STC182-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC182-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04481-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Eyner Ord\u00f3\u00f1ez Mag\u00edn contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Tercero y Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali y las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00b0. 2011-30523. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abpribaci\u00f3n de mi libertad [sic]\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se extracta que en contra del accionante se adelant\u00f3 el proceso penal distinguido con radicaci\u00f3n 2011-30523 en el cual, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Cali, mediante sentencia de 21 de agosto de 2015, lo conden\u00f3 a 42 a\u00f1os y 2 meses de prisi\u00f3n como coautor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego imponiendo, asimismo, la pena accesoria consistente en privaci\u00f3n del derecho de portar o tener este tipo de instrumentos b\u00e9licos por un lapso de 15 a\u00f1os. <\/p>\n
3. La queja constitucional estriba, b\u00e1sicamente, en que el promotor considera que \u00abfue condenado injustamente\u00bb dada la ausencia de pruebas que lo incriminaran y de una adecuada defensa t\u00e9cnica en tanto que \u00abno [le] dieron la oportunidad de sustentar [su] defenza\u2026 ya que\u2026 tenia como demostrar [su] inocencia\u00bb. <\/p>\n
Por ello, solicita, \u00ab[le] consedan la oportunidad de\u2026 presentar las pruebas [que dan cuenta que] no [es] la persona quien cometio estos delitos\u00bb y que \u00aben el momento que demuestre [su] inosencia [lo] abuselva[n] o [le] quite[n] los agravantes de los delitos por los cuales injustamente [lo] estan judicializando [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS Y VUNCULADOS <\/p>\n
1. La Hom\u00f3loga Penal, a trav\u00e9s del Magistrado ponente de la sentencia de casaci\u00f3n dictada oficiosamente en el asunto objeto de escrutinio, expuso que el resguardo desatend\u00eda los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Frente al primero, resalt\u00f3 que entre la emisi\u00f3n de la aludida providencia (3 de febrero de 2021) y la interposici\u00f3n de esta salvaguarda \u00abha pasado bastante tiempo para que [se] impugnen aspectos probatorios\u00bb. <\/p>\n
En punto de la subsidiariedad adujo que este se incumpl\u00eda tanto por la incuria revelada, al no haber \u00abagotado los recursos ordinarios en su momento\u00bb, como porque a\u00fan puede acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n \u00absi lo que quiere el accionante es presentar pruebas nuevas\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, asegur\u00f3 que \u00abno se divisa la vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho\u00bb por lo que solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada y \u00abdesvincular\u00bb a esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, por conducto de uno de sus magistrados, se limit\u00f3 a corroborar las actuaciones surtidas al interior de la causa recriminada, indicando, adem\u00e1s, que \u00ablo dicho por el accionante, no es m\u00e1s que un alegato de instancia respecto de los hechos por los cuales se encuentra procesado, m\u00e1s no se dirigen a atacar el fondo de las decisiones\u2026 luego el argumento debi\u00f3 haberse expuesto a lo largo de la actuaci\u00f3n penal ordinaria y no mediante una acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Tercera Penal del Circuito de Conocimiento de Cali se opuso a la procedencia del ruego constitucional comoquiera que \u00abla gesti\u00f3n desplegada\u2026 para la emisi\u00f3n del fallo de condena\u2026 el encausado y su defensa t\u00e9cnica contaron con la posibilidad de controvertir las pruebas, se respetaron todos y cada uno de los derechos y garant\u00edas que le asist\u00edan\u2026 sin que ahora sea procedente instrumentalizar una acci\u00f3n constitucional por la inconformidad respecto de las decisiones adoptadas\u2026 para generar una nueva instancia judicial\u00bb. <\/p>\n
4. Similar petici\u00f3n formul\u00f3 la Procuradora 351 Judicial II Penal de Cali quien sostuvo que \u00aben el tr\u00e1mite surtido no se vislumbra violaci\u00f3n a derechos fundamentales\u2026 antes por el contrario\u2026 [el actor] tuvo la garant\u00eda de una defensa t\u00e9cnica apropiada, id\u00f3nea\u2026 a trav\u00e9s de la cual ejerci\u00f3 el debido contradictorio\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior recalc\u00f3 que la salvaguarda no atend\u00eda el presupuesto de inmediatez \u00abpues se pone en movimiento el aparato judicial a\u00f1os despu\u00e9s de haberse realizado los actos judiciales ajustados al debido proceso [sic]\u00bb. <\/p>\n
5. El Fiscal Treinta y Uno Seccional de Cali hizo un recuento de los antecedentes y remiti\u00f3 copia digital del expediente. <\/p>\n
6. La secretaria del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Cali, luego de efectuar un resumen del tr\u00e1mite procesal fustigado, advirti\u00f3 que esa dependencia \u00absolo cumple con la funci\u00f3n administrativa de ejecutar las diversas disposiciones que ordenan en sus providencias los honorables magistrados y jueces de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
7. La Juez Octava de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho por cuanto \u00abno se encuentra facultado para debatir asuntos que debieron serlo al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
8. El Juez Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali y el Procurador 308 Judicial I Penal de aquel distrito tambi\u00e9n impetraron ser apartados del tr\u00e1mite en la medida que no han conocido ni intervenido en actuaci\u00f3n alguna seguida contra el ac\u00e1 gestor. <\/p>\n
9. El director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed solicit\u00f3 ser \u00abdesvinculado\u2026 por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades judiciales convocadas lesionaron las garant\u00edas invocadas por Eyner Ord\u00f3\u00f1ez Mag\u00edn dentro del proceso penal que en su contra se adelant\u00f3, al condenarlo como coautor de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas sin haber alcanzado el est\u00e1ndar de convencimiento exigido y pasando por alto que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la acci\u00f3n supralegal debe ser incoada dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, por lo que pasa a verse. <\/p>\n
Como se dijo, el reproche de Ord\u00f3\u00f1ez Mag\u00edn recae tanto en la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los juzgadores de instancia, la que califica de irregular pues afirma ser inocente de los cargos que se le atribuyeron, como en la presunta ausencia de defensa t\u00e9cnica, circunstancia esta que, seg\u00fan dice, le impidi\u00f3 aportar a la actuaci\u00f3n los medios de convicci\u00f3n que daban cuenta de que \u00abno [fue] la persona la cual cometio estos delitos [sic]\u00bb. <\/p>\n
Ahora, aunque el quejoso no enfil\u00f3 cuestionamiento alguno frente a la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, es claro que la tutela debe hac\u00e9rsele extensiva habida cuenta que, si bien cas\u00f3 oficiosamente el fallo de segundo grado (exclusivamente en relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n accesoria), no advirti\u00f3 las supuestas irregularidades denunciadas, de all\u00ed que deba entenderse que estas se consumaron con la emisi\u00f3n de la \u00faltima providencia mencionada, siendo entonces dicha actuaci\u00f3n procesal el momento a partir del cual se contabiliza el plazo prudencial referido precedentemente. <\/p>\n
Conforme con ello, es claro que el promotor tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n (SP195-2021) data del 3 de febrero de 2021, mientras que esta salvaguarda fue incoada el 7 de septiembre de 20221, es decir, transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde su emisi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo; sin embargo, en este caso el actor no refiri\u00f3 y menos se evidencian situaciones ajenas a su voluntad, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado \u00e1mpliamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 el amparo porque el gestor tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; asimismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corresponde aclarar que la acci\u00f3n de tutela fue inicialmente radicada -en la fecha indicada- ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, corporaci\u00f3n que le dio tr\u00e1mite y emiti\u00f3 fallo el 21 de septiembre de 2022; sin embargo, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, mediante auto de 10 de noviembre siguiente, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a esta Sala, siendo recibido -efectivamente- el 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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