STC199-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC199-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00542-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de noviembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Eduardo Sarmiento Cabarique contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al estrado acusado que \u00abse abstenga de exigir[le]\u2026 que concurra al proceso\u2026 con abogado o apoderado y\u2026 tenga en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda que en su oportunidad present[\u00f3] y los documentos con ella aportados\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Claudia Bueno Rivera, en representaci\u00f3n de sus dos hijos, instaur\u00f3 juicio ejecutivo de alimentos contra Pedro Sarmiento Cabarique, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, el que en prove\u00eddo de 8 de agosto de 2022 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Con auto de 14 de septiembre de 2022 se tuvo por notificado al ejecutado y se inadmiti\u00f3 la contestaci\u00f3n presentada por carecer de derecho de postulaci\u00f3n, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo en prove\u00eddo de 5 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el t\u00edtulo que se present\u00f3 fue el que firm\u00f3 el 14 de septiembre de 2011, empero, perdi\u00f3 valor jur\u00eddico con la suscripci\u00f3n de una nueva conciliaci\u00f3n el 24 de septiembre de 2012. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se emiti\u00f3 el mandamiento de pago sin verificar si la demandante contaba con legitimidad para representar a sus hijos por ser mayores o menores de edad; y que por tratarse de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda contest\u00f3 la demanda personalmente, pues en estos casos no se requiere abogado para ser escuchado. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que propuso la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pues sus hijos en el 2022 ya eran mayores de edad y no hab\u00edan conferido poder a un abogado, adem\u00e1s el acta presentada no ten\u00eda valor alguno. <\/p>\n
2.6. Adujo que se inadmiti\u00f3 su contestaci\u00f3n por no contar con un profesional del derecho, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 pero se mantuvo, lo que no se ajustaba a derecho; y que no se tuvieron en cuenta sus argumentos. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que las decisiones se adoptaron con estricto apego a las normas sustantivas y procedimentales aplicables, con garant\u00eda de los derechos fundamentales y en acatamiento de los precedentes jurisprudenciales sobre la materia. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 6 Judicial II de Familia de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que desconoc\u00eda los hechos; que los argumentos puntualizados por el estrado acusado y referidos en el escrito de tutela no eran arbitrarios, pues para litigar en asuntos de familia que \u00abinvolucran derechos de NNA se requiere contar con el derecho de postulaci\u00f3n\u00bb; y que como el accionante no era abogado ni concurri\u00f3 al juicio con un profesional del derecho, no era dable aceptar la contestaci\u00f3n de la demanda en nombre propio, como acertadamente lo determin\u00f3 el juzgador accionado. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo \u2013 Regional Santander- adujo que de encontrarse probada la vulneraci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental no se opon\u00eda a la prosperidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada no se apartaba de las preceptivas legales y las circunstancias f\u00e1cticas que rodeaban el asunto; que el auto censurado se soportaba en criterios razonables, pues se arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n tras advertir que la falencia no fue saneada por el demandado; que la Corte Suprema en sentencia STC734 de 2019 indic\u00f3 que en m\u00faltiples ocasiones se hab\u00eda dejado sentado que el proceso ejecutivo de alimentos era de \u00fanica instancia por raz\u00f3n de su naturaleza, por lo que la intervenci\u00f3n procesal se deb\u00eda efectuar con apoderado; y que no vislumbraba la existencia de una infracci\u00f3n de derechos ni una v\u00eda de hecho, en tanto que el fallador efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda y encontr\u00f3 que no cumpl\u00eda con los requisitos legales; que no se configuraba un perjuicio irremediable; y que esta acci\u00f3n de amparo no era una tercera instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se tuvieron en cuenta los mismos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia de 5 de octubre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la notificaci\u00f3n del demandado ocurri\u00f3 el 7 de septiembre de 2022 (#024), el 12 del mismo mes y a\u00f1o, se comparti\u00f3 el link del expediente digital (#023). Con prove\u00eddo del 14 de septiembre del presente a\u00f1o, se inadmiti\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda, concedi\u00e9ndose el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, para que designara apoderado, sin que en el asunto se pueda actuar por causa propia (#024). El prove\u00eddo en menci\u00f3n, se notific\u00f3 por estados el 15 de septiembre de la anualidad, el t\u00e9rmino para recurrir, que feneci\u00f3 el 20 del mismo mes y a\u00f1o, a partir de las 04:00 de la tarde, por lo que la petici\u00f3n allegada el 21 de septiembre de 2022, resulta extempor\u00e1nea. El anterior argumento resulta m\u00e1s que suficientes para rechazar el recurso al no ser presentado dentro del t\u00e9rmino de Ley. <\/p>\n
Adicionalmente, la parte ejecutada act\u00faa en nombre propio, careciendo de derecho de postulaci\u00f3n consagrado en el Art. 73 del CGP, requiri\u00e9ndose apoderado judicial, ya sea profesional del derecho particular y confianza, de la Defensor\u00eda del Pueblo o estudiantes de Consultorio Jur\u00eddico de alguna universidad. <\/p>\n
Como se dej\u00f3 expuesto en auto atacado, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por voluntad del constituyente, debe hacerse por regla general a trav\u00e9s de un abogado inscrito, sin perjuicio de los supuestos en que el legislador determine que la intervenci\u00f3n de este no es necesaria. El art\u00edculo 28 del decreto 196 de 1971, se\u00f1ala los casos en que se puede actuar en causa propia sin ser abogado titulado, sin que el presente asunto sea uno de ellos requiri\u00e9ndose de un profesional del derecho para el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento reciente expuso, \u201cDe all\u00ed que se explique que la intervenci\u00f3n judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogac\u00eda (D. 96 de 1971) a los abogados titulados, dej\u00e1ndose excepciones que, por este car\u00e1cter, son de interpretaci\u00f3n restrictiva (\u2026). Una de ellas se refiere al litigio en causa propia sin ser abogado inscrito, las que se limitan al derecho de petici\u00f3n y acciones p\u00fablicas, a los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda, a la conciliaci\u00f3n y a los procesos laborales de \u00fanica instancia y actos de oposici\u00f3n (art. 28 ib\u00eddem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sea la misma persona interesada la que previa evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n, pueda determinar la asunci\u00f3n de su propia defensa (\u2026) Luego, mal puede decirse que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n pueda ejercerse la profesi\u00f3n (\u2026), en procesos de \u00fanica instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no est\u00e1 autorizado por la ley\u2019 (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicaci\u00f3n 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285)\u201d (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (\u2026). Se destaca, el decurso confutado no es de \u00fanica instancia en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, lo es en virtud de su propia naturaleza, por cuanto as\u00ed lo previ\u00f3 no solo el derogado Decreto 2272 de 1989, sino tambi\u00e9n el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente vigente, el cual se\u00f1ala: \u00ab(…) Competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia. Los jueces de familia conocen en \u00fanica instancia de los siguientes asuntos (\u2026) 7. De la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y d\u00e9 la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias (CSJ ST05247-2018; criterio reiterado en CSJ STC13227-2018)\u201d <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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