STC191-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC191-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04487-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Drummond Ltd contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 24 de mayo de 2022, mediante el cual la magistratura convocada, con fundamento en una valoraci\u00f3n probatoria que considera equivocada, acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n formulada en su contra, sin reconocerle compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna, pese a que los elementos de juicio all\u00ed recaudados evidenciaban -con toda claridad en su criterio- su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos el fallo objeto de censura y que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que ac\u00e1 interesa y se opuso a la prosperidad del resguardo por considerar que el mismo no satisface el presupuesto de inmediatez, ni tampoco evidencia v\u00edas de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. La Procuradora 22 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar se\u00f1al\u00f3 que el resguardo desatiende los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez pues, por una parte, la promotora cuenta con \u00abel recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil\u2026 en los eventos previstos en los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [sic]\u00bb y, por otra, \u00abya transcurrieron los 6 meses que se tienen en cuenta\u2026 [de all\u00ed que] la tutela interpuesta fue extempor\u00e1nea [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura encartada lesion\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, al acoger la demanda de restituci\u00f3n de tierras que se formul\u00f3 contra quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal convocado acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras incoada en contra de la aqu\u00ed accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00abrevisado el FMI N\u00b0192-18264 correspondiente a la parcela solicitada, se observa inscrita en su anotaci\u00f3n 03, una inscripci\u00f3n de un contrato compraventa de fecha 01 de febrero de 2006, donde funge como vendedor el se\u00f1or DIOVANYS TRESPALACIOS y como compradores los se\u00f1ores ROSALBA CADENA e ISIDRO TAFUR, y posteriormente se encuentra inscrita una escritura de compraventa calendada el 17 de diciembre de 2008, donde fungen como vendedores estos \u00faltimos y como compradora la empresa DRUMMOND. Sobre el negocio de venta realizada por el solicitante, es necesario tambi\u00e9n advertir, que en su declaraci\u00f3n aclar\u00f3 que si bien cuando se dio el encuentro con alias 120 ya hab\u00eda negociado el predio d\u00edas antes, la principal motivaci\u00f3n de la venta al se\u00f1or LUIS MOJICA obedeci\u00f3 a su relaci\u00f3n en la lista realizada por los paramilitares con anterioridad y el temor por su vida, comentando que al igual que \u00e9l, tambi\u00e9n otros parceleros se vieron obligados a vender sus predios (\u2026) Aunado a ello se observa, que despu\u00e9s de que en el a\u00f1o 2009, DRUMMOND comprara el predio a los se\u00f1ores ROSALBA CADENA y ISIDRO TAFUR, dicha compa\u00f1\u00eda inici\u00f3 un proceso de pertenencia en contra de estos y del se\u00f1or DIOVANYS TRESPALACIOS, el cual fue fallado a favor de DRUMMOND en sentencia de fecha 15 de octubre de 2014 por parte del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana, expediente que fue solicitado por esta Sala y que se encuentra en copia en la actuaci\u00f3n N\u00b010 del proceso en el portal de Tierras web, en el cual se denota, que si bien el aqu\u00ed solicitante cont\u00f3 con apoderado, el cual ejerci\u00f3 su derecho defensa atacando la suma de posesiones alegada por DRUMMOND LTD, sin hacer relaci\u00f3n a la situaci\u00f3n de violencia que le ocurri\u00f3; la Sala no puede desconocer el conflicto armado acaecido en la Vereda Mechoac\u00e1n que perme\u00f3 la venta de la parcela, realizada por el se\u00f1or DIOVANYS TRESPALACIOS, al se\u00f1or LUIS MOJICA, hechos que fueron adem\u00e1s reconocidos por postulados como se sustrae de la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jhon Jairo Esquivel, alias El Tigre perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas, y que encuadran dentro de los hechos denunciados por la Defensor\u00eda en la Nota de Seguimiento del Informe de Riesgo N\u00b0059 -04, donde se advierte el desplazamiento masiva de parceleros de la zona. Adicionalmente, se pone de presente que si bien se encuentra copia de una solicitud de autorizaci\u00f3n para venta de parte de los se\u00f1ores DIOVANIS TRESPALACIOS e ISIDRO TAFUR del a\u00f1o 1997, se resalta que si bien en ese momento tuvo intenci\u00f3n de vender la parcela, ello no se materializ\u00f3 para esa \u00e9poca, por cuanto tal y como lo aclar\u00f3 el solicitante y su padre, y como se sustrae de los informes de UARIV, el solicitante se desplaz\u00f3 en el a\u00f1o 2002yvende a LUIS MOJICA, y posteriormente en el a\u00f1o 2006es que se surti\u00f3 la escritura de venta a favor de los se\u00f1ores ROSALBA CADENA e ISIDRO TAFUR. Por todo lo expuesto, en virtud del art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011, se reputara la inexistencia, de la venta realizada por el se\u00f1or DIOVANYS TRESPALACIOS, al se\u00f1or LUIS MOJICA, y as\u00ed mismo la nulidad de la venta realizada en el a\u00f1o 2006 por el se\u00f1or DIOVANIS TRESPALACIOS en favor de los se\u00f1ores ROSALBA CADENA e ISIDRO TAFUR, y tambi\u00e9n la nulidad de la venta que estos \u00faltimos hicieron en el a\u00f1o 2008 en favor de DRUMMOND LTDA, y en virtud de lo dispuesto en el literal I del art\u00edculo91 de la Ley 1448 de 2011, se declara la nulidad de la sentencia de pertenencia sobre la parcela N\u00b054, de fecha 15 de octubre de 2014 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana en favor de DRUMMOND LTD\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la destinaci\u00f3n econ\u00f3mica que la querellante viene d\u00e1ndole al inmueble, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel hecho de que la sociedad DRUMMOND LTD., est\u00e9 ejecutando un Proyecto de Inter\u00e9s Nacional Estrat\u00e9gico \u2013PINE sobre el predio objeto de restituci\u00f3n, no imposibilita la restituci\u00f3n, pues al respecto, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016declar\u00f3 la inexequibilidad del inciso segundo y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 50 de la Ley 1753 de 2015, en donde se\u00f1al\u00f3 que a los PINE se les aplicar\u00e1 el contenido de las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013, las cuales tienen en com\u00fan que tratan temas sobre adquisici\u00f3n de inmuebles por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u00bb. <\/p>\n
Y en lo concerniente a la buena fe de la actora (que fue el tema al que mayor \u00e9nfasis se hizo en la demanda de tutela), la magistratura expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00abla regi\u00f3n donde se encuentra ubicado el predio y sus zonas colindantes padeci\u00f3 de conflicto armado y hechos de violencia como asesinatos y desplazamientos masivos de parceleros, especialmente la vereda Mechoac\u00e1n de la cual hace parte la parcela reclamada, en la cual acaeci\u00f3 un fuerte fen\u00f3meno de violencia perpetrado por las AUC, pues as\u00ed lo reconoci\u00f3 el Postulado Jhon Jairo Esquivel Alias El Tigre del Bloque Norte de las Autodefensas, en la declaraci\u00f3n ampliamente citada al interior del presente fallo, en la que aduce que despu\u00e9s de acaecidos los desplazamientos de varios parceleros de esa vereda los cuales se dieron a ra\u00edz de la violencia, los predios fueron vendidos a la empresa DRUMMOND. <\/p>\n
Resulta evidente que a la luz de la ley de restituci\u00f3n de tierras a los adquiriente se les exige en su comportamiento negocial frente al inmueble objeto de la solicitud, el deber de haber realizado averiguaciones adicionales a las habituales para esta clase de asuntos, dirigidas a comprobar la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien, puntualmente las circunstancias relacionadas con sus anteriores propietarios en la tradici\u00f3n, m\u00e1xime por ejemplo cuando en el presente asunto qued\u00f3 en evidencia como se dijo la grave situaci\u00f3n de orden p\u00fablico existente en la regi\u00f3n donde se encuentra el predio objeto de reclamaci\u00f3n y los hechos de violencia propiciados por grupos al margen de la ley en la Vereda Mechoac\u00e1n, es decir, actuar con la conciencia y la certeza de haber sido enajenado a sus anteriores propietarios sin vicio alguno, de tal suerte que les hubiere sido imposible conocer la apariencia de legalidad de la transferencia del derecho de dominio a adquirir realizada por aquellos tambi\u00e9n para cualquier persona colocada en la misma situaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando la empresa opositora, adujo haber realizado las negociaciones por orden del gobierno nacional, mediante unas mesas de negociaci\u00f3n publica, lo cierto es que la regi\u00f3n donde se encuentra el predio en sus zonas colindantes sufri\u00f3 de fuerte violencia, y del fen\u00f3meno de desplazamiento forzado, como se dijo en p\u00e1rrafos que anteceden, y como lo reconoci\u00f3 alias El Tigre; sucesos que no fueron indagados a fondo en dichas mesas de negociaci\u00f3n, con el objeto de verificar en cada caso concreto con las personas con las cuales negociaron las parcelas, las circunstancias de violencia que antecedieron y permearon la salidas de los campesinos, m\u00e1xime porque tal y como se sustrae de la declaraci\u00f3n de la Dra. Maciel Osorio, quien adujo que en la \u00e9poca de los hechos se desempe\u00f1aba como Procuradora para Asuntos Ambientales y Agrarios, las mesas de negociaci\u00f3n fueron generales, y no se comprob\u00f3 con cada uno de los campesinos participantes los hechos que motivaron sus m\u00f3viles de ventas y o si fueron desplazados o despojadas de sus predios o inclusive de la zona, resalt\u00e1ndose que era la empresa quien deb\u00eda indagar ello, sobre todo por cuanto erade conocimiento p\u00fablico la presencia de grupos armados en la zona (\u2026). En suma, lo manifestado por la declarante, no da cuenta del caso concreto de la negociaci\u00f3n de la parcela aqu\u00ed reclamada, y de la verificaci\u00f3n en cada venta que hizo la Drummond de posibles nexos de la violencia que permeara las mismas, entre ellas la de la Parcela 54. <\/p>\n
Adicionalmente, tal y como se dijo en p\u00e1rrafos que anteceden, despu\u00e9s de que DRUMMOND comprara el predio a los se\u00f1ores ROSALBA CADENA e ISIDRO TAFUR, present\u00f3 con posterioridad un proceso de pertenencia, denot\u00e1ndose un excesivo formalismo que llama la atenci\u00f3n de la Sala, tendiente a blindar con una decisi\u00f3n judicial su adquisici\u00f3n de la parcela. <\/p>\n
Por lo expuesto, aun cuando la entidad adquiri\u00f3 la propiedad de la Parcela 54, la din\u00e1mica del conflicto de Mechoac\u00e1n, le impon\u00eda la carga de verificar que los hechos de violencia que antecedieron su adquisici\u00f3n del predio, especialmente por el gran n\u00famero de desplazamientos que oblig\u00f3 a la mayor\u00eda de los campesinos de la zona, a abandonar sus parceleras y venderlas dada la presente de grupos armados, especialmente las AUC. <\/p>\n
Determinado lo precedente, debe la Sala se\u00f1alar que los argumentos aducidos como soporte de la buena fe exenta de culpa, no son de recibo, pues pese a que el opositor realiz\u00f3 acciones previas a la adquisici\u00f3n del bien para establecer la normalidad del negocio jur\u00eddico celebrado, las mismas tan s\u00f3lo resultan ser las que de manera normal y l\u00f3gica debe realizar cualquier empresa de su envergadura en cualquier parte o regi\u00f3n del pa\u00eds para la celebraci\u00f3n de un negocio como el perfeccionado. <\/p>\n
Argumentos tales como desconocer las situaciones particulares del solicitante, no pueden erigirse como justificantes de la buena fe exenta de culpa, pues lo cierto es que independientemente que por la ejecuci\u00f3n de su objeto social se vea en la necesidad y obligaci\u00f3n de desarrollar actividades de la naturaleza e importancia que implement\u00f3 en las tierras que adquiri\u00f3, era de p\u00fablico conocimiento que el fen\u00f3meno paramilitar fustig\u00f3 grandes zonas de la geograf\u00eda nacional, entre ellas la vereda Mechoacan del Municipio de La Jagua de Ibirico; y en ese sentido manifestaciones como el hecho de que el gobierno hubiera incidido en la decisi\u00f3n de adquirir los predios no entra\u00f1aba que lo hiciera sin averiguar si la cadena traditicia estaba permeada por hechos violentos en la zona, por lo que llama la atenci\u00f3n de la Sala que varios de los testigos de la parte opositora desconocieran los hechos de violencia acaecidos en la regi\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a ello, tambi\u00e9n se debe traer a colaci\u00f3n lo referido por el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, entidad que realiz\u00f3 un informe denominado \u201cLA MALDITA TIERRA, GUERRILLA, PARAMILITARES, MINERAS Y CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR\u201d, en el cual se muestra la conexi\u00f3n entre la violencia desplegada por los paramilitares en la vereda de Mechoac\u00e1n y los intereses en la miner\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed pues, analizado el material probatorio allegado, en concordancia con la din\u00e1mica del conflicto de la vereda Mechoac\u00e1n donde est\u00e1 ubicada la parcela N\u00b054, encuentra la Sala que la empresa DRUMMNOD LTD, no cumpli\u00f3 con los par\u00e1metros exigidos relativos a actuar con diligencia y prudencia en el marco de las condiciones exigidas por la Ley 1448 de 2011, por lo que no se encuentra acreditada su buena fe exenta de cual alegada por la empresa DRUMMOND LTD\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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