o 2014 por esta v\u00eda judicial de tutela se amparen sus derechos fundamentales, los cuales han sido denegados por aplicaci\u00f3n de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
3.1.5. En la STC3104-2019 de 13 de marzo de 2019, as\u00ed se sintetizaron los hechos: <\/p>\n
\u00abRelata que mediante fallo de 20 de octubre de 2008 la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la condena que le impuso el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta ciudad a 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por \u00abfraude procesal en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con el delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb. Agrega que el 19 de mayo de 2011 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que interpuso frente a la decisi\u00f3n del ad-quem y el 27 de julio de 2016 corri\u00f3 igual suerte la de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que las autoridades convocadas incurrieron en una v\u00eda de hecho porque dosificaron la pena de manera incorrecta al aplicar irregularmente el incremento que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004\u00bb. <\/p>\n
3.1.6. Finalmente, en la STC15210-2021 de 11 de noviembre de 2021, la Sala contextualiz\u00f3 as\u00ed la demanda de tutela incoada: <\/p>\n
\u00abRelata en s\u00edntesis que, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2007 el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la pena de 8 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abfraude procesal en concurso sucesivo y heterog\u00e9neo con el de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u00bb, confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal, el 24 de octubre de 2008. Contra este \u00faltimo fallo, su defensor interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal con auto del 19 de mayo de 2011. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores decisiones, y con \u00e9nfasis el monto de la pena que le fue impuesto desde la primera instancia ya que, seg\u00fan alega, en el ejercicio dosim\u00e9trico de la sanci\u00f3n el fallador omiti\u00f3 aplicar rebajas que proceden en virtud del \u00abrestablecimiento del derecho [\u2026] y reparaci\u00f3n integral [\u2026] toda vez que, desde el d\u00eda 13 mes de diciembre de 2006, 11 meses antes de proferirse la sentencia condenatoria de 1\u00aa instancia, el se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Sur, agotando el procedimiento que corresponde, revoc\u00f3 los actos administrativos que dieron origen a la inscripci\u00f3n de las escrituras suscritas [\u2026] obtenidas para configurar el delito de fraude procesal; las cuales, una vez revocadas, tienen efectos ex tunc; es decir, su revocatoria impide que el acto revocado (inscripci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas) surta efectos hacia el futuro; con la revocatoria de los actos administrativos cesaron los efectos da\u00f1inos de la conducta, los bienes inmuebles retornaron al patrimonio de la v\u00edctima, denunciante y las mismas dejaron de circular en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Sostiene entonces que, la rebaja de pena equivaldr\u00eda al 50% de la sanci\u00f3n impuesta por el \u00abrestablecimiento del derecho (sic)\u00bb, y de la mitad a una tercera parte por \u00abla reparaci\u00f3n integral (sic)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, para resaltar el \u00aberror\u00bb que se\u00f1ala de la tasaci\u00f3n de la pena efectuada por el juzgador de primer grado y que no corrigi\u00f3 el tribunal, destac\u00f3 un pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la que realiz\u00f3 el procedimiento de dosificaci\u00f3n para el punible de fraude procesal (6 de junio de 2012, MP. Javier Zapata Ortiz); as\u00ed mismo, trajo a colaci\u00f3n una providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja (14 de abril de 2016 \u2013 rad. 2015-025-01) en la que se agot\u00f3 el mismo ejercicio, pero teniendo en cuenta la ausencia de circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva; en el mismo sentido, una decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Pereira (27 de enero de 2017 \u2013 rad. 2013-06023) que ratific\u00f3 la labor de la primera instancia al tasar la pena \u00abatendiendo el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal (\u2026)\u00bb en la que parti\u00f3 del cuarto m\u00ednimo para el delito de fraude procesal por la ausencia de antecedentes. <\/p>\n
En las \u00faltimas cuatro descritas, el criterio para desestimar el amparo fue el mismo, la temeridad, al constatarse la r\u00e9plica injustificada de los reproches contra las mismas autoridades judiciales. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, n\u00f3tese que las tutelas cotejadas concuerdan con la actual en los puntos cardinales que las motivan, concretamente en los sustentos f\u00e1cticos, y pese a que podr\u00edan diferir sutilmente en la forma de exponerlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia que viene advirti\u00e9ndose. <\/p>\n
El criterio que se destaca, encuentra sustento jur\u00eddico en lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 que considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, concretado en la duplicidad del empleo del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. En tal sentido ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (CSJ STC 21 oct. 2009, rad. 01841-00, reiterada en STC3202-2014, 13 jun. 2014, rad. 2014-00075-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en otra oportunidad la Sala refrend\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria (\u2026) sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 11 sep. 2009, rad. 01280-01; reiterada en STC16371-2015). <\/p>\n
3.3. Entonces, como se anticip\u00f3, toda vez que la presente acci\u00f3n de protecci\u00f3n concuerda en su esencia f\u00e1ctica, n\u00facleo tem\u00e1tico y pretensiones con las aqu\u00ed referenciadas, resulta evidente el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos destacados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Sobre el paralelismo de acciones constitucionales la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, rad. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
Por lo discurrido, sobre estos aspectos puntuales se impone declarar la manifiesta inviabilidad de la queja constitucional. <\/p>\n
4. Exhortaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en virtud de la conducta desplegada por el peticionario, es del caso advertir, como lo ha reiterado la Corte en diferentes oportunidades que, el uso indiscriminado de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, evidentemente afecta la administraci\u00f3n de justicia y podr\u00eda acarrear sanci\u00f3n, motivo por el cual se le exhortar\u00e1 para que se abstenga de incurrir en este comportamiento, pues esta acci\u00f3n est\u00e1 instituida para la defensa de los derechos fundamentales de las personas y\/o de la amenaza de su vulneraci\u00f3n, pero de ninguna manera para su abuso. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta demanda resulta temeraria, pues, es el reflejo de un ejercicio repetido, en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, replanteando temas que ya hab\u00edan sido sometidos al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: EXHORTAR al accionante, para que se abstenga de acudir de manera indiscriminada al uso de la acci\u00f3n de tutela, instituido para la protecci\u00f3n de la real amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, no para su abuso. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC181-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC181-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04447-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El solicitante, obrando en su propio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}